Por César Reyna
A partir del miércoles el presidente Alan García deberá recomponer el Gabinete porque la oposición y los aliados del Gobierno (el Fujimorismo y Unidad Nacional) votarán, con casi con toda seguridad, por la censura del primer ministro Yehude Simon. El premier será la primera baja sensible en el Ejecutivo tras los trágicos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Bagua, en el nororiente peruano. A Simon podría seguirle la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, responsable directa del fallido operativo que enlutó a decenas de familias el 5 de junio pasado. Simon pagará el precio de haber hecho las cosas a la manera de García pues el segundo se negaba a solicitar la derogatoria de los decretos 1090 y 1064 al Parlamento.
El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich dijo (en su columna del sábado pasado en el diario La República) que la censura blindaría al próximo gabinete que nombre García pues el Congreso no se atreverá a censurar dos gabinetes consecutivos ya que el artículo 134 de la Constitución señala que: “El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros”. Que el presidente tenga esa potestad no quiere decir que vaya a utilizarla pues el 2010 es un año netamente electoral. Ni a la versión más impetuosa de García se le ocurría defenestrar a sus partidarios y opositores en represalia porque podría ser tildado de autócrata. Ciertamente la comunidad internacional no vería con buenos ojos que el Ejecutivo gobierne sin fiscalización ni oposición política por un tiempo. En la práctica el cierre del Legislativo es una medida antidemocrática y de último recurso, pues sólo procedería -y sería aceptada- si el Congreso boicotea abiertamente las políticas del Gobierno. Sólo en ese escenario sería viable. En los últimos tiempos ningún mandatario ha recurrido a la disolución de la Cámara porque la presión mediática y ciertos sectores de la sociedad civil se han encargado de ello.
La renovación está de todos modos cantada: habrá cambio de Gabinete sí o sí. Simon era fusible y se quemó. Y es culpable de lo sucedido en la Amazonía por su falta de aplomo para plantearle las cosas a García. Al permitir -desde el comienzo del conflicto- que las cosas se hicieran a su modo deberá dimitir ya que no hizo todo lo que pudo para evitar la muerte de 34 peruanos. Su falta es por omisión y por creer que ignorando el problema durante cuarenta días o recurriendo la violencia, como le hizo creer García al hablar de conspiradores internacionales, podría controlar la situación. Lo de Bagua era totalmente previsible pues los nativos no iban a ceder en sus peticiones. Para ellos era la derogatoria o nada asi las normas cuestionadas tuvieran disposiciones favorables, que no las tenían, desde luego.
Una vez que se confirme la salida de Simon Munaro los apristas recuperaran la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). La recaptura del premierato –anteriormente estuvo en manos del congresista Jorge del Castillo- es fundamental para sus aspiraciones políticas. Sin el control de la PCM no podrían encauzar la política del Gobierno, es decir, hacerla coincidir con sus objetivos partidarios. Tal vez muchos ‘compañeros’ ingresen en el último tramo de esta Administración para realizar proselitismo político con recursos del Estado (obras públicas, publicidad estatal, etc.). El despilfarro y la ineficiencia gubernamental seguramente estarán a la orden del día en los próximos meses. Por eso habrá que estar vigilantes para denunciar los excesos que se comenten desde el poder.
El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich dijo (en su columna del sábado pasado en el diario La República) que la censura blindaría al próximo gabinete que nombre García pues el Congreso no se atreverá a censurar dos gabinetes consecutivos ya que el artículo 134 de la Constitución señala que: “El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros”. Que el presidente tenga esa potestad no quiere decir que vaya a utilizarla pues el 2010 es un año netamente electoral. Ni a la versión más impetuosa de García se le ocurría defenestrar a sus partidarios y opositores en represalia porque podría ser tildado de autócrata. Ciertamente la comunidad internacional no vería con buenos ojos que el Ejecutivo gobierne sin fiscalización ni oposición política por un tiempo. En la práctica el cierre del Legislativo es una medida antidemocrática y de último recurso, pues sólo procedería -y sería aceptada- si el Congreso boicotea abiertamente las políticas del Gobierno. Sólo en ese escenario sería viable. En los últimos tiempos ningún mandatario ha recurrido a la disolución de la Cámara porque la presión mediática y ciertos sectores de la sociedad civil se han encargado de ello.
La renovación está de todos modos cantada: habrá cambio de Gabinete sí o sí. Simon era fusible y se quemó. Y es culpable de lo sucedido en la Amazonía por su falta de aplomo para plantearle las cosas a García. Al permitir -desde el comienzo del conflicto- que las cosas se hicieran a su modo deberá dimitir ya que no hizo todo lo que pudo para evitar la muerte de 34 peruanos. Su falta es por omisión y por creer que ignorando el problema durante cuarenta días o recurriendo la violencia, como le hizo creer García al hablar de conspiradores internacionales, podría controlar la situación. Lo de Bagua era totalmente previsible pues los nativos no iban a ceder en sus peticiones. Para ellos era la derogatoria o nada asi las normas cuestionadas tuvieran disposiciones favorables, que no las tenían, desde luego.
Una vez que se confirme la salida de Simon Munaro los apristas recuperaran la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). La recaptura del premierato –anteriormente estuvo en manos del congresista Jorge del Castillo- es fundamental para sus aspiraciones políticas. Sin el control de la PCM no podrían encauzar la política del Gobierno, es decir, hacerla coincidir con sus objetivos partidarios. Tal vez muchos ‘compañeros’ ingresen en el último tramo de esta Administración para realizar proselitismo político con recursos del Estado (obras públicas, publicidad estatal, etc.). El despilfarro y la ineficiencia gubernamental seguramente estarán a la orden del día en los próximos meses. Por eso habrá que estar vigilantes para denunciar los excesos que se comenten desde el poder.
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