Mostrando entradas con la etiqueta petroaudios. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta petroaudios. Mostrar todas las entradas

lunes, 21 de septiembre de 2009

Francis Allison y la ética política peruana






El actual ministro de Vivienda y Construcción ocultó información relacionada con su pasado profesional para conseguir su nombramiento en la referida cartera
-------------------------------------------------
Por César Reyna


Al parecer pesó más la ambición política del ex alcalde de Magdalena, Francis Allison, que la ética que debe regir la conducta de todo funcionario público cuando juramentó como ministro de Estado pues debió informar al primer mandatario que había bridado asesorías externas a Business Track (BTR), empresa dedicada a la interceptación de comunicaciones de personajes públicos.

El simple hecho de ocultar ese servicio de consultoría revela que Allison engañó o indujo a error al presidente de la República, ya que, de haber tenido García conocimiento oportuno de la situación, seguramente no le hubiera encargado el despacho de Vivienda y Construcción.

La relación entre el presidente y sus ministros se sustenta en la confianza, de ahí que el jefe de Estado pueda removerlos sin ofrecer mayores explicaciones a los medios o al Parlamento. Debido a que la confianza constituye un elemento fundamental, sobre todo al momento de realizar cambios en el Gabinete, es necesario que el presidente sea advertido de las incompatibilidades de las personas que podrían ocupar un puesto de relevancia política. Antes proceder con la designación resulta vital conocer bien el currículo de cualquier prospecto o candidato a ministro. Por eso la omisión de Allison representa una falta grave contra la confianza depositada por el mandatario, la que sólo podría ser subsanada con su renuncia.

El caso de BTR, como muchos recordarán, provocó la caída del primer Gabinete aprista tras el escándalo de los petroaudios (la mayoría conversaciones entre el lobista Rómulo León Alegría y sus cómplices para adjudicarse de manera irregular concesiones petroleras). El asunto de fondo es que cualquier personaje vinculado a esa empresa, así no tuviera conocimiento de sus ilícitas actividades, jamás hubiera llegado un ministerio u otro cargo de importancia mientras no aclare su situación.

Allison ganó ese puesto inflando el ego de García y proponiéndole una marcha por la paz para contrarrestar la ola de protestas en la capital y otras regiones del país a raíz de la violencia desatada en la Amazonía, concretamente en la ciudad de Bagua. Gracias a su propuesta y a la agilización de obras en la Costa Verde, en la parte que corresponde al distrito de Magdalena, la carrera de Allison consiguió escalar posiciones en poco tiempo.

Ahora bien, ésa no es la única falta ética de Allison ya que anteriormente protagonizó un escándalo en la vía pública cuando el Serenazgo del distrito de San Isidro lo detuvo por manejar en estado de ebriedad. El hecho ocurrió hace seis años cuando cumplía su primer período como burgomaestre de Magdalena. En esa oportunidad agredió a dos agentes policiales y se resistió al arresto.




El caso de Allison y su rápido ascenso puede compararse con el de su jefe inmediato, Javier Velásquez Quesquén, cuya carrera política también experimentó un ascenso meteórico tras amanecer borracho en Brasil. De ser un congresista sin trayectoria, Velásquez Quesquén pasó a ser presidente del Congreso y actualmente se desempeña como primer ministro.

Ni Allison ni Velásquez Quesquén llegaron a donde están por sus méritos políticos o profesionales, sino porque supieron moverse bien (relacionarse) dentro de las más altas esferas del poder. La ausencia de valores y cualidades en nuestra clase política indican que el problema pasa indudablemente por nuestra sociedad, la cual se ha venido acostumbrando a la mediocridad de sus dirigentes.

La tolerancia hacia ese tipo de conductas revela nuestra incapacidad para indignarnos. Mientras no exijamos que nuestros representantes ejerzan su función con honestidad y respeto a la investidura jamás nos acercaremos a los estándares de vida de los países desarrollados, que no sólo se caracterizan por su progreso económico o material, sino porque han conseguido estabilidad política y social a través de sus instituciones.






miércoles, 8 de julio de 2009

La liberación de Rómulo León y los misterios de su computadora



Por César Reyna



Mientras era trasladado a la vivienda de su hijo para cumplir con su arresto domiciliario, Rómulo León Alegría, principal implicado en el sonado caso de los ‘petroaudios’[1], dijo que no temía que peritos judiciales revisaran los archivos de su computadora porque “no hay nada comprometedor”. León Alegría está tan seguro de su inocencia que ha pedido en reiteradas ocasiones que la “justicia” acelere las investigaciones. Su demanda de celeridad nos hace sospechar que la información que almacena su PC podría perderse una vez que los especialistas ingresen al sistema. En pocos segundos podrían autodestruirse datos reveladores como si marcara el inicio de la saga ‘Misión Imposible’.

Esa latente posibilidad no descarta que existan otros factores que expliquen la lentitud del Poder Judicial para revisar la correspondencia electrónica que el ex diputado aprista mantenía con personalidades del Gobierno. Si el CPU del ex ministro de Pesquería no tenía el referido dispositivo de autodestrucción, las autoridades deben estar buscando la manera de que sus archivos se tornen totalmente irrecuperables. Probablemente en los próximos meses ocurra un extraño incendio en la oficina donde el ordenador estaba depositado o sufra algún daño “fortuito” que impida leer su información. Quizá un desprevenido secretario judicial deje caer la máquina accidentalmente o se esté filtrando –negligentemente hablando- un poco humedad dentro de su delicada memoria. Nadie, desde luego, asumirá la responsabilidad de la pérdida de ese importante elemento probatorio.

A la computadora le pueden suceder cosas extrañas como si se tratara de un testigo incómodo que puede traerse abajo a las cabezas de la mafia. Como el aparato no es susceptible a las presiones ni se le puede comprar, las autoridades de turno deliberan si debe ser destruido o arruinado por el bien de la gobernabilidad. Rómulo León, en cambio, sí puede ser sugestionado o favorecido procesalmente para que no diga todo lo que sabe, es decir, para que no incrimine a sus compañeros de partido. Apenas salió del penal dijo que “no tenía nada que decir” ante los requerimientos de la prensa. Luego fue más explícito al declarar que nadie debía preocuparse no tenía nada que decir “que involucre a alguien”.


En días recientes, para dar la impresión de que el Ejecutivo estaba disgustado con la repentina excarcelación de León, tanto el presidente como el primer ministro cuestionaron la medida. El primero dijo que lamentaba que en otros casos “la celeridad sea mínima” y mostró su preocupación por la cantidad de efectivos que son asignados cuidar a quienes cumplen arresto domiciliario “cuando deberían dar seguridad a la población”.


Otro hecho que revela las componendas entre el procesado y la Administración aprista es que la orden de la Sala Penal que dispuso su semilibertad no se hizo cumplió de inmediato porque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dependiente del Ministerio de Justicia, dilató su ejecución. La demora fue adrede para hacerle creer a la opinión pública que el Gobierno de García se oponía a la controvertida decisión de la “Justicia”. Para darle un poco de verosimilitud a la trama, el abogado de León iba a presentar un ‘habeas corpus’ e iniciar acciones legales contra los responsables del incumplimiento de la resolución judicial. Por si fuera poco, el letrado manifestó a RPP que existía un “poder oculto” que entorpecía la excarcelación de su patrocinado y señaló que el gesto representa que “el Gobierno no apoyaba a León Alegría”.


--------------------------------------------------
[1] El caso de los ‘petroaudios’ comprende la presunta concesión irregular de cinco lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum, de capitales daneses. El escándalo de los ´petroaudios´ le generó al Gobierno una crisis de grandes proporciones.


jueves, 2 de julio de 2009

Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León


Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León


Por César Reyna


Cuando muchos creían que la justicia peruana se estaba reformando, sobre todo tras la celebrada condena al ex presidente Alberto Fujimori y la celeridad con la que la Corte Suprema le imprimió al caso Panamericana Televisión, ésta ha dado nuevas muestras ineptitud y corrupción con la excarcelación de Rómulo León.

El cambio de la orden de detención por arresto domiciliario no sorprende porque el Poder Judicial siempre ha sido manipulado por los gobiernos de turno. Además el Apra tiene injerencia en dicha institución pues un gran porcentaje de jueces milita o simpatiza con el partido de la estrella. El más conocido de todos es el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien no hace mucho fue fotografiado en un acto partidario.

La medida dispuesta por la Tercera Sala Penal Especial responde a la necesidad ir limpiando a León de todos los cargos porque posee información que compromete a altas autoridades del Gobierno. Pese a que existe abundante evidencia en su contra (audios, correos electrónicos, etc.), el ex ministro de pesquería volverá a su domicilio porque el juzgado considera que “no hay peligro de fuga”. Si el destape del escándalo de los ‘petroaudios’ olía mal, esto huele mucho peor pues se suma la poca diligencia mostrada por el juez para resolver el caso.

Las conversaciones sostenidas en entre Alberto Quimper, ex abogado de Alan García y ex director de Perupetro, y Rómulo León Alegría, ocasionaron la primera crisis política en el Ejecutivo cuando salieron a la luz. En una de las grabaciones más difundidas estos turbios personajes discutían entre risas, carajeadas y bromas la forma de amañar una licitación pública vinculada a la concesión de lotes petroleros. Luego ambos fueron detenidos a finales de 2008 medio de duras críticas contra el Gabinete presidido por Jorque del Castillo, quien finalmente tuvo que renunciar.

El destape se produjo en octubre del año pasado y aún no se ha podido conocer el contenido del CPU de León, en el que debe haber almacenado valiosa información que ayude a determinar responsabilidades. Todos los indicios y presunciones del caso apuntan a las más altas jefaturas de gobierno pues León Alegría tenía acceso al despacho del ex premier Jorge del Castillo, a pesar de que el presidente García había objetado su ingreso a cualquier dependencia por temor al escándalo (su modus operandi era muy conocido).

León se desempeñaba como lobista de compañías que querían cerrar tratos con el Gobierno. Se valía de sus contactos en ministerios y otros organismos estatales para asegurar la contratación de las empresas que representaba. Su comisión no era nada despreciable si lograba que el Estado otorgara una o varias concesiones a grupos de dudosa reputación empresarial como el del dominicano Fortunato Canaán, interesado en construir hospitales sobrevalorados. León Alegría les garantizaba a sus patrocinados que sus relaciones con el poder pesaban más que las leyes y los procedimientos preestablecidos. Él les evitaba el engorroso trámite de precalificar o postular a procesos de licitación porque podía arreglar -por lo bajo- cualquier concurso.

Su actividad fue descubierta de manera irregular porque una agencia de seguridad interceptó sus teléfonos (vinculada a oficiales de la Marina de Guerra del Perú). La agencia en cuestión fue contratada por una compañía (Petrotech S.A.) que había perdido en concursos manipulados por Rómulo León.

Lo que León sabe es muy importante para la supervivencia de la Administración, de ahí que la Sala que estudia su expediente haya relajado las medidas precautorias. En su caso no debió proceder la excarcelación porque se puso a derecho varias semanas después de haber sido emitida la orden de captura en su contra. Su demora no sólo dilató la labor de la justicia, sino que en ese ínterin pudo destruir o esconder pruebas vitales para esclarecimiento de la causa.


El otorgamiento de esta cuestionada medida ha “coincidido” con el rechazo de la moción de censura contra el primer ministro Yehude Simon, la muerte de Michael Jackson y el asesinato de una popular cantante de folclor, tres sucesos que venían acaparando la atención pública nacional. León seguramente presionaba desde hace tiempo por su salida, pero las autoridades necesitaban varios acontecimientos mediáticos, a falta de una cortina de humo, para poder soltarlo.

Su semilibertad se veía venir ya que León mantiene vínculos con dirigentes de su partido, pero sobretodo porque conoce delitos que podrían convertirlo en colaborador eficaz de un eventual mega juicio contra importantes figuras del régimen. Lo que sabe pesa más que cualquier estrategia de defensa legal pues si habla puede acabar con la cúpula del aprismo. Muchos podrían ir la cárcel si León revelara la forma en que algunos líderes costean la educación de sus hijos o alquilan lujosos departamentos en París.

Mientras cierre la boca asegurará su inocencia para que otros sigan actuando con total impunidad.