Violencia en Perú: patrañas del Gobierno, Keiko Fujimori, Alberto Pizango, la renuncia de la ministra Vildoso y la suspensión del decreto 1090
By César Reyna - reservamoral.org
Son varios puntos sobre los que debemos pronunciarnos. Aquí un análisis de lo más saltante al día de hoy sobre lo ocurrido en nuestra Amazonía:
1) Las patrañas del Gobierno han sido desmontadas ayer en el programa “Enemigos Íntimos” de Frecuencia Latina (Canal 2). Este medio, a pesar de formar parte del aparato de propaganda del Gobierno y tener simpatías con el fujimorismo, difundió la versión de un ex mayor de la Policía cuyo hermano estaba a cargo de la seguridad de la Estación 6 de Petroperú. El ex oficial reveló que los efectivos policiales habían sido secuestrados varias semanas atrás por cientos de nativos aguarunas (awajun). Esa versión fue confirmada por una mujer perteneciente a la etnia aludida que también fue invitada al sintonizado programa.
El Gobierno había dicho por medio de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que los uniformados que custodiaban la Estación 6 habían sido masacrados y degollados el 5 de junio, día del medio ambiente y de los desmanes ocurridos en la ciudad de Bagua, Amazonas, por indígenas manipulados por intereses externos. Sabiendo de antemano el presidente García que ese contingente estaba desarmado porque los nativos le habían arrebatado sus armas, procedió con la desastrosa operación de desalojo de la carretera de Bagua. La recuperación de la vía no podía realizarse en esas condiciones pues más de veinte agentes habían sido tomados rehenes. Al irrumpir violentamente contra los manifestantes, la mayoría era de la tribu aguaruna, se puso en peligro la vida de los policías retenidos. El desenlace, bajo esas particularidades, no podía ser otro que fatal para los efectivos capturados.
Para que el asunto quede claro, imagínese qué pasaría si los familiares de una banda de asaltantes de bancos, que mantiene cautivos a varios civiles en una agencia, son acosados o reprimidos por la policía. ¿Los bandidos no reaccionarían de alguna forma contra los rehenes? ¿No perderían por un momento la cordura al saber que sus seres queridos están siendo lastimados? Bueno, pues, eso justamente ha pasado con los nativos que retenían a los policías en la Estación 6 de Petroperú ya que seguramente tomaron conocimiento de que los miembros de su tribu estaban siendo reprimidos. El desalojo de los manifestantes de diversas etnias fue interpretado como una declaración de guerra del Gobierno, lo que finalmente los condujo a ensañarse con los efectivos policiales. Aquí hay que destacar que éstos venían siendo tratados cordialmente por los aguarunas y que su insania se desató por las cobardes e imprudentes acciones de las autoridades.
Si alguien puso en riesgo la vida de los policías detenidos fue el Gobierno porque sabía que los amazónicos tomarían represalias contra ellos. El operativo jamás debió realizarse en esas circunstancias. Por eso la responsabilidad absoluta de lo que sucedió recae en el Gabinete que preside Yehude Simon y en la ministra del Interior.
Los oficialistas decían que los nativos eran salvajes y que no se podía dialogar con ellos, así lo difundieron en un spot, por eso decidieron aplicar la fuerza. Sin embargo, en base al diálogo, un pequeño grupo de policías logró que 3000 nativos reabrieran por unas horas la carretera que conecta a Tarapoto con Yurimaguas.
2) El fujimorismo, y en particular la congresista Keiko Fujimori, no pueden ser más oportunistas en estos momentos al plantear la suspensión temporal del Decreto Legislativo 1090. No es que la propuesta de establecer un punto medio entre la derogatoria y la aplicación de la controvertida norma parezca irrazonable, sino que no es suya. Esta iniciativa, adjudicada erróneamente a la concertadora Keiko, provino del ex parlamentario izquierdista Javier Diez Canseco, quien propuso la “vacatio legis” del decreto en el diario La República, es decir, su inaplicación momentánea “mientras se discute su inconstitucionalidad o se deroga” en el Congreso. A la posición de Diez Canseco se sumó Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y ahora mediador entre el Estado y las comunidades amazónicas. Este religioso dijo también a La República que “el Gobierno debería suspender la aplicación de los decretos rechazados por los nativos”. La exhortación fue recogida por Rolando Souza y Carlos Raffo, legisladores fujimoristas, para decir que Keiko tiene talla de estadista. Ambos tratan de crear una imagen conciliadora de la candidata para no perder los votos de los electores de la selva, antiguo bastión del fujimorismo.
3) El asilo concedido por Nicaragua al señor Pizango se veía venir en la medida que funcionarios del Ejecutivo presionaron al Poder Judicial. Tanto Alan García como su ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pidieron la detención del “delincuente” Pizango antes de que las autoridades judiciales emitieran una orden de captura. Por si fuera poco, los congresistas nacionalistas que ayudaron al presidente de Aidesep a abandonar una accidentada conferencia de prensa fueron acusados por sus pares apristas “de entorpecer la administración de justicia por haber facilitado la ‘fuga’ del líder nativo, versión que se desploma ante el hecho que lo asistieron cuando no había ninguna orden judicial de detenerlo, emanada por el juez competente”, siguiendo al diario La Primera de Lima.
A pesar de que se otorgó protección a Pizango por “razones humanitarias”, no hay que ignorar que el presidente del país asilante está alineado con Chávez. El nicaragüense Daniel Ortega depende de la asistencia venezolana para abastecerse de combustibles subsidiados. Este hecho no puede pasar por alto pues Nicaragua está dentro de la órbita o esfera de influencia de Venezuela. Si el asilo procedió fue por indicación de Chávez, con quien seguramente coordinó Ortega, ya que Pizango no podía refugiarse en la vecina Bolivia, donde recibió numerosas muestras de apoyo, ni mucho menos en Venezuela, porque le daría sustento la descabellada tesis del Gobierno de que la protesta nativa había sido dirigida desde el exterior.
Mientras Pizango se refugiaba en la embajada nicaragüense en Lima, decenas de apristas fueron trasladados en buses para protestar contra el asilo que le fue concedido por el Gobierno de Nicaragua. Los “compañeros” del partido de la estrella fueron llevados bajo la promesa de conseguir un puesto de trabajo (en el Estado) a cambio de interrumpir el tránsito y perturbar el orden en una zona residencial. Técnicamente tomaron una vía pública y ningún policía apareció para desalojarlos. Sin duda el Ejecutivo mide con distinta vara cuando las manifestaciones que perturban la tranquilidad están dirigidas a acosar a sus rivales.
4) La renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, mete mucha presión a los ministros que han decido permanecer en sus puestos. Yehude Simon debería dar un paso al costado. Políticamente está quemado, es un cadáver maloliente al que nadie cree ni respeta. ¿Si la Defensoría del Pueblo y la Iglesia van asumir su función en la Mesa de Diálogo con los representantes de las comunidades nativas para qué está él? Su falta de credibilidad lo obliga a consultar, ahora sí, con expertos (antropólogos, negociadores, etc.) en asuntos que superan largamente a sus capacidades. Las buenas intenciones y la apertura no bastan cuando se carece de conocimientos y experiencias, como en el caso de Yehude Simon, quien es veterinario de profesión. Simon, que tenía fama de concertador como el congresista y ex premier Jorge del Castillo, ha perdido esa cualidad en su trato con los dirigentes de Aidesep. Sin el atributo esencial que lo instaló en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), su presencia resulta necia y caprichosa.
5) Tuvieron que morir más de 30 peruanos para que el Congreso por fin acepte debatir el Decreto Legislativo 1090. El pedido de suspensión de la norma, al que ahora se han plegado el Apra y Unidad Nacional, los principales opositores a la derogatoria, se realizara durante el paro nacional convocado por los indígenas. Este se llevara a cabo a pesar del estado de emergencia y el toque de queda del Gobierno. Hoy es un día decisivo para avanzar hacia una solución consensuada entre todas las fuerzas políticas y los representantes o apus de las comunidades. Al aprismo y sus aliados no les queda otra opción que ceder ya que el objeto de los decretos no podrá ser alcanzado en las actuales condiciones. Ningún inversionista solicitará terrenos para desarrollar cultivos exógenos o explotarlos porque encontrará gran resistencia de los pueblos indígenas. Como su propósito deviene en imposible, el oficialismo no tiene más remedio que sentarse a discutir un nuevo régimen para las tierras y recursos naturales de la Amazonía.
Para el equipo mediador (la Defensoría y la Iglesia) no será fácil dialogar con los pueblos amazónicos después de los lamentables hechos del pasado viernes, donde murieron 24 policías y 9 civiles (5 de ellos nativos, según las cifras oficiales). La anomalía la produjo esta Administración al no haber consultado obligatoriamente con los nativos. Dicha obligación del Estado peruano nace de la ratificación de la Convención 169 de la OIT realizada en 1993. Ahora la consulta será posterior al hecho, lo que desvirtúa la naturaleza del Convenio.
El debate en torno a normas que afectan a las comunidades es irregular pues deberían derogarse para convocar audiencias públicas, con participación de los representantes de las comunidades nativas. Las cosas hay que hacerlas como corresponden, sin saltarse pasos o procedimientos preestablecidos. De lo contrario surgirán nuevos cuestionamientos a lo que finalmente apruebe el Pleno. Sólo cabe la derogación del paquete normativo. Su anulación no dejaría en el limbo a los bosques de la Amazonía, como muchos aseguran, pues cobrarían vigencia las normas anteriormente derogadas. Todos los decretos afectados por ese vicio deben ser expulsados del ordenamiento jurídico para comenzar a discutir los temas de fondo que pretendían regular.
Son varios puntos sobre los que debemos pronunciarnos. Aquí un análisis de lo más saltante al día de hoy sobre lo ocurrido en nuestra Amazonía:
1) Las patrañas del Gobierno han sido desmontadas ayer en el programa “Enemigos Íntimos” de Frecuencia Latina (Canal 2). Este medio, a pesar de formar parte del aparato de propaganda del Gobierno y tener simpatías con el fujimorismo, difundió la versión de un ex mayor de la Policía cuyo hermano estaba a cargo de la seguridad de la Estación 6 de Petroperú. El ex oficial reveló que los efectivos policiales habían sido secuestrados varias semanas atrás por cientos de nativos aguarunas (awajun). Esa versión fue confirmada por una mujer perteneciente a la etnia aludida que también fue invitada al sintonizado programa.
El Gobierno había dicho por medio de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que los uniformados que custodiaban la Estación 6 habían sido masacrados y degollados el 5 de junio, día del medio ambiente y de los desmanes ocurridos en la ciudad de Bagua, Amazonas, por indígenas manipulados por intereses externos. Sabiendo de antemano el presidente García que ese contingente estaba desarmado porque los nativos le habían arrebatado sus armas, procedió con la desastrosa operación de desalojo de la carretera de Bagua. La recuperación de la vía no podía realizarse en esas condiciones pues más de veinte agentes habían sido tomados rehenes. Al irrumpir violentamente contra los manifestantes, la mayoría era de la tribu aguaruna, se puso en peligro la vida de los policías retenidos. El desenlace, bajo esas particularidades, no podía ser otro que fatal para los efectivos capturados.
Para que el asunto quede claro, imagínese qué pasaría si los familiares de una banda de asaltantes de bancos, que mantiene cautivos a varios civiles en una agencia, son acosados o reprimidos por la policía. ¿Los bandidos no reaccionarían de alguna forma contra los rehenes? ¿No perderían por un momento la cordura al saber que sus seres queridos están siendo lastimados? Bueno, pues, eso justamente ha pasado con los nativos que retenían a los policías en la Estación 6 de Petroperú ya que seguramente tomaron conocimiento de que los miembros de su tribu estaban siendo reprimidos. El desalojo de los manifestantes de diversas etnias fue interpretado como una declaración de guerra del Gobierno, lo que finalmente los condujo a ensañarse con los efectivos policiales. Aquí hay que destacar que éstos venían siendo tratados cordialmente por los aguarunas y que su insania se desató por las cobardes e imprudentes acciones de las autoridades.
Si alguien puso en riesgo la vida de los policías detenidos fue el Gobierno porque sabía que los amazónicos tomarían represalias contra ellos. El operativo jamás debió realizarse en esas circunstancias. Por eso la responsabilidad absoluta de lo que sucedió recae en el Gabinete que preside Yehude Simon y en la ministra del Interior.
Los oficialistas decían que los nativos eran salvajes y que no se podía dialogar con ellos, así lo difundieron en un spot, por eso decidieron aplicar la fuerza. Sin embargo, en base al diálogo, un pequeño grupo de policías logró que 3000 nativos reabrieran por unas horas la carretera que conecta a Tarapoto con Yurimaguas.
2) El fujimorismo, y en particular la congresista Keiko Fujimori, no pueden ser más oportunistas en estos momentos al plantear la suspensión temporal del Decreto Legislativo 1090. No es que la propuesta de establecer un punto medio entre la derogatoria y la aplicación de la controvertida norma parezca irrazonable, sino que no es suya. Esta iniciativa, adjudicada erróneamente a la concertadora Keiko, provino del ex parlamentario izquierdista Javier Diez Canseco, quien propuso la “vacatio legis” del decreto en el diario La República, es decir, su inaplicación momentánea “mientras se discute su inconstitucionalidad o se deroga” en el Congreso. A la posición de Diez Canseco se sumó Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y ahora mediador entre el Estado y las comunidades amazónicas. Este religioso dijo también a La República que “el Gobierno debería suspender la aplicación de los decretos rechazados por los nativos”. La exhortación fue recogida por Rolando Souza y Carlos Raffo, legisladores fujimoristas, para decir que Keiko tiene talla de estadista. Ambos tratan de crear una imagen conciliadora de la candidata para no perder los votos de los electores de la selva, antiguo bastión del fujimorismo.
3) El asilo concedido por Nicaragua al señor Pizango se veía venir en la medida que funcionarios del Ejecutivo presionaron al Poder Judicial. Tanto Alan García como su ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pidieron la detención del “delincuente” Pizango antes de que las autoridades judiciales emitieran una orden de captura. Por si fuera poco, los congresistas nacionalistas que ayudaron al presidente de Aidesep a abandonar una accidentada conferencia de prensa fueron acusados por sus pares apristas “de entorpecer la administración de justicia por haber facilitado la ‘fuga’ del líder nativo, versión que se desploma ante el hecho que lo asistieron cuando no había ninguna orden judicial de detenerlo, emanada por el juez competente”, siguiendo al diario La Primera de Lima.
A pesar de que se otorgó protección a Pizango por “razones humanitarias”, no hay que ignorar que el presidente del país asilante está alineado con Chávez. El nicaragüense Daniel Ortega depende de la asistencia venezolana para abastecerse de combustibles subsidiados. Este hecho no puede pasar por alto pues Nicaragua está dentro de la órbita o esfera de influencia de Venezuela. Si el asilo procedió fue por indicación de Chávez, con quien seguramente coordinó Ortega, ya que Pizango no podía refugiarse en la vecina Bolivia, donde recibió numerosas muestras de apoyo, ni mucho menos en Venezuela, porque le daría sustento la descabellada tesis del Gobierno de que la protesta nativa había sido dirigida desde el exterior.
Mientras Pizango se refugiaba en la embajada nicaragüense en Lima, decenas de apristas fueron trasladados en buses para protestar contra el asilo que le fue concedido por el Gobierno de Nicaragua. Los “compañeros” del partido de la estrella fueron llevados bajo la promesa de conseguir un puesto de trabajo (en el Estado) a cambio de interrumpir el tránsito y perturbar el orden en una zona residencial. Técnicamente tomaron una vía pública y ningún policía apareció para desalojarlos. Sin duda el Ejecutivo mide con distinta vara cuando las manifestaciones que perturban la tranquilidad están dirigidas a acosar a sus rivales.
4) La renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, mete mucha presión a los ministros que han decido permanecer en sus puestos. Yehude Simon debería dar un paso al costado. Políticamente está quemado, es un cadáver maloliente al que nadie cree ni respeta. ¿Si la Defensoría del Pueblo y la Iglesia van asumir su función en la Mesa de Diálogo con los representantes de las comunidades nativas para qué está él? Su falta de credibilidad lo obliga a consultar, ahora sí, con expertos (antropólogos, negociadores, etc.) en asuntos que superan largamente a sus capacidades. Las buenas intenciones y la apertura no bastan cuando se carece de conocimientos y experiencias, como en el caso de Yehude Simon, quien es veterinario de profesión. Simon, que tenía fama de concertador como el congresista y ex premier Jorge del Castillo, ha perdido esa cualidad en su trato con los dirigentes de Aidesep. Sin el atributo esencial que lo instaló en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), su presencia resulta necia y caprichosa.
5) Tuvieron que morir más de 30 peruanos para que el Congreso por fin acepte debatir el Decreto Legislativo 1090. El pedido de suspensión de la norma, al que ahora se han plegado el Apra y Unidad Nacional, los principales opositores a la derogatoria, se realizara durante el paro nacional convocado por los indígenas. Este se llevara a cabo a pesar del estado de emergencia y el toque de queda del Gobierno. Hoy es un día decisivo para avanzar hacia una solución consensuada entre todas las fuerzas políticas y los representantes o apus de las comunidades. Al aprismo y sus aliados no les queda otra opción que ceder ya que el objeto de los decretos no podrá ser alcanzado en las actuales condiciones. Ningún inversionista solicitará terrenos para desarrollar cultivos exógenos o explotarlos porque encontrará gran resistencia de los pueblos indígenas. Como su propósito deviene en imposible, el oficialismo no tiene más remedio que sentarse a discutir un nuevo régimen para las tierras y recursos naturales de la Amazonía.
Para el equipo mediador (la Defensoría y la Iglesia) no será fácil dialogar con los pueblos amazónicos después de los lamentables hechos del pasado viernes, donde murieron 24 policías y 9 civiles (5 de ellos nativos, según las cifras oficiales). La anomalía la produjo esta Administración al no haber consultado obligatoriamente con los nativos. Dicha obligación del Estado peruano nace de la ratificación de la Convención 169 de la OIT realizada en 1993. Ahora la consulta será posterior al hecho, lo que desvirtúa la naturaleza del Convenio.
El debate en torno a normas que afectan a las comunidades es irregular pues deberían derogarse para convocar audiencias públicas, con participación de los representantes de las comunidades nativas. Las cosas hay que hacerlas como corresponden, sin saltarse pasos o procedimientos preestablecidos. De lo contrario surgirán nuevos cuestionamientos a lo que finalmente apruebe el Pleno. Sólo cabe la derogación del paquete normativo. Su anulación no dejaría en el limbo a los bosques de la Amazonía, como muchos aseguran, pues cobrarían vigencia las normas anteriormente derogadas. Todos los decretos afectados por ese vicio deben ser expulsados del ordenamiento jurídico para comenzar a discutir los temas de fondo que pretendían regular.
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