Conflicto en la Amazonía: Alan García y el eje del mal

Alan García y el eje del mal

Por César Reyna


En los últimos días, pero sobre todo el domingo pasado, el presidente peruano ha mostrado su faceta más temida y preocupante. El García del fin de semana nos recuerda al intolerante mandatario que gobernó en los ochenta. Muchos creían que había cambiado y que era más dialogante porque nombró técnicos independientes en puestos clave de la administración pública y no dejó que militantes de su partido coparan el aparato estatal. El nuevo García parecía haber entendido que no podía gobernar solo, contra el sentido común y los intereses nacionales. Parecía haber aprendido la lección en el exilio dorado de París donde se refugió silenciosamente y no dijo gran cosa en contra el fujimorismo. Pero ahora el nuevo García ha desaparecido y ha sido poseído por el viejo García, por el García más joven de las alucinaciones que le hacen ver fantasmas por doquier como Hamlet.

Su pensamiento se reduce al maniqueísmo de ellos o nosotros, o más bien, yo o ellos, pues está absolutamente convencido de que encarna el progreso, la modernidad y el camino a seguir como tantos otros líderes envenenados por el delirio de grandeza. García ya no puede distinguir racionalmente lo que sucede en el país. Por eso se deja llevar por impulsos que psiquiatras y fármacos han tratado de controlar por su bien y por el nuestro. Muchos piensan que está ofuscado porque cree que le están “robando” su “legado”, sobre todo cuando sus detractores objetan los decretos que firmó con la mejor intención del mundo, según él; pero podría ser que está enfadado porque debe devolver algún dinero tras concesionar o vender parte de la selva a capitales privados (más del 60% de las tierras selváticas han sido entregadas para explorar yacimientos petroleros). El economista Humberto Campodónico asegura que el manifiesto del perro del hortelano, publicado en 2001 en el diario El Comercio, representa la punta de lanza para completar la inconclusa reforma neoliberal de los noventa cuyo fin último era privatizar los recursos naturales de la Amazonía.

García ha traicionado la doctrina del Apra y a la centroizquierda para abrazar la idea de que debe dar preeminencia a las iniciativas privadas. Su giro dogmático respondió a la necesidad de convencer a los inversionistas y organismos intencionales de que era un jefe de Estado distinto al que se negó a pagar la deuda externa (en realidad ofreció un pago anual que equivalía al 10% del valor de nuestras exportaciones de la época), pretendió establecer un modelo autárquico (sin comercio exterior ni apertura económica) y prohibió el libre cambio de divisas para evitar desequilibrios macroeconómicos (la tenencia de dólares). Ese García era un calco de Hugo Chávez, a quien acusa directa o indirectamente de sabotear el “dinamismo” de su administración. Tanto Hugo Chávez como Evo Morales representan, para él y algunos “pensadores” de la derecha, uno de los componentes del eje del mal destinado a acabar con los regímenes democráticamente constituidos en la región. La amenaza del chavismo es real, sin duda, y tiene ramificaciones e injerencia en el Partido Nacionalista encabezado por el aspirante presidencial Ollanta Humala Tasso. A estos dos ejes (el de dos países socialistas y Humala) se suma un tercero integrado por organizaciones que reivindican derechos ancestrales como las comunidades nativas representadas por Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y algunas ONG cuyo financiamiento no ha sido esclarecido como las casas del ALBA. Los tres conforman el eje del mal que denuncia el Gobierno en un malévolo spot que presenta a los indígenas como terroristas manipulados o instrumentalizados por políticos locales que a su vez reciben órdenes directas de Caracas o La Paz.

Esta concepción del Ejecutivo también es compartida por algunas bancadas como la de Unidad Nacional, que lidera Lourdes Flores, y el Grupo Parlamentario Fujimorista de Keiko Fujimori. El Apra y sus aliados en el Congreso postulan la tesis de la intervención extranjera para alertar a la ciudadanía del peligro Humalista y persuadirla de que el desarrollo se logrará solamente con la participación de la inversión privada.

Al mejor estilo del ex presidente norteamericano George W. Bush, García traza una línea divisoria como hizo el conquistador Francisco Pizarro en la Isla del Gallo para delimitar el lado en el que se encuentra el progreso. Los que respalden su “bienintencionada” gestión avanzarán y percibirán con paciencia los “beneficios” de un modelo que se cae a pedazos en el resto del mundo.[1]

El Gobierno de García, además de librar la “batalla ideológica” [2] con Chávez y los nacionalistas, también dice defender la democracia de los agitadores que comulgan con ideologías del pasado (el marxismo, el maoísmo, etc.). Esto resulta francamente paradójico pues el presidente García es antidemocrático al negar el derecho a la consulta a los pueblos amazónicos. Este derecho, reconocido por el Estado Peruano y la OIT, no sólo permite que las comunidades conozcan de antemano los peligros potenciales de las actividades extractivas en sus territorios –por eso la consulta debe ser previa a todo proyecto o concesión-, sino la democratización de esos grupos ya que posibilita el intercambio de ideas en ambas direcciones, es decir, entre los representantes del Estado y los comuneros y nativos. El diálogo es fuente natural de la democracia. De ahí que recoger las inquietudes de los afectados por la inversión minera, petrolera, maderera o gasífera ayuda a que se conviertan paulatinamente en verdaderos ciudadanos. En la medida en que se les expliquen sus derechos podrán ejercerlos y asumirán responsabilidades como cualquiera de nosotros. Defender el derecho a la consulta es defender la democracia. Todo lo que lo entorpezca o menoscabe es contrario al espíritu democrático que debe regir a un Estado de Derecho.

Ahora bien, los nativos no son la fuerza de choque o “quinta columna” de un movimiento separatista pues sus demandas son totalmente legítimas: lo que piden no es más que la derogación de normas que contienen contradicciones o “cajones de sastre” que pueden ser aprovechadas por algunos funcionarios para cambiar el régimen de sus tierras. El conflicto se genera básicamente porque los pueblos del interior manejan una noción distinta de la propiedad, la cual no es vista bajo una óptica patrimonialista, sino como una entidad vital que define su identidad. Los problemas subsistirán si se ponen límites artificiales a sus tierras ya que no son seres sedentarios como los habitantes de las ciudades o la costa, sino nómades que recorren amplias extensiones en busca de plantas medicinales y alimentos. El suelo que pisan en la selva es su territorio, es decir, donde quiera que ellos se desplacen conforma su medio. Por eso no funcionarán las titulaciones que realizan organismos como Cofopri (que constantemente recibe solicitudes de ampliación de comunidades no atendidas). Mientras el problema de la tierra no se resuelva desde una perspectiva intercultural, como bien lo entendió Mariátegui, la viabilidad del país estará comprometida.

De los tres integrantes del eje del mal de García (que para Bush hijo eran Irán, Corea del Norte e Irak, antes de la ilegal invasión), las comunidades nativas son las menos indicadas para conformarlo pues muchos de sus integrantes pelearon en el conflicto del Cenepa contra Ecuador. Su arrojo y conocimiento de la zona impidió que la ofensiva ecuatoriana prosperase en el norte del territorio nacional. Pese a no ser recompensados por el Estado, han sido decisivos en la lucha contra el narcotráfico ya que han mantenido a raya esa lacra social de sus tierras. En lugar de lotizar la selva para desarrollar proyectos irreconciliables con su forma de vida y el medio ambiente, deberíamos ser más inteligentes para ofrecerles alternativas que respeten los bosques y su abundante biodiversidad.

El caso de los indígenas brasileros tembé-ténêtéhar podría ser replicable pues, según el diario El País de España, “(…) firmarán un contrato para la venta de créditos de dióxido de carbono por un millón de reales al año (unos 365.500 euros). A cambio, los indígenas se comprometen a preservar la flora de su reserva, que ocupa una extensión de 279.000 hectáreas en la selva amazónica”. Esto no sólo les garantizaría un ingreso seguro, sino que ayudarán a conservar nuestros bosques primarios. La conservación de la flora y fauna es uno de los puntos más importantes a los que el Perú se compromete en el marco del TLC con Estados Unidos pues debemos garantizar que la madera que se comercialice no tenga origen ilícito. El Decreto Legislativo 1090, resistido por los nativos, en lugar de proteger la Amazonía promueve la tala ilegal según un informe de la Defensoría del Pueblo[3], lo que haría casi imposible la implementación del acuerdo comercial.[4]

------------------------------------------
[1] Si nuestra economía fuera tan sofisticada y globalizada, financieramente hablando, hoy sufriría tanto o más que México, Chile y Brasil de los embates de la crisis económica internacional, según el investigador de la UNAM, Óscar Ugarteche. Como somos un país atrasado (sin un mercado de capitales desarrollado), nos hemos librado de las turbulencias que sacuden a Irlanda, Islandia y los países de Europa del Este, otroras economías modelo del Banco Mundial.

[2] Que por cierto perdió, aunque no se haya dado cuenta que casi nadie piensa ahora en flexibilizar todo y ceder la batuta del crecimiento al capital.

[3] El artículo 41 del Decreto Legislativo 1090, a criterio de la Defensoría, “permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos”. Esto, lejos de incorporar mejoras a la anterior Ley de Fauna y Flora, “podría generar que se deforeste bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con aptitud forestal”.

[4] Algunos funcionarios como la Ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, ven peligrar el TLC si se derogan las normas inconstitucionales que afanosamente defienden.