Chávez eliminaría la libertad de prensa

La Fiscal General de Venezuela presentó un proyecto de ley destinado a penar a los medios, periodistas y directores que difundan informaciones que generen zozobra entre los ciudadanos
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Por César Reyna

La Ley Especial de Delitos Mediáticos debe ser la primera en su clase en el siglo XXI que sanciona la libertad de expresión per se. Con esta iniciativa el presidente venezolano Hugo Chávez se propone silenciar a la prensa ya que no ha funcionado el hostigamiento de su Ministerio de Comunicación e Información, responsable de vigilar y reglamentar el funcionamiento de los medios.

Chávez optó por una norma general para silenciar selectivamente a los comunicadores que divulgan noticias u opiniones contrarias a su régimen. Esta medida le permitiría encarcelar a los periodistas sin tener que revocar las licencias de algunos medios, sobre todo de las radioemisoras amenazadas con el cierre definitivo.

Con la individualización de las culpas Chávez pretende amedrentar al gremio periodístico. Una vez que la norma entre en vigor, las autoridades encarcelarían a unos cuantos hombres de prensa para que el resto deje de “desinformar” a la población.

Para el chavismo los medios de comunicación suponen el último escollo para lograr el control total de la sociedad. Hasta ahora Chávez ha clausurado a RCTV en 2007 y amenaza con hacer lo mismo con la influyente Globovisión. Ayer el Gobierno venezolano dispuso el cierre de 34 emisoras de radio a las que les retiró la concesión “por haber faltado a los requisitos legales para operar”. Otras 206 correrían con la misma suerte este año mientras sus funcionarios revisan la documentación que avala la vigencia de sus licencias.

Diversos organismos se han pronunciado en contra del proyecto que sería aprobado por la Asamblea Nacional (dominada por agrupaciones aliadas del presidente venezolano). Las penas oscilan entre los seis meses a cuatro años de cárcel a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra “la estabilidad de las instituciones del Estado”, “la paz social, la seguridad e independencia de la nación”, la “salud mental o moral pública” y el “orden público”, o que “generen sensación de impunidad o de inseguridad”.

Una vez aprobada, la norma atentaría contra lo que supuestamente desea evitar: la desinformación de la población, ya que solamente recibiría noticias que son del agrado de los censores del chavismo. La libertad de expresión sería reducida a su mínima expresión para consolidar ‘el socialismo del siglo XXI’.

Las conductas o informaciones susceptibles de acarrear sanción son numerosas y poco definidas. A continuación se presenta un extracto de algunos artículos para que cada uno saque sus propias conclusiones:

·) El artículo cuarto del proyecto afirma que también serán considerados delitos punibles “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.

·) El artículo quinto promete una pena de prisión de dos a cuatro años para “toda persona que divulgue noticias falsas que ocasionen una grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, la hubieren mantenido en zozobra, que haya alterado el orden público, que hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado...” Para las personas y los dueños de medios que publiquen este tipo de información, la justicia podrá aplicar penas de dos a cuatro años de prisión. El mismo castigo está reservado para los que "manipulen" o “tergiversen” una noticia, “generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad”.

·) El artículo sexto del proyecto señala que “toda persona que manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años”.