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martes, 30 de junio de 2009

Análisis del artículo de Alan García (segunda parte)


Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (segunda parte)



Por César Reyna


En el punto II García afirma que “el Perú escogió por 5 años un camino comprobado para el crecimiento, que fue de 9% en el 2007 y de 9.8 % en el 2008”. Su aseveración es cuestionable porque durante las elecciones que ganó en 2006 el país estaba tan o más polarizado que ahora. “Para que García triunfe”, según Raúl Wiener del diario ‘La Primera’, “fueron necesarios los votos de todos los partidos tradicionales, el apoyo de todos los medios de comunicación y de todo el poder del Estado (en contra de Ollanta Humala, naturalmente)”. García debe tener claro que fue elegido por descarte y no por convicción.

Las cifras que exhibe García sobre el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza son ‘cocinadas’ por el INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informática) ya que cambió la metodología de cálculo del PBI. Destacados analistas, como Farid Matuk, ex jede del INEI, y Richard Webb, ex presidente del Banco Central de la República, consideran que los resultados fueron inflados en 2% para que el Gobierno presuma que somos el único país que crece en la región. La disminución de la pobreza, que el presidente cifra en 12% en tres años de gestión (pasó de 48% a 36%) corre con igual suerte al no haberse actualizado los componentes de la canasta básica alimentaria desde 1997. Esto impediría determinar el verdadero nivel de pobreza según diversos expertos. La metodología empleada por el INEI, basada en calcular la pobreza monetaria, es una de tantas para medir este fenómeno. Sin embargo, la forma de cálculo actual no refleja la real dimensión del problema porque la pobreza en el Perú es multidimencional, es decir, depende de muchas variables que la oficina de estadísticas no ha considerado en sus estudios. Así se desvirtúa cualquier logro del Gobierno aprista en esa materia ya que carecemos de parámetros adecuados para cuantificar y validar la reducción.

El presidente lamenta que los peruanos no crean en los resultados de su gestión. Según él las cosas marchan estupendamente bien y no hay motivos para tomar medidas radicales como bloquear carreteras, aeropuertos o puentes. Para García la ola de protestas es “obra” de conspiradores nacionales e internacionales que azuzan a una población manipulable. Las movilizaciones sociales no son legítimas para el presidente ya que niega que los comuneros tengan capacidad de organización. Todo lo malo viene de afuera y no guarda relación con sus propias limitaciones e incapacidades. Culpa al ‘antisistema’ de la polarización y la sensación de ingobernabilidad que difunden algunos medios cuando reportan la obstaculización con troncos y piedras de alguna vía terrestre. García no se siente responsable del clima de agitación política y social porque ha encontrado su chivo expiatorio en el ‘antisistema’ que encarnan tanto el nacionalismo de Ollanta Humala como el socialismo de Hugo Chávez.

Tras el fallido operativo en Bagua Chica García aprovechó la muerte de 24 efectivos para poner en marcha la tesis del complot internacional. Del total de bajas policiales, la mitad se produjeron en la fatídica Estación N° 6 de Petroperú. Los uniformados formaban parte de un contingente de 38 agentes que habían sido destacados a la planta y posteriormente secuestrados por cientos de nativos de la etnia awajun desde hace 5 semanas. El comando policial “desconocía” su situación al igual que el ministro de Defensa, Ántero Flores-Áraoz, quien dijo este domingo en La República que “nunca supo que los policías de la estación petrolera Nº 6 eran rehenes”. La versión oficial no es creíble pues los operarios de Petroperú, quienes eran reemplazados cada semana, comunicaron oportunamente la captura de la estación petrolera.

Si las autoridades insisten en su versión podemos colegir que desean emular a los ‘halcones’ del Partido Republicano tras el atentando del 11-S. La estrategia del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y del ex vicepresidente Dick Cheney de utilizar el ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono para incursionar militarmente en Iraq ha sido imitada por este Gobierno pues trató de capitalizar las muertes de Bagua, la Estación N° 6 y la ‘Curva del Diablo´ para victimizarse y arrinconar a los opositores del régimen. La sangre de los policías le ha servido a García para montar un burdo escenario de ‘guerra fría’ y descalificar a sus críticos. Ahora todo aquel que no comulga con su modelo es satanizado y acusado de sedicioso. Lo mismo hizo el repudiado George W. Bush en el Capitolio en 2002 cuando anunció la doctrina del ‘eje del mal’ y dividió al mundo entre los que “están con la democracia y la libertad”, o sea con él; y los que apuestan “por el fanatismo y la barbarie”, en alusión a varios movimientos y gobernantes musulmanes.

Sacar partida de un atentado o masacre ha permitido que gobiernos maquiavélicos consigan el respaldo de la opinión pública para alcanzar determinados objetivos políticos. Este fue el caso de la ilegal invasión de Iraq por parte de Estados Unidos, Reino Unido y España en 2003; y lo que intentó infructuosamente García pues la ciudadanía no se puso de su lado.

Si hubiera existido injerencia extranjera en la Amazonía, los nativos no se hubieran desmovilizado tras la derogación de los decretos que rechazaban ni los campesinos de Andahuaylas hubieran firmado actas de compromiso con el cuestionado Yehude Simon. Claro que detrás de algunas protestas hay revoltosos asociados con el Sutep y Patria Roja, enquistados en el magisterio estatal, pero su participación y capacidad de movilización es mínima porque no representan a nadie, salvo a un grupo de maestros descontentos con las medidas del Ejecutivo en materia educativa (con la selección de profesores). Estos grupos no tienen la fuerza ni el apoyo para impulsar un cambio de grandes proporciones, es decir, una revolución.

En el punto III de su ¿ensayo? el delirante García atribuye la baja calidad de la educación a “viejos dirigentes” que promueven huelgas y se oponen a la capacitación de la plana docente. Esto no es cierto pues Mercedes Cabanillas, principal responsable del fracasado operativo de Bagua, permitió el ingreso de miles de apristas al magisterio en su calidad de ministra de Educación en el primer quinquenio de García. Si hay que culpar a alguien de la debacle del sector es a la titular de la cartera de Interior porque sus compañeros de partido no estaban preparados para la enseñanza. Así se condenó al atraso a millones de peruanos ya que no recibieron una educación digna. Esto es sumamente grave porque incrementó la desigualdad, el principal problema del país.

Luego García menciona a “los sobrevivientes de la izquierda de los 70”, quienes están detrás de las movilizaciones pues “predicaban la violencia y llamaban hermanos a los senderistas (miembros de Sendero Luminoso)”. Pero esto lo hacía nada más y nada menos que su primer ministro Yehude Simon, quien militó en la izquierda radical y fue encarcelado por su cercanía al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). Simon ha negado toda vinculación con grupos subversivos pero su pensamiento extremista ha sido registrado en medios escritos de la época (los 80).

En el punto IV García dice contar con el respaldo de la inmensa mayoría, pero el 54% de la población, según la encuestadora Apoyo, no está contenta con el modelo económico. La gente demanda cambios urgentes pues la creación se empleo se ha estancado. Si las cosas marchan tan bien en el país, ¿por qué el Estado tuvo que implementar un paquete de inversiones en infraestructura a última hora? Desde que empezó la crisis económica mundial, a finales de 2007, varios funcionarios aseguraron que estábamos “blindados”, pero luego cambiaron de parecer y aprobaron un ‘plan anticrisis’ para compensar la caída de las exportaciones, la inversión privada y la demanda interna.

En cuanto al empleo, este no está garantizado como piensa García pues es tremendamente precario e informal. La inestabilidad es lo que caracteriza a la Población Económicamente Activa (PEA) pues inclusive dentro del Estado existe personal que no tiene derechos elementales (emiten recibos por honorarios cuando en realidad están sujetos a las órdenes de sus superiores y tienen que cumplir con un horario de trabajo). Sólo una minoría tiene acceso a la seguridad social, compensación por tiempos de servicios, vacaciones pagadas y está protegida contra el despido arbitrario. García ve una realidad muy distinta a la que padecen millones peruanos.

La muerte de 24 policías, señor García, se debió a la mala planificación y ejecución del operativo por parte de los responsables políticos y del comando policial, respectivamente. Quienes condenaron a muerte a 12 uniformados que custodiaban la Estación N° 6 fueron los miembros del Gabinete y el presidente de la República porque autorizaron el desalojo sabiendo que un destacamento había sido retenido. Ningún funcionario puede decir que desconocía su paradero o condición pues fueron enviados a resguardar un activo estratégico que permite el suministro de petróleo en el oriente. La falta de inteligencia, impericia y previsión causaron el desastre que todos conocemos. Entonces, al permitir el desalojo de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry se puso en peligro la vida de los efectivos secuestrados, pues debieron ser liberados antes de disparar y arrojar bombas lacrimógenas sobre miles de amazónicos enfurecidos.



jueves, 25 de junio de 2009

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas



Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas (primera parte)




Las respuestas del premier y la encargada de la cartera del Interior dejan mucho que desear pues no han asumido su responsabilidad en los luctuosos hechos de Bagua donde fallecieron 35 peruanos, entre policías y nativos.
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Por César Reyna



El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmó delante de la representación nacional que el desalojo de carreteras fue una decisión del Gabinete; sin embargo, un par de días después de la masacre en la Amazonía, la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso[1], dijo que en el último Consejo de Ministros que participó, previo al operativo policial, no se discutió la intervención aludida por el premier. La versión ofrecida por Simon no se ajusta a la verdad pues no hubo reunión de Gabinete en la que se autorizara el despeje de la carretera Fernando Belaunde Terry, donde miles de indígenas se enfrentaron a decenas de efectivos cuyo trágico saldo todos conocemos.


Esto nos confirma que la operación en Bagua fue obra exclusiva del presidente Alan García y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya que el primer ministro Yehude Simon no fue capaz determinar quién fue la autoridad de más alto rango que dio la orden de desbloquear la vía Bagua-Tarapoto, única pregunta que debía contestar en el Pleno sobre la espinosa materia.


Para diluir su responsabilidad dijo que “todos somos responsables (de lo ocurrido en la selva)”, en clara alusión a la clase política que pedía su renuncia. Con sus expresiones Simon Munaro mete dentro del mismo saco al Ejecutivo, a la oposición, a gobiernos anteriores y a todos los ciudadanos por desconocer “la deuda histórica con la Amazonía”. Cuando inició su presentación evitó individualizar a los responsables del desencuentro entre peruanos, aunque luego mencionó que grupos radicales -que se oponen al modelo democrático y al progreso del país- están detrás de las acciones desestabilizadoras en el oriente y sur peruanos.


Después de la primera intervención de Yehude Simon (participó en la sesión un par de veces más para responder las inquietudes de los congresistas de oposición), le tocó el turno a la ministra Mercedes Cabanillas, quien ratificó la tesis del jefe del Gabinete al señalar que “radicales financiados desde el exterior buscan implantar un modelo de caos y anarquía”. Luego justificó la fallida acción policial mencionando un par de artículos de la Constitución que señalan los deberes de los ministros y la Policía, “encargada de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las contradicciones que evidenció la Cabanillas en otras oportunidades volvieron a repetirse en el Congreso, donde fue interpelada por el mismo suceso que motivó la presencia del primer ministro. La Cabanillas dijo que el Gobierno cumplió con el mandato constitucional de recuperar las vías bloqueadas para aliviar a las poblaciones afectas por las medidas de los nativos. Según ella, el desabastecimiento de combustibles y alimentos que llevaba 55 días fue la causa principal de la actuación de las fuerzas del orden. Esto desmentiría al propio Yehude Simon
[2], quien tres semanas atrás reveló que la intervención se realizó porque los indígenas iban a dejar sin petróleo y gas al país. Entre la escasez de productos básicos en ciudades amazónicas y la falta de carburante a nivel nacional hay mucha diferencia.

Otra falacia del premier, de las tantas que dijo ayer en el hemiciclo, está relacionada con la supuesta “inmolación” de los policías retenidos en la Estación N° 6 de Petroperú. Sobre este punto aseveró que los uniformados “no cayeron en el juego de los desestabilizadores que buscaban que el Gobierno cometiera un genocidio… y entregaron sus vidas por la democracia”. Esto último es inexacto porque los custodios de la planta de bombeo fueron sorprendidos con el desalojo que inició el comando policial en la ‘Curva del Diablo’. Si éstos permitieron que los nativos awajun tomaran sus fusiles AKM fue porque confiaban en que no pasaría nada. Lo que queda claro es que los policías detenidos no dispararon sus armas para no ser procesados por delitos de lesa humanidad; y no porque hayan querido convertirse en mártires.

Durante la segunda participación de la ministra Cabanillas, la funcionaria mencionó que las Fuerzas Armadas iban a proteger la Estación N° 6, pero no explicó porque no se produjo el relevo de las Fuerzas Policiales. La gran es falla del operativo en Bagua es haberla ordenado mientras 38 efectivos permanecían secuestrados en dicha estación. La acción no debió efectuarse en esas condiciones pues las autoridades y el Comando General de la Policía abandonaron a su suerte a ese desventurado contingente. En este caso, el sentido común manda averiguar en qué situación se encontraba el destacamento que vigilaba la estación de Petroperú antes de liberar la convulsionada vía terrestre. Al no interesarse por su seguridad, el Gobierno pone de manifiesto que deseaba sus muertes para victimizarse y culpar a los indígenas de la violencia desatada en la Amazonía. De esa forma pretendían postergar indefinidamente sus demandas acusándolos de genocidas y salvajes, tal y como se reflejó en un spot producido por del Ministerio del Interior.

El Ejecutivo apeló una vez más a la amenaza externa para acallar las críticas que provienen de diversos sectores de la sociedad civil. Así trata de conseguir el respaldo de algunos medios independientes y grupos políticos para que los últimos dos años que le quedan no estén marcados por la inestabilidad. El principal objetivo del presidente García, como se dijo en otros artículos, es mejorar su imagen ante la ciudadanía. García cree que si mantienen el mismo rumbo (de crecimiento sostenido, atracción de capitales y reducción de la pobreza) podrá revertir los desajustes que hizo en su primer gobierno. De momento sólo le interesa cambiar la percepción de los peruanos que lo padecieron cuando era más joven e irreflexivo, ya que no puede postular en las próximas elecciones. Forjar la unidad nacional en un momento álgido para el país en base a mentiras y exageraciones no dará resultado pues los peligros que intenta magnificar no son creíbles. Sólo la periodista Cecilia Valenzuela, el director del diario ‘Correo’ y el entrevistador Jaime de Althaus acogen la teoría conspirativa porque forman parte del aparato de propaganda del Gobierno.


En otra parte de la sesión, la ministra Cabanillas esquivó su responsabilidad política y aseguró que “en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, fue el director general de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, quien dispuso la intervención policial para desbloquear la carretera Fernando Belaunde”. Para ella dicha orden fue una mera formalidad ya que no se determinó la fecha del operativo, dado que la misma correspondía definirla al Comando General de la Policía de la zona de operaciones.


En otro momento de la interpelación, el premier dijo que el Gobierno “no acepta la violencia como método para exigir demandas”; pero eso es justamente lo que hizo hace poco en la selva pues toleró la toma de carreteras –durante 20 horas al día- hasta que se derogaran los decretos que rechazaban los amazónicos. Este hecho fue duramente cuestionado por miembros de la bancada de Unidad Nacional pues consideran que el Ejecutivo ha claudicado ante los radicales. Para esta agrupación se ha perdido el ‘principio de autoridad’, que para la derecha significa el miedo que debe infundir el Estado a las poblaciones que cuestionan las cosas, es decir, el orden o status quo. El quiebre de este principio le causa mucho temor a los conservadores y a la clase adinerada en general porque era -o es- su “garantía” contra las turbas enajenadas que reclaman más atención y/o derechos.


Durante las respuestas que daba el premier sobre los sucesos en Bagua, señaló que el bloqueo de carreteras es un delito y lo equiparó a una táctica de guerra convencional, pues entraña violencia contra las ciudades, repitiendo el mismo argumento que esgrimió un par de días atrás Aldo Mariátegui en el racista diario ‘Correo’.


Lo que más nos sorprendió durante la accidentada jornada en el hemiciclo fue el total desconocimiento de la realidad por parte del primer ministro ya que es increíble que asegure haber “resuelto el problema de la Amazonía optando por la vida”, es decir, por la vía de la concesión y el diálogo con las comunidades, en lugar de la represión. Yehude Simon no puede estar más distanciado de lo que pasa en el país pues los nativos sólo han pactado una tregua. Los pueblos amazónicos sólo se han desmovilizado porque dos de los nueve decretos que rechazan han sido derogados; pero su lucha seguirá si el Gobierno incumple los acuerdos que se tomen en la Mesa de Diálogo que también integran la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.




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[1] Recordemos que ella renunció, a pesar de no ser responsable directa de lo sucedido, por una cuestión de principios y por desacuerdos con funcionarios que realizaban actividades partidarias dentro de su cartera en lugar de cumplir con sus obligaciones (nos estamos refiriendo al jefe del Indepa, Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos).

[2] Fue durante una entrevista que concedió a la periodista Mariela Balbi del diario El Comercio.


martes, 23 de junio de 2009

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011


Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011



Por César Reyna


La última encuesta urbana de Ipssos-Apoyo presenta datos interesantes pues el 53% de los entrevistados respalda la derogatoria de los decretos 1090 y 1063, cuya vigencia desencadenaron terribles enfrentamientos en la Amazonía (si la muestra hubiera incluido zonas rurales y selváticas el porcentaje seguramente hubiera sido mayor). Esto revela que la población, contrario a lo que pensaba el Gobierno, se solidariza con las demandas de las comunidades nativas. El Ejecutivo ha salido más que magullado en el sondeo pues la ciudadanía considera que el presidente García es el principal responsable de la crisis desatada en la selva. El mandatario concentra la mayor condena con un contundente 84%, y su bancada no la pasa mejor pues el 82% desaprueba su participación en el conflicto. Por si fuera poco, un 57% encuentra culpable a García de la muerte de 34 personas, entre policías y nativos.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, también del Apra, es cuestionada por el 77% de los encuestados, catorce puntos más de los que reprueban al premier Yehude Simon, quien es menos repudiado que García y Cabanillas al recibir un 63%.

La popularidad del líder aprista ha caído 9% (de 30% a 21%) a raíz de los sucesos de Bagua, su nivel más bajo desde el escándalo de los ‘pretroaudios’, que provocó la salida del ex primer ministro Jorge del Castillo. Las cifras nos señalan que la estrategia de comunicación del Gobierno ha sido derrotada, y más si tomamos en cuenta que el 63% piensa que murieron más indígenas que efectivos policiales, cuando en realidad las bajas policiales duplican a la de los civiles.

La aprobación del primer mandatario continuará en caída libre mientras la población piense que no se ha recuperado el orden. Si bien las cosas se han calmado en la selva (la carretera Tarapoto-Yurimaguas ha sido desbloqueada por los manifestantes y el Gobierno ha levantando el toque de queda en Bagua), en el sur del país han surgido nuevos brotes de violencia en Andahuaylas (Apurímac), Sicuani (Cusco) y La Oroya (Cerro de Pasco). Los desmanes, las paralizaciones e irrupciones del tránsito están afectando gravemente el turismo y el comercio. Las cancelaciones de paquetes turísticos y reservas hoteleras están a la orden del día. De continuar la obstrucción de las vías terrestres los precios de los alimentos y otros productos subirán considerablemente en las ciudades costeñas. La inflación y la escasez no sólo son enemigas de los consumidores, sino de los gobiernos de turno pues generan desconcierto, movilizaciones e inestabilidad.

La proliferación de protestas se debe a las deficiencias del Estado para anticipar y atender las demandas de las poblaciones del interior. En la ciudad Andahuaylas, ubicada en la región más pobre del Perú, los campesinos exigen la rehabilitación de la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay y piden la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, también rechazada por los nativos de la selva. En Sicuani, campesinos de la provincia de Canchis han cercado el Cusco y estuvieron a punto de tomar el aeropuerto Velasco Astete, custodiado por tropas del Ejército. Los hombres del campo exigen la presencia del premier Yehude Simon para dialogar sobre la Ley de Recursos Hídricos, las concesiones mineras y la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará. En estos reclamos se ha detectado a grupos radicales -Sutep, Patria Roja, reservistas vinculados a Antauro Humala, hermano del candidato nacionalista Ollanta Humala, etc.- que piden la vacancia del presidente, una nueva Constitución, entre otras demandas radicales. En La Oroya la situación es tan o más crítica pues trabajadores de la fundición de Doe Run han bloqueado la Carretera Central, en protesta porque la empresa no cumple sus promesas y el Estado no hace nada para ponerla en su lugar (debe cumplir su Programa de Manejo Ambiental).



Volviendo al análisis de la encuesta de Ipssos-Apoyo, hay que destacar varias cosas pues la población prefiere el diálogo a la represión uniformada. Eso explica por qué el primer ministro Yehude Simon, quien está a punto de ser censurado por el Congreso, sale mejor parado que García y la ministra Cabanillas, partidarios de imponer orden a toda costa. La desaprobación de 63% del premier no es nada halagüeña para él, pero indica que su posición conciliadora tiene muchos más adeptos de lo que estimaba el presidente. El mensaje de la ciudadanía parece ser que ceder no es malo si evita muertes y no compromete la imagen del país. Los peruanos quieren vivir en paz, pero no a cualquier precio, ya que la tensión social ahuyenta la confianza y las inversiones. Por eso exigen que el Gobierno negocie antes de emplear la fuerza en contra de civiles. Un gran sector del electorado considera que García ha afectado nuestra imagen en el exterior por el alto saldo de vidas perdidas en la Amazonía. De ahí que éste encabece la lista de culpables por su pésimo manejo de la crisis amazónica.

El conflicto en la Amazonía no solo marca un punto de quiebre en la manera en que se gestionará asuntos similares, sino que determinará el clima electoral. Según Alfredo Torres, director de Ipssos-Apoyo, “ningún opositor pudo capitalizar la molestia con el Gobierno por conflicto en la Amazonía”. Y pronostica que “el escenario de conflictos sociales que afronta el país podría hacer surgir la figura de un ‘outsider’”. Su apreciación nos sugiere dos cosas: 1) que ni siquiera Keiko Fujimori, cuyo padre fue muy popular en la selva, sacó réditos importantes pues su popularidad apenas subió de 19% a 22% en la muestra (su crecimiento se debe básicamente al declive de otras figuras de la derecha como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Castañeda empata con Ollanta Humala en el segundo lugar de las preferencias, ambos con 15%).


En cuanto al punto dos, la aparición o el deseo de que aparezca un ‘outsider’ –un actor político no contaminado por el sistema- cobra fuerza pues hay un vacío de liderazgo (el electorado considera que la clase política no lo representa). Los peruanos -los seres humanos en general- necesitan creer en algo o en alguien, por eso reclaman un ‘outsider’ que plantee metas comunes y les devuelva la confianza en sí mismos. La falta de propósito, rumbo o destino es lo que se necesita recuperar para darle viabilidad al proyecto que somos de país.

El padre Marco Arana bien podía aprovechar el descontento con el sistema económico (un 54% considera que deben hacerse reformas) y con la manera en que el Ejecutivo viene “resolviendo” las cosas pues tiene experiencia en el diálogo con las comunidades, a las que ha organizado para que puedan defender sus derechos.

Finalmente, el liderazgo de la congresista de Alianza para el Futuro, Keiko Fujimori, se debe a que la población, según Torres, “añora la idea de orden que se tenía de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, distinto a la percepción actual sobre el manejo que le da el Gobierno a las protestas”. Sobre esto conviene realizar algunas precisiones pues el “orden” que hubo durante el fujimorato fue precario e ilegal ya que el ex presidente y reo en cárcel clausuró el Parlamento, restringió libertades ciudadanas y persiguió a sus opositores. El “orden” fue aparente porque los medios de comunicación, comprados con el dinero sucio de Vladimiro Montesinos, transmitían la sensación de que las cosas andaban bien en el país. La tranquilidad era ficticia pues los grandes problemas del Perú seguían sin resolverse. Tampoco hay que olvidar que para garantizar el “orden” el régimen formó comandos de aniquilamiento que asesinaron a dirigentes sindicales
[1], periodistas y políticos, y otros tuvieron que exiliarse. Fujimori y su socio político son responsables de la debilidad de nuestro sistema de partidos pues instituyeron una forma de gobernar alejada de la formalidad donde ‘todo vale’ para preservar el poder.

Para apaciguar a la Amazonía, por ejemplo, Fujimori concedió generosas exoneraciones tributarias que no existen en otras regiones. Así, los selváticos no pagan Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta (IR) ni el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC, que grava principalmente a los combustibles). Las exoneraciones incluyen a los inversionistas que reinviertan sus utilidades en la zona (no pagan Impuesto a la Renta). De ahí que no sea difícil comprender por qué Keiko Fujimori cuenta con respaldo en la selva.

Keiko Fujimori no restablecería el orden como su padre -tras el nefasto primer Gobierno de García (1985-1990)- porque no tiene un Vladimiro Montesinos a su lado dispuesto a ensuciarse las manos ni goza de la simpatía de la mayoría de peruanos. Su 22% es fruto de los reacomodos del electorado de derecha que busca desesperadamente un candidato que defienda al sistema del peligro que representa Ollanta Humala.




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[1] Fue el caso de Pedro Huilca Tecse, presidente de la CGTP, la central de trabajadores más importante del país.


viernes, 19 de junio de 2009

La bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Crisis política en Perú: la bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Por César Reyna


En pocas semanas el Ejecutivo ha oscilado entre dos extremos: la intolerancia y la conciliación. Esto se debe, indudablemente, a la inestable personalidad del presidente Alan García, quien no conoce de centros o puntos medios sino de absolutos e inflexibilidades. Eso lo sabemos bien los peruanos que lo sufrimos en su gestión anterior pues fuimos testigos de sus arrebatos y necedades. Algunos sostenían que en algún momento debían aflorar los sentimientos encontrados de García, sobre todo después de la fallida de incursión en Panamericana Televisión. Pero hacía falta una crisis interna para derribar los autocontroles que se había impuesto. Gente de su círculo dice que no duerme mucho y toma sedantes para conciliar el sueño. Sean ciertos o no esos rumores, lo concreto es que estamos a merced de un mandatario que reacciona vehementemente cuando le mencionan la palabra ‘crisis’.

El conflicto en la Amazonía lo pinta de cuerpo entero a él y a algunos miembros de su Gabinete como la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien se dejó avasallar por García para imponer el orden en la selva. La presunta ‘guapeada’ del presidente la convirtió en una criatura irascible cada vez que los periodistas le preguntaban por qué salió mal el operativo de Bagua.

El problema en la selva sólo se ha contenido porque los dirigentes nativos dicen que han pactado una tregua. La paz con ellos depende de los resultados de la Mesa de Diálogo y el cabal cumplimiento de los acuerdos que se logren en dicha instancia. El Gobierno ha dicho que acatara los consensos logrados por las partes para poner paños fríos a la situación. Esto puede verse como una delegación de facultades del Ejecutivo pues compartirá la potestad de dirigir la política interna. Ahora ya no la ejerce de manera exclusiva sino a través de sus delegados, encabezados por el primer ministro Yehude Simon. La cesión de poder no es negativa para el país porque está ajustada a la ley, es decir, al Convenio N° 169 de la OIT. Aunque claro, dicho instrumento dice que las autoridades deben consultar con las comunidades -cuando den leyes o resoluciones administrativas que afecten su modo de vida- y no que las prGopuestas de éstas sean vinculantes para el Estado. Lo obligatorio para el Perú es la consulta previa, pero no las peticiones que provengan de los pueblos indígenas. El Gobierno, de todos modos, ha ido más allá del propio Convenio al reconocerle competencias no establecidas a los nativos.

Esto nos coloca en un nuevo escenario de la vida republicana, y muchos no parecen haber reparado en ello, ya que por primera vez el Gobierno central dialogara en pie de igualdad con el sector más olvidado de la población. El cambio de actitud nos parece positivo porque fomentará la participación democrática de grupos tradicionalmente marginados. Si el clima de discusión y distensión prospera, es posible que en las próximas elecciones los nativos cuenten con representantes en el Parlamento y otras instituciones como los gobiernos regionales y municipales. Así habría una verdadera redistribución del poder y una mejor forma de canalizar las demandas populares. El Congreso, tan vapuleado en los últimos tiempos, ganaría algo de legitimidad pues les asignaría un determinado número de asientos en el hemiciclo.

Esta incipiente democratización no ha nacido de las urnas ni del proceso de regionalización, sino del conflicto entre las provincias del interior y el poderoso centralismo limeño. Los lamentables incidentes de Bagua han propiciado un acercamiento que al inicio fue involuntario por parte del Gobierno. El premier Simon estaba maniatado porque García no lo dejaba negociar libremente con los líderes de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). No fueron las horrendas muertes de policías y nativos las que provocaron el viraje del presidente, sino la inusitada repercusión internacional de la protesta. García jamás calculó que los sucesos trascendieran tanto. Por eso esperó unos días para analizar la reacción de la prensa y algunos organismos internacionales para tomar una decisión al respecto. Él confiaba ciegamente que la matanza de los agentes del orden le restaría legitimidad a la causa indígena pero no fue así. En lugar de disminuir o disiparse; crecieron las muestras de solidaridad y apoyo al movimiento amazónico. En vano fue decretar el toque de queda pues los indígenas no depondrían sus acciones de lucha. Estaban dispuestos a todo, inclusive a morir, hasta que el Gobierno cediera.

La tensión en la selva no podía continuar porque sólo debilitaba a la clase política (y a los pobladores de las ciudades incomunicadas lógicamente, pero eso no le interesaba mucho al Gobierno). Si la crispación se prolongaba demasiado las agencias calificadoras de riesgo y bancos multinacionales rebajarían la calificación del Perú (incrementarían el riesgo país). El bloqueo indeterminado de carreteras y vías fluviales, y el abandono del personal que trabaja en estaciones gasíferas y petroleras hubiera perjudicado la “buena” imagen del país.

Si algo preocupa verdaderamente a García es la percepción de los principales agentes económicos pues gobierna esencialmente para ellos. Más le interesa la aprobación de éstos que los índices de popularidad porque siempre ninguneo al pueblo. Para García Pérez el pueblo no es más que la masa que debe moldear porque no sabe dirigirse. La gente de a pie, según él, no sabe lo que quiere ni lo que le conviene. Son “desconcertadas gentes”, en palabras de Don Nicolás de Piérola. Él solo dialoga directamente con los grandes inversionistas, pero no porque estén a su altura, sino porque los necesita para viabilizar su proyecto político, expresado en los artículos del perro del hortelano. Como el Estado ya no puede hacer empresa ni dar empleo debe pactar nuevamente con los empresarios, –como lo hizo a mediados de los 80-, para dinamizar la economía.

Bajo la inmensa presión de los últimos días García debió retroceder. No había dado un paso semejante desde la frustrada estatización de la banca. Era peligroso mantener vigentes los decretos 1090 y 1064 porque nos hubiera llevado al borde de la ruptura social. Ese escenario parecía inevitable hasta hace un par de semanas pero el Ejecutivo entendió que no podíamos continuar así. La incertidumbre ha derribado administraciones en todos lados, y la suya no iba a ser la excepción. García estaba acorralado y no le quedó otra alternativa avalar la postura concertadora de Yehude Simon; fue lo más sensato dadas las circunstancias actuales. La represión no iba a funcionar en este caso, y menos cuando el Gobierno podía ser acusado de genocidio y otros delitos de lesa humanidad.

Durante el debate de la derogatoria de los decretos casi todas las fuerzas políticas se echaron para atrás menos la derecha cavernaria encarnada por Unidad Nacional, la agrupación que lidera Lourdes Flores. Por lo general la derecha no es buena consejera en tiempos difíciles porque apela a recuperar el orden a como de lugar. Sacar al Ejército a las calles es muy fácil, pero, ¿de ahí quién se hace responsable por las bajas civiles que ocasiona? ¿Estarían dispuestos a asumir la instalación de una nueva Comisión de la Verdad, o ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad ahora que la Corte Suprema valida la teoría del autor del dominio del hecho
[1]? Creemos que no.

Para terminar, Yehude Simon será interpelado
[2] la próxima semana al igual que la ministra Cabanillas. Es probable que abandone la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) antes del mensaje presidencial de 28 de julio. La bancada aprista, obligada a retractarse (defendía la validez de los decretos, postura que crispó los ánimos de la población amazónica), no evitó la presentación del jefe del Gabinete en el Congreso. Como Simon no es aprista -si no un colaborador ajeno al partido-, no tenían por qué respaldar su posición de derogar los decretos para enviar una señal de buena fe a los nativos. Los oficialistas nunca aceptaron su liderazgo ya que cuando acudió al Parlamento a presentar el plan de pacificación y desarrollo del VRAE[3] abandonaron abruptamente sus curules. Simon tuvo que enfrentar en solitario los embates de la oposición porque osó atender las demandas de los dirigentes amazónicos. Eso le valió el repudio de los congresistas del Apra, quienes creían que Simon había abierto una ventana para la derogatoria de un conjunto de decretos aprobados para implementar el TLC con Estados Unidos. Los apristas presentían que estaban por perder algo que no les sería muy fácil devolver. Quizá era algo del mismo color de la Amazonía que pretendían vender.


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[1] Esta teoría, desarrollada por la doctrina alemana, sirvió para condenar en primera instancia a Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por dos secuestros agravados.

[2] Tendrá que responder por la sangrienta intervención en la ciudad de Bagua (Amazonas), por la toma de Panamericana Televisión y por la parcialización de TV Perú, la televisora estatal que da cabida a personalidades afines al Gobierno.

[3] Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde todavía resiste una columna de Sendero Luminoso asociada a los carteles del narcotráfico.



miércoles, 17 de junio de 2009

Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas



Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas


Tras varias jornadas luto, zozobra y violencia, el Gobierno finalmente cedió a las peticiones de los nativos de nuestra Amazonía
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Por César Reyna




Tres son las razones por las que el presidente Alan García ha decido dar marcha atrás en la validación de dos controvertidos decretos. La primera de ellas, sin duda la más importante, es que el conflicto estaba minando la imagen del Perú en el exterior como lugar ‘seguro’ para las inversiones. La confianza que muchos inversionistas mostraban sobre de la economía peruana –era la única que crecería en la región- podía deteriorarse si la tensión se mantenía en la selva. Por eso fue necesario buscar una solución “armoniosa” que bajara los decibeles a la magnitud protesta amazónica. El propio García lo ha dejado entrever hoy día pues dijo que “(…) necesitamos muchas inversiones. Y ellas sólo vienen cuando ven a un país que crece”. Luego complementó lo anterior diciendo: “para ello (crecer) necesitamos tranquilidad en los espíritus, reconciliación y paciencia cuanto sea necesaria”. La repercusión internacional de las movilizaciones asustó al Gobierno porque temía que se proyectara la idea de un Perú ingobernable, inestable y sin rumbo. Desde el fin de la guerra contrasubersiva, a inicios de los noventa, no vivíamos episodios donde policías y civiles eran brutalmente asesinados.

La derogación de los decretos 1064[1] y 1090[2] no implica un ‘mea culpa’ del Gobierno porque García cree que los pueblos originarios no entendieron las normas que impulsó para implementar el TLC con Estados Unidos. “Si no hay aún información y conciencia suficiente para comprender qué es lo positivo que se plantea, tenemos tiempo suficiente para que el tiempo convenza”, afirmó García. El presidente se expresa con soberbia y lamenta que los selváticos no hayan comprendido su visión. Sigue creyendo que actuó de buena fe y que el impasse de los últimos 67 días –tiempo que dura el paro amazónico- se debió a que los indígenas no pudieron asimilar su propuesta de desarrollo para la Amazonía.
El segundo motivo es reducir el clima de polarización en esa región y otras partes porque es favorable a grupos antisistema liderados por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Si los pobladores de la selva se mantienen en pie de lucha indefinida porque el Ejecutivo no atiende sus demandas podrían aliarse con algunos agentes nacionales y extranjeros que tratan de desestabilizar el ‘establishment’. Eso es lo que a nuestro entender se quiso evitar pues los regímenes socialistas del subcontinente[3] están deseosos de buscar un mayor acercamiento con el movimiento indígena. Lo anterior no quiere decir que las medidas de fuerza de los nativos hayan sido dirigidas desde Caracas o La Paz, sino que ambos aprovecharían el vacío dejado por el poder para capitalizar el descontento, esto es, para orientarlo según sus intereses.

El tercer elemento es la imposibilidad, por parte del Ejecutivo, de aplicar medidas fuerza para despejar carreteras, estaciones de bombeo de petróleo y vías fluviales porque acarrearía un nuevo derramamiento de sangre. Lo último que desea el Gobierno, dadas las circunstancias, es ser acusado de "genocida" por sus opositores y organismos no gubernamentales. Esa alternativa se canceló de plano tras la funesta recuperación del orden en la ciudad de Bagua Chica, en el oriente peruano. Como resultado del lamentable operativo, el Estado peruano cogobierna con las comunidades nativas -en la región amazónica- pues les ha permitido mantener el control sobre varias carreteras, siempre que permitan el tránsito de vehículos por cuatro horas al día.

Ahora bien, el Gobierno cometió un grave error al acusar a los indígenas de “sediciosos” pues su protesta es legítima, autóctona y no ha sido manipulada por ningún país. Desde agosto de 2008, los pueblos amazónicos han reclamado la derogación de un paquete normas que afectaban su forma de vida ancestral y el medio ambiente, consiguiendo la anulación de los decretos 1015 y 1073. En aquella oportunidad no se dijo que los aborígenes habían sido azuzados por terceros y se tuvo que ceder ante la ola movilizaciones. La toma de carreteras y desmanes hicieron retroceder al Ejecutivo el año pasado y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo.
Para que las cosas se calmen se formó un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos[4], integrado por miembros del Gabinete de Yehude Simon, presidentes regionales, alcaldes provinciales y organizaciones representativas de las comunidades nativas. Todos ellos tratarán de alcanzar consensos para modificar las demás normas que cuestionan los indígenas y debatirán una serie de temas vinculados con el desarrollo de esa inmensa zona del país.

En la primera sesión del Grupo de Trabajo, donde también interviene la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica como mediadores y facilitadores del diálogo, se acordaron varios puntos entre los que destaca la anulación[5] de los decretos 1064 y 1090. Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana), organismo que representa a más de mil comunidades amazónicas, sospecha del cambio del Gobierno porque ya fueron “mecidos” por el oficialismo. Aidesep tiene razones para desconfiar ya que en el decreto supremo que creaba de la Mesa de Diálogo (Grupo de Trabajo) no lo reconocía como interlocutor válido. Por eso el premier Simon tuvo que salir a aclarar que la asociación que presidía el asilado Pizango participaría junto con otras entidades que habían sido excluidas[6] a petición de Aidesep.

El retroceso de la postura del Gobierno es saludable porque la mano dura que exigía la derecha peruana no conducía a nada bueno. Si bien la flexibilidad del premier Simon puede pueden constituir un precedente para que los sectores sociales que quieran puedan lograrlo mediante la violencia, el endurecimiento de posiciones frente a la demanda de los indígenas tampoco era la solución pues alejarían a los empresarios de la Amazonía, quienes no invertirían en una región convulsionada.

La discusión más grave en este momento es de índole moral pues tuvo producirse un alto costo humano para que el Ejecutivo cediera. Los deudos reclamarán con justicia que la vida de sus seres queridos fue sacrificada por un capricho presidencial, es decir, en vano. Su pérdida no se puede reparar como la demanda de los pueblos amazónicos que consiguieron una victoria importante con la anulación de los decretos.

Hacer retroceder a García no es poca cosa dada su incorregible megalomanía. Su “deseo de revolucionarlo todo por la vía de la modernización, la maquinización y el avance”, según él, se sustenta en la explotación intensiva de recursos naturales de la selva, es decir, la realización de una actividad primaria, típica de países subdesarrollados. Su visión colisiona directamente con la de los nativos pues su sociedad, a parte de considerar a la Amazonía como su medio de vida, se basa en el conocimiento porque mediante el ensayo-error y siglos de experimentación, descubrieron propiedades medicinales en una gran variedad de frutos. El principal defecto de la concepción gubernamental es que no considera a los pueblos nativos como sujetos sobre los que debería recaer el desarrollo ya que prescinde de éstos para abocarse a la entrega de concesiones sobre tierras que se superponen con la de las comunidades nativas.

En estos momentos se vocea la salida de Yehude Simon y ya se barajan varios nombres para sustituirlo. La renuncia era reclamada por Daisy Zapata, dirigente de Aidesep, quien se encarga de la presidencia porque Alberto Pizango, ex presidente de la organización, se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua tras ser acusado de sedición y otros delitos. Pizango permanece en esa sede diplomática desde hace más de una semana porque la Cancillería no había extendido el salvoconducto que le permita salir del país. Ahora que García ha dado su brazo a torcer, Pizango recibió el mencionado documento según diversas fuentes periodísticas. Esta decisión, que supone un giro de 180 grados, no formaba parte del acuerdo de doce puntos entre el Ejecutivo y los nativos, pero se consideró pues Aidesep demandaba el cese de la persecución de sus dirigentes.[7]

Mientras el Gobierno se decanta por la apertura (los acuerdos que se tomen en la mesa de diálogo con las comunidades nativas serán vinculantes); el Parlamento aprobó por unanimidad la formación de una comisión multipartidaria encargada de investigar los hechos de Bagua por un plazo de 120 días. La triple alianza conformada el Apra, Unidad Nacional y el Fujimorismo tendrá mayoría pues contará con tres congresistas designados de un total de cinco. Eso le confiere el manejo de las investigaciones y la redacción del informe final.
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[1] El decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan los habitantes de la selva a sus terrenos. La norma es cuestionada porque faculta al gobierno central a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales.

[2] El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es criticado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades. Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones.

[3] Hay que mencionar que el mandatario altiplánico envió un comunicado en el que llamaba a la ‘revolución’ durante la IV Cumbre de Pueblos Indígenas realizada en Puno.

[4] Además de la derogación de los decretos legislativos, que es apenas una parte y la más superficial en el asunto de las comunidades nativas, se discutirán problemas de fondo de estas poblaciones como la falta de salud, educación en su idioma, carreteras y, en general, mejores condiciones de vida.

[5] Su eliminación en realidad fue una iniciativa del primer ministro para recuperar la confianza de sus contrapartes nativas.

[6] Durante las primeras tratativas con Yehude Simon, Pizango fue el único representante de las comunidades originarias.

[7] Además de Pizango, otros cinco representantes de la entidad tienen orden de captura.


martes, 9 de junio de 2009

Conflicto en la Amazonía: Alan García y el eje del mal


Alan García y el eje del mal

Por César Reyna


En los últimos días, pero sobre todo el domingo pasado, el presidente peruano ha mostrado su faceta más temida y preocupante. El García del fin de semana nos recuerda al intolerante mandatario que gobernó en los ochenta. Muchos creían que había cambiado y que era más dialogante porque nombró técnicos independientes en puestos clave de la administración pública y no dejó que militantes de su partido coparan el aparato estatal. El nuevo García parecía haber entendido que no podía gobernar solo, contra el sentido común y los intereses nacionales. Parecía haber aprendido la lección en el exilio dorado de París donde se refugió silenciosamente y no dijo gran cosa en contra el fujimorismo. Pero ahora el nuevo García ha desaparecido y ha sido poseído por el viejo García, por el García más joven de las alucinaciones que le hacen ver fantasmas por doquier como Hamlet.

Su pensamiento se reduce al maniqueísmo de ellos o nosotros, o más bien, yo o ellos, pues está absolutamente convencido de que encarna el progreso, la modernidad y el camino a seguir como tantos otros líderes envenenados por el delirio de grandeza. García ya no puede distinguir racionalmente lo que sucede en el país. Por eso se deja llevar por impulsos que psiquiatras y fármacos han tratado de controlar por su bien y por el nuestro. Muchos piensan que está ofuscado porque cree que le están “robando” su “legado”, sobre todo cuando sus detractores objetan los decretos que firmó con la mejor intención del mundo, según él; pero podría ser que está enfadado porque debe devolver algún dinero tras concesionar o vender parte de la selva a capitales privados (más del 60% de las tierras selváticas han sido entregadas para explorar yacimientos petroleros). El economista Humberto Campodónico asegura que el manifiesto del perro del hortelano, publicado en 2001 en el diario El Comercio, representa la punta de lanza para completar la inconclusa reforma neoliberal de los noventa cuyo fin último era privatizar los recursos naturales de la Amazonía.

García ha traicionado la doctrina del Apra y a la centroizquierda para abrazar la idea de que debe dar preeminencia a las iniciativas privadas. Su giro dogmático respondió a la necesidad de convencer a los inversionistas y organismos intencionales de que era un jefe de Estado distinto al que se negó a pagar la deuda externa (en realidad ofreció un pago anual que equivalía al 10% del valor de nuestras exportaciones de la época), pretendió establecer un modelo autárquico (sin comercio exterior ni apertura económica) y prohibió el libre cambio de divisas para evitar desequilibrios macroeconómicos (la tenencia de dólares). Ese García era un calco de Hugo Chávez, a quien acusa directa o indirectamente de sabotear el “dinamismo” de su administración. Tanto Hugo Chávez como Evo Morales representan, para él y algunos “pensadores” de la derecha, uno de los componentes del eje del mal destinado a acabar con los regímenes democráticamente constituidos en la región. La amenaza del chavismo es real, sin duda, y tiene ramificaciones e injerencia en el Partido Nacionalista encabezado por el aspirante presidencial Ollanta Humala Tasso. A estos dos ejes (el de dos países socialistas y Humala) se suma un tercero integrado por organizaciones que reivindican derechos ancestrales como las comunidades nativas representadas por Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y algunas ONG cuyo financiamiento no ha sido esclarecido como las casas del ALBA. Los tres conforman el eje del mal que denuncia el Gobierno en un malévolo spot que presenta a los indígenas como terroristas manipulados o instrumentalizados por políticos locales que a su vez reciben órdenes directas de Caracas o La Paz.

Esta concepción del Ejecutivo también es compartida por algunas bancadas como la de Unidad Nacional, que lidera Lourdes Flores, y el Grupo Parlamentario Fujimorista de Keiko Fujimori. El Apra y sus aliados en el Congreso postulan la tesis de la intervención extranjera para alertar a la ciudadanía del peligro Humalista y persuadirla de que el desarrollo se logrará solamente con la participación de la inversión privada.

Al mejor estilo del ex presidente norteamericano George W. Bush, García traza una línea divisoria como hizo el conquistador Francisco Pizarro en la Isla del Gallo para delimitar el lado en el que se encuentra el progreso. Los que respalden su “bienintencionada” gestión avanzarán y percibirán con paciencia los “beneficios” de un modelo que se cae a pedazos en el resto del mundo.
[1]

El Gobierno de García, además de librar la “batalla ideológica”
[2] con Chávez y los nacionalistas, también dice defender la democracia de los agitadores que comulgan con ideologías del pasado (el marxismo, el maoísmo, etc.). Esto resulta francamente paradójico pues el presidente García es antidemocrático al negar el derecho a la consulta a los pueblos amazónicos. Este derecho, reconocido por el Estado Peruano y la OIT, no sólo permite que las comunidades conozcan de antemano los peligros potenciales de las actividades extractivas en sus territorios –por eso la consulta debe ser previa a todo proyecto o concesión-, sino la democratización de esos grupos ya que posibilita el intercambio de ideas en ambas direcciones, es decir, entre los representantes del Estado y los comuneros y nativos. El diálogo es fuente natural de la democracia. De ahí que recoger las inquietudes de los afectados por la inversión minera, petrolera, maderera o gasífera ayuda a que se conviertan paulatinamente en verdaderos ciudadanos. En la medida en que se les expliquen sus derechos podrán ejercerlos y asumirán responsabilidades como cualquiera de nosotros. Defender el derecho a la consulta es defender la democracia. Todo lo que lo entorpezca o menoscabe es contrario al espíritu democrático que debe regir a un Estado de Derecho.

Ahora bien, los nativos no son la fuerza de choque o “quinta columna” de un movimiento separatista pues sus demandas son totalmente legítimas: lo que piden no es más que la derogación de normas que contienen contradicciones o “cajones de sastre” que pueden ser aprovechadas por algunos funcionarios para cambiar el régimen de sus tierras. El conflicto se genera básicamente porque los pueblos del interior manejan una noción distinta de la propiedad, la cual no es vista bajo una óptica patrimonialista, sino como una entidad vital que define su identidad. Los problemas subsistirán si se ponen límites artificiales a sus tierras ya que no son seres sedentarios como los habitantes de las ciudades o la costa, sino nómades que recorren amplias extensiones en busca de plantas medicinales y alimentos. El suelo que pisan en la selva es su territorio, es decir, donde quiera que ellos se desplacen conforma su medio. Por eso no funcionarán las titulaciones que realizan organismos como Cofopri (que constantemente recibe solicitudes de ampliación de comunidades no atendidas). Mientras el problema de la tierra no se resuelva desde una perspectiva intercultural, como bien lo entendió Mariátegui, la viabilidad del país estará comprometida.

De los tres integrantes del eje del mal de García (que para Bush hijo eran Irán, Corea del Norte e Irak, antes de la ilegal invasión), las comunidades nativas son las menos indicadas para conformarlo pues muchos de sus integrantes pelearon en el conflicto del Cenepa contra Ecuador. Su arrojo y conocimiento de la zona impidió que la ofensiva ecuatoriana prosperase en el norte del territorio nacional. Pese a no ser recompensados por el Estado, han sido decisivos en la lucha contra el narcotráfico ya que han mantenido a raya esa lacra social de sus tierras. En lugar de lotizar la selva para desarrollar proyectos irreconciliables con su forma de vida y el medio ambiente, deberíamos ser más inteligentes para ofrecerles alternativas que respeten los bosques y su abundante biodiversidad.
El caso de los indígenas brasileros tembé-ténêtéhar podría ser replicable pues, según el diario El País de España, “(…) firmarán un contrato para la venta de créditos de dióxido de carbono por un millón de reales al año (unos 365.500 euros). A cambio, los indígenas se comprometen a preservar la flora de su reserva, que ocupa una extensión de 279.000 hectáreas en la selva amazónica”. Esto no sólo les garantizaría un ingreso seguro, sino que ayudarán a conservar nuestros bosques primarios. La conservación de la flora y fauna es uno de los puntos más importantes a los que el Perú se compromete en el marco del TLC con Estados Unidos pues debemos garantizar que la madera que se comercialice no tenga origen ilícito. El Decreto Legislativo 1090, resistido por los nativos, en lugar de proteger la Amazonía promueve la tala ilegal según un informe de la Defensoría del Pueblo[3], lo que haría casi imposible la implementación del acuerdo comercial.[4]

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[1] Si nuestra economía fuera tan sofisticada y globalizada, financieramente hablando, hoy sufriría tanto o más que México, Chile y Brasil de los embates de la crisis económica internacional, según el investigador de la UNAM, Óscar Ugarteche. Como somos un país atrasado (sin un mercado de capitales desarrollado), nos hemos librado de las turbulencias que sacuden a Irlanda, Islandia y los países de Europa del Este, otroras economías modelo del Banco Mundial.

[2] Que por cierto perdió, aunque no se haya dado cuenta que casi nadie piensa ahora en flexibilizar todo y ceder la batuta del crecimiento al capital.

[3] El artículo 41 del Decreto Legislativo 1090, a criterio de la Defensoría, “permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos”. Esto, lejos de incorporar mejoras a la anterior Ley de Fauna y Flora, “podría generar que se deforeste bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con aptitud forestal”.

[4] Algunos funcionarios como la Ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, ven peligrar el TLC si se derogan las normas inconstitucionales que afanosamente defienden.



domingo, 7 de junio de 2009

Muerte en la Amazonía y la ola de frío en Puno

Muerte en la Amazonía y la ola de frío en Puno


Por César Reyna



Tras los enfrentamientos entre la Policía Nacional y miembros de comunidades nativas, el Gobierno de Alan García intenta senderizar o criminalizar a los pobladores amazónicos con el propósito de deslegitimar sus reclamos. De ahí que el mandatario haya elevado a la categoría de héroes a una veintena de efectivos acaecidos en los trágicos sucesos del viernes. Comparar las acciones represivas de los policías fallecidos en la Amazonía con la entrega de los valerosos defensores del Morro de Arica -antigua provincia peruana, hoy en manos de Chile-, supone un desvarío absoluto por parte del presidente García.

No es dable equiparar ambas acciones porque los segundos defendieron el territorio nacional de un enemigo exterior; los uniformados, en cambio, entraron a desalojar a tiros a civiles que habían tomado una carretera del interior. La naturaleza de las órdenes y su contexto no permiten la similitud porque García envió a cientos de agentes a provocar a miles de nativos descontentos con su irregular proceder (de convalidar decretos inconstitucionales que afectan intereses de los protestantes amazónicos). El temerario desplazamiento de las fuerzas del orden fue aprovechado por el Ejecutivo para victimizarse y culpar a los indígenas, sus dirigentes, y políticos opositores de los lamentables sucesos del viernes. Como la Policía puso la mayoría de muertos (todavía falta investigar cuántos nativos han sido ultimados), las autoridades sienten que pueden patear el tablero (las negociaciones con las tribus) y mantener su posición de validar un controvertido paquete normativo que entrega la selva a los grandes capitales.

Los muertos de la Policía son utilizados por el Apra para ganar apoyo en diversos sectores de la población y mejorar su índice de aceptación. Para reforzar esta estrategia, García y el premier Yehude Simon han confirmado la presencia de intereses extranjeros en los desmanes del viernes. Con ello no sólo pretenden ocultar su incapacidad en el manejo del conflicto, sino estigmatizar, una vez más, a los amazónicos como seres salvajes, desalmados y tremendamente crueles. No es casual que Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, repitan hasta el cansancio que los policías enviados fueron masacrados o asesinados a sangre fría por hordas enfurecidas que se ensañaron con sus cuerpos.

En el día de la bandera, en el que se rememora la Batalla de Arica, García dijo que “existe financiamiento externo en las protestas de la selva”. Habló de una “conspiración en marcha”, presuntamente venezolana y boliviana, para desestabilizar al país. Mencionó que a nuestros adversarios “no quieren que el Perú se desarrolle y encuentre más petróleo, gas y minerales”. Durante la ceremonia cívica, frente a un monumento dedicado al coronel Francisco Bolognesi, héroe máximo del Ejército, no perdió oportunidad para tildar a los nativos de “ignorantes” por no haber leído el contenido de los decretos cuestionados. En dicha cita comparó a los policías que perdieron la vida en Bagua con el sacrificio realizado por los defensores del Morro de Arica, durante la Guerra del Pacífico. Su discurso no fue de unidad, sino división entre peruanos pues –prácticamente- calificó de traidores a quienes participaron en las movilizaciones nativas. Apelar a la amenaza de enemigos externos es un viejo recurso político que se emplea generalmente para ocultar la verdad. Su utilización sirve básicamente para no asumir responsabilidades cuando la intervención estatal no es suficiente para resolver los problemas o cuando una situación se escapa de las manos, como es el caso.

El Gobierno no piensa seguir discutiendo la derogación de los decretos ni admitirá culpa alguna en lo ocurrido este fin de semana. La pérdida de vidas humanas le no interesa a García a no ser que puedan servirle a sus objetivos políticos. El presidente instrumentaliza la muerte y aprovecha el dolor humano para justificar sus acciones y afianzar su ilegítimo liderazgo. Un hecho lo pinta de cuerpo entero: mientras miles de puneños se mueren de frío en el sur del país, el presidente ofrecía una conferencia de prensa en la explanada de Palacio de Gobierno rodeado por decenas de camiones con ayuda para los damnificados. Los vehículos permanecieron varias horas alrededor de la Plaza Mayor en lugar dirigirse a Puno donde decenas niños han muerto como consecuencia de la desnutrición, la falta de asistencia médica y del friaje (bajas temperaturas). Al parecer García quiso mejorar su imagen enseñando las toneladas de víveres, ropas, medicinas y frazadas que serían enviadas al sur. La desgracia de miles de ciudadanos no le importó mientras atendía las inquietudes de los periodistas.

Un par de días atrás se desentendió del asunto diciendo que el Gobierno Regional de Puno había recibido oportunamente 12 mil vacunas antineumónicas y fondos para encargarse de la situación. Al Gobierno Central no le competía intervenir, según él, porque la autoridad competente era la puneña. Sin embargo, podía y debía hacerlo, constitucionalmente hablando, ya que las normas lo autorizan. El artículo 137 de la Constitución permite que el Ejecutivo decrete estado de emergencia cuando existen “(…) catástrofes o graves circunstancias que afectan la vida de la Nación”. ¿Si la intensidad del invierno que azota al sur no es una catástrofe o una grave circunstancia qué otra cosa podría serlo? La ineficiencia[1] del Ministerio de Salud y de las autoridades regionales es compartida. No hay excusa para reaccionar tardíamente aunque algunos funcionarios digan que no se esperaba que la helada llegara tan pronto.

El deceso de infantes, nativos y policías es fruto de la improvisación y maquinación de un presidente que piensa únicamente en los intereses de algunos poderosos particulares.



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[1] Por si fuera poco, existe una Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres que por ley y criterio debía haber actuado apenas entrado el 2009. Dicha comisión la preside Yehude Simon, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).


jueves, 4 de junio de 2009

Decreto Legislativo 1090, el que no ha leído es Alan García



Decreto Legislativo 1090, el que no ha leído es Alan García



Por César Reyna


Cuando el presidente García dice que “si no explotamos las riquezas (petroleras, gasíferas y mineras) el Estado no tendría dinero para atender las necesidades más urgentes de la población”, está admitiendo implícitamente que los peruanos somos incapaces de generar ingresos por medio de nuestro esfuerzo. Su afirmación es grave porque condena al país a depender únicamente de lo que puede extraer del subsuelo o de la tierra, y no de lo que puede producir a través de su intelecto. Bajo la alucinada óptica de García, los peruanos deben ser tutelados porque no pueden organizarse ni decidir lo que les conviene. De ahí que los nativos de la selva, según él, no sean capaces de entender los alcances y significados de un conjunto de normas “diseñadas para favorecerlos y proteger el medio ambiente”. En más de una oportunidad ha repetido que los indígenas y sus representantes no han leído los decretos que cuestionan, y que se han dejado influenciar por ideologías y versiones tergiversadas de personajes que “detesta la inversión”.

García no vea nada malo en los decretos que se debaten en el Parlamento y a nivel del Ejecutivo por intermedio del premier Yehude Simon. No tiene ninguna intención de ceder en la negociación con los representantes de los pueblos amazónicos al haber expresado que las normas se ajustan a derecho y son beneficiosas para el país. Pero si lo que el mandatario sostiene es cierto, ¿por qué la Defensoría del Pueblo, un ente autónomo que forma parte del Estado, ha planteado la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1064 y ha encontrado anomalías en el Decreto 1090 que tanto defiende? Los informes que elabora dicha entidad se pueden leer desde hace varios días en su página Web. De ahí que si alguien no ha comprendido lo que regulan u omiten esas normas es el propio Doctor García. Nada le costaba al presidente informarse lo que esa institución del Estado, especializada en recomendar que otros organismos adecuen su actuación a la ley, había opinando con fundamento sobre el tema.

Las conclusiones del Informe de la Defensoría sobre el D. Leg. 1090, que debía discutirse este jueves si era constitucional o no en el pleno, son demoledoras. Los cuestionamientos son fáciles de entender pues se encuentran detallados y enumerados. Básicamente son tres las objeciones que presenta el controvertido decreto y están referidas a: “1) la exclusión de las tierras con aptitud forestal y las plantaciones forestales del régimen de recursos naturales y patrimonio forestal; 2) las modificaciones en la institucionalidad forestal; y, 3) una disposición vinculada al tratamiento de la madera de origen controversial”.

Sobre el primer punto, la Defensoría señala con acierto que “(…) El Decreto Legislativo N° 1090, a diferencia de lo regulado en la Ley Forestal materia de derogación, no considera a las plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, en su lista de recursos forestales”. Esto es preocupante porque según el artículo 2 inciso 22 de la Constitución, el Estado debe proteger del derecho fundamental de todos los peruanos a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida. Y los recursos naturales forman parte del contenido de ese derecho. Por tanto, tiene el deber de proteger su uso sostenible, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía, con una legislación adecuada (artículos 67, 68 y 69 de la Constitución). “Los recursos naturales forman parte del derecho del ambiente y, además, son patrimonio de la Nación”, señala la Defensoría en sus conclusiones. “No obstante, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales no contempla los criterios y el procedimiento que deben emplearse para calificar o descalificar un componente de la naturaleza como recurso natural”. Luego continúa diciendo “(…) La exclusión de dichos componentes de la condición de recurso forestal y, por lo tanto, natural, genera incertidumbre respecto a las consecuencias de una eventual aplicación del Decreto Legislativo N° 1090. Tal situación se agravaría al no haberse regulado en el mencionado decreto las modalidades de aprovechamiento sostenible, ni las condiciones o restricciones para su uso”.

En cuanto al punto dos, el Informe sostiene que el Decreto 1090 “debilitaría los mecanismos que aseguraban el aprovechamiento sostenible de las plantaciones forestales y mantiene la incertidumbre sobre el régimen de aprovechamiento aplicable para las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal”. Esto se produciría porque “(…) No existe certeza respecto al órgano que se hará cargo de las funciones que antes cumplía el INRENA, a través de la Intendencia Forestal de Fauna Silvestre, ni sobre el nivel jerárquico que éste tendría dentro del sector agricultora”. Asimismo, “(…) se ha eliminado el Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal (CONAFOR), mecanismo que permitiría la participación ciudadana en decisiones de política forestal”. Este decreto, al igual que el inconstitucional 1064 que suprime la negociación entre las comunidades y las compañías que explotan recursos naturales en sus tierras, imponiéndoles la servidumbre, elimina prerrogativas de los afectados o interesados en el aprovechamiento del recurso forestal. El diálogo parece no ser importante para un presidente que se considera “demócrata”. Para García no hay cabida o razón para protestas sociales o alteraciones del orden público porque debemos confiar que nos está guiando hacia un destino mejor. Él sabe mejor que nadie, tras su antológico discurso del perro del hortelano, en el que “identificó” con “lucidez” los males que nos aquejan, lo que precisa el país. Por eso minimiza los reclamos de los pueblos originarios diciendo que su irracional movilización debe a su falta de compresión de lectura (?).

De otro lado, pasando a asuntos más técnicos (jurídicos), convine revisar el artículo 41 del Decreto Legislativo 1090 pues, a criterio de la Defensoría, “permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos”. Esto, lejos de incorporar mejoras a la anterior Ley de Fauna y Flora, “podría generar que se deforeste bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con aptitud forestal”.

Para terminar, hay que desmitificar el tema del autoabastecimiento petrolero – argumento que el Ejecutivo utiliza para concesionar la selva y no tener que importar crudo- pues de nada sirve explotar yacimientos y producir localmente combustibles si el consumidor final los pagará, en el caso de la gasolina y el diesel, a precios internacionales. ¿Qué ahorro obtiene con ello? Ninguno, no hay ventajas, a menos que se renegocien los contratos con las empresas petroleras para poder llenar el tanque con un dólar o menos como ocurre en Venezuela o Ecuador.









miércoles, 6 de mayo de 2009

El paro amazónico y una alternativa de solución



El paro amazónico y una alternativa de solución

Si las comunidades nativas radicalizan sus acciones afectarían el abastecimiento de combustibles, el comercio y el turismo
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El paro amazónico convocado por organizaciones nativas está a punto de cumplir un mes. Desde el 9 de abril diversas etnias de nuestra Amazonía realizaron una serie de acciones enérgicas con el fin de hacerse escuchar. Conforme transcurren los días el asunto se va deteriorando y el Gobierno parece poco interesado en atender el clamor de los pueblos del interior.

Las comunidades de la selva solicitan la derogatoria de un conjunto de normas que consideran lesivas a sus intereses. En concreto piden la anulación de los decretos legislativos 1015 y 1073 porque consideran que atenta contra su derecho a la propiedad de sus tierras. Para evitar mayores conflictos sería conveniente que el Ejecutivo atendiera sus demandas. Las cosas están a punto de alcanzar dimensiones considerables ya que La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha amenazado con dañar el Oleoducto Norperuano y cortar el suministro eléctrico a una estación de Petroperú, la petrolera estatal.

La gran movilización iniciada hace casi cuatro semanas podría agravarse aún más si las tribus amazónicas bloquean la carretera Fernando Belaúnde Terry (ex Marginal) y toman el aeropuerto de Tarapoto. Las medidas fueron acordadas en una asamblea en respuesta al desbloqueo del río Napo por parte de la Marina de Guerra (una unidad naval liberó la vía fluvial para que embarcaciones petroleras pudieran navegar sin impedimento).

Alberto Pizango, presidente de Aidesep, dijo que “no está en contra de la explotación petrolera o maderera, sino de los abusos y violaciones a los pueblos indígenas”. Los nativos sienten mucha desconfianza hacia las autoridades porque creen que están coludidas con las compañías que operan en sus localidades. Ellos tienen poderosos motivos para ser suspicaces porque las autoridades negocian una serie de disposiciones que perjudican su modo de vida a sus espaldas. La desidia y falta de diálogo del Estado
[1] les hace suponer que este prefiere a los capitales extranjeros y nacionales que desarrollan intensa actividad sus territorios.

La existencia de conflictos sociales son la manifestación o agudización de problemas de vieja data. Muchos de éstos podrían resolverse si los funcionarios tomaran en cuenta la opinión de las comunidades. Éstas vienen exigiendo incansablemente que el Gobierno respete el Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual se compromete a respetar a las comunidades locales, proteger territorios y consultar las decisiones que las afectarán. Lo que se reclama básicamente es transparencia antes de iniciar un proceso de licitación de proyectos de inversión en minería, petróleo y la industria maderera. Para lograrla se requiere que las poblaciones participen desde el comienzo, es decir, desde que el Ministerio de Energía y Minas o Perupetro pretende dar en concesión una determinada área para la explotación de un recurso natural.

En el caso de los conflictos socioambientales
[2] es posible reducir su incidencia si se toman medidas audaces. Una salida (al problema) podría ser asegurar de antemano –cuando se empiezan a elaborar las bases del proyecto- que la empresa o consorcio ganador (del lote petrolero o concesión minera) asigne un monto a las comunidades que serán afectadas por su incursión. Lo que se propone es que destinen un porcentaje del monto total que planean invertir en el desarrollo del proyecto. La cantidad no debería ser superior al 5% para no desincentivar la inversión en nuestros Andes y Amazonía. La razón para separar un porcentaje tiene fundamento legal pues la presencia (de las compañías) altera dramáticamente el modo de vida de los pueblos amazónicos. Eso se verifica fácilmente pues ese tipo de industrias talan árboles, contaminan ríos, ahuyentan especies, etc. El daño[3] es sin duda apreciable para los pueblos que todavía viven de la caza, la pesca y la recolección de frutos. De lo que se trata es de compensarlos monetariamente por los perjuicios que trae consigo la explotación de recursos naturales. Sabemos de antemano que ninguna cifra será suficiente para mitigar los efectos que esta actividad causa en la naturaleza y los habitantes que dependen de ella; pero ayudaría a preservar numerosos ecosistemas y culturas ancestrales.

Si se incorporan esas condiciones en las bases -para que las comunidades andinas y amazónicas reciban fondos una vez que se proclame un ganador-, es altamente probable que los proyectos mineros y petroleros tengan mayor aceptación entre las poblaciones involucradas. Así se vencería la resistencia inicial de los aborígenes puesto que su calidad de vida se deteriora conforme progresa cualquier explotación. Los recursos que se capten a través de esa iniciativa se manejarían bajo un fideicomiso, figura legal con la que se garantizaría la intangibilidad del fondo. Las compensaciones percibidas se emplearían para beneficiar exclusivamente a las comunidades y su entorno. Con recursos éstas podrían realizar una serie de mejoras y educar a sus jóvenes. En principio los miembros de cada comunidad decidirían el uso que le quieran dar a ese nuevo patrimonio; pero deberían ser asistidos, por falta de conocimientos técnicos y administrativos, por personal capacitado para aprovecharlo al máximo. Tal vez podrían ser ayudados por miembros de la Iglesia y Organizaciones No Gubernamentales, quienes conformarían un hipotético comité de vigilancia y asesoramiento para asegurar que las decisiones que involucren actos de disposición sean transparentes y reditúen en favor de la comunidad.

Esta propuesta permitiría que los pueblos afectados reciban y manejen recursos sin trabas burocráticas, y le daría cierta credibilidad a las empresas que desean explotar recursos en su zona de influencia pues reconocerían, aunque sea económicamente hablando, que su actividad extractiva causa enormes perjuicios. Los recursos comprometidos para la compensación comunal no se descontarán de las inversiones que las compañías deban realizar para adecuar su operación a los parámetros ambientales que exigen las leyes. Así, los programas de mitigación ecológica no sufrirían una merma importante.

Al considerar el resarcimiento comunal en los contratos ingresaríamos a una nueva fase de responsabilidad social porque el Estado comenzaría a velar por el bienestar de las comunidades. Lógicamente habría que trasladar la propuesta a las comunidades para que den su visto bueno. Seguramente no se opondrán porque sus necesidades son apremiantes y desean desarrollarse e integrarse mejor al resto de la sociedad. Creemos que el proceso de diálogo con las comunidades y pueblos nativos ganaría mucha legitimidad de incorporarse este mecanismo. Además, por si fuera poco, mejoraría las perspectivas para cerrar las negociaciones entre las empresas extractivas y las comunidades para obtener la ansiada licencia social.
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[1] El caso de la minera Majaz es uno de los que más repercusión acapararon este año, cuando los pobladores de tres distritos de la región norteña de Piura, fronteriza con Ecuador, rechazaron la explotación minera en una consulta vecinal que fue ignorada por el Gobierno central.
[2] En la actualidad la Defensoría del Pueblo ha detectado 99 conflictos socioambientales activos y 31 latentes en todo el territorio nacional. En total suman 130 casos que merecen atención porque está en juego la salud de nuestra población y el cuidado del ambiente.
[3] El Observatorio de Conflictos Mineros en Perú revela que el 55 por ciento de las seis mil comunidades campesinas con propiedad de tierras en Perú se ven afectadas por la actividad de las empresas mineras.
[4] Con la que se determina otros asuntos como servidumbres de paso, contratación de trabajadores nativos, realización de obras, uso de recursos locales, etc.