Crisis política en Honduras: Gobierno de facto rechaza propuestas de Arias

Como era de esperarse, los golpistas hondureños rechazaron de plano el acuerdo propuesto por el presidente de Costa Rica Óscar Arias. La solución presentada por el Premio Nobel a consta de siete puntos entre los que destaca la restitución de Manuel Zelaya
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Por César Reyna

El presidente costarricense Óscar Arias presentó el sábado una propuesta de siete puntos al abrir la segunda jornada de diálogo entre las partes del conflicto hondureño, donde destacó el retorno del depuesto Manuel Zelaya y el eventual adelantamiento de las elecciones del 29 de noviembre al último domingo de octubre. Un par de días atrás Arias se mostró reticente al adelantamiento pues de cualquier manera resulta inamovible la fecha de inicio del nuevo mandato, previsto para el 27 de enero. De ser repuesto Zelaya, sin importar quien resulte elegido, continuaría en funciones hasta el termino de su mandato a no ser que se recorte previa enmienda de la Constitución.

El adelanto de elecciones puede ser una buena salida porque desviaría la atención de los hondureños. Es decir, haría que éstos se concentren en la dinámica de la campaña. Pero el proceso electoral podría incrementar la tensión social si un candidato afín al pensamiento de Zelaya insiste con la reforma de la Constitución. Al respecto, Zelaya afirmó al diario Folha de São Paulo que insistirá en el proyecto para convocar una Asamblea Constituyente, que fue lo que desencadenó el golpe de Estado de hace tres semanas en el país centroamericano.

Precisamente uno de los puntos propuestos por Arias consiste en que Zelaya debe comprometerse a no buscar la modificación de la Constitución y reiterar -ya lo ha hecho de manera pública varias veces durante los últimos días- que no buscará la reelección. La eventual reforma, cabe destacar, no iba a tener efectos sobre él ya que se hubiera producido cuando ya no ejerza el poder. Esto porque la aprobación de una nueva Constitución tomaría mucho más tiempo del que le quedaba para cumplir su período. Por ende, era fácticamente imposible que Zelaya pretendiera reelegirse. Lo que la derecha hondureña quería evitar, con el pretexto de la consulta ilegal, era la reforma constitucional porque con ella iba a perder su cuota de poder.

Otro punto presentado por Arias es la sujeción de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral un mes antes de las elecciones. Esta medida no sería legalmente posible sin la reforma de la Constitución porque el jefe supremo de las FF. AA. es el presidente de la República. Sin embargo, la modificatoria en cuestión sería viable pues los partidos que se oponen a Zelaya controlan el Congreso, único órgano que puede cambiar la Constitución ya que no está permitida la conformación de una Asamblea Constituyente mediante referéndum, una barbaridad.

El punto más controversial, fuera de la reinstalación condicionada de Zelaya, es la conformación de un gobierno unidad nacional que se reparta funciones en sectores clave como finanzas, seguridad, interior y relaciones exteriores. No creemos que sea posible, por obvias razones, que ambos bandos participen en la composición de un nuevo Gabinete. Las cosas podrían funcionar si la presión de la comunidad internacional se mantiene firme y los obliga a renunciar a cualquier tipo de revancha. Zelaya no tendría como tomar represalias ya que los altos mandos militares respaldan a la cúpula político-empresarial que lo derrocó. Además no controla la Fiscalía y el Poder Judicial le es enteramente hostil (de ese órgano partió la orden de detención en su contra). El mandato de Zelaya, en esas condiciones, sería demasiado precario como para ensañarse con sus rivales. En la práctica no administraría nada porque muchos de sus subordinados han conspirado contra él. Sería un presidente de adorno cuya presencia crisparía los ánimos. Para dejar de ser una figura decorativa no tendría otro camino que enfrentar a sus seguidores con las fuerzas del orden en las calles.

Ese escenario parecería estarlo buscando con el objetivo de arrinconar a sus adversarios. De ahí que haya anunciado que retornaría clandestinamente tras el fracaso de las negociaciones. Así les devolvería la “gentileza” de expulsarlo en pijamas del país. Zelaya estaría tramando un ‘golpe popular’ con el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez para realizar las transformaciones que prometió durante su accidentado mandato. No abandonará así nomás el poder sin antes medir fuerzas con sus contrincantes. De imponerse mediante paralizaciones, tomas de carreteras y revueltas internas –como ya lo vienen haciendo sus partidarios encabezados por su mujer- trataría de reformar la Constitución para aumentar sus prerrogativas y cambiar el modelo económico.

La declaración de una amnistía general para los delitos políticos cometidos antes y después del 28 de junio propuesta por Arias calmaría un poco las cosas durante los primeros días de retorno a la “normalidad”. Sería como una tregua en la que las partes renuncian a la persecución política para darle estabilidad al país; pero el perdón inicial podría desvanecerse si las partes comienzan acusarse mutuamente. Para evitar esa posibilidad Arias sugiere la instalación de una comisión, con apoyo internacional, que garantice el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por ambos bandos.

La intención de autócrata Roberto Micheletti de renunciar a la presidencia siempre que Zelaya permanezca en el exilio no fue aceptada por Arias ni por la OEA pues esa “solución” implicaba la convalidación del golpe cívico-militar al sustituir un golpista por otro, lo que hubiera sentado un peligroso precedente en la región.

De momento Micheletti ha decretado un nuevo toque de queda para prevenir desmanes ante el posible retorno de Zelaya. La comunidad internacional, por intermedio de Arias, le ha advertido que no lo respaldará si decide resolver la situación por medios violentos aun cuando la Constitución de su país autorice a cualquier hondureño a deponer a los usurpadores.

Las partes reanudaron este domingo las conversaciones sobre la crisis institucional. El Gobierno interino aseguró que está dispuesto a admitir el regreso de Zelaya siempre y cuando se someta a los tribunales para responder sobre varios delitos políticos. De este modo bloquean su regreso, petardean la conformación de un eventual Gobierno de unidad nacional y descartan la amnistía que debe concederle el Congreso, tres de las siete condiciones planteadas por Arias ayer sábado.

Mientras los golpistas preparan sus siguientes movimientos. En el ínterin seguramente expedirán una resolución para adelantar la fecha de las elecciones, la que no tendría validez al ser emitida por un Gobierno de facto.

La última venganza de Alan García: Rafael Rey nuevo ministro de Defensa

El presidente García nombró a Rafael Rey ministro de Defensa para castigar a las Fuerzas Armadas por su negativa a apoyar a la Policía en Bagua.
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Por César Reyna


Las imágenes del despeje de la ‘Curva del Diablo’ revelan que las FF. AA. abandonaron al contingente policial que se encargó del sangriento operativo. En principio los militares de la base ‘El Milagro’ debían respaldarlos tanto en el desbloqueo de la carretera como en el rescate de 38 efectivos acantonados en la Estación N° 6 de Petroperú pero ninguna de esas acciones se produjo. Ántero Flores-Áraoz, antecesor de Rafael Rey en la cartera de Defensa, dijo en el diario La República que tanto él como el Comando Conjunto desconocían la situación de los efectivos, a pesar de que trabajadores de la petrolera estatal relataron que la planta había sido capturada.

A manera de descargo, Flores-Áraoz mencionó que sus subordinados no podían intervenir porque eran nativos en su mayoría o tenían vínculos con residentes de la zona. Ese motivo impidió su despliegue pues Flores-Áraoz quería evitar que los soldados se solidarizaran con sus hermanos indígenas, es decir, que desacataran las órdenes de sus superiores. Si ese fue el caso entonces se debió enviar otro personal como hizo el comando policial. Había tiempo de sobra para planificar la participación de las FF. AA. pues la vía terrestre había sido tomada varias semanas atrás.

Ante semejante desacato, García decidió castigar a las instituciones castrenses colocando a Rey en el más “viril” de los ministerios. Su designación no se debe a que el jefe de Estado buscaba “restablecer el orden” o “el principio de autoridad” pues en tal caso hubiera nombrado a Mauricio Mulder, cuyo perfil encaja perfectamente con el hostigamiento y la represión.

Rafael Rey, quien hasta hace poco se desempeñaba como embajador ante la Santa Sede, ingresa al tercer equipo ministerial del segundo alanismo en medio de una crisis social. Su presencia seguramente enervará el ánimo de los militares bajo su mando no sólo porque ignora temas de defensa nacional e inteligencia, sino porque no posee la personalidad más idónea.

Nuevo Gabinete en Perú: Velázquez Quesquén al premierato

Por César Reyna


La ausencia de figuras concertadoras y capaces en el nuevo Gabinete Ministerial se debe al debilitamiento del sistema de partidos. De esta debacle no se ha salvado ni el Apra, la agrupación más longeva que participa en política, porque se trata de un mal de ampliamente extendido y generalizado. Este problema no es reciente pues se incubó durante el primer Gobierno de Alan García (1985-1990), período en el que la clase política resultó tremendamente desprestigiada por la pésima gestión del actual mandatario (abundaron los casos de corrupción, se desarrolló la hiperinflación y creció la violencia terrorista). Ni la derecha se salvó del descrédito pues los peruanos eligieron a un ‘outsider’ como Alberto Fujimori para que reconstruyera el país.

A partir de Fujimori comenzó una fase en la que se acentúo la ruina de los partidos porque el autócrata de origen oriental reemplazó la retórica pomposa del pasado por obras a granel. Él instauró la tecnocracia en oposición a la parálisis de los políticos tradicionales que perdían el tiempo discutiendo sobre ideas abstractas en el Parlamento. Su falta de contacto con la realidad y su nula credibilidad los apartó una década del poder. Desde entonces el electorado se acostumbró a exigir acciones y resultados concretos en lugar de discursos vacíos (por eso García está inaugurando muchas obras y ha puesto en marcha un plan anticrisis).

Otro factor que ha contribuido a la crisis de los partidos es su falta de renovación. En la mayoría de casos se observa que las viejas caras del pasado ocupan los primeros puestos en las listas al Congreso. En los últimos tiempos no han aparecido nuevas y destacadas promociones que reemplacen a las generaciones anteriores. La perniciosa vigencia de un buen número de políticos del pasado, sobre todo en el Apra, ha obstaculizado el surgimiento de personas interesadas en gestionar la cosa pública.

Lo anterior explica, en buena cuenta, la escasez de profesionales de la política. Si los últimos gobernantes han debido recurrir a tecnócratas independientes se debe a que los partidos no se han dedicado a preparar cuadros. Al no haber hecho su tarea el presidente de turno tiene que convocar a personalidades del sector privado o profesionales que laboran en organismos multilaterales para conformar su Gabinete. Cada vez que debe renovarlo, ya sea por desgaste propio de la función, censura parlamentaria o escándalos que comprometen a varios ministros se entra en un nuevo período de incertidumbre nacional. En un país con partidos sólidos los cambios ministeriales no producen ansiedad, pero ese no es nuestro caso pues el mandatario debe parchar o cubrir como pueda las carteras vacantes.

En momentos de grave crisis política o económica pocos se muestran interesados en sumarse a un nuevo Gabinete. Nadie con algún prestigio ganado está deseoso perderlo en poco meses de gestión. Las turbulencias e ingratitudes de la vida política, además de los bajos salarios (en caso de que no roben), desincentivan a los mejores profesionales y técnicos a la hora de colaborar con el presidente.

En el caso de García este asunto se agrava pues si ha designado a Javier Velázquez Quesquén, actual presidente del Congreso, es porque varios de los voceados tienen una razón adicional para negarse: la escasa autonomía que el mandatario otorga a quien elija. Pocos realmente despacharían con él en esas condiciones pues limitaría sus iniciativas individuales. El reducido campo de acción que García concede al primer ministro, como se vio en el caso de Yehude Simon, quien sólo al final de su gestión –y con 34 muertos en la Amazonía- pudo negociar libremente con los nativos, nos revela que el presidente García quiere un muñeco de ventrílocuo antes que un premier independiente.