Los golpistas consideran inaceptable el primer punto de la propuesta de Arias: el retorno inmediato de Manuel Zelaya a la presidencia
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Por César Reyna
Del primer punto se desprendían todas las demás condiciones ya que no se puede hablar de reestablecimiento democrático si Zelaya no ocupa nuevamente la presidencia. Pero los delegados de Zelaya aceptaron a medias las propuestas del mandatario costarricense pues insistieron en reformar la Constitución, hecho que desencadenó la crisis institucional el pasado 28 de junio.
Tras el fracaso de la segunda ronda de negociaciones en San José de Costa Rica, bajo la mediación del presidente Óscar Arias, el golpista hondureño Roberto Micheletti recibió el respaldo de los empresarios de su país para continuar en el poder. Micheletti se mantendrá como presidente de facto hasta entregar el mando al nuevo mandatario que elijan los hondureños el 29 de noviembre. Esto quiere decir que el proceso democrático será conducido por un líder no reconocido por la comunidad internacional. En esas condiciones es posible que la OEA y otras organizaciones no supervisen las próximas elecciones para no avalar a los usurpadores. Eso en cuanto a los meses que vendrán ya que el futuro inmediato parece mucho más complicado.
El apoyo explícito de la clase empresarial resulta vital para mostrar unidad frente al concierto de países que rechazan al Gobierno de Micheletti. Su respaldo, además de “moral”, deberá ser económico ya que deben compensar la falta de crédito que otorgan organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial. La inyección de capitales nacionales podría mitigar en algo la paralización de la economía hondureña en medio de la grave crisis financiera.
De esta manera el nuevo plazo de 72 horas que fijó Óscar Arias para tratar de resolver la crisis ha quedado desvirtuado asi como su papel de mediador. Ayer, el emisario de Micheletti, el canciller de facto, Carlos López, desautorizó públicamente a Arias diciendo que “propone cosas al margen de la ley” y que “sus iniciativas constituyen una intromisión directa en asuntos internos de Honduras”. Arias mostró su descontento y advirtió que la alternativa al diálogo es la indeseada "guerra civil". Esta preocupación fue compartida por el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien declaró que la falta de cooperación de Micheletti “podría costarle muy caro a los hondureños”.
Ambos personajes no pudieron hacer nada para restablecer el orden constitucional porque los norteamericanos no aplicarán sanciones faltando 6 meses para las elecciones (suspender todo tipo de ayuda humanitaria y cerrar su mercado a productos hondureños –dos tercios de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos- sólo agravaría la situación para los más pobre).
Las sanciones comerciales no se plasmarán porque los promotores del golpe en Honduras son sectores vinculados a la superpotencia, es decir, los políticos de derecha, empresarios, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas; en cambio, si grupos de izquierda hubieran quebrado el régimen democrático probablemente ya hubieran sido ejecutadas varias de esas medidas por parte del Departamento de Estado.
La presión internacional no ha fue suficientemente fuerte para obligar a los golpistas a aceptar los razonables términos de Arias. Sin ese elemento los partidarios de Zelaya intentarán desestabilizar el país y propiciar el retorno de su líder para aumentar la agitación. Con ese propósito sus simpatizantes han creado el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras, que agrupa a sindicatos y organizaciones campesinas. Tegucigalpa será el epicentro de la acción durante los próximos días. Si se desata la represión indiscriminada los integrantes del Gobierno de facto podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional por ordenar la masacre de civiles.
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