La liberación de Rómulo León y los misterios de su computadora

Por César Reyna

Mientras era trasladado a la vivienda de su hijo para cumplir con su arresto domiciliario, Rómulo León Alegría, principal implicado en el sonado caso de los ‘petroaudios’[1], dijo que no temía que peritos judiciales revisaran los archivos de su computadora porque “no hay nada comprometedor”. León Alegría está tan seguro de su inocencia que ha pedido en reiteradas ocasiones que la “justicia” acelere las investigaciones. Su demanda de celeridad nos hace sospechar que la información que almacena su PC podría perderse una vez que los especialistas ingresen al sistema. En pocos segundos podrían autodestruirse datos reveladores como si marcara el inicio de la saga ‘Misión Imposible’.

Esa latente posibilidad no descarta que existan otros factores que expliquen la lentitud del Poder Judicial para revisar la correspondencia electrónica que el ex diputado aprista mantenía con personalidades del Gobierno. Si el CPU del ex ministro de Pesquería no tenía el referido dispositivo de autodestrucción, las autoridades deben estar buscando la manera de que sus archivos se tornen totalmente irrecuperables. Probablemente en los próximos meses ocurra un extraño incendio en la oficina donde el ordenador estaba depositado o sufra algún daño “fortuito” que impida leer su información. Quizá un desprevenido secretario judicial deje caer la máquina accidentalmente o se esté filtrando –negligentemente hablando- un poco humedad dentro de su delicada memoria. Nadie, desde luego, asumirá la responsabilidad de la pérdida de ese importante elemento probatorio.

A la computadora le pueden suceder cosas extrañas como si se tratara de un testigo incómodo que puede traerse abajo a las cabezas de la mafia. Como el aparato no es susceptible a las presiones ni se le puede comprar, las autoridades de turno deliberan si debe ser destruido o arruinado por el bien de la gobernabilidad. Rómulo León, en cambio, sí puede ser sugestionado o favorecido procesalmente para que no diga todo lo que sabe, es decir, para que no incrimine a sus compañeros de partido. Apenas salió del penal dijo que “no tenía nada que decir” ante los requerimientos de la prensa. Luego fue más explícito al declarar que nadie debía preocuparse no tenía nada que decir “que involucre a alguien”.

En días recientes, para dar la impresión de que el Ejecutivo estaba disgustado con la repentina excarcelación de León, tanto el presidente como el primer ministro cuestionaron la medida. El primero dijo que lamentaba que en otros casos “la celeridad sea mínima” y mostró su preocupación por la cantidad de efectivos que son asignados cuidar a quienes cumplen arresto domiciliario “cuando deberían dar seguridad a la población”.

Otro hecho que revela las componendas entre el procesado y la Administración aprista es que la orden de la Sala Penal que dispuso su semilibertad no se hizo cumplió de inmediato porque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dependiente del Ministerio de Justicia, dilató su ejecución. La demora fue adrede para hacerle creer a la opinión pública que el Gobierno de García se oponía a la controvertida decisión de la “Justicia”. Para darle un poco de verosimilitud a la trama, el abogado de León iba a presentar un ‘habeas corpus’ e iniciar acciones legales contra los responsables del incumplimiento de la resolución judicial. Por si fuera poco, el letrado manifestó a RPP que existía un “poder oculto” que entorpecía la excarcelación de su patrocinado y señaló que el gesto representa que “el Gobierno no apoyaba a León Alegría”.


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[1] El caso de los ‘petroaudios’ comprende la presunta concesión irregular de cinco lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum, de capitales daneses. El escándalo de los ´petroaudios´ le generó al Gobierno una crisis de grandes proporciones.

Reflexiones a raíz de la liberación de Rómulo León

Reflexiones a raíz de la liberación de Rómulo León

Si el presidente venezolano Hugo Chávez quisiera ‘tumbarse’ la democracia peruana debería dedicarse a destapar casos de corrupción que involucran al Gobierno de Alan García en lugar de promover la convulsión en el interior del país
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Por César Reyna

Nada sería más efectivo para los ‘antisistema’ –para derribar el desigual sistema neoliberal- que descubrir escándalos y contubernios que amenacen la estabilidad política del segundo. Sólo una estrategia de esas características desacreditaría al modelo pues revelaría las turbias ramificaciones de un Estado al servicio de las minorías, es decir, de las clases sociales dominantes. Una vez desenmascarados, tanto políticos como empresarios, el sistema no los procesará porque son intocables (pertenecen a las altas esferas del poder y la sociedad). Ante la magnitud del descubrimiento o serie de descubrimientos, la opinión pública reclamaría un cambio radical asqueada de la inmunidad que blinda a las cúpulas.

En Perú, los partidos tradicionales y los inversionistas privados han formando una alianza similar a la que establecieron la monarquía francesa y el alto clero antes de la Revolución Francesa (1789- 1799) para obstaculizar las demandas y aspiraciones del Tercer Estado, el pueblo. Ambas juegan juntas como si la política se tratara de un partido de tenis de dobles. Siempre han andado en las buenas y en las malas, pero desde el fujimorato (1990-2000) han estrechado sus vínculos y perfeccionado sus estrategias con el fin asegurar la ‘gobernabilidad’, que no es otra cosa que la preservación del modelo.

En el pasado carecían de una ideología y un lenguaje económico comunes que articulara su discurso; pero tras el Consenso de Washington encontraron la receta ideal para preservar sus privilegios y espolvorear un poco de crecimiento sobre la población (luego lo denominaron ‘chorreo’). El neoliberalismo funcionó durante los primeros años porque atrajo capitales que generaron trabajo, nuevos productos y mejores servicios; pero las ventajas de la apertura de diluyeron porque se flexibilizó el mercado laboral y empeoraron las condiciones de trabajo. Por si fuera poco, el modelo, tal como había sido diseñado, no podía incluir a las grandes mayorías dentro de la formalidad (la economía de mercado). Los que no podían incorporarse ya sea por su deficiente formación educativa o falta de contactos –ambas barreras son culpa del Estado pues no se preocupó por la calidad de la educación ni instituyó la meritocracia-, debieron permanecer en la informalidad. A los de ‘abajo’ se les pedía que tuvieran paciencia ya que pronto llovería parejo para todos pero eso nunca sucedió. Cuando llovió, la riqueza se quedó empozada en las capas superiores a falta de canales redistribuidores. A pesar del ‘boom’ agroexportador y la elevación del precio de commodities como los minerales, las principales actividades generadoras de ingresos para el país, la desigualdad se mantuvo según un reciente estudio de la CEPAL.

El crecimiento económico sólo ha beneficiado a los que se ubican en la cima. La inversión privada, elevada por García al nivel de principio fundamental del desarrollo, no ha sido suficiente para reducir la pobreza y las brechas entre los extremos de la pirámide social. Durante algún tiempo se trató de hacernos creer que habría beneficios pero solamente fue un espejismo. Ahora que comienza un nuevo período de vacas flacas, el Gobierno asegura que mantendremos cifras positivas este año –amañadas por el INEI, desde luego- para no desmoronar los ánimos de los inversionistas y consumidores.

El modelo que nos rige está agotado aquí y en la China, aunque en la China nunca ha operado como en otras latitudes porque el Estado realiza gran parte de la actividad económica (controla puertos, refinerías de petróleo, terminales aéreos, siderúrgicas, etc.). Convendría no sólo hacerle ajustes, que nunca se han hecho porque los gobernantes de turno dirigieron la economía en piloto automático (sin hacer absolutamente nada), sino introducir reformas que cambien la matriz energética y económica para dejar de ser un país que depende exclusivamente de la venta de productos primarios. Las transformaciones, está claro, no pueden realizarlas quienes han defendido a ultranza el status quo. Los que han impedido que nada cambie son los menos idóneos para llevarlas a cabo a pesar de sus promesas de “cambio responsable”, en referencia a Alan García, quien durante la campaña de 2001 dijo que haría reformas sin subvertir el orden en contraposición a su rival nacionalista, Ollanta Humala.

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Pd: La desigualdad ante la ley, por ejemplo, ha sido recientemente evidenciada en el caso de Rómulo León Alegría porque se trata de un personaje relacionado con importantes dirigentes del partido de gobierno. Los peces gordos nunca van a la cárcel o salen rápidamente de ella. La salud de la justicia de un país se mide, en parte, cuando los ricos también van a la cárcel.

Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León

Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León


Por César Reyna


Cuando muchos creían que la justicia peruana se estaba reformando, sobre todo tras la celebrada condena al ex presidente Alberto Fujimori y la celeridad con la que la Corte Suprema le imprimió al caso Panamericana Televisión, ésta ha dado nuevas muestras ineptitud y corrupción con la excarcelación de Rómulo León.

El cambio de la orden de detención por arresto domiciliario no sorprende porque el Poder Judicial siempre ha sido manipulado por los gobiernos de turno. Además el Apra tiene injerencia en dicha institución pues un gran porcentaje de jueces milita o simpatiza con el partido de la estrella. El más conocido de todos es el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien no hace mucho fue fotografiado en un acto partidario.

La medida dispuesta por la Tercera Sala Penal Especial responde a la necesidad ir limpiando a León de todos los cargos porque posee información que compromete a altas autoridades del Gobierno. Pese a que existe abundante evidencia en su contra (audios, correos electrónicos, etc.), el ex ministro de pesquería volverá a su domicilio porque el juzgado considera que “no hay peligro de fuga”. Si el destape del escándalo de los ‘petroaudios’ olía mal, esto huele mucho peor pues se suma la poca diligencia mostrada por el juez para resolver el caso.

Las conversaciones sostenidas en entre Alberto Quimper, ex abogado de Alan García y ex director de Perupetro, y Rómulo León Alegría, ocasionaron la primera crisis política en el Ejecutivo cuando salieron a la luz. En una de las grabaciones más difundidas estos turbios personajes discutían entre risas, carajeadas y bromas la forma de amañar una licitación pública vinculada a la concesión de lotes petroleros. Luego ambos fueron detenidos a finales de 2008 medio de duras críticas contra el Gabinete presidido por Jorque del Castillo, quien finalmente tuvo que renunciar.

El destape se produjo en octubre del año pasado y aún no se ha podido conocer el contenido del CPU de León, en el que debe haber almacenado valiosa información que ayude a determinar responsabilidades. Todos los indicios y presunciones del caso apuntan a las más altas jefaturas de gobierno pues León Alegría tenía acceso al despacho del ex premier Jorge del Castillo, a pesar de que el presidente García había objetado su ingreso a cualquier dependencia por temor al escándalo (su modus operandi era muy conocido).

León se desempeñaba como lobista de compañías que querían cerrar tratos con el Gobierno. Se valía de sus contactos en ministerios y otros organismos estatales para asegurar la contratación de las empresas que representaba. Su comisión no era nada despreciable si lograba que el Estado otorgara una o varias concesiones a grupos de dudosa reputación empresarial como el del dominicano Fortunato Canaán, interesado en construir hospitales sobrevalorados. León Alegría les garantizaba a sus patrocinados que sus relaciones con el poder pesaban más que las leyes y los procedimientos preestablecidos. Él les evitaba el engorroso trámite de precalificar o postular a procesos de licitación porque podía arreglar -por lo bajo- cualquier concurso.

Su actividad fue descubierta de manera irregular porque una agencia de seguridad interceptó sus teléfonos (vinculada a oficiales de la Marina de Guerra del Perú). La agencia en cuestión fue contratada por una compañía (Petrotech S.A.) que había perdido en concursos manipulados por Rómulo León.

Lo que León sabe es muy importante para la supervivencia de la Administración, de ahí que la Sala que estudia su expediente haya relajado las medidas precautorias. En su caso no debió proceder la excarcelación porque se puso a derecho varias semanas después de haber sido emitida la orden de captura en su contra. Su demora no sólo dilató la labor de la justicia, sino que en ese ínterin pudo destruir o esconder pruebas vitales para esclarecimiento de la causa.

El otorgamiento de esta cuestionada medida ha “coincidido” con el rechazo de la moción de censura contra el primer ministro Yehude Simon, la muerte de Michael Jackson y el asesinato de una popular cantante de folclor, tres sucesos que venían acaparando la atención pública nacional. León seguramente presionaba desde hace tiempo por su salida, pero las autoridades necesitaban varios acontecimientos mediáticos, a falta de una cortina de humo, para poder soltarlo.

Su semilibertad se veía venir ya que León mantiene vínculos con dirigentes de su partido, pero sobretodo porque conoce delitos que podrían convertirlo en colaborador eficaz de un eventual mega juicio contra importantes figuras del régimen. Lo que sabe pesa más que cualquier estrategia de defensa legal pues si habla puede acabar con la cúpula del aprismo. Muchos podrían ir la cárcel si León revelara la forma en que algunos líderes costean la educación de sus hijos o alquilan lujosos departamentos en París.

Mientras cierre la boca asegurará su inocencia para que otros sigan actuando con total impunidad.

Crisis política en Perú: Alan García se parece a Hugo Chávez

Alan García se parece a Hugo Chávez

Por César Reyna

La victoria de Alan García en 2006 frustró los planes del presidente venezolano de tener más preponderancia en Sudamérica. Si sumaba al Perú hubiera controlado la CAN (Comunidad Andina de Naciones), convirtiéndola en una plataforma para relanzar el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina) y reducir la injerencia de Estados Unidos. Eso no ocurrió porque el candidato nacionalista Ollanta Humala fue relacionado y satanizado por su cercanía con Chávez. El factor Chávez decidió la pasada elección y probablemente vuelva a hacerlo si Humala accede a la segunda vuelta en 2011.

Muchos analistas creían que García sería capaz de contener la amenaza chavista que se extiende por la región gracias a sus petrodólares y su prédica en contra el neoliberalismo. Nadie parecía más indicado para bajarle el tono a Hugo Chávez pues el mandatario peruano tiene dotes de buen orador y polemista. Al principio hubo una serie de intercambios verbales porque Chávez es un enemigo declarado del modelo económico que impera en el Perú. Las relaciones diplomáticas se resintieron en más de una ocasión por la decidida oposición de Venezuela al TLC suscrito por nuestro país con Estados Unidos.

Los comentarios en contra de Alan García (algunos eran justificados, sobre todo uno el que Chávez lo acusaba de ladrón pues el mandatario incaico exhibía inexplicables signos de riqueza) dominaron la agenda entre ambos países. Durante un tiempo la tensión caracterizó nuestra relación con Caracas y estuvimos al borde de la ruptura diplomática porque hubo retiro de embajadores.

Durante la primera parte de su mandato García buscaba diferenciarse de Chávez porque en su periodo anterior había implementado la mayoría de políticas que ahora lleva a cabo su homólogo venezolano. Chávez encarnaba el pasado con el que García debía de romper para convencer al electorado y capital internacional de que había cambiado. Por eso debía preservar el modelo que había generado relativa estabilidad macroeconómica. Los peruanos no le perdonarían otro periodo hiperinflacionario porque ya lo habían sufrido de 1987 a 1990. Los ciudadanos lo observaron con mucho recelo pues temían por sus ahorros, la cotización del dólar, la escasez de alimentos y la pérdida de empleos, hechos que caracterizaron a su anterior administración. Pero el miedo se fue diluyendo en la medida que el aprismo convocó a profesionales independientes y personajes de otros partidos para que manejen la economía, la producción, las relaciones exteriores, las comunicaciones, la defensa del país, entre otros sectores. El aprismo se reservaba para sí la conducción política, convirtiéndose en el garante del modelo y en el primer defensor contra cualquier amenaza desestabilizadora (el nacionalismo, el chavismo, el narcosenderismo, etc.).

García estaba lejos de ser comparado con Chávez pese a que veinte años atrás gobernó con la misma intolerancia del jefe de Estado llanero. Antes García apostaba por la nacionalización (estatización de la banca) y la producción local en lugar de abrir la economía al mundo. Creía en los incentivos para la industria y la agricultura. Defendía la rígida legislación laboral que convertía a cada trabajador en propietario de su puesto. Además denunciaba al imperialismo yanqui y se solidarizaba con los países amenazados por Washington. García era otro, sin duda, al menos en el plano económico. Pero con el correr del tiempo está dando muestras de que su cambio no fue real sino un burdo maquillaje o control de sus rasgos más temidos.

Ahora mismo es casi imposible distinguir las aptitudes antidemocráticas de García y Chávez pues tratan de imponer su punto de vista. Para ellos las opiniones de los demás no cuentan a menos que sean similares a las suyas. Todo aquel que discrepe es proscrito y acosado sea por Lima o por Caracas. La verdadera personalidad de García afloró cuando obligó a los mandamases de los diarios El Comercio y Perú 21 a despedir a un grupo periodistas[1] que investigaban el escándalo de los ‘petroaudios’. Este destape, cabe recordar, provocó la caída del Gabinete de Jorge del Castillo porque varios de sus miembros, incluido el primer ministro, recibieron en más de una oportunidad al lobista Rómulo León Alegría, personaje vinculado al Partido Aprista que amañaba licitaciones con un ex director de Perupetro, entidad estatal que adjudica lotes petroleros. Tras la revelación el Gobierno no sólo obstaculizó la labor periodística sino también la judicial porque hasta el momento no se ha podido conocer el contenido que almacena la computadora de León Alegría, pieza fundamental para conocer las implicancias de la red de corrupción que zarandeó al régimen. Las trabas provienen directamente de Palacio y se ejecutaron por medio de Juan Vargas, presidente de la Corte Superior de Lima, quien es conocido militante del partido de la estrella.

A esto hay que sumar la persecución política que padece el economista Farid Matuk, ex jefe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Inei), por demostrar que las cifras de crecimiento del PBI y de reducción de la pobreza no se ajustan a la realidad. Matuk ha declarado en varios medios y a través de su blog que los “estupendos” resultados que exhibe el Gobierno no son creíbles. Esto se debe a que el Inei modificó el sistema de cálculo, el que todavía no ha hecho público para magnificar los logros gubernamentales. Matuk no es el único que cuestiona la información del Inei pues Richard Webb, ex presidente del BCR y destacado economista también sospecha de que no nos están diciendo la verdad. Por criticar con argumentos sólidos se le abrieron cinco procesos judiciales por supuesta malversación de fondos cuando dirigió la oficina de estadísticas. Las acusaciones son realmente ridículas; no son más que represalias con las que se trata de amedrentar a una voz independiente.

El canal estatal (TV Perú), por su parte, es el brazo propagandístico del Ejecutivo. En lugar de ser una televisión pública y plural, es decir, abierta, como ocurre en otros países, se de dedica a exaltar las virtudes de la gestión oficialista. La oposición, desde luego, no tiene cabida para denunciar irregularidades en la gestión estatal. La única voz que se escucha en ese medio es la de los ministros, congresistas o aliados del Gobierno. Los programas noticiosos solamente hacen publirreportajes para apuntalar la imagen de las autoridades. La parcialidad de ese canal desacredita cualquier información que propala pues sus contenidos son revisados por funcionarios que dependen de Palacio.

De otro lado, en los primeros días de junio el Gobierno intentó tomar la administración de Panamericana Televisión, un canal privado con alcance nacional que estaba a punto de ser entregado a la familia Schütz, los accionistas mayoritarios. La devolución iba a hacerse efectiva mediante una resolución judicial; pero el presidente, por medio de la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) intervino para impedir que cayera en manos de los Schütz. Alan García pensaba apoderarse de Panamericana, un ‘canalazo’ según Ernesto Schütz Landázuri, prófugo de la justicia peruana, quien se encuentra en Suiza luego de recibir varios millones de dólares del ex asesor Vladimiro Montesinos a cambio de vender la línea editorial de su canal. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, había anunciado públicamente que el caso Panamericana era emblemático –llevaba más de siete años sin solución- y debía resolverse a la brevedad. El magistrado supremo exhortó a los jueces a actuar con celeridad, lo que alertó a García pues temía que el medio, bajo otra gestión, comenzara a criticar al Gobierno. El pretexto para ingresar a las instalaciones de Panamericana fue su abultada deuda tributaria, la que creció descontroladamente sin que la Sunat realizara cobranzas coactivas. La Sunat pudo tomar otras medidas o incautar sus activos pero convalidó la morosidad de la emisora durante años. La administración de la Sunat duró menos de un día porque diversos sectores de la sociedad mostraron preocupación[2] por la intervención del Estado en medios privados.

El hecho más saltante, sin duda, es el manejo de crisis en la Amazonía pues de ella se derivan varios elementos que debemos tener en consideración. El primero de ellos es la cancelación de la licencia de la radioemisora ‘La Voz’ de Junín. A la radio se la acusa de “incitar la violencia” entre los nativos durante el paro amazónico. Este no es el único caso porque otra radio en Tacna fue clausurada por razones “técnicas” y “administrativas” que funcionarios incompetentes no han sabido explicar. La intención detrás del cierre de algunos medios es suprimir las voces disidentes o contrarias a las políticas de esta corrompida Administración. El Gobierno pretende que circule un discurso único que beatifica a la inversión privada. Por eso no admite la crítica ni la discrepancia política, y todo aquel que el ataca al modelo o a las autoridades políticas es acusado de “sedicioso” y “traidor”.

Los decretos antiamazónicos no pueden dejar de mencionarse pues revela la prepotencia con la que el Ejecutivo viene haciendo las cosas. Pasar por encima de un Convenio Internacional (el 169 de la OIT que versa sobre pueblos nativos) no es poca cosa ya que tiene rango constitucional al reconocer derechos a las minorías. La consulta que ignoró -para aprobar una serie de normas[3] lesivas a los intereses de los pueblos originarios- indica el poco respeto de García a los procedimientos regulares. Eso mismo hace Chávez cada vez que desea apurar la intervención de un medio de comunicación o restringe libertades.

El conflicto en la selva peruana ha generado que el Gobierno aprista presione al Poder Judicial para apresar a Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), quien solicitó asilo a Nicaragua cuando el presidente y su ministra del Interior pidieron su detención al mejor estilo de Hugo Chávez. La Constitución de 1993 y las anteriores habían establecido la separación de poderes para evitar este tipo de interferencias que quebrantan la democracia y el Estado de Derecho. Si el Ejecutivo no respeta el fuero judicial y le dice lo que tiene que hacer a la Suprema ya no estamos hablando de poderes independientes sino de una posible autocracia. En eso puede degenerar la frágil democracia peruana si García logra imponer monocorde su visión.

El arrinconamiento de la oposición es otro episodio lamentable que tiene sus raíces y bemoles en la crisis amazónica pues un grupo parlamentarios nacionalistas, que defiende la posición de los nativos (de derogar los decretos inconstitucionales promulgados por el Gobierno), fue severamente sancionado por la Mesa Directiva del Congreso, presidida por el aprista Velázquez Quesquén. Un tercio de la bancada opositora fue suspendida por 120 días sin goce de haber y sin derecho a votar en el Pleno. El castigo se impuso a raíz de las protestas que estos hicieron en el Hemiciclo. La triple alianza conformada por el Apra, el Fujimorismo y Unidad Nacional ha iniciado una cacería de brujas contra los nacionalistas porque cuenta con los votos para imponer sus decisiones. El objetivo de tan innoble alianza es amedrentar a sus rivales acusándolos de una serie de faltas en la Comisión de Ética o en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. En paralelo, algunos dirigentes del Apra han dicho que varios legisladores nacionalistas deberían ser acusados penalmente por “azuzar a la población amazónica” de Bagua, ciudad en la que se produjo el trágico operativo policial del 5 de junio pasado, cuyo saldó arrojó 24 efectivos muertos y 10 civiles asesinados.

El Partido Aprista parece haber ofrecido la presidencia del Congreso a Unidad Nacional, inscrito en la democracia cristiana (la derecha), para respaldarlo en el desafuero de los parlamentarios nacionalistas. El grupo de Lourdes Flores ya ha anunció que presentará su candidatura porque cuenta con los votos del Apra, partido que ha acaparado la dirección del Parlamento durante las últimas legislaturas.

El encarcelamiento de Carlos Rivera, abogado del IDL (Instituto de Defensa Legal), representa otro atropello a las libertades pues se le arrestó sin motivo. Rivera es un conocido defensor de derechos humanos y ha participado en el megajuicio seguido al ex presidente Fujimori, donde asesora a la parte civil (los deudos de las acciones represivas del Comando de Aniquilamiento Colina). Pero los procesos a Fujimori no parecen haber originado su detención, sino su intervención en casos de violaciones de derechos humanos que comprometen a Alan García. El abogado del IDL ha sido el responsable de que la matanza de El Frontón no prescriba. Este hecho involucra a García Pérez pues era presidente y a Luis Giampietri, ex almirante de la Marina que participó en el masacre y actual vicepresidente de la república.

Por todas estas cosas es creemos que existen similitudes insoslayables entre el Dr. García y el mandatario venezolano. La persecución política, la toma -fallida o no- de medios de comunicación y la imposición de un modelo oficial son elementos que más que diferenciarlos, los acerca, aunque comulguen con ideologías radicalmente distintas.

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[1] Nos estamos refiriendo al director de Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich, y al encargado de la Unidad de Investigación de El Comercio, Pedro O´Brien.

[2] La libertad de expresión estaba en juego y hasta medios afines al Gobierno –como el diario Correo- expresaron su rechazo a la injerencia gubernamental.

[3] En este punto hay que destacar que la negociación del TLC con Estados Unidos se utilizó para contrabandear una serie de normas que poco o nada tenían que ver con el acuerdo comercial

ULTIMO MINUTO: Congreso peruano liberó Gratificaciones y CTS y al mismo tiempo libera a Ratón Alegría

Ls Gratificación no pagará impuestos en 2009!!!

Por otro lado la CTS:
40% de libre disponibilidad para CTS para 2009
30%de libre disponibilidad para CTS para 2010
70% del excedente de 6 remuneraciones de CTS para lo que quede entre 2010 y 2011

Provecho SAGA, Ripley, Curaçao y todas las tiendas y restaurantes!!!

NO MALGASTEN!!!!

Por qué lo hacen? Es que quieren tapar que ABSOLVIERON A RÓMULO LEÓN ALEGRÍA Y SUS CÓMPLICES!! (Acaba de pasar: Los absolvieron de asociación ilícita para delinquir, pues sólo delinquieron una vez, no varias...plop! Ver más detalles más tarde)

Alanistas estarían detrás de calculados audios.

Primer vicepresidente (y ex miembro de la Marina de Guerra, cuya área de inteligencia es especialista en interceptación) estaría proveyendo los audios conseguidos por inteligencia de la marina con el fin de consolidar su candidatura para el 2011. Grabaciones apuntarían a fortalecer imagen de García Pérez (con juicios prescritos en los 90) y asegurar un gobierno que los blinde por sus delitos de lesa humanidad (inprescriptibles) hasta el 2016.

Oposición pide renuncia del gabinete en Perú

Nuevas denuncias de corrupción complican el panorama político en Perú. El Congreso investigará los contratos de hidrocarburos firmados por una agencia estatal desde el 2006.

por Reuters

Lima. Líderes opositores en Perú pidieron el miércoles la renuncia del gabinete del presidente Alan García por un escándalo de corrupción, mientras aparecen nuevas denuncias que comprometerían ahora al primer ministro en la concesión irregular de lotes petroleros a una firma noruega.

El escándalo ha resonado en el Congreso que formó una comisión especial multipartidaria que investigará todos los contratos de hidrocarburos firmados por una agencia estatal desde el 2006, la mayoría de ellos con compañías extranjeras.

"Hay elementos de descomposición en el Gobierno, de corrupción", dijo la ex candidata presidencial y líder conservadora, Lourdes Flores, a la radio local RPP.

La política pidió la renuncia de todo el gabinete de García, cuya aprobación a su gestión ha caído a niveles más bajos en los dos años que lleva de su segundo Gobierno.

El presidente García, en un encendido discurso por el Día de Marina y homenaje al héroe peruano en la guerra con Chile, Miguel Grau, exigió que "caigan todas las cabezas necesarias" envueltas en el escándalo, en busca de desprenderse de las acusaciones que han llegado al entorno de su Gobierno.

El mandatario ya removió a su ministro de Energía y Minas, un sector económico clave, y a dos funcionarios de empresas estatales implicados en la cuestionada concesión de cinco lotes de petróleo para la firma noruega Discover Petroleum.

La denuncia fue hecha por un canal de televisión que difundió audios de conversaciones de un directivo de la agencia que se encarga de los procesos de concesión en Perú, con un ex ministro del primer Gobierno de García (1985-1990) y un abogado de la firma noruega, en las que pactaban el negocio.

La firma Discover Petroleum ha negado pagos de sobornos para ganar concesiones, aunque ha admitido que su representante legal en Perú subcontrató al directivo de la agencia estatal.

Más pedidos de renuncia. El diario Peru21 difundió el miércoles la transcripción de un nuevo audio en la que uno de los implicados en el negocio irregular menciona al primer ministro Jorge Del Castillo, como un nexo para ayudar a la compañía extranjera.

Del Castillo rechazó los cargos, pero ha reconocido que se reunió con las personas involucradas en este escándalo.

"Alguien debe de quedarse para mantener el timón del barco, aquí mi compromiso y mi juramento ante (el héroe peruano Miguel) Grau que sean sancionados todos los corruptos y los débiles y los traidores, porque la corrupción es una forma de traición a la patria", dijo enérgico García en su discurso.

En tanto, la radio y televisión local propaló otro audio, en la que uno de los implicados habla sobre el ex ministro envuelto en el caso y advierte que si el presidente García se entera de su participación "nos saca la mierda a todos".

El pedido de renuncia del gabinete presidido por Del Castillo llegó también del opositor nacionalista Ollanta Humala, quien apoyó el martes la protesta contra el Gobierno organizada por sindicatos y organizaciones civiles del país.

Asimismo, la legisladora Keiko Fujimori y líder del partido del ex presidente Alberto Fujimori pidió una investigación "firme" para encontrar a los responsables de la corrupción.

"Hemos visto hoy audios que comprometen más al presidente del Consejo de Ministros y creemos que hay responsabilidad política de su parte. Por eso hemos decidido apoyar una moción de censura (contra Del Castillo)", dijo Keiko Fujimori.

El escándalo podría extenderse fuera del terreno político y dañar la buena imagen económica de Perú en el extranjero, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso.

"La crisis como la estamos viviendo internamente respecto al Gabienete, respecto a los hallazgos de corrupción indudablemente afecta la imagen", afirmó.

"Espero que de una vez se encuentre a los culpables y se actúe con fortaleza. Estamos afectados, pero lo importante no es solo hallar que hay de corrupción, sino cómo se responde a esto y cómo se van a mejorar los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir", agregó Valdivieso.