Por César Reyna
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, ha anunciado el nombramiento de una autoridad civil que dirija los esfuerzos de la Policía Nacional y los militares en la zona del VRAE, es decir, un funcionario a cargo de un comando unificado para evitar rencores entre las fuerzas del orden.
La coordinación entre ambas instituciones era un asunto espinoso porque la Policía no deseaba subordinarse a las Fuerzas Armadas. La solución puede ser salomónica si no terminan imponiéndose los generales del Ejército.
En Estados Unidos el encargado de la seguridad interna es un civil con experiencia en dicho campo. El Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) engloba a la CIA, FBI, NSA, departamentos de policía estatal, guardia nacional, etc. Todos están obligados a compartir información, personal y recursos luego de las deficiencias detectadas tras el 11-S.
Algo parecido se intenta crear para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo pero no dará resultado. Cualquier medida fracasará porque el narcotráfico tiene un enorme poder corruptor antes que desestabilizador.
Las mafias de la droga, entre las que destaca Sendero Luminoso, no buscan cambiar al Estado como piensan algunos sino más bien aprovechar su absoluta permeabilidad para seguir operando. Mientras el Estado condene y persiga sus actividades existirá ese lucrativo negocio. Destinar fondos y establecer programas de desarrollo no tiene sentido porque las ganancias de la droga infinitamente son superiores.
Las exportaciones de droga equivalen a cerca del 20% del PBI nacional. Unas 23.000 toneladas según Naciones Unidas fueron producidas en Perú el año pasado. De ese porcentaje inicial, entre 2500 a 3000 millones de dólares se lavan en el país. Pero la cifra podría superar a los 5.000 millones, lo que explicaría el ‘boom’ de la construcción y varias actividades comerciales.
El Perú, técnicamente hablando, es un ‘narcoestado’ aunque los cárteles no asesinen autoridades políticas ni hayan creado zonas liberadas como en México. La ausencia de la violencia que azota al país azteca se debe a que Perú es un centro de producción, pero no de distribución de la droga. El control de las rutas internacionales corresponde a mafias que introducen en los Estados Unidos.
Sendero necesita la represión estatal porque incrementa el precio de la cocaína. La ilegalidad de su tráfico es lo único que la hace rentable. Si se legaliza su comercialización disminuiría la violencia y la corrupción asociadas al narcotráfico. Estos dos fenómenos están intrínsecamente vinculados a la actividad de los cárteles porque necesitan protegerse y doblegar a la sociedad. Si se eliminan las penalidades las narcotraficantes no tendrían mayor incentivo para ingresar estupefacientes en otros países ya que desaparecerían los generosos márgenes.
No es cuestión de comprar más helicópteros, armas de última generación o reforzar las bases contrasubversivas pues la zona del VRAE es inaccesible. Es lo suficientemente densa como para que los narcosenderistas se oculten y actúen con total impunidad. ¿Vale la pena desangrarnos durante 30 o 40 años como Colombia para deshacernos de un mal que no va desaparecer?
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