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jueves, 25 de junio de 2009

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas



Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas (primera parte)




Las respuestas del premier y la encargada de la cartera del Interior dejan mucho que desear pues no han asumido su responsabilidad en los luctuosos hechos de Bagua donde fallecieron 35 peruanos, entre policías y nativos.
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Por César Reyna



El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmó delante de la representación nacional que el desalojo de carreteras fue una decisión del Gabinete; sin embargo, un par de días después de la masacre en la Amazonía, la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso[1], dijo que en el último Consejo de Ministros que participó, previo al operativo policial, no se discutió la intervención aludida por el premier. La versión ofrecida por Simon no se ajusta a la verdad pues no hubo reunión de Gabinete en la que se autorizara el despeje de la carretera Fernando Belaunde Terry, donde miles de indígenas se enfrentaron a decenas de efectivos cuyo trágico saldo todos conocemos.


Esto nos confirma que la operación en Bagua fue obra exclusiva del presidente Alan García y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya que el primer ministro Yehude Simon no fue capaz determinar quién fue la autoridad de más alto rango que dio la orden de desbloquear la vía Bagua-Tarapoto, única pregunta que debía contestar en el Pleno sobre la espinosa materia.


Para diluir su responsabilidad dijo que “todos somos responsables (de lo ocurrido en la selva)”, en clara alusión a la clase política que pedía su renuncia. Con sus expresiones Simon Munaro mete dentro del mismo saco al Ejecutivo, a la oposición, a gobiernos anteriores y a todos los ciudadanos por desconocer “la deuda histórica con la Amazonía”. Cuando inició su presentación evitó individualizar a los responsables del desencuentro entre peruanos, aunque luego mencionó que grupos radicales -que se oponen al modelo democrático y al progreso del país- están detrás de las acciones desestabilizadoras en el oriente y sur peruanos.


Después de la primera intervención de Yehude Simon (participó en la sesión un par de veces más para responder las inquietudes de los congresistas de oposición), le tocó el turno a la ministra Mercedes Cabanillas, quien ratificó la tesis del jefe del Gabinete al señalar que “radicales financiados desde el exterior buscan implantar un modelo de caos y anarquía”. Luego justificó la fallida acción policial mencionando un par de artículos de la Constitución que señalan los deberes de los ministros y la Policía, “encargada de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las contradicciones que evidenció la Cabanillas en otras oportunidades volvieron a repetirse en el Congreso, donde fue interpelada por el mismo suceso que motivó la presencia del primer ministro. La Cabanillas dijo que el Gobierno cumplió con el mandato constitucional de recuperar las vías bloqueadas para aliviar a las poblaciones afectas por las medidas de los nativos. Según ella, el desabastecimiento de combustibles y alimentos que llevaba 55 días fue la causa principal de la actuación de las fuerzas del orden. Esto desmentiría al propio Yehude Simon
[2], quien tres semanas atrás reveló que la intervención se realizó porque los indígenas iban a dejar sin petróleo y gas al país. Entre la escasez de productos básicos en ciudades amazónicas y la falta de carburante a nivel nacional hay mucha diferencia.

Otra falacia del premier, de las tantas que dijo ayer en el hemiciclo, está relacionada con la supuesta “inmolación” de los policías retenidos en la Estación N° 6 de Petroperú. Sobre este punto aseveró que los uniformados “no cayeron en el juego de los desestabilizadores que buscaban que el Gobierno cometiera un genocidio… y entregaron sus vidas por la democracia”. Esto último es inexacto porque los custodios de la planta de bombeo fueron sorprendidos con el desalojo que inició el comando policial en la ‘Curva del Diablo’. Si éstos permitieron que los nativos awajun tomaran sus fusiles AKM fue porque confiaban en que no pasaría nada. Lo que queda claro es que los policías detenidos no dispararon sus armas para no ser procesados por delitos de lesa humanidad; y no porque hayan querido convertirse en mártires.

Durante la segunda participación de la ministra Cabanillas, la funcionaria mencionó que las Fuerzas Armadas iban a proteger la Estación N° 6, pero no explicó porque no se produjo el relevo de las Fuerzas Policiales. La gran es falla del operativo en Bagua es haberla ordenado mientras 38 efectivos permanecían secuestrados en dicha estación. La acción no debió efectuarse en esas condiciones pues las autoridades y el Comando General de la Policía abandonaron a su suerte a ese desventurado contingente. En este caso, el sentido común manda averiguar en qué situación se encontraba el destacamento que vigilaba la estación de Petroperú antes de liberar la convulsionada vía terrestre. Al no interesarse por su seguridad, el Gobierno pone de manifiesto que deseaba sus muertes para victimizarse y culpar a los indígenas de la violencia desatada en la Amazonía. De esa forma pretendían postergar indefinidamente sus demandas acusándolos de genocidas y salvajes, tal y como se reflejó en un spot producido por del Ministerio del Interior.

El Ejecutivo apeló una vez más a la amenaza externa para acallar las críticas que provienen de diversos sectores de la sociedad civil. Así trata de conseguir el respaldo de algunos medios independientes y grupos políticos para que los últimos dos años que le quedan no estén marcados por la inestabilidad. El principal objetivo del presidente García, como se dijo en otros artículos, es mejorar su imagen ante la ciudadanía. García cree que si mantienen el mismo rumbo (de crecimiento sostenido, atracción de capitales y reducción de la pobreza) podrá revertir los desajustes que hizo en su primer gobierno. De momento sólo le interesa cambiar la percepción de los peruanos que lo padecieron cuando era más joven e irreflexivo, ya que no puede postular en las próximas elecciones. Forjar la unidad nacional en un momento álgido para el país en base a mentiras y exageraciones no dará resultado pues los peligros que intenta magnificar no son creíbles. Sólo la periodista Cecilia Valenzuela, el director del diario ‘Correo’ y el entrevistador Jaime de Althaus acogen la teoría conspirativa porque forman parte del aparato de propaganda del Gobierno.


En otra parte de la sesión, la ministra Cabanillas esquivó su responsabilidad política y aseguró que “en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, fue el director general de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, quien dispuso la intervención policial para desbloquear la carretera Fernando Belaunde”. Para ella dicha orden fue una mera formalidad ya que no se determinó la fecha del operativo, dado que la misma correspondía definirla al Comando General de la Policía de la zona de operaciones.


En otro momento de la interpelación, el premier dijo que el Gobierno “no acepta la violencia como método para exigir demandas”; pero eso es justamente lo que hizo hace poco en la selva pues toleró la toma de carreteras –durante 20 horas al día- hasta que se derogaran los decretos que rechazaban los amazónicos. Este hecho fue duramente cuestionado por miembros de la bancada de Unidad Nacional pues consideran que el Ejecutivo ha claudicado ante los radicales. Para esta agrupación se ha perdido el ‘principio de autoridad’, que para la derecha significa el miedo que debe infundir el Estado a las poblaciones que cuestionan las cosas, es decir, el orden o status quo. El quiebre de este principio le causa mucho temor a los conservadores y a la clase adinerada en general porque era -o es- su “garantía” contra las turbas enajenadas que reclaman más atención y/o derechos.


Durante las respuestas que daba el premier sobre los sucesos en Bagua, señaló que el bloqueo de carreteras es un delito y lo equiparó a una táctica de guerra convencional, pues entraña violencia contra las ciudades, repitiendo el mismo argumento que esgrimió un par de días atrás Aldo Mariátegui en el racista diario ‘Correo’.


Lo que más nos sorprendió durante la accidentada jornada en el hemiciclo fue el total desconocimiento de la realidad por parte del primer ministro ya que es increíble que asegure haber “resuelto el problema de la Amazonía optando por la vida”, es decir, por la vía de la concesión y el diálogo con las comunidades, en lugar de la represión. Yehude Simon no puede estar más distanciado de lo que pasa en el país pues los nativos sólo han pactado una tregua. Los pueblos amazónicos sólo se han desmovilizado porque dos de los nueve decretos que rechazan han sido derogados; pero su lucha seguirá si el Gobierno incumple los acuerdos que se tomen en la Mesa de Diálogo que también integran la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.




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[1] Recordemos que ella renunció, a pesar de no ser responsable directa de lo sucedido, por una cuestión de principios y por desacuerdos con funcionarios que realizaban actividades partidarias dentro de su cartera en lugar de cumplir con sus obligaciones (nos estamos refiriendo al jefe del Indepa, Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos).

[2] Fue durante una entrevista que concedió a la periodista Mariela Balbi del diario El Comercio.


lunes, 22 de junio de 2009

Crisis Política en Perú: la censura contra Yehude Simon




Por César Reyna



A partir del miércoles el presidente Alan García deberá recomponer el Gabinete porque la oposición y los aliados del Gobierno (el Fujimorismo y Unidad Nacional) votarán, con casi con toda seguridad, por la censura del primer ministro Yehude Simon. El premier será la primera baja sensible en el Ejecutivo tras los trágicos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Bagua, en el nororiente peruano. A Simon podría seguirle la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, responsable directa del fallido operativo que enlutó a decenas de familias el 5 de junio pasado. Simon pagará el precio de haber hecho las cosas a la manera de García pues el segundo se negaba a solicitar la derogatoria de los decretos 1090 y 1064 al Parlamento.

El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich dijo (en su columna del sábado pasado en el diario La República) que la censura blindaría al próximo gabinete que nombre García pues el Congreso no se atreverá a censurar dos gabinetes consecutivos ya que el artículo 134 de la Constitución señala que: “El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros”. Que el presidente tenga esa potestad no quiere decir que vaya a utilizarla pues el 2010 es un año netamente electoral. Ni a la versión más impetuosa de García se le ocurría defenestrar a sus partidarios y opositores en represalia porque podría ser tildado de autócrata. Ciertamente la comunidad internacional no vería con buenos ojos que el Ejecutivo gobierne sin fiscalización ni oposición política por un tiempo. En la práctica el cierre del Legislativo es una medida antidemocrática y de último recurso, pues sólo procedería -y sería aceptada- si el Congreso boicotea abiertamente las políticas del Gobierno. Sólo en ese escenario sería viable. En los últimos tiempos ningún mandatario ha recurrido a la disolución de la Cámara porque la presión mediática y ciertos sectores de la sociedad civil se han encargado de ello.

La renovación está de todos modos cantada: habrá cambio de Gabinete sí o sí. Simon era fusible y se quemó. Y es culpable de lo sucedido en la Amazonía por su falta de aplomo para plantearle las cosas a García. Al permitir -desde el comienzo del conflicto- que las cosas se hicieran a su modo deberá dimitir ya que no hizo todo lo que pudo para evitar la muerte de 34 peruanos. Su falta es por omisión y por creer que ignorando el problema durante cuarenta días o recurriendo la violencia, como le hizo creer García al hablar de conspiradores internacionales, podría controlar la situación. Lo de Bagua era totalmente previsible pues los nativos no iban a ceder en sus peticiones. Para ellos era la derogatoria o nada asi las normas cuestionadas tuvieran disposiciones favorables, que no las tenían, desde luego.

Una vez que se confirme la salida de Simon Munaro los apristas recuperaran la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). La recaptura del premierato –anteriormente estuvo en manos del congresista Jorge del Castillo- es fundamental para sus aspiraciones políticas. Sin el control de la PCM no podrían encauzar la política del Gobierno, es decir, hacerla coincidir con sus objetivos partidarios. Tal vez muchos ‘compañeros’ ingresen en el último tramo de esta Administración para realizar proselitismo político con recursos del Estado (obras públicas, publicidad estatal, etc.). El despilfarro y la ineficiencia gubernamental seguramente estarán a la orden del día en los próximos meses. Por eso habrá que estar vigilantes para denunciar los excesos que se comenten desde el poder.






lunes, 4 de febrero de 2008

La historia de la Censura de Aldo Mariátegui a Santillana

Reservamoral.org recapitula los hechos detrás de uno de los episodios más sonados en lso blogs peruanos en 2007.
Libertad Recortada (Publicado en SOMOS - EL COMERCIO)
Lima, 3 de marzo del 2007
La intolerancia del director del diario Correo me ha forzado a dejar de escribir mi columna Viernes del Oso. La última difundida, 'Hernando de Soto y el ILD ¿son unos chantas?', no fue del agrado del economista. Por eso Aldo Mariátegui me llamó ofuscado y dijo que mi artículo le había "quemado una oportunidad de chamba".
Mi siguiente entrega no fue publicada, y nadie me ha dado una explicación. Lo curioso es que una tercera persona me sugirió, por encargo de Aldo, que le pida disculpas a de Soto y que me haga "el muertito por unas dos semanas". Increíble que un medio que dice tener una plantilla plural de columnistas (responsables de sus opiniones ante cualquier denuncia penal) y con un director que le dice de todo al ocasional objeto de sus odios, sea intolerante con quien se atreve tocar a su tótem. ¿Y la libertad de expresión que defiende?
Miguel Santillana Santos
DNI 075 44006
El artículo que originó la censura se publicó el 9 de febrero. Allí, el remitente afirma que la publicación del economista Richard Webb, 'La Nueva Construcción de la Propiedad', supuestamente, "destruye" los argumentos que Hernando de Soto expone en su libro 'El Misterio del Capital' es el siguiente:
HdS y el ILD: ¿son unos chantas?��
Hernando de Soto (HdS) tiene el encanto, garbo y gracia de una tradicional señora arequipeña "como Oscar Ugarteche, que le permite ser un relacionista público por excelencia. Esto le permitió subirse a la ola neoliberal liderada por Thatcher y Reagan, con la ayuda del "nuevo converso" Mario Vargas Llosa y Alvaro de Soto â€"su hermanoâ€", secretario adjunto de Javier Pérez de Cuéllar en la ONU.
El otro sendero â€"coescrito con las jóvenes promesas liberales, Enrique Ghersi y Mario Ghibellini, que hoy desconoceâ€" le abrió las puertas de los salones más exclusivos del poder que necesitaba un gurú del nuevo evangelio para el Tercer Mundo. El mensaje era simple: la ausencia de los derechos de propiedad de los más pobres y la excesiva carga burocrática del Estado no les permite participar plenamente del mercado explicando la "informalidad". Para salir de esto hay que realizar una "simplificación administrativa" que logre inscribir la propiedad en menor tiempo y costo; lo que permitirí­a a los nuevos dueños participar activamente del mercado laboral (ya no tienen que quedarse a cuidar su predio) y financiar sus iniciativas empresariales, pues la propiedad entrarí­a al mercado crediticio como colateral. Suena a sentido común, pero resulta engañoso.
Richard Webb, un economista de verdad, ha publicado La construcción del Derecho de propiedad. El caso de los asentamientos humanos en el Perú en que destruye los argumentos y supuestos beneficios de las tesis de HdS y su ONG, el ILD.
Ellos sugieren que el Sistema de Registro Predial creado por DL No 495 (Nov. 1988), posteriormente extendido para la aplicación en el ámbito nacional con Cofopri â€"para predios urbanosâ€" y con el PETT -para predios rurales-, ha generado beneficios "netos" por US$ 9,400 millones.
Para Webb, la forma de calcular estos supuestos beneficios son las cuentas del "Gran Capitán". No sólo hay cifras no explicadas, sino que hay utilización sesgada (¿interesada?) de resultados de investigaciones del BM o de investigadores particulares (sobre los cuales también hay serios cuestionamientos metodológicos a las encuestas realizadas y a las regresiones). Finalmente, el tí­tulo otorgado por Cofopri no aumenta el valor de la propiedad, no aumenta el ingreso familiar, no hay mayores créditos (esto está ligado más a la capacidad de pago del solicitante), etc. que pide a gritos una explicación de HdS y el ILD.
Le recomendamos a HdS que si está aburrido luego de su fracaso con el TLC, se tome su tiempo para repensar los argumentos que le dieron fama hace 20 años (sin hacerle "perro muerto" a quienes lo ayuden) o que se dedique de lleno al lobby en temas que conozca.��
El ILD preparó un respuesta, aduciendo que ésta es producto del lobby de los notarios interesados en no perder su negocio. La pueden ver en:

martes, 24 de julio de 2007

Resistencia.

Señores de la comunidad global.

Nuestra página ha sido DOS veces censurada. A pesar de esas intenciones, nos mantenemos incólumes en nuestras intenciones de publicar lo que motiva la opinión relevante para la realidad actual.

Blog original Bloqueado Segundo blog bloqueado

Atte,

Equipo de reserva moral.
http://www.reservamoral.org/