Alan García se parece a Hugo Chávez
Por César Reyna
La victoria de Alan García en 2006 frustró los planes del presidente venezolano de tener más preponderancia en Sudamérica. Si sumaba al Perú hubiera controlado la CAN (Comunidad Andina de Naciones), convirtiéndola en una plataforma para relanzar el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina) y reducir la injerencia de Estados Unidos. Eso no ocurrió porque el candidato nacionalista Ollanta Humala fue relacionado y satanizado por su cercanía con Chávez. El factor Chávez decidió la pasada elección y probablemente vuelva a hacerlo si Humala accede a la segunda vuelta en 2011.
Muchos analistas creían que García sería capaz de contener la amenaza chavista que se extiende por la región gracias a sus petrodólares y su prédica en contra el neoliberalismo. Nadie parecía más indicado para bajarle el tono a Hugo Chávez pues el mandatario peruano tiene dotes de buen orador y polemista. Al principio hubo una serie de intercambios verbales porque Chávez es un enemigo declarado del modelo económico que impera en el Perú. Las relaciones diplomáticas se resintieron en más de una ocasión por la decidida oposición de Venezuela al TLC suscrito por nuestro país con Estados Unidos.
Los comentarios en contra de Alan García (algunos eran justificados, sobre todo uno el que Chávez lo acusaba de ladrón pues el mandatario incaico exhibía inexplicables signos de riqueza) dominaron la agenda entre ambos países. Durante un tiempo la tensión caracterizó nuestra relación con Caracas y estuvimos al borde de la ruptura diplomática porque hubo retiro de embajadores.
Durante la primera parte de su mandato García buscaba diferenciarse de Chávez porque en su periodo anterior había implementado la mayoría de políticas que ahora lleva a cabo su homólogo venezolano. Chávez encarnaba el pasado con el que García debía de romper para convencer al electorado y capital internacional de que había cambiado. Por eso debía preservar el modelo que había generado relativa estabilidad macroeconómica. Los peruanos no le perdonarían otro periodo hiperinflacionario porque ya lo habían sufrido de 1987 a 1990. Los ciudadanos lo observaron con mucho recelo pues temían por sus ahorros, la cotización del dólar, la escasez de alimentos y la pérdida de empleos, hechos que caracterizaron a su anterior administración. Pero el miedo se fue diluyendo en la medida que el aprismo convocó a profesionales independientes y personajes de otros partidos para que manejen la economía, la producción, las relaciones exteriores, las comunicaciones, la defensa del país, entre otros sectores. El aprismo se reservaba para sí la conducción política, convirtiéndose en el garante del modelo y en el primer defensor contra cualquier amenaza desestabilizadora (el nacionalismo, el chavismo, el narcosenderismo, etc.).
García estaba lejos de ser comparado con Chávez pese a que veinte años atrás gobernó con la misma intolerancia del jefe de Estado llanero. Antes García apostaba por la nacionalización (estatización de la banca) y la producción local en lugar de abrir la economía al mundo. Creía en los incentivos para la industria y la agricultura. Defendía la rígida legislación laboral que convertía a cada trabajador en propietario de su puesto. Además denunciaba al imperialismo yanqui y se solidarizaba con los países amenazados por Washington. García era otro, sin duda, al menos en el plano económico. Pero con el correr del tiempo está dando muestras de que su cambio no fue real sino un burdo maquillaje o control de sus rasgos más temidos.
Ahora mismo es casi imposible distinguir las aptitudes antidemocráticas de García y Chávez pues tratan de imponer su punto de vista. Para ellos las opiniones de los demás no cuentan a menos que sean similares a las suyas. Todo aquel que discrepe es proscrito y acosado sea por Lima o por Caracas. La verdadera personalidad de García afloró cuando obligó a los mandamases de los diarios El Comercio y Perú 21 a despedir a un grupo periodistas[1] que investigaban el escándalo de los ‘petroaudios’. Este destape, cabe recordar, provocó la caída del Gabinete de Jorge del Castillo porque varios de sus miembros, incluido el primer ministro, recibieron en más de una oportunidad al lobista Rómulo León Alegría, personaje vinculado al Partido Aprista que amañaba licitaciones con un ex director de Perupetro, entidad estatal que adjudica lotes petroleros. Tras la revelación el Gobierno no sólo obstaculizó la labor periodística sino también la judicial porque hasta el momento no se ha podido conocer el contenido que almacena la computadora de León Alegría, pieza fundamental para conocer las implicancias de la red de corrupción que zarandeó al régimen. Las trabas provienen directamente de Palacio y se ejecutaron por medio de Juan Vargas, presidente de la Corte Superior de Lima, quien es conocido militante del partido de la estrella.
A esto hay que sumar la persecución política que padece el economista Farid Matuk, ex jefe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Inei), por demostrar que las cifras de crecimiento del PBI y de reducción de la pobreza no se ajustan a la realidad. Matuk ha declarado en varios medios y a través de su blog que los “estupendos” resultados que exhibe el Gobierno no son creíbles. Esto se debe a que el Inei modificó el sistema de cálculo, el que todavía no ha hecho público para magnificar los logros gubernamentales. Matuk no es el único que cuestiona la información del Inei pues Richard Webb, ex presidente del BCR y destacado economista también sospecha de que no nos están diciendo la verdad. Por criticar con argumentos sólidos se le abrieron cinco procesos judiciales por supuesta malversación de fondos cuando dirigió la oficina de estadísticas. Las acusaciones son realmente ridículas; no son más que represalias con las que se trata de amedrentar a una voz independiente.
El canal estatal (TV Perú), por su parte, es el brazo propagandístico del Ejecutivo. En lugar de ser una televisión pública y plural, es decir, abierta, como ocurre en otros países, se de dedica a exaltar las virtudes de la gestión oficialista. La oposición, desde luego, no tiene cabida para denunciar irregularidades en la gestión estatal. La única voz que se escucha en ese medio es la de los ministros, congresistas o aliados del Gobierno. Los programas noticiosos solamente hacen publirreportajes para apuntalar la imagen de las autoridades. La parcialidad de ese canal desacredita cualquier información que propala pues sus contenidos son revisados por funcionarios que dependen de Palacio.
De otro lado, en los primeros días de junio el Gobierno intentó tomar la administración de Panamericana Televisión, un canal privado con alcance nacional que estaba a punto de ser entregado a la familia Schütz, los accionistas mayoritarios. La devolución iba a hacerse efectiva mediante una resolución judicial; pero el presidente, por medio de la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) intervino para impedir que cayera en manos de los Schütz. Alan García pensaba apoderarse de Panamericana, un ‘canalazo’ según Ernesto Schütz Landázuri, prófugo de la justicia peruana, quien se encuentra en Suiza luego de recibir varios millones de dólares del ex asesor Vladimiro Montesinos a cambio de vender la línea editorial de su canal. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, había anunciado públicamente que el caso Panamericana era emblemático –llevaba más de siete años sin solución- y debía resolverse a la brevedad. El magistrado supremo exhortó a los jueces a actuar con celeridad, lo que alertó a García pues temía que el medio, bajo otra gestión, comenzara a criticar al Gobierno. El pretexto para ingresar a las instalaciones de Panamericana fue su abultada deuda tributaria, la que creció descontroladamente sin que la Sunat realizara cobranzas coactivas. La Sunat pudo tomar otras medidas o incautar sus activos pero convalidó la morosidad de la emisora durante años. La administración de la Sunat duró menos de un día porque diversos sectores de la sociedad mostraron preocupación[2] por la intervención del Estado en medios privados.
El hecho más saltante, sin duda, es el manejo de crisis en la Amazonía pues de ella se derivan varios elementos que debemos tener en consideración. El primero de ellos es la cancelación de la licencia de la radioemisora ‘La Voz’ de Junín. A la radio se la acusa de “incitar la violencia” entre los nativos durante el paro amazónico. Este no es el único caso porque otra radio en Tacna fue clausurada por razones “técnicas” y “administrativas” que funcionarios incompetentes no han sabido explicar. La intención detrás del cierre de algunos medios es suprimir las voces disidentes o contrarias a las políticas de esta corrompida Administración. El Gobierno pretende que circule un discurso único que beatifica a la inversión privada. Por eso no admite la crítica ni la discrepancia política, y todo aquel que el ataca al modelo o a las autoridades políticas es acusado de “sedicioso” y “traidor”.
Los decretos antiamazónicos no pueden dejar de mencionarse pues revela la prepotencia con la que el Ejecutivo viene haciendo las cosas. Pasar por encima de un Convenio Internacional (el 169 de la OIT que versa sobre pueblos nativos) no es poca cosa ya que tiene rango constitucional al reconocer derechos a las minorías. La consulta que ignoró -para aprobar una serie de normas[3] lesivas a los intereses de los pueblos originarios- indica el poco respeto de García a los procedimientos regulares. Eso mismo hace Chávez cada vez que desea apurar la intervención de un medio de comunicación o restringe libertades.
El conflicto en la selva peruana ha generado que el Gobierno aprista presione al Poder Judicial para apresar a Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), quien solicitó asilo a Nicaragua cuando el presidente y su ministra del Interior pidieron su detención al mejor estilo de Hugo Chávez. La Constitución de 1993 y las anteriores habían establecido la separación de poderes para evitar este tipo de interferencias que quebrantan la democracia y el Estado de Derecho. Si el Ejecutivo no respeta el fuero judicial y le dice lo que tiene que hacer a la Suprema ya no estamos hablando de poderes independientes sino de una posible autocracia. En eso puede degenerar la frágil democracia peruana si García logra imponer monocorde su visión.
El arrinconamiento de la oposición es otro episodio lamentable que tiene sus raíces y bemoles en la crisis amazónica pues un grupo parlamentarios nacionalistas, que defiende la posición de los nativos (de derogar los decretos inconstitucionales promulgados por el Gobierno), fue severamente sancionado por la Mesa Directiva del Congreso, presidida por el aprista Velázquez Quesquén. Un tercio de la bancada opositora fue suspendida por 120 días sin goce de haber y sin derecho a votar en el Pleno. El castigo se impuso a raíz de las protestas que estos hicieron en el Hemiciclo. La triple alianza conformada por el Apra, el Fujimorismo y Unidad Nacional ha iniciado una cacería de brujas contra los nacionalistas porque cuenta con los votos para imponer sus decisiones. El objetivo de tan innoble alianza es amedrentar a sus rivales acusándolos de una serie de faltas en la Comisión de Ética o en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. En paralelo, algunos dirigentes del Apra han dicho que varios legisladores nacionalistas deberían ser acusados penalmente por “azuzar a la población amazónica” de Bagua, ciudad en la que se produjo el trágico operativo policial del 5 de junio pasado, cuyo saldó arrojó 24 efectivos muertos y 10 civiles asesinados.
El Partido Aprista parece haber ofrecido la presidencia del Congreso a Unidad Nacional, inscrito en la democracia cristiana (la derecha), para respaldarlo en el desafuero de los parlamentarios nacionalistas. El grupo de Lourdes Flores ya ha anunció que presentará su candidatura porque cuenta con los votos del Apra, partido que ha acaparado la dirección del Parlamento durante las últimas legislaturas.
El encarcelamiento de Carlos Rivera, abogado del IDL (Instituto de Defensa Legal), representa otro atropello a las libertades pues se le arrestó sin motivo. Rivera es un conocido defensor de derechos humanos y ha participado en el megajuicio seguido al ex presidente Fujimori, donde asesora a la parte civil (los deudos de las acciones represivas del Comando de Aniquilamiento Colina). Pero los procesos a Fujimori no parecen haber originado su detención, sino su intervención en casos de violaciones de derechos humanos que comprometen a Alan García. El abogado del IDL ha sido el responsable de que la matanza de El Frontón no prescriba. Este hecho involucra a García Pérez pues era presidente y a Luis Giampietri, ex almirante de la Marina que participó en el masacre y actual vicepresidente de la república.
Por todas estas cosas es creemos que existen similitudes insoslayables entre el Dr. García y el mandatario venezolano. La persecución política, la toma -fallida o no- de medios de comunicación y la imposición de un modelo oficial son elementos que más que diferenciarlos, los acerca, aunque comulguen con ideologías radicalmente distintas.
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[1] Nos estamos refiriendo al director de Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich, y al encargado de la Unidad de Investigación de El Comercio, Pedro O´Brien.
[2] La libertad de expresión estaba en juego y hasta medios afines al Gobierno –como el diario Correo- expresaron su rechazo a la injerencia gubernamental.
[3] En este punto hay que destacar que la negociación del TLC con Estados Unidos se utilizó para contrabandear una serie de normas que poco o nada tenían que ver con el acuerdo comercial
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