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lunes, 7 de septiembre de 2009

¿Qué es lo que se debe hacer en el VRAE?





Ante la propuesta del vicepresidente Luis Giampietri de declarar al VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) zona de combate, surgen varias interrogantes respecto a la estrategia política-militar que debe ser adoptada para combatir al narcosenderismo


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Por Cèsar Reyna




La caída de un MI-17ha repercutido negativamente en la imagen del gobierno. Algunos ex generales manifiestan que el material incautado a los soldados asesinados dificultará los vuelos porque se llevaron lanzagranadas RPG y ametralladoras de alto calibre. Pero es altamente probable que los senderistas dispusieran de ese equipo (poder de fuego) mucho antes ya que tienen recursos para adquirirlos y los controles fronterizos son muy permeables.

Da la impresión de que Sendero Luminoso está ganando otra vez como en los ochenta, aunque el nuevo Sendero no guarda similitudes ideológicas ni estratégicas con su antecesor. El Sendero que conocíamos tenía un fuerte contenido dogmático y pretendía el poder; el presente, en cambio, carece de ideología (a pesar de que sus mandos siguen hablando de continuar la lucha armada, discurso meramente formal) y trata de consolidar su posición como nuevo cartel de la droga. Lo que los emparenta es que emplean tácticas guerrilleras –de no confrontación directa con el enemigo uniformado– y brindan seguridad en las rutas que emplean otros traficantes en el VRAE.

Según el ex ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, Sendero cuenta con 600 hombres armados repartidos en tres columnas. Su número debe ser mucho mayor ya que no se considera a sus colaboradores, quienes se encargan de la logística y de proveer información. Este nuevo Sendero ya no mata indiscriminadamente, sino de manera selectiva, como lo ha podido comprobar la Fuerza Armada. Tampoco pone coches bombas en instalaciones gubernamentales ni dinamita torres de alta tensión. Ya no ataca en centros urbanos como antaño porque su lucha es otra, y no tiene que ver con reivindicaciones proletarias o marxistas, sino con la prosperidad de su negocio. El Sendero que sojuzgaba a la población empobrecida no existe. El nuevo Sendero es aliado de campesinos cocaleros y líderes comunales. Los narcoterroristas ofrecen protección a cambio del pago de un cupo. El servicio que prestan les reporta ingresos, pero no tanto como la elaboración de pasta básica de cocaína en sus laboratorios clandestinos. La práctica de tierra arrasada –destruyendo chozas, incendiando cultivos y matando autoridades- cada vez que visitaban una comunidad se ha dejado de lado. Aunque se sigue ejecutando, pero no tiene que ver con este Sendero, sino los militares, quienes confunden a los campesinos con narcosenderistas, así lo revela The New York Times (17-03-2009).

La represión no sólo atemoriza a la población, sino que deslegitima al Estado. Semejante percepción lo convierte en enemigo natural de los cocaleros que ha encontrado en el monocultivo de la hoja de coca –una práctica ancestral– su principal fuente de ingresos. Para muchos cocaleros se ha convertido en una cuestión de vida o muerte defender el libre cultivo de la coca porque Sendero ha incentivado esa visión. La erradicación forzosa y las detenciones arbitrarias le han restado mucha simpatía al Ejército. Cuando se realización operaciones de búsqueda y captura de senderistas, los civiles se ven forzados a abandonar sus villas o se convierten en bajas colaterales. Las FF. AA. alegan, según el reportaje del NYT, que lo que destruyen son laboratorios, pozas de maceración y cabañas para que los terroristas no tengan dinero ni refugio.

El VRAE es la mayor región cocalera del país, de ahí su importancia para Sendero y el Estado, quienes libran una lucha por el monopolio de la fuerza. Ambos se ven como amenazas para su negocio y para su futura estabilidad, respectivamente. De momento el país no corre peligro porque los senderistas –en realidad mercenarios o delincuentes– no tienen intención de expandirse más allá de la zona. Al haber aumentado la productividad por hectárea de hoja de coca no necesitan más tierras. Desde el 2007 la cantidad creció en 4%, el mayor incremento en una década. A largo plazo es posible que representen un desafió a la gobernabilidad ya que penetrarán la porosidad de las instituciones, que no son precisamente inmunes al cáncer de la corrupción. Dado que nuestras autoridades políticas y militares son receptivas a esa lacra social, no debería extrañarnos que sean compradas por grandes capos de la droga, quienes les permitirán operar libremente, como ocurre y ha ocurrido en otros países.

El gran desafió en la zona del VRAE consiste en desenganchar a la población del comercio de la droga o, mejor dicho, del cultivo de la coca, que en un 97% se destina a la producción de cocaína. Esto requiere un enorme trabajo ya que constituye el modo de vida de la gente del lugar, unas 17.000 familias. Mujeres y niños recolectan y secan las hojas bajo el sol. Primero las acopian y luego las esparcen sobre canchas multiuso o caminos de tierra. La economía gira en torno a ese cultivo que no es ilegal; pero sí su transformación en estupefacientes. Los diversos gobiernos han intentado la sustitución de cultivos. En un momento se trató de promover la siembra de café orgánico, paltas, mangos, etc., destinados a la agroexportación, pero no ha funcionado en todas las zonas convulsionadas. Pese a la apertura de nuevos mercados y su interesante rentabilidad no han podido competir con la hoja de coca.

Cambiar la matriz económica y productiva debe realizarse en una segunda etapa. La solución no pasa por reemplazar cosechas, al menos no por ahora, ya que primero se debe eliminar la presencia del narcosenderismo. La primera fase de la operación en el VRAE debe abocarse a extirpar a los elementos subversivos. Para esto hay que introducir nuevos métodos de guerra porque el combate contra una guerrilla bien armada y conocedora de la selva no puede ser convencional. En lugar de enfrentar a la guerrilla con soldados rasos hay que considerar operaciones clandestinas a cargo de fuerzas especiales de la Marina, el Ejército y la Aviación. Pequeños grupos podrían asestar duros golpes a las columnas senderistas porque los tomarían por sorpresa. Con la ayuda de francotiradores, expertos en explosivos e inteligencia se podría eliminar a sus líderes, destruir sus campamentos e interceptar sus comunicaciones. Los Estados Unidos bien podrían colaborar en la parte de inteligencia dotando a las FF. AA. de aviones no tripulados de reconocimiento (Predator) para orientar a los comandos (ser sus ojos en el cielo durante la noche y en la espesura de la selva) y transmitir información precisa sobre la ubicación de los terroristas. Estos sofisticados aparatos podrían llevar armas para no desperdiciar la oportunidad de atacar un blanco importante. EE. UU. también podría proveernos otros equipos como visores infrarrojos, camuflajes y dispositivos electrónicos para garantizar el éxito de las operaciones.

En la siguiente etapa, una vez extirpado el cáncer del narcoterrorismo, el Estado podría iniciar un plan de desarrollo de la zona construyendo postas médicas, escuelas y dependencias estatales pues, sin el control efectivo del territorio, vemos imposible que algún médico, enfermera, profesor o burócrata vaya a trabajar a un lugar tan agreste como peligroso.




viernes, 4 de septiembre de 2009

Rafael Rey y el ataque en el VRAE


En un día funesto para las Fuerzas Armadas el ministro de Defensa hizo gala de su incompetencia en el manejo de la cartera en el Parlamento

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Por César Reyna



Más que dar explicaciones a la representación nacional por el derribo de un helicóptero MI-17 y la muerte de tres militares en Santo Domingo de Acobamba, en la región de Junín, en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), el ministro de Defensa Rafael Rey fue a quejarse de la falta de logística e inteligencia con la que cuentan los efectivos destacados en esa convulsiva área.


El responsable político de los institutos armados se mostró alterado y criticó al gobierno anterior por haber descuidado la lucha antisubversiva. En días pasados evidenció su incompetencia en temas de inteligencia, defensa, narcotráfico y lucha antiterrorista pues envidió la ayuda que recibía Colombia para enfrentar el tráfico de drogas y a la guerrilla de las FARC por parte de Estados Unidos. Si bien no pidió la instalación de bases norteamericanas como algunos medios difundieron, dio a entender que sin su colaboración resultaría imposible combatir eficazmente a ambos flagelos (al terrorismo asociado con el narcotráfico).


Durante su exposición echó la culpa de las emboscadas de Sendero Luminoso (SL) al mal clima y a la difícil geografía de la zona de combate. Acto seguido, en el colmo de la ineptitud absoluta, dijo que las columnas senderistas conoce mejor el lugar donde se desarrollan los operativos y misiones de reconocimiento. Con esa ventaja, fruto de la desidia que se arrastra desde el Gobierno de Fujimori, no es descabellado pensar que podríamos estar presenciando la vietnamización del VRAE ya que el ministro Rey habla de túneles, trampas y escondites que los remanentes de SL han construido a lo largo de los últimos años.


El abandono del Vizcatán (dentro del VRAE) es atribuido al ex presidente Alejandro Toledo, a quien Rey acusó de desmantelar el servicio de inteligencia del Ejército así como una treintena de bases contrasubversivas (de 71 en el 2000 se pasó a 24 en el 2004). Cabe recordar que entre Rey y el ex presidente Toledo existe una vieja enemistad pues el primero, en su calidad de congresista de la bancada de Unidad Nacional, solicitó la vacancia del segundo por incapacidad moral.


Tras escuchar a Rey el ciudadano de a pie puede llegar a dos conclusiones: 1) que los verdaderos expertos son los terroristas porque se desplazan con total impunidad en la selva; y 2) necesitamos asistencia norteamericana porque no contamos con personal calificado ni sofisticados equipos de vigilancia.


Es triste saber de manera oficial que nuestros soldados no se han adaptado al VRAE y que los narcosenderistas nos llevan varios cuerpos de ventaja en preparación y conocimiento de la zona. Rey reconoce que las tropas bajo su mando viven en condiciones paupérrimas y están mal equipadas. En esas condiciones no hay motivos para esperar algún resultado en el corto, mediano o tal vez largo plazo.


En su presentación exhortó a los medios de comunicación que no difundan noticias que bajen la moral de las tropas (no quería que se hagan conteos de militares caídos en acción). Exigió cero negativismo pues “todos debemos mostrar que estamos unidos en esta lucha”, aseveró. Lo paradójico del asunto es que Rey pasó varias diapositivitas en las que se apreciaba la insania terrorista. Si él es el primero en propalar imágenes donde aparecen cuerpos de uniformados mutilados en Sanabamba no puede acusar a la prensa de ser pesimista pues exhibió el horror de la guerra en el hemiciclo.


No tenía sentido dar a conocer fotografías brutales que forman parte del dossier de fiscales y peritos en criminalística a menos que Rey quisiera alimentar el morbo de la población. Si alguien es precisamente derrotista y deshumanizado es el ministro de Defensa pues aumenta la desesperación de los familiares de los caídos, heridos y destacados en el VRAE.


La baja moral de nuestros efectivos no se debe a los titulares que destacan los ataques de Sendero con letras grandes, sino a la falta de apoyo logístico, político y económico del Estado. Antier un grupo de familiares y pensionistas de las FF. AA. marcharon cerca del Congreso para exigir aumento de remuneraciones y pensiones. Las bonificaciones que reciben por desplazamiento han sido reducidas o aplazadas hasta el próximo año.


En estos momentos los cuerpos de los uniformados asesinados y los heridos no han podido ser rescatados por el intenso despliegue de Sendero en el lugar de los hechos. Los dos intentos de socorro realizados ayer han fracasado por el intenso fuego de los terroristas. Hay tres cadáveres y ocho heridos con lesiones de diversa gravedad. Las aproximaciones por vía aérea podrían correr con la misma suerte de la nave derribada.


Se espera que hoy se produzca la evacuación de la patrulla que salió de la base contrasubversiva de Huachocolpa en Junín.




miércoles, 12 de agosto de 2009

Comando Unificado en el VRAE


Por César Reyna

El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, ha anunciado el nombramiento de una autoridad civil que dirija los esfuerzos de la Policía Nacional y los militares en la zona del VRAE, es decir, un funcionario a cargo de un comando unificado para evitar rencores entre las fuerzas del orden.


La coordinación entre ambas instituciones era un asunto espinoso porque la Policía no deseaba subordinarse a las Fuerzas Armadas. La solución puede ser salomónica si no terminan imponiéndose los generales del Ejército.


En Estados Unidos el encargado de la seguridad interna es un civil con experiencia en dicho campo. El Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) engloba a la CIA, FBI, NSA, departamentos de policía estatal, guardia nacional, etc. Todos están obligados a compartir información, personal y recursos luego de las deficiencias detectadas tras el 11-S.


Algo parecido se intenta crear para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo pero no dará resultado. Cualquier medida fracasará porque el narcotráfico tiene un enorme poder corruptor antes que desestabilizador.


Las mafias de la droga, entre las que destaca Sendero Luminoso, no buscan cambiar al Estado como piensan algunos sino más bien aprovechar su absoluta permeabilidad para seguir operando. Mientras el Estado condene y persiga sus actividades existirá ese lucrativo negocio. Destinar fondos y establecer programas de desarrollo no tiene sentido porque las ganancias de la droga infinitamente son superiores.


Las exportaciones de droga equivalen a cerca del 20% del PBI nacional. Unas 23.000 toneladas según Naciones Unidas fueron producidas en Perú el año pasado. De ese porcentaje inicial, entre 2500 a 3000 millones de dólares se lavan en el país. Pero la cifra podría superar a los 5.000 millones, lo que explicaría el ‘boom’ de la construcción y varias actividades comerciales.


El Perú, técnicamente hablando, es un ‘narcoestado’ aunque los cárteles no asesinen autoridades políticas ni hayan creado zonas liberadas como en México. La ausencia de la violencia que azota al país azteca se debe a que Perú es un centro de producción, pero no de distribución de la droga. El control de las rutas internacionales corresponde a mafias que introducen en los Estados Unidos.


Sendero necesita la represión estatal porque incrementa el precio de la cocaína. La ilegalidad de su tráfico es lo único que la hace rentable. Si se legaliza su comercialización disminuiría la violencia y la corrupción asociadas al narcotráfico. Estos dos fenómenos están intrínsecamente vinculados a la actividad de los cárteles porque necesitan protegerse y doblegar a la sociedad. Si se eliminan las penalidades las narcotraficantes no tendrían mayor incentivo para ingresar estupefacientes en otros países ya que desaparecerían los generosos márgenes.


No es cuestión de comprar más helicópteros, armas de última generación o reforzar las bases contrasubversivas pues la zona del VRAE es inaccesible. Es lo suficientemente densa como para que los narcosenderistas se oculten y actúen con total impunidad. ¿Vale la pena desangrarnos durante 30 o 40 años como Colombia para deshacernos de un mal que no va desaparecer?