Destrucción de la Amazonía: decretos con nombre propio

Destrucción de la Amazonía: decretos con nombre propio

Por César Reyna


El jueves 11 de junio, luego de que el Ejecutivo y el Congreso dieran marcha atrás en la imposición de los decretos 1090 y 1064, el diario El Comercio publicó un artículo de Dionisio Romero Paoletti, banquero e hijo del ex mandamás del Grupo Romero (engloba a empresas como el Banco de Crédito, Alicorp, Ransa, Palmas del Espino, etc). El sucesor de Dionisio padre dijo que “todos los peruanos”, incluidos los empresarios, deben “incrementar su esfuerzo para lograr un crecimiento social y económico sostenible e inclusivo”. Para alcanzar ese noble propósito, señala que nuestro país debe desarrollar “la actividad agrícola”, la cual considera “indispensable”. Estos aprovechamientos se realizarían en las selvas de San Martín, Loreto y Ucayali, donde hay 3.6 millones de hectáreas disponibles para el cultivo de palma aceitera o piñón, “que pueden destinarse tanto a la elaboración de aceites comestibles como de biocombustibles”.

El Grupo Romero ya opera en Tocache, la Ciudad Juárez del oriente peruano, otrora bastión del narcotráfico y del terrorismo durante los convulsionados ochentas. Cerca de esa ciudad ha obtenido concesiones agrícolas gracias a los decretos legislativos que cuestionan diversas organizaciones indígenas. Si bien el decreto 1090 ha sido suspendido –no producirá efectos por 90 días hasta perfeccionarlo o derogarlo-, las concesiones de tierras conseguidas bajo su amparo se mantienen vigentes en virtud de la teoría de los derechos adquiridos. Pero los lotes conseguidos por los Romero no parecen ser suficientes (solo se explotan 35.000 hectáreas) para “desarrollar una competitiva industria de biocombustibles”. Para que el Perú se convierta “en uno de cinco primeros productores mundiales de aceite de palma”, el Grupo Romero y otros conglomerados deben contar “con un mayor número de hectáreas de palma aceitera”. Romero Paoletti considera que estamos en capacidad “de replicar el exitoso modelo de Colombia”, que apunta a sembrar un millón de hectáreas de piñón blanco.

El modelo de “desarrollo” del Grupo Romero es el mismo que “casualmente” vislumbra el presidente Alan García. La visión que comparten para la Amazonía y otras regiones del Perú nació antes de la promulgación del controvertido decreto 1090 y del manifiesto del perro del hortelano que escribió García en 2007. La coincidencia no es accidental pues tanto el poder político como el económico han conformado una alianza para consolidar el proyecto neoliberal y conjurar cualquier amenaza exterior o interior. Este pacto recuerda al que un joven García realizó en su primer periodo con los “doce apóstoles”, los empresarios más poderosos a mediados de los ochenta. En aquella oportunidad el líder aprista otorgó una serie de facilidades administrativas, comerciales y tributarias para que los peces grandes de nuestra economía reinviertan sus utilidades en el país pero no lo hicieron por la inestabilidad económica y política del país, y también por avaricia.

Esta renovada unión entre políticos y empresarios presenta algunas diferencias a la concretada hace más de veinte años. En primer lugar destaca el rol del Estado como garante y promotor del modelo pues ya no interviene en la producción de bienes y prestación de servicios tras haber privatizado la mayoría de monopolios públicos (la Constitución de 1993 le asigna un papel subsidiario a la inversión privada, aunque todavía conserva algunas industrias y empresas). La calidad de garante está asegurada en la medida que partidos políticos afines –que abrazan la ideología del libre mercado- se mantengan en el poder (es el caso del Apra, Unidad Nacional, Perú Posible, el fujimorismo, etc). Como promotor se encarga abrir mercados y realiza campañas de difusión de los atractivos del país para vender una mejor imagen y propiciar la inversión extranjera. Este Estado que pacta con el capital abandonó la autarquía económica del pasado para insertarse en la globalización económica.

De la comunión entre el Gobierno y los gremios empresariales parten las leyes que fomentan la inversión (los decretos legislativos 1090, 1064, entre otros) y los artículos del perro del hortelano de García, en los que anunció claramente la privatización de recursos naturales de la selva. Ambos poderes consideran “indispensable” la modernización de la Amazonía, la región más olvidada y probablemente la que más desconfía de las “buenas intenciones” de los capitalistas y del Gobierno. La atención que se le pone en estos tiempos, pues se habla de su desarrollo y de elevar la calidad de vida de sus habitantes, es porque inversionistas locales y foráneos desean explotar millones de hectáreas supuestamente “ociosas, inhabitadas y deforestadas y sin registro de reserva natural” para aprovechar su potencial agrario. Los bajos costos de producción por hectárea –por la abundancia del recurso hídrico y el buen clima- la convierten en una zona altamente rentable para el cultivo de palma aceitera, la materia prima con la que se pretende elaborar biocombustibles. Esa parte de nuestro territorio estaría destinada a proveer un porcentaje significativo de biocombustibles requeridos (biodiesel y etanol), pero únicamente si se introducen sistemas agrícolas eficientes y mejores tecnologías que poseen las grandes empresas (lo que reclamaba García en el perro del hortelano). Ellos pretenden reemplazar millones de hectáreas de sistemas agrícolas tradicionales, y a las comunidades rurales que trabajan en ellos, erradicando los sistemas indígenas de cultivo y pastoreo basados en la biodiversidad, para sustituirlos con grandes plantaciones de monocultivo e ingeniería genética.

Eso es, en resumen, lo que proponen hacer nuestras autoridades con la Amazonía. Lo que sostienen parece coherente porque las actividades agroindustriales y agrarias generarían más trabajo para los pobladores de la zona y aumentarían rentas para el Estado, además de incrementar nuestras exportaciones (parte de la producción de biocombustibles se iría afuera) y añadirle mayor dinamismo a nuestra economía. En teoría parece sensato, pero, siempre hay un pero, no todo es color de rosa o como lo pintan Romero Paoletti y los voceros del Ejecutivo.

De buenas intenciones está hecho el Infierno dice un popular refrán, y este caso no es la excepción, porque el negocio de los biocombustibles tiene un aspecto negativo que sus promotores prefieren ocultar: la deforestación de bosques amazónicos y el desmedido consumo de agua. “Para producir un litro de etanol se necesitan 9.000 litros de agua”, lo dice nada más y nada menos que el CEO de Nestle, la corporación más grande de alimentos. En cuanto al biodiesel se requieren “no menos de 4000 litros”, aproximadamente. Eso dice mucho de la supuesta eficiencia del proceso de producción de esa clase de energías renovables. Pero ahí no queda la cosa pues la maquinaria que procesa la caña de azúcar, la palma aceitera, etc., demanda un alto consumo de combustibles fósiles, es decir, emplea la fuente de energía que se pretende limitar. Además hay que agregar que el transporte de los biocombustibles hasta sus centros de distribución o comercialización se hace en camiones que también funcionan con gasolinas contaminantes.

Por si fuera poco, la contribución de los biocombustibles para atemperar el calentamiento global es mínima pues, si bien reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera, los territorios de los pueblos indígenas y reservas naturales serán ocupados para hacer sitio a las plantaciones en grandes extensiones de bosques tropicales, los que se deforestarán(1) para plantar millones de hectáreas con palma aceitera y soya.

En cuanto al “exitoso” caso colombiano, que Dionisio Romero Jr. pretende replicar, es preciso mencionar que sus “bondades” no son tales pues ha causado la tala indiscriminada de árboles en grandes extensiones de la Amazonía. Colombia enfrenta hoy en día un grave problema de deforestación a raíz de los cultivos para agrocombustibles y el desalojo arbitrario de comunidades locales de sus tierras. Una serie de problemas podrían agravarse como la contaminación del agua y el aire, la erosión del suelo y la destrucción de la diversidad biológica si imitamos a nuestros vecinos colombianos.

El pensamiento del perro del hortelano del presidente García, en el que se acusa a ciertos sectores del subdesarrollo (como las comunidades campesinas y nativas), ha quedado obsoleto luego de la publicación de un contundente estudio de Naciones Unidas elaborado por el PNUD (Programa para el Desarrollo de la ONU) y la Universidad de Cambridge. En la revista Science, una de las más prestigiosas en su campo, se difundieron las investigaciones de los expertos del PNUD, a quienes no se puede acusar de “comunistas”, “terroristas” o “desestabilizadores”, como hace el Gobierno con sus críticos y opositores, por concluir que “la destrucción de la selva amazónica para sustituir los árboles por cultivos agrícolas y explotaciones ganaderas no es un buen negocio para los habitantes de las regiones involucradas”. “En un primer momento”, dice el reporte, “se suele producir un florecimiento de las condiciones de vida pero el declive llega a continuación y la situación resultante es igual de crítica para la población residente”. Las regiones estudiadas, donde se han desarrollado campos para producir materia prima para elaborar biocombustibles, pertenecen a la Amazonía brasileña. La muestra indica que “en los 286 municipios que han talado los árboles la vida no es mejor que donde se han conservado”. “El resultado es que después de un florecimiento inicial, las condiciones se deterioran de nuevo y al final el nivel de vida es similar al que había antes de iniciarse el proceso de destrucción de la selva”.

“El problema es que cuando se inicia la deforestación, la gente accede a nuevos recursos, incluida madera talada, minerales y tierras para pastos. De este modo los mayores ingresos y las nuevas carreteras mejoran la educación y asistencia sanitaria de la población y, en general, el nivel de vida. Pero es un florecimiento transitorio. En poco tiempo el nivel de desarrollo vuelve a la situación anterior, cuando la deforestación se extiende a otras zonas de selva virgen. Al final los indicadores de calidad de vida antes y después de perder la selva, son iguales”.

Sería conveniente que el Gobierno lea el informe con detenimiento para que no impulse políticas contrarias a las que recomiendan expertos independientes. De lo contrario enfrentaremos los mismos problemas que aquejan a nuestros vecinos (Brasil y Colombia), deteriorando las condiciones de vida de miles de peruanos y comprometiendo el futuro del planeta.

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(1) La deforestación es causa directa del calentamiento global, según el Informe Stern encargado por Reino Unido.