VIOLENCIA EN PERÚ

Violencia en Perú: patrañas del Gobierno, Keiko Fujimori, Alberto Pizango, la renuncia de la ministra Vildoso y la suspensión del decreto 1090

By César Reyna - reservamoral.org

Son varios puntos sobre los que debemos pronunciarnos. Aquí un análisis de lo más saltante al día de hoy sobre lo ocurrido en nuestra Amazonía:

1) Las patrañas del Gobierno han sido desmontadas ayer en el programa “Enemigos Íntimos” de Frecuencia Latina (Canal 2). Este medio, a pesar de formar parte del aparato de propaganda del Gobierno y tener simpatías con el fujimorismo, difundió la versión de un ex mayor de la Policía cuyo hermano estaba a cargo de la seguridad de la Estación 6 de Petroperú. El ex oficial reveló que los efectivos policiales habían sido secuestrados varias semanas atrás por cientos de nativos aguarunas (awajun). Esa versión fue confirmada por una mujer perteneciente a la etnia aludida que también fue invitada al sintonizado programa.

El Gobierno había dicho por medio de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que los uniformados que custodiaban la Estación 6 habían sido masacrados y degollados el 5 de junio, día del medio ambiente y de los desmanes ocurridos en la ciudad de Bagua, Amazonas, por indígenas manipulados por intereses externos. Sabiendo de antemano el presidente García que ese contingente estaba desarmado porque los nativos le habían arrebatado sus armas, procedió con la desastrosa operación de desalojo de la carretera de Bagua. La recuperación de la vía no podía realizarse en esas condiciones pues más de veinte agentes habían sido tomados rehenes. Al irrumpir violentamente contra los manifestantes, la mayoría era de la tribu aguaruna, se puso en peligro la vida de los policías retenidos. El desenlace, bajo esas particularidades, no podía ser otro que fatal para los efectivos capturados.

Para que el asunto quede claro, imagínese qué pasaría si los familiares de una banda de asaltantes de bancos, que mantiene cautivos a varios civiles en una agencia, son acosados o reprimidos por la policía. ¿Los bandidos no reaccionarían de alguna forma contra los rehenes? ¿No perderían por un momento la cordura al saber que sus seres queridos están siendo lastimados? Bueno, pues, eso justamente ha pasado con los nativos que retenían a los policías en la Estación 6 de Petroperú ya que seguramente tomaron conocimiento de que los miembros de su tribu estaban siendo reprimidos. El desalojo de los manifestantes de diversas etnias fue interpretado como una declaración de guerra del Gobierno, lo que finalmente los condujo a ensañarse con los efectivos policiales. Aquí hay que destacar que éstos venían siendo tratados cordialmente por los aguarunas y que su insania se desató por las cobardes e imprudentes acciones de las autoridades.

Si alguien puso en riesgo la vida de los policías detenidos fue el Gobierno porque sabía que los amazónicos tomarían represalias contra ellos. El operativo jamás debió realizarse en esas circunstancias. Por eso la responsabilidad absoluta de lo que sucedió recae en el Gabinete que preside Yehude Simon y en la ministra del Interior.

Los oficialistas decían que los nativos eran salvajes y que no se podía dialogar con ellos, así lo difundieron en un spot, por eso decidieron aplicar la fuerza. Sin embargo, en base al diálogo, un pequeño grupo de policías logró que 3000 nativos reabrieran por unas horas la carretera que conecta a Tarapoto con Yurimaguas.

2) El fujimorismo, y en particular la congresista Keiko Fujimori, no pueden ser más oportunistas en estos momentos al plantear la suspensión temporal del Decreto Legislativo 1090. No es que la propuesta de establecer un punto medio entre la derogatoria y la aplicación de la controvertida norma parezca irrazonable, sino que no es suya. Esta iniciativa, adjudicada erróneamente a la concertadora Keiko, provino del ex parlamentario izquierdista Javier Diez Canseco, quien propuso la “vacatio legis” del decreto en el diario La República, es decir, su inaplicación momentánea “mientras se discute su inconstitucionalidad o se deroga” en el Congreso. A la posición de Diez Canseco se sumó Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y ahora mediador entre el Estado y las comunidades amazónicas. Este religioso dijo también a La República que “el Gobierno debería suspender la aplicación de los decretos rechazados por los nativos”. La exhortación fue recogida por Rolando Souza y Carlos Raffo, legisladores fujimoristas, para decir que Keiko tiene talla de estadista. Ambos tratan de crear una imagen conciliadora de la candidata para no perder los votos de los electores de la selva, antiguo bastión del fujimorismo.

3) El asilo concedido por Nicaragua al señor Pizango se veía venir en la medida que funcionarios del Ejecutivo presionaron al Poder Judicial. Tanto Alan García como su ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pidieron la detención del “delincuente” Pizango antes de que las autoridades judiciales emitieran una orden de captura. Por si fuera poco, los congresistas nacionalistas que ayudaron al presidente de Aidesep a abandonar una accidentada conferencia de prensa fueron acusados por sus pares apristas “de entorpecer la administración de justicia por haber facilitado la ‘fuga’ del líder nativo, versión que se desploma ante el hecho que lo asistieron cuando no había ninguna orden judicial de detenerlo, emanada por el juez competente”, siguiendo al diario La Primera de Lima.

A pesar de que se otorgó protección a Pizango por “razones humanitarias”, no hay que ignorar que el presidente del país asilante está alineado con Chávez. El nicaragüense Daniel Ortega depende de la asistencia venezolana para abastecerse de combustibles subsidiados. Este hecho no puede pasar por alto pues Nicaragua está dentro de la órbita o esfera de influencia de Venezuela. Si el asilo procedió fue por indicación de Chávez, con quien seguramente coordinó Ortega, ya que Pizango no podía refugiarse en la vecina Bolivia, donde recibió numerosas muestras de apoyo, ni mucho menos en Venezuela, porque le daría sustento la descabellada tesis del Gobierno de que la protesta nativa había sido dirigida desde el exterior.

Mientras Pizango se refugiaba en la embajada nicaragüense en Lima, decenas de apristas fueron trasladados en buses para protestar contra el asilo que le fue concedido por el Gobierno de Nicaragua. Los “compañeros” del partido de la estrella fueron llevados bajo la promesa de conseguir un puesto de trabajo (en el Estado) a cambio de interrumpir el tránsito y perturbar el orden en una zona residencial. Técnicamente tomaron una vía pública y ningún policía apareció para desalojarlos. Sin duda el Ejecutivo mide con distinta vara cuando las manifestaciones que perturban la tranquilidad están dirigidas a acosar a sus rivales.

4) La renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, mete mucha presión a los ministros que han decido permanecer en sus puestos. Yehude Simon debería dar un paso al costado. Políticamente está quemado, es un cadáver maloliente al que nadie cree ni respeta. ¿Si la Defensoría del Pueblo y la Iglesia van asumir su función en la Mesa de Diálogo con los representantes de las comunidades nativas para qué está él? Su falta de credibilidad lo obliga a consultar, ahora sí, con expertos (antropólogos, negociadores, etc.) en asuntos que superan largamente a sus capacidades. Las buenas intenciones y la apertura no bastan cuando se carece de conocimientos y experiencias, como en el caso de Yehude Simon, quien es veterinario de profesión. Simon, que tenía fama de concertador como el congresista y ex premier Jorge del Castillo, ha perdido esa cualidad en su trato con los dirigentes de Aidesep. Sin el atributo esencial que lo instaló en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), su presencia resulta necia y caprichosa.

5) Tuvieron que morir más de 30 peruanos para que el Congreso por fin acepte debatir el Decreto Legislativo 1090. El pedido de suspensión de la norma, al que ahora se han plegado el Apra y Unidad Nacional, los principales opositores a la derogatoria, se realizara durante el paro nacional convocado por los indígenas. Este se llevara a cabo a pesar del estado de emergencia y el toque de queda del Gobierno. Hoy es un día decisivo para avanzar hacia una solución consensuada entre todas las fuerzas políticas y los representantes o apus de las comunidades. Al aprismo y sus aliados no les queda otra opción que ceder ya que el objeto de los decretos no podrá ser alcanzado en las actuales condiciones. Ningún inversionista solicitará terrenos para desarrollar cultivos exógenos o explotarlos porque encontrará gran resistencia de los pueblos indígenas. Como su propósito deviene en imposible, el oficialismo no tiene más remedio que sentarse a discutir un nuevo régimen para las tierras y recursos naturales de la Amazonía.

Para el equipo mediador (la Defensoría y la Iglesia) no será fácil dialogar con los pueblos amazónicos después de los lamentables hechos del pasado viernes, donde murieron 24 policías y 9 civiles (5 de ellos nativos, según las cifras oficiales). La anomalía la produjo esta Administración al no haber consultado obligatoriamente con los nativos. Dicha obligación del Estado peruano nace de la ratificación de la Convención 169 de la OIT realizada en 1993. Ahora la consulta será posterior al hecho, lo que desvirtúa la naturaleza del Convenio.

El debate en torno a normas que afectan a las comunidades es irregular pues deberían derogarse para convocar audiencias públicas, con participación de los representantes de las comunidades nativas. Las cosas hay que hacerlas como corresponden, sin saltarse pasos o procedimientos preestablecidos. De lo contrario surgirán nuevos cuestionamientos a lo que finalmente apruebe el Pleno. Sólo cabe la derogación del paquete normativo. Su anulación no dejaría en el limbo a los bosques de la Amazonía, como muchos aseguran, pues cobrarían vigencia las normas anteriormente derogadas. Todos los decretos afectados por ese vicio deben ser expulsados del ordenamiento jurídico para comenzar a discutir los temas de fondo que pretendían regular.

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Conflicto en la Amazonía: Alan García y el eje del mal

Alan García y el eje del mal

Por César Reyna


En los últimos días, pero sobre todo el domingo pasado, el presidente peruano ha mostrado su faceta más temida y preocupante. El García del fin de semana nos recuerda al intolerante mandatario que gobernó en los ochenta. Muchos creían que había cambiado y que era más dialogante porque nombró técnicos independientes en puestos clave de la administración pública y no dejó que militantes de su partido coparan el aparato estatal. El nuevo García parecía haber entendido que no podía gobernar solo, contra el sentido común y los intereses nacionales. Parecía haber aprendido la lección en el exilio dorado de París donde se refugió silenciosamente y no dijo gran cosa en contra el fujimorismo. Pero ahora el nuevo García ha desaparecido y ha sido poseído por el viejo García, por el García más joven de las alucinaciones que le hacen ver fantasmas por doquier como Hamlet.

Su pensamiento se reduce al maniqueísmo de ellos o nosotros, o más bien, yo o ellos, pues está absolutamente convencido de que encarna el progreso, la modernidad y el camino a seguir como tantos otros líderes envenenados por el delirio de grandeza. García ya no puede distinguir racionalmente lo que sucede en el país. Por eso se deja llevar por impulsos que psiquiatras y fármacos han tratado de controlar por su bien y por el nuestro. Muchos piensan que está ofuscado porque cree que le están “robando” su “legado”, sobre todo cuando sus detractores objetan los decretos que firmó con la mejor intención del mundo, según él; pero podría ser que está enfadado porque debe devolver algún dinero tras concesionar o vender parte de la selva a capitales privados (más del 60% de las tierras selváticas han sido entregadas para explorar yacimientos petroleros). El economista Humberto Campodónico asegura que el manifiesto del perro del hortelano, publicado en 2001 en el diario El Comercio, representa la punta de lanza para completar la inconclusa reforma neoliberal de los noventa cuyo fin último era privatizar los recursos naturales de la Amazonía.

García ha traicionado la doctrina del Apra y a la centroizquierda para abrazar la idea de que debe dar preeminencia a las iniciativas privadas. Su giro dogmático respondió a la necesidad de convencer a los inversionistas y organismos intencionales de que era un jefe de Estado distinto al que se negó a pagar la deuda externa (en realidad ofreció un pago anual que equivalía al 10% del valor de nuestras exportaciones de la época), pretendió establecer un modelo autárquico (sin comercio exterior ni apertura económica) y prohibió el libre cambio de divisas para evitar desequilibrios macroeconómicos (la tenencia de dólares). Ese García era un calco de Hugo Chávez, a quien acusa directa o indirectamente de sabotear el “dinamismo” de su administración. Tanto Hugo Chávez como Evo Morales representan, para él y algunos “pensadores” de la derecha, uno de los componentes del eje del mal destinado a acabar con los regímenes democráticamente constituidos en la región. La amenaza del chavismo es real, sin duda, y tiene ramificaciones e injerencia en el Partido Nacionalista encabezado por el aspirante presidencial Ollanta Humala Tasso. A estos dos ejes (el de dos países socialistas y Humala) se suma un tercero integrado por organizaciones que reivindican derechos ancestrales como las comunidades nativas representadas por Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y algunas ONG cuyo financiamiento no ha sido esclarecido como las casas del ALBA. Los tres conforman el eje del mal que denuncia el Gobierno en un malévolo spot que presenta a los indígenas como terroristas manipulados o instrumentalizados por políticos locales que a su vez reciben órdenes directas de Caracas o La Paz.

Esta concepción del Ejecutivo también es compartida por algunas bancadas como la de Unidad Nacional, que lidera Lourdes Flores, y el Grupo Parlamentario Fujimorista de Keiko Fujimori. El Apra y sus aliados en el Congreso postulan la tesis de la intervención extranjera para alertar a la ciudadanía del peligro Humalista y persuadirla de que el desarrollo se logrará solamente con la participación de la inversión privada.

Al mejor estilo del ex presidente norteamericano George W. Bush, García traza una línea divisoria como hizo el conquistador Francisco Pizarro en la Isla del Gallo para delimitar el lado en el que se encuentra el progreso. Los que respalden su “bienintencionada” gestión avanzarán y percibirán con paciencia los “beneficios” de un modelo que se cae a pedazos en el resto del mundo.[1]

El Gobierno de García, además de librar la “batalla ideológica” [2] con Chávez y los nacionalistas, también dice defender la democracia de los agitadores que comulgan con ideologías del pasado (el marxismo, el maoísmo, etc.). Esto resulta francamente paradójico pues el presidente García es antidemocrático al negar el derecho a la consulta a los pueblos amazónicos. Este derecho, reconocido por el Estado Peruano y la OIT, no sólo permite que las comunidades conozcan de antemano los peligros potenciales de las actividades extractivas en sus territorios –por eso la consulta debe ser previa a todo proyecto o concesión-, sino la democratización de esos grupos ya que posibilita el intercambio de ideas en ambas direcciones, es decir, entre los representantes del Estado y los comuneros y nativos. El diálogo es fuente natural de la democracia. De ahí que recoger las inquietudes de los afectados por la inversión minera, petrolera, maderera o gasífera ayuda a que se conviertan paulatinamente en verdaderos ciudadanos. En la medida en que se les expliquen sus derechos podrán ejercerlos y asumirán responsabilidades como cualquiera de nosotros. Defender el derecho a la consulta es defender la democracia. Todo lo que lo entorpezca o menoscabe es contrario al espíritu democrático que debe regir a un Estado de Derecho.

Ahora bien, los nativos no son la fuerza de choque o “quinta columna” de un movimiento separatista pues sus demandas son totalmente legítimas: lo que piden no es más que la derogación de normas que contienen contradicciones o “cajones de sastre” que pueden ser aprovechadas por algunos funcionarios para cambiar el régimen de sus tierras. El conflicto se genera básicamente porque los pueblos del interior manejan una noción distinta de la propiedad, la cual no es vista bajo una óptica patrimonialista, sino como una entidad vital que define su identidad. Los problemas subsistirán si se ponen límites artificiales a sus tierras ya que no son seres sedentarios como los habitantes de las ciudades o la costa, sino nómades que recorren amplias extensiones en busca de plantas medicinales y alimentos. El suelo que pisan en la selva es su territorio, es decir, donde quiera que ellos se desplacen conforma su medio. Por eso no funcionarán las titulaciones que realizan organismos como Cofopri (que constantemente recibe solicitudes de ampliación de comunidades no atendidas). Mientras el problema de la tierra no se resuelva desde una perspectiva intercultural, como bien lo entendió Mariátegui, la viabilidad del país estará comprometida.

De los tres integrantes del eje del mal de García (que para Bush hijo eran Irán, Corea del Norte e Irak, antes de la ilegal invasión), las comunidades nativas son las menos indicadas para conformarlo pues muchos de sus integrantes pelearon en el conflicto del Cenepa contra Ecuador. Su arrojo y conocimiento de la zona impidió que la ofensiva ecuatoriana prosperase en el norte del territorio nacional. Pese a no ser recompensados por el Estado, han sido decisivos en la lucha contra el narcotráfico ya que han mantenido a raya esa lacra social de sus tierras. En lugar de lotizar la selva para desarrollar proyectos irreconciliables con su forma de vida y el medio ambiente, deberíamos ser más inteligentes para ofrecerles alternativas que respeten los bosques y su abundante biodiversidad.

El caso de los indígenas brasileros tembé-ténêtéhar podría ser replicable pues, según el diario El País de España, “(…) firmarán un contrato para la venta de créditos de dióxido de carbono por un millón de reales al año (unos 365.500 euros). A cambio, los indígenas se comprometen a preservar la flora de su reserva, que ocupa una extensión de 279.000 hectáreas en la selva amazónica”. Esto no sólo les garantizaría un ingreso seguro, sino que ayudarán a conservar nuestros bosques primarios. La conservación de la flora y fauna es uno de los puntos más importantes a los que el Perú se compromete en el marco del TLC con Estados Unidos pues debemos garantizar que la madera que se comercialice no tenga origen ilícito. El Decreto Legislativo 1090, resistido por los nativos, en lugar de proteger la Amazonía promueve la tala ilegal según un informe de la Defensoría del Pueblo[3], lo que haría casi imposible la implementación del acuerdo comercial.[4]

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[1] Si nuestra economía fuera tan sofisticada y globalizada, financieramente hablando, hoy sufriría tanto o más que México, Chile y Brasil de los embates de la crisis económica internacional, según el investigador de la UNAM, Óscar Ugarteche. Como somos un país atrasado (sin un mercado de capitales desarrollado), nos hemos librado de las turbulencias que sacuden a Irlanda, Islandia y los países de Europa del Este, otroras economías modelo del Banco Mundial.

[2] Que por cierto perdió, aunque no se haya dado cuenta que casi nadie piensa ahora en flexibilizar todo y ceder la batuta del crecimiento al capital.

[3] El artículo 41 del Decreto Legislativo 1090, a criterio de la Defensoría, “permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos”. Esto, lejos de incorporar mejoras a la anterior Ley de Fauna y Flora, “podría generar que se deforeste bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con aptitud forestal”.

[4] Algunos funcionarios como la Ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, ven peligrar el TLC si se derogan las normas inconstitucionales que afanosamente defienden.