Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas

Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas


Tras varias jornadas luto, zozobra y violencia, el Gobierno finalmente cedió a las peticiones de los nativos de nuestra Amazonía
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Por César Reyna

Tres son las razones por las que el presidente Alan García ha decido dar marcha atrás en la validación de dos controvertidos decretos. La primera de ellas, sin duda la más importante, es que el conflicto estaba minando la imagen del Perú en el exterior como lugar ‘seguro’ para las inversiones. La confianza que muchos inversionistas mostraban sobre de la economía peruana –era la única que crecería en la región- podía deteriorarse si la tensión se mantenía en la selva. Por eso fue necesario buscar una solución “armoniosa” que bajara los decibeles a la magnitud protesta amazónica. El propio García lo ha dejado entrever hoy día pues dijo que “(…) necesitamos muchas inversiones. Y ellas sólo vienen cuando ven a un país que crece”. Luego complementó lo anterior diciendo: “para ello (crecer) necesitamos tranquilidad en los espíritus, reconciliación y paciencia cuanto sea necesaria”. La repercusión internacional de las movilizaciones asustó al Gobierno porque temía que se proyectara la idea de un Perú ingobernable, inestable y sin rumbo. Desde el fin de la guerra contrasubersiva, a inicios de los noventa, no vivíamos episodios donde policías y civiles eran brutalmente asesinados.

La derogación de los decretos 1064[1] y 1090[2] no implica un ‘mea culpa’ del Gobierno porque García cree que los pueblos originarios no entendieron las normas que impulsó para implementar el TLC con Estados Unidos. “Si no hay aún información y conciencia suficiente para comprender qué es lo positivo que se plantea, tenemos tiempo suficiente para que el tiempo convenza”, afirmó García. El presidente se expresa con soberbia y lamenta que los selváticos no hayan comprendido su visión. Sigue creyendo que actuó de buena fe y que el impasse de los últimos 67 días –tiempo que dura el paro amazónico- se debió a que los indígenas no pudieron asimilar su propuesta de desarrollo para la Amazonía.

El segundo motivo es reducir el clima de polarización en esa región y otras partes porque es favorable a grupos antisistema liderados por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Si los pobladores de la selva se mantienen en pie de lucha indefinida porque el Ejecutivo no atiende sus demandas podrían aliarse con algunos agentes nacionales y extranjeros que tratan de desestabilizar el ‘establishment’. Eso es lo que a nuestro entender se quiso evitar pues los regímenes socialistas del subcontinente[3] están deseosos de buscar un mayor acercamiento con el movimiento indígena. Lo anterior no quiere decir que las medidas de fuerza de los nativos hayan sido dirigidas desde Caracas o La Paz, sino que ambos aprovecharían el vacío dejado por el poder para capitalizar el descontento, esto es, para orientarlo según sus intereses.

El tercer elemento es la imposibilidad, por parte del Ejecutivo, de aplicar medidas fuerza para despejar carreteras, estaciones de bombeo de petróleo y vías fluviales porque acarrearía un nuevo derramamiento de sangre. Lo último que desea el Gobierno, dadas las circunstancias, es ser acusado de "genocida" por sus opositores y organismos no gubernamentales. Esa alternativa se canceló de plano tras la funesta recuperación del orden en la ciudad de Bagua Chica, en el oriente peruano. Como resultado del lamentable operativo, el Estado peruano cogobierna con las comunidades nativas -en la región amazónica- pues les ha permitido mantener el control sobre varias carreteras, siempre que permitan el tránsito de vehículos por cuatro horas al día.

Ahora bien, el Gobierno cometió un grave error al acusar a los indígenas de “sediciosos” pues su protesta es legítima, autóctona y no ha sido manipulada por ningún país. Desde agosto de 2008, los pueblos amazónicos han reclamado la derogación de un paquete normas que afectaban su forma de vida ancestral y el medio ambiente, consiguiendo la anulación de los decretos 1015 y 1073. En aquella oportunidad no se dijo que los aborígenes habían sido azuzados por terceros y se tuvo que ceder ante la ola movilizaciones. La toma de carreteras y desmanes hicieron retroceder al Ejecutivo el año pasado y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo.

Para que las cosas se calmen se formó un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos[4], integrado por miembros del Gabinete de Yehude Simon, presidentes regionales, alcaldes provinciales y organizaciones representativas de las comunidades nativas. Todos ellos tratarán de alcanzar consensos para modificar las demás normas que cuestionan los indígenas y debatirán una serie de temas vinculados con el desarrollo de esa inmensa zona del país.

En la primera sesión del Grupo de Trabajo, donde también interviene la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica como mediadores y facilitadores del diálogo, se acordaron varios puntos entre los que destaca la anulación[5] de los decretos 1064 y 1090. Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana), organismo que representa a más de mil comunidades amazónicas, sospecha del cambio del Gobierno porque ya fueron “mecidos” por el oficialismo. Aidesep tiene razones para desconfiar ya que en el decreto supremo que creaba de la Mesa de Diálogo (Grupo de Trabajo) no lo reconocía como interlocutor válido. Por eso el premier Simon tuvo que salir a aclarar que la asociación que presidía el asilado Pizango participaría junto con otras entidades que habían sido excluidas[6] a petición de Aidesep.

El retroceso de la postura del Gobierno es saludable porque la mano dura que exigía la derecha peruana no conducía a nada bueno. Si bien la flexibilidad del premier Simon puede pueden constituir un precedente para que los sectores sociales que quieran puedan lograrlo mediante la violencia, el endurecimiento de posiciones frente a la demanda de los indígenas tampoco era la solución pues alejarían a los empresarios de la Amazonía, quienes no invertirían en una región convulsionada.

La discusión más grave en este momento es de índole moral pues tuvo producirse un alto costo humano para que el Ejecutivo cediera. Los deudos reclamarán con justicia que la vida de sus seres queridos fue sacrificada por un capricho presidencial, es decir, en vano. Su pérdida no se puede reparar como la demanda de los pueblos amazónicos que consiguieron una victoria importante con la anulación de los decretos.

Hacer retroceder a García no es poca cosa dada su incorregible megalomanía. Su “deseo de revolucionarlo todo por la vía de la modernización, la maquinización y el avance”, según él, se sustenta en la explotación intensiva de recursos naturales de la selva, es decir, la realización de una actividad primaria, típica de países subdesarrollados. Su visión colisiona directamente con la de los nativos pues su sociedad, a parte de considerar a la Amazonía como su medio de vida, se basa en el conocimiento porque mediante el ensayo-error y siglos de experimentación, descubrieron propiedades medicinales en una gran variedad de frutos. El principal defecto de la concepción gubernamental es que no considera a los pueblos nativos como sujetos sobre los que debería recaer el desarrollo ya que prescinde de éstos para abocarse a la entrega de concesiones sobre tierras que se superponen con la de las comunidades nativas.

En estos momentos se vocea la salida de Yehude Simon y ya se barajan varios nombres para sustituirlo. La renuncia era reclamada por Daisy Zapata, dirigente de Aidesep, quien se encarga de la presidencia porque Alberto Pizango, ex presidente de la organización, se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua tras ser acusado de sedición y otros delitos. Pizango permanece en esa sede diplomática desde hace más de una semana porque la Cancillería no había extendido el salvoconducto que le permita salir del país. Ahora que García ha dado su brazo a torcer, Pizango recibió el mencionado documento según diversas fuentes periodísticas. Esta decisión, que supone un giro de 180 grados, no formaba parte del acuerdo de doce puntos entre el Ejecutivo y los nativos, pero se consideró pues Aidesep demandaba el cese de la persecución de sus dirigentes.[7]

Mientras el Gobierno se decanta por la apertura (los acuerdos que se tomen en la mesa de diálogo con las comunidades nativas serán vinculantes); el Parlamento aprobó por unanimidad la formación de una comisión multipartidaria encargada de investigar los hechos de Bagua por un plazo de 120 días. La triple alianza conformada el Apra, Unidad Nacional y el Fujimorismo tendrá mayoría pues contará con tres congresistas designados de un total de cinco. Eso le confiere el manejo de las investigaciones y la redacción del informe final.

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[1] El decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan los habitantes de la selva a sus terrenos. La norma es cuestionada porque faculta al gobierno central a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales.

[2] El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es criticado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades. Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones.

[3] Hay que mencionar que el mandatario altiplánico envió un comunicado en el que llamaba a la ‘revolución’ durante la IV Cumbre de Pueblos Indígenas realizada en Puno.

[4] Además de la derogación de los decretos legislativos, que es apenas una parte y la más superficial en el asunto de las comunidades nativas, se discutirán problemas de fondo de estas poblaciones como la falta de salud, educación en su idioma, carreteras y, en general, mejores condiciones de vida.

[5] Su eliminación en realidad fue una iniciativa del primer ministro para recuperar la confianza de sus contrapartes nativas.

[6] Durante las primeras tratativas con Yehude Simon, Pizango fue el único representante de las comunidades originarias.

[7] Además de Pizango, otros cinco representantes de la entidad tienen orden de captura.

Crisis política en Perú: Alan García se parece a Hugo Chávez

Alan García se parece a Hugo Chávez

Por César Reyna

La victoria de Alan García en 2006 frustró los planes del presidente venezolano de tener más preponderancia en Sudamérica. Si sumaba al Perú hubiera controlado la CAN (Comunidad Andina de Naciones), convirtiéndola en una plataforma para relanzar el ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina) y reducir la injerencia de Estados Unidos. Eso no ocurrió porque el candidato nacionalista Ollanta Humala fue relacionado y satanizado por su cercanía con Chávez. El factor Chávez decidió la pasada elección y probablemente vuelva a hacerlo si Humala accede a la segunda vuelta en 2011.

Muchos analistas creían que García sería capaz de contener la amenaza chavista que se extiende por la región gracias a sus petrodólares y su prédica en contra el neoliberalismo. Nadie parecía más indicado para bajarle el tono a Hugo Chávez pues el mandatario peruano tiene dotes de buen orador y polemista. Al principio hubo una serie de intercambios verbales porque Chávez es un enemigo declarado del modelo económico que impera en el Perú. Las relaciones diplomáticas se resintieron en más de una ocasión por la decidida oposición de Venezuela al TLC suscrito por nuestro país con Estados Unidos.

Los comentarios en contra de Alan García (algunos eran justificados, sobre todo uno el que Chávez lo acusaba de ladrón pues el mandatario incaico exhibía inexplicables signos de riqueza) dominaron la agenda entre ambos países. Durante un tiempo la tensión caracterizó nuestra relación con Caracas y estuvimos al borde de la ruptura diplomática porque hubo retiro de embajadores.

Durante la primera parte de su mandato García buscaba diferenciarse de Chávez porque en su periodo anterior había implementado la mayoría de políticas que ahora lleva a cabo su homólogo venezolano. Chávez encarnaba el pasado con el que García debía de romper para convencer al electorado y capital internacional de que había cambiado. Por eso debía preservar el modelo que había generado relativa estabilidad macroeconómica. Los peruanos no le perdonarían otro periodo hiperinflacionario porque ya lo habían sufrido de 1987 a 1990. Los ciudadanos lo observaron con mucho recelo pues temían por sus ahorros, la cotización del dólar, la escasez de alimentos y la pérdida de empleos, hechos que caracterizaron a su anterior administración. Pero el miedo se fue diluyendo en la medida que el aprismo convocó a profesionales independientes y personajes de otros partidos para que manejen la economía, la producción, las relaciones exteriores, las comunicaciones, la defensa del país, entre otros sectores. El aprismo se reservaba para sí la conducción política, convirtiéndose en el garante del modelo y en el primer defensor contra cualquier amenaza desestabilizadora (el nacionalismo, el chavismo, el narcosenderismo, etc.).

García estaba lejos de ser comparado con Chávez pese a que veinte años atrás gobernó con la misma intolerancia del jefe de Estado llanero. Antes García apostaba por la nacionalización (estatización de la banca) y la producción local en lugar de abrir la economía al mundo. Creía en los incentivos para la industria y la agricultura. Defendía la rígida legislación laboral que convertía a cada trabajador en propietario de su puesto. Además denunciaba al imperialismo yanqui y se solidarizaba con los países amenazados por Washington. García era otro, sin duda, al menos en el plano económico. Pero con el correr del tiempo está dando muestras de que su cambio no fue real sino un burdo maquillaje o control de sus rasgos más temidos.

Ahora mismo es casi imposible distinguir las aptitudes antidemocráticas de García y Chávez pues tratan de imponer su punto de vista. Para ellos las opiniones de los demás no cuentan a menos que sean similares a las suyas. Todo aquel que discrepe es proscrito y acosado sea por Lima o por Caracas. La verdadera personalidad de García afloró cuando obligó a los mandamases de los diarios El Comercio y Perú 21 a despedir a un grupo periodistas[1] que investigaban el escándalo de los ‘petroaudios’. Este destape, cabe recordar, provocó la caída del Gabinete de Jorge del Castillo porque varios de sus miembros, incluido el primer ministro, recibieron en más de una oportunidad al lobista Rómulo León Alegría, personaje vinculado al Partido Aprista que amañaba licitaciones con un ex director de Perupetro, entidad estatal que adjudica lotes petroleros. Tras la revelación el Gobierno no sólo obstaculizó la labor periodística sino también la judicial porque hasta el momento no se ha podido conocer el contenido que almacena la computadora de León Alegría, pieza fundamental para conocer las implicancias de la red de corrupción que zarandeó al régimen. Las trabas provienen directamente de Palacio y se ejecutaron por medio de Juan Vargas, presidente de la Corte Superior de Lima, quien es conocido militante del partido de la estrella.

A esto hay que sumar la persecución política que padece el economista Farid Matuk, ex jefe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Inei), por demostrar que las cifras de crecimiento del PBI y de reducción de la pobreza no se ajustan a la realidad. Matuk ha declarado en varios medios y a través de su blog que los “estupendos” resultados que exhibe el Gobierno no son creíbles. Esto se debe a que el Inei modificó el sistema de cálculo, el que todavía no ha hecho público para magnificar los logros gubernamentales. Matuk no es el único que cuestiona la información del Inei pues Richard Webb, ex presidente del BCR y destacado economista también sospecha de que no nos están diciendo la verdad. Por criticar con argumentos sólidos se le abrieron cinco procesos judiciales por supuesta malversación de fondos cuando dirigió la oficina de estadísticas. Las acusaciones son realmente ridículas; no son más que represalias con las que se trata de amedrentar a una voz independiente.

El canal estatal (TV Perú), por su parte, es el brazo propagandístico del Ejecutivo. En lugar de ser una televisión pública y plural, es decir, abierta, como ocurre en otros países, se de dedica a exaltar las virtudes de la gestión oficialista. La oposición, desde luego, no tiene cabida para denunciar irregularidades en la gestión estatal. La única voz que se escucha en ese medio es la de los ministros, congresistas o aliados del Gobierno. Los programas noticiosos solamente hacen publirreportajes para apuntalar la imagen de las autoridades. La parcialidad de ese canal desacredita cualquier información que propala pues sus contenidos son revisados por funcionarios que dependen de Palacio.

De otro lado, en los primeros días de junio el Gobierno intentó tomar la administración de Panamericana Televisión, un canal privado con alcance nacional que estaba a punto de ser entregado a la familia Schütz, los accionistas mayoritarios. La devolución iba a hacerse efectiva mediante una resolución judicial; pero el presidente, por medio de la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) intervino para impedir que cayera en manos de los Schütz. Alan García pensaba apoderarse de Panamericana, un ‘canalazo’ según Ernesto Schütz Landázuri, prófugo de la justicia peruana, quien se encuentra en Suiza luego de recibir varios millones de dólares del ex asesor Vladimiro Montesinos a cambio de vender la línea editorial de su canal. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, había anunciado públicamente que el caso Panamericana era emblemático –llevaba más de siete años sin solución- y debía resolverse a la brevedad. El magistrado supremo exhortó a los jueces a actuar con celeridad, lo que alertó a García pues temía que el medio, bajo otra gestión, comenzara a criticar al Gobierno. El pretexto para ingresar a las instalaciones de Panamericana fue su abultada deuda tributaria, la que creció descontroladamente sin que la Sunat realizara cobranzas coactivas. La Sunat pudo tomar otras medidas o incautar sus activos pero convalidó la morosidad de la emisora durante años. La administración de la Sunat duró menos de un día porque diversos sectores de la sociedad mostraron preocupación[2] por la intervención del Estado en medios privados.

El hecho más saltante, sin duda, es el manejo de crisis en la Amazonía pues de ella se derivan varios elementos que debemos tener en consideración. El primero de ellos es la cancelación de la licencia de la radioemisora ‘La Voz’ de Junín. A la radio se la acusa de “incitar la violencia” entre los nativos durante el paro amazónico. Este no es el único caso porque otra radio en Tacna fue clausurada por razones “técnicas” y “administrativas” que funcionarios incompetentes no han sabido explicar. La intención detrás del cierre de algunos medios es suprimir las voces disidentes o contrarias a las políticas de esta corrompida Administración. El Gobierno pretende que circule un discurso único que beatifica a la inversión privada. Por eso no admite la crítica ni la discrepancia política, y todo aquel que el ataca al modelo o a las autoridades políticas es acusado de “sedicioso” y “traidor”.

Los decretos antiamazónicos no pueden dejar de mencionarse pues revela la prepotencia con la que el Ejecutivo viene haciendo las cosas. Pasar por encima de un Convenio Internacional (el 169 de la OIT que versa sobre pueblos nativos) no es poca cosa ya que tiene rango constitucional al reconocer derechos a las minorías. La consulta que ignoró -para aprobar una serie de normas[3] lesivas a los intereses de los pueblos originarios- indica el poco respeto de García a los procedimientos regulares. Eso mismo hace Chávez cada vez que desea apurar la intervención de un medio de comunicación o restringe libertades.

El conflicto en la selva peruana ha generado que el Gobierno aprista presione al Poder Judicial para apresar a Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), quien solicitó asilo a Nicaragua cuando el presidente y su ministra del Interior pidieron su detención al mejor estilo de Hugo Chávez. La Constitución de 1993 y las anteriores habían establecido la separación de poderes para evitar este tipo de interferencias que quebrantan la democracia y el Estado de Derecho. Si el Ejecutivo no respeta el fuero judicial y le dice lo que tiene que hacer a la Suprema ya no estamos hablando de poderes independientes sino de una posible autocracia. En eso puede degenerar la frágil democracia peruana si García logra imponer monocorde su visión.

El arrinconamiento de la oposición es otro episodio lamentable que tiene sus raíces y bemoles en la crisis amazónica pues un grupo parlamentarios nacionalistas, que defiende la posición de los nativos (de derogar los decretos inconstitucionales promulgados por el Gobierno), fue severamente sancionado por la Mesa Directiva del Congreso, presidida por el aprista Velázquez Quesquén. Un tercio de la bancada opositora fue suspendida por 120 días sin goce de haber y sin derecho a votar en el Pleno. El castigo se impuso a raíz de las protestas que estos hicieron en el Hemiciclo. La triple alianza conformada por el Apra, el Fujimorismo y Unidad Nacional ha iniciado una cacería de brujas contra los nacionalistas porque cuenta con los votos para imponer sus decisiones. El objetivo de tan innoble alianza es amedrentar a sus rivales acusándolos de una serie de faltas en la Comisión de Ética o en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. En paralelo, algunos dirigentes del Apra han dicho que varios legisladores nacionalistas deberían ser acusados penalmente por “azuzar a la población amazónica” de Bagua, ciudad en la que se produjo el trágico operativo policial del 5 de junio pasado, cuyo saldó arrojó 24 efectivos muertos y 10 civiles asesinados.

El Partido Aprista parece haber ofrecido la presidencia del Congreso a Unidad Nacional, inscrito en la democracia cristiana (la derecha), para respaldarlo en el desafuero de los parlamentarios nacionalistas. El grupo de Lourdes Flores ya ha anunció que presentará su candidatura porque cuenta con los votos del Apra, partido que ha acaparado la dirección del Parlamento durante las últimas legislaturas.

El encarcelamiento de Carlos Rivera, abogado del IDL (Instituto de Defensa Legal), representa otro atropello a las libertades pues se le arrestó sin motivo. Rivera es un conocido defensor de derechos humanos y ha participado en el megajuicio seguido al ex presidente Fujimori, donde asesora a la parte civil (los deudos de las acciones represivas del Comando de Aniquilamiento Colina). Pero los procesos a Fujimori no parecen haber originado su detención, sino su intervención en casos de violaciones de derechos humanos que comprometen a Alan García. El abogado del IDL ha sido el responsable de que la matanza de El Frontón no prescriba. Este hecho involucra a García Pérez pues era presidente y a Luis Giampietri, ex almirante de la Marina que participó en el masacre y actual vicepresidente de la república.

Por todas estas cosas es creemos que existen similitudes insoslayables entre el Dr. García y el mandatario venezolano. La persecución política, la toma -fallida o no- de medios de comunicación y la imposición de un modelo oficial son elementos que más que diferenciarlos, los acerca, aunque comulguen con ideologías radicalmente distintas.

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[1] Nos estamos refiriendo al director de Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich, y al encargado de la Unidad de Investigación de El Comercio, Pedro O´Brien.

[2] La libertad de expresión estaba en juego y hasta medios afines al Gobierno –como el diario Correo- expresaron su rechazo a la injerencia gubernamental.

[3] En este punto hay que destacar que la negociación del TLC con Estados Unidos se utilizó para contrabandear una serie de normas que poco o nada tenían que ver con el acuerdo comercial

Aprueban APC USA-Perú

Con 77 votos a favor, 18 en contra, y 5 abstenciones se aprobó en el senado estadounidense el Tratado de Libre Comercio (Acuerdo de Promoción Comercial -APC) entre Perú y EUA.




Reservamoral.org(USA).- Con 77 votos a favor se aprobó el TLC con EUA. Cero aranceles, movilidad gradual de servicios profesionales y productos electrónicos más baratos será lo que poco a poco tendrá al Perú en los próximos años. El proceso de implementación se espera que dure seis meses cuanto menos, por lo que Reservamoral.org espera que en el inicio del segundo trimestre de 2008 el pais andino tenga Riesgo País menor (o Grado de inversión, lo que venga primero).



El comercio entre Perú y EUA ya está liberado hoy en día (en cuotas, y al 98% en muchos sectores) gracias al Tratado preferencial que tenemos por ser un país que lucha contra las drogas (ATPDEA). Lo que brinda el TLC aprobado es posibilidad de que estos beneficios sean eternos y con ello se faciliten las inversiones de largo plazo extranjeras (Perú es una economía liberal con dependencia prospectiva de la IED) y peruanas.



Este Tratado fue recibido con beneplácito en Lima. El presidente Alan García, quien hace unos años se opuso a que Alejandro Toledo lleve a cabo el TLC (amenazando con retirar la firma del Tratado en caso salga electo), celebró el tratado y asume el compromiso de facilitar su implementación. En un mensaje a la nación felicitó y celebró por el Perú, hecho a pocos minutos de confirmada la noticia, reacción distinta a la que tuvo después del terremoto del sur peruano, ocasión en la que sus declaraciones llegaron horas después.

El Congreso peruano debe en los próximos días iniciar la asimilición del Tratado en materia legal, tributaria y de migraciones. Por su parte el Ministro de la Producción, insiste en que este trabajo no estará completado hasta que se reduzcan los sobrecostos laborales (con el término denomina a los derechos de salud, seguridad y pensión).

Colombia y Panamá deben esperar.

Este tratado con EUA ha recibido distinto trato que el de Panamá y el de Colombia. El primero se niega a ser revisado por los problemas legales del presidente del Congreso panameño (requisitoriado en EUA); y el colombiano, por la indiferencia del gobierno de Bogotá con las matanzas de líderes sindicales en Colombia. El lado demócrata tiene fuerte influencia de los sindicatos estadounidenses.

LCS/Reservamoral.org