Estados Unidos apoya el golpe en Honduras

Por César Reyna


Cuando la superpotencia condenó el golpe en el país centroamericano hace tres semanas algunos, entre los que me cuento, asumimos que no tuvo nada que ver con su preparación. Con el correr de los días me reafirmo en mi posición pero las cosas han cambiado sustancialmente. Al principio creí que Estados Unidos amenazaría con sanciones drásticas tras la ruptura democrática. Asimismo, creí positivo que el depuesto mandatario hondureño se sentara a dialogar con emisarios del autócrata Roberto Micheletti bajo la mediación del bienintencionado presidente costarricense Óscar Arias. Si se restituía a Manuel Zelaya de manera pacífica y bajo determinadas condiciones (como renunciar a la controvertida consulta popular) valía la pena intentarlo. Esa alternativa pudo haber funcionado siempre que Estados Unidos hubiera estado dispuesto a presionar a los golpistas. Sin embargo, la realidad es otra porque Washington ha decido respaldarlos al proponer la salida de Micheletti a cambio de que Zelaya renuncie a sus aspiraciones.

La medida parece salomónica pero no lo es ya que si Zelaya no retorna al poder el quiebre constitucional en Honduras se habrá consagrado, sentando un peligroso precedente en el resto de la región. Lo que ocurre en Honduras parece un modelo o ensayo ideado por la derecha latinoamericana -en complicidad con el Departamento de Estado- para derrocar a gobernantes que se oponen a las políticas de mercado (neoliberales).

El argumento de los golpistas y de Estados Unidos para proponer ese trato inaceptable sería evitar un innecesario derramamiento de sangre. Así la derecha hondureña salvaría a su país o más bien al sistema de la injerencia chavista, y el defenestrado Zelaya recibiría el indulto en el exilio. La propuesta no debería ser aceptada aunque la situación se polarice aún más. Un importante sector de la sociedad hondureña sería traicionado si Zelaya llegara a consentir ese acuerdo.

Las negociaciones en Costa Rica sólo han servido para que los golpistas enfríen los ánimos de los partidarios de Zelaya. El Gobierno de facto jamás iba a permitir el retorno de éste porque no ha recibido presiones de los norteamericanos, quienes en última instancia podían corregir el trágico curso de los acontecimientos. La dilación sólo favorece a la derecha hondureña pues en poco tiempo convocará a nuevas elecciones para borrar cualquier impacto negativo del golpe.

Las cosas parecen consumadas pero se incubará un sentimiento antisistémico que tarde o temprano termine por derrotar a la minoría enquistada en el poder. La mayoría de hondureños son pobres y dependen mucho de la asistencia extranjera y gubernamental. Esa base social actualmente ha sido descabezada ya que Zelaya no puede regresar a su país. Se le mantiene alejado para que los usurpadores no tengan que confrontar a las masas. El régimen sabe que es peligroso porque su discurso estaba dirigido a los sectores marginados.

En ese sentido, el llamado de Zelaya a la insurgencia debería ser acatado pues es lo que corresponden cuando se ejecuta un golpe de Estado. La Constitución hondureña autoriza a la población a sublevarse contra los golpistas aunque éstos ridículamente sostengan que lo que hubo fue una “transición democrática”.

Washington maneja el asunto como si se tratara de un arbitraje en el que colisionan los derechos de las partes. Pero aquí sólo hay un derecho: el que tiene Zelaya a ser repuesto porque su designación proviene de la voluntad popular y las leyes hondureñas.

Micheletti ha afirmado este jueves, según cuenta El diario El País de España, que la propuesta de abandonar la presidencia la recibieron delegados suyos en una ciudad de Estados Unidos, seguramente Washington, donde sus lobistas, de acuerdo con el periodista César Hildebrandt, vienen realizando arduas diligencias para ganarse las simpatías de congresistas y diplomáticos de estadounidenses. Al parecer las cosas les vienen saliendo bien pues en días recientes algunos miembros del Capitolio dijeron en la CNN que “el golpe era comprensible” porque el depuesto presidente hondureño “pretendía modificar la Constitución para perpetuarse en el poder”, asunto por demás imposible porque la consulta era “no vinculante” y en el supuesto de que hubiera sido reformada el mandato de Zelaya ya habría terminado.

Estados Unidos y el golpe en Honduras

Hoy jueves comienza la ronda de negociaciones entre el derrocado Manuel Zelaya y los líderes golpistas de su nación. El presidente de costarricense Óscar Arias oficiará de mediador a petición de Estados Unidos. Esta es la primera vez que un mandatario defenestrado de la región se sienta a dialogar con funcionarios del Gobierno que lo depuso.
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Por César Reyna

Para que las conversaciones resulten provechosas ambas partes deberán renunciar a varias pretensiones aún cuando eso implique restituir a Zelaya o amnistiar a las autoridades golpistas. Durante el diálogo auspiciado por Estados Unidos se estaría buscando la mejor forma de devolverlo al poder sin resentir demasiado a sus opositores, es decir, sin hacerle creer a un amplio sector de la sociedad que han sido derrotados. La presión de la superpotencia ha sido fundamental para explorar una salida pacífica a la crisis. Esto comprueba que organizaciones internacionales como la OEA, a pesar de que Estados Unidos se encuentra debilitado, no son capaces de influir en la resolución de un conflicto interno.

La comunidad internacional sólo aceptaría la reposición de Zelaya, y hacia eso apuntan los esfuerzos de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Para que ese desenlace se produzca Zelaya deberá aceptar algunas condiciones como adelantar la fecha de las elecciones (posiblemente a setiembre) y renunciar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyo propósito era reformar la pétrea Constitución de su país. Dada la grave polarización que atraviesa Honduras, al depuesto Zelaya no le quedaría más remedio que acortar su mandato. Si vuelve a gobernar se limitaría a organizar los comicios y garantizar una ordenada transferencia de mando. Sus poderes como su período serían recortados en aras de reducir la tensión social.

Antes de reponer a Zelaya los golpistas anularían la orden de detención que pesa en su contra (se le acusa de 18 delitos) y sería amnistiado por los poderes públicos para que pueda terminar su período. Los cargos que se le levantaron -antes de su exilio involuntario – ya han sido desestimados por la Interpol porque el Gobierno de facto se negó a arrestarlo en dos oportunidades (una al expulsarlo a Costa Rica la madrugada del 28 de junio y otra al impedirle su regreso el domingo pasado, mientras sobrevolaba el aeropuerto Toncontín). Para la Interpol su detención es arbitraria pues se trata de “un caso de persecución política”, tal como lo afirma en un comunicado.

Si las negociaciones prosperan, Roberto Micheletti, el presidente en funciones, entregaría el poder a Manuel Zelaya a la brevedad y dejaría su puesto en el Congreso hondureño, donde ejercía la presidencia del órgano legislativo. No sería razonable que continúe al mando del poder que ocasionó la ruptura del orden democrático. Los principales involucrados en el golpe también abandonarían sus cargos ya que deben asumir el costo político de sus acciones. Esto se haría para aminorar la sensación de impunidad entre los partidarios de Zelaya y no enervar a los que respaldan el quiebre constitucional. La solución debe ser lo más salomónica posible para evitar la indeseada fractura social. Ni uno ni otro bando deben considerarse vencedores o perdedores cuando finalicen las conversaciones para no crispar los ánimos.

Si dejan sus funciones recibirían el indulto o la amnistía presidencial correspondiente para garantizar la gobernabilidad. Los crímenes del pasado se olvidarían mediante la expedición de una ley que certifique el borrón y cuenta nueva. La situación en Honduras, naturalmente, no partirá de cero porque la población jamás olvidará lo sucedido en estas últimas semanas. Los golpistas deberían automarginarse de la actividad política, es decir, no volverían a postularse en las elecciones. Algo parecido ocurriría con la cúpula militar que violentó la residencia de Zelaya y lo envió al extranjero en pijamas. El general Romeo Vázquez pasaría a retiro asi como los jefes de los institutos armados y la policía. El aparato político se renovaría solo en apariencia para dar tranquilidad.

Todos los que han participado de alguna u otra forma darían un paso al costado a cambio de inmunidad. Esto comprende a los jueces, fiscales y miembros de los órganos electorales que dispusieron la irregular captura de Zelaya. El precio (para estos) será muy alto pero deberá ser pagado si se quiere aplacar los disturbios y las sanciones internacionales. Sólo en un escenario como el descrito la comunidad internacional volvería a normalizar sus relaciones diplomáticos con Honduras. Como el país centroamericano depende mucho de la cooperación extranjera y préstamos de entidades multilaterales, los golpistas no tendrían otra alternativa que considerar una salida ordenada.

Estados Unidos no ha suspendido la ayuda humanitaria para emplearla como mecanismo de presión en caso de que Micheletti se niegue a realizar concesiones. La nueva Administración estadounidense no es partidaria del bloqueo ni del aislamiento como sus antecesoras, de ahí que haya levantado algunas restricciones que pesaban sobre Cuba como el envío de remesas y los viajes de norteamericanos con raíces cubanas a la Isla. Arturo Valenzuela, responsable de la política de EE. UU. para el continente, definió la situación en Honduras como “un clásico golpe de Estado”. Esta declaración deslindaría cualquier participación de su país en los trágicos sucesos del 28 de junio. Muchos analistas especulan que la Casa Blanca o el Pentágono tuvieron alguna participación porque el embajador estadounidense fue notificado de las intenciones de los conspiradores. El que el diplomático se haya reunido en privado con los golpistas no quiere decir que haya respaldado su decisión. Además los rumores (de golpe) eran vox populi en Honduras y solo Zelaya confiaba en que no se produciría tras separar al general Romeo Vázquez, quien fue cesado por negarse a distribuir material electoral relacionado con la consulta a la polémica Asamblea Constituyente -por la que luego fue depuesto el presidente.

Para los que creen en la conspiración norteamericana, sobre todo por su historial plagado de intervenciones, debemos decir que la doctrina del presidente Obama no avala golpes militares. El único golpe que Washington podría respaldar sería uno netamente popular como el que se produce para derribar a una tiranía. El caso más notorio es el de Irán, donde el régimen teocrático ha reprimido violentamente las protestas de miles de estudiantes que consideran que hubo fraude en las elecciones presidenciales. Desde que comenzó la violencia en Teherán, Estados Unidos ha apoyado a los manifestantes –la generación nacida tras la revolución islámica de los Ayatolás- porque reclaman mayores libertades.