Estados Unidos apoya el golpe en Honduras

Por César Reyna


Cuando la superpotencia condenó el golpe en el país centroamericano hace tres semanas algunos, entre los que me cuento, asumimos que no tuvo nada que ver con su preparación. Con el correr de los días me reafirmo en mi posición pero las cosas han cambiado sustancialmente. Al principio creí que Estados Unidos amenazaría con sanciones drásticas tras la ruptura democrática. Asimismo, creí positivo que el depuesto mandatario hondureño se sentara a dialogar con emisarios del autócrata Roberto Micheletti bajo la mediación del bienintencionado presidente costarricense Óscar Arias. Si se restituía a Manuel Zelaya de manera pacífica y bajo determinadas condiciones (como renunciar a la controvertida consulta popular) valía la pena intentarlo. Esa alternativa pudo haber funcionado siempre que Estados Unidos hubiera estado dispuesto a presionar a los golpistas. Sin embargo, la realidad es otra porque Washington ha decido respaldarlos al proponer la salida de Micheletti a cambio de que Zelaya renuncie a sus aspiraciones.

La medida parece salomónica pero no lo es ya que si Zelaya no retorna al poder el quiebre constitucional en Honduras se habrá consagrado, sentando un peligroso precedente en el resto de la región. Lo que ocurre en Honduras parece un modelo o ensayo ideado por la derecha latinoamericana -en complicidad con el Departamento de Estado- para derrocar a gobernantes que se oponen a las políticas de mercado (neoliberales).

El argumento de los golpistas y de Estados Unidos para proponer ese trato inaceptable sería evitar un innecesario derramamiento de sangre. Así la derecha hondureña salvaría a su país o más bien al sistema de la injerencia chavista, y el defenestrado Zelaya recibiría el indulto en el exilio. La propuesta no debería ser aceptada aunque la situación se polarice aún más. Un importante sector de la sociedad hondureña sería traicionado si Zelaya llegara a consentir ese acuerdo.

Las negociaciones en Costa Rica sólo han servido para que los golpistas enfríen los ánimos de los partidarios de Zelaya. El Gobierno de facto jamás iba a permitir el retorno de éste porque no ha recibido presiones de los norteamericanos, quienes en última instancia podían corregir el trágico curso de los acontecimientos. La dilación sólo favorece a la derecha hondureña pues en poco tiempo convocará a nuevas elecciones para borrar cualquier impacto negativo del golpe.

Las cosas parecen consumadas pero se incubará un sentimiento antisistémico que tarde o temprano termine por derrotar a la minoría enquistada en el poder. La mayoría de hondureños son pobres y dependen mucho de la asistencia extranjera y gubernamental. Esa base social actualmente ha sido descabezada ya que Zelaya no puede regresar a su país. Se le mantiene alejado para que los usurpadores no tengan que confrontar a las masas. El régimen sabe que es peligroso porque su discurso estaba dirigido a los sectores marginados.

En ese sentido, el llamado de Zelaya a la insurgencia debería ser acatado pues es lo que corresponden cuando se ejecuta un golpe de Estado. La Constitución hondureña autoriza a la población a sublevarse contra los golpistas aunque éstos ridículamente sostengan que lo que hubo fue una “transición democrática”.

Washington maneja el asunto como si se tratara de un arbitraje en el que colisionan los derechos de las partes. Pero aquí sólo hay un derecho: el que tiene Zelaya a ser repuesto porque su designación proviene de la voluntad popular y las leyes hondureñas.

Micheletti ha afirmado este jueves, según cuenta El diario El País de España, que la propuesta de abandonar la presidencia la recibieron delegados suyos en una ciudad de Estados Unidos, seguramente Washington, donde sus lobistas, de acuerdo con el periodista César Hildebrandt, vienen realizando arduas diligencias para ganarse las simpatías de congresistas y diplomáticos de estadounidenses. Al parecer las cosas les vienen saliendo bien pues en días recientes algunos miembros del Capitolio dijeron en la CNN que “el golpe era comprensible” porque el depuesto presidente hondureño “pretendía modificar la Constitución para perpetuarse en el poder”, asunto por demás imposible porque la consulta era “no vinculante” y en el supuesto de que hubiera sido reformada el mandato de Zelaya ya habría terminado.

Estados Unidos y el golpe en Honduras

Hoy jueves comienza la ronda de negociaciones entre el derrocado Manuel Zelaya y los líderes golpistas de su nación. El presidente de costarricense Óscar Arias oficiará de mediador a petición de Estados Unidos. Esta es la primera vez que un mandatario defenestrado de la región se sienta a dialogar con funcionarios del Gobierno que lo depuso.
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Por César Reyna

Para que las conversaciones resulten provechosas ambas partes deberán renunciar a varias pretensiones aún cuando eso implique restituir a Zelaya o amnistiar a las autoridades golpistas. Durante el diálogo auspiciado por Estados Unidos se estaría buscando la mejor forma de devolverlo al poder sin resentir demasiado a sus opositores, es decir, sin hacerle creer a un amplio sector de la sociedad que han sido derrotados. La presión de la superpotencia ha sido fundamental para explorar una salida pacífica a la crisis. Esto comprueba que organizaciones internacionales como la OEA, a pesar de que Estados Unidos se encuentra debilitado, no son capaces de influir en la resolución de un conflicto interno.

La comunidad internacional sólo aceptaría la reposición de Zelaya, y hacia eso apuntan los esfuerzos de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Para que ese desenlace se produzca Zelaya deberá aceptar algunas condiciones como adelantar la fecha de las elecciones (posiblemente a setiembre) y renunciar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyo propósito era reformar la pétrea Constitución de su país. Dada la grave polarización que atraviesa Honduras, al depuesto Zelaya no le quedaría más remedio que acortar su mandato. Si vuelve a gobernar se limitaría a organizar los comicios y garantizar una ordenada transferencia de mando. Sus poderes como su período serían recortados en aras de reducir la tensión social.

Antes de reponer a Zelaya los golpistas anularían la orden de detención que pesa en su contra (se le acusa de 18 delitos) y sería amnistiado por los poderes públicos para que pueda terminar su período. Los cargos que se le levantaron -antes de su exilio involuntario – ya han sido desestimados por la Interpol porque el Gobierno de facto se negó a arrestarlo en dos oportunidades (una al expulsarlo a Costa Rica la madrugada del 28 de junio y otra al impedirle su regreso el domingo pasado, mientras sobrevolaba el aeropuerto Toncontín). Para la Interpol su detención es arbitraria pues se trata de “un caso de persecución política”, tal como lo afirma en un comunicado.

Si las negociaciones prosperan, Roberto Micheletti, el presidente en funciones, entregaría el poder a Manuel Zelaya a la brevedad y dejaría su puesto en el Congreso hondureño, donde ejercía la presidencia del órgano legislativo. No sería razonable que continúe al mando del poder que ocasionó la ruptura del orden democrático. Los principales involucrados en el golpe también abandonarían sus cargos ya que deben asumir el costo político de sus acciones. Esto se haría para aminorar la sensación de impunidad entre los partidarios de Zelaya y no enervar a los que respaldan el quiebre constitucional. La solución debe ser lo más salomónica posible para evitar la indeseada fractura social. Ni uno ni otro bando deben considerarse vencedores o perdedores cuando finalicen las conversaciones para no crispar los ánimos.

Si dejan sus funciones recibirían el indulto o la amnistía presidencial correspondiente para garantizar la gobernabilidad. Los crímenes del pasado se olvidarían mediante la expedición de una ley que certifique el borrón y cuenta nueva. La situación en Honduras, naturalmente, no partirá de cero porque la población jamás olvidará lo sucedido en estas últimas semanas. Los golpistas deberían automarginarse de la actividad política, es decir, no volverían a postularse en las elecciones. Algo parecido ocurriría con la cúpula militar que violentó la residencia de Zelaya y lo envió al extranjero en pijamas. El general Romeo Vázquez pasaría a retiro asi como los jefes de los institutos armados y la policía. El aparato político se renovaría solo en apariencia para dar tranquilidad.

Todos los que han participado de alguna u otra forma darían un paso al costado a cambio de inmunidad. Esto comprende a los jueces, fiscales y miembros de los órganos electorales que dispusieron la irregular captura de Zelaya. El precio (para estos) será muy alto pero deberá ser pagado si se quiere aplacar los disturbios y las sanciones internacionales. Sólo en un escenario como el descrito la comunidad internacional volvería a normalizar sus relaciones diplomáticos con Honduras. Como el país centroamericano depende mucho de la cooperación extranjera y préstamos de entidades multilaterales, los golpistas no tendrían otra alternativa que considerar una salida ordenada.

Estados Unidos no ha suspendido la ayuda humanitaria para emplearla como mecanismo de presión en caso de que Micheletti se niegue a realizar concesiones. La nueva Administración estadounidense no es partidaria del bloqueo ni del aislamiento como sus antecesoras, de ahí que haya levantado algunas restricciones que pesaban sobre Cuba como el envío de remesas y los viajes de norteamericanos con raíces cubanas a la Isla. Arturo Valenzuela, responsable de la política de EE. UU. para el continente, definió la situación en Honduras como “un clásico golpe de Estado”. Esta declaración deslindaría cualquier participación de su país en los trágicos sucesos del 28 de junio. Muchos analistas especulan que la Casa Blanca o el Pentágono tuvieron alguna participación porque el embajador estadounidense fue notificado de las intenciones de los conspiradores. El que el diplomático se haya reunido en privado con los golpistas no quiere decir que haya respaldado su decisión. Además los rumores (de golpe) eran vox populi en Honduras y solo Zelaya confiaba en que no se produciría tras separar al general Romeo Vázquez, quien fue cesado por negarse a distribuir material electoral relacionado con la consulta a la polémica Asamblea Constituyente -por la que luego fue depuesto el presidente.

Para los que creen en la conspiración norteamericana, sobre todo por su historial plagado de intervenciones, debemos decir que la doctrina del presidente Obama no avala golpes militares. El único golpe que Washington podría respaldar sería uno netamente popular como el que se produce para derribar a una tiranía. El caso más notorio es el de Irán, donde el régimen teocrático ha reprimido violentamente las protestas de miles de estudiantes que consideran que hubo fraude en las elecciones presidenciales. Desde que comenzó la violencia en Teherán, Estados Unidos ha apoyado a los manifestantes –la generación nacida tras la revolución islámica de los Ayatolás- porque reclaman mayores libertades.

Golpe de Estado en Honduras: el no intervencionismo norteamericano

Golpe de Estado en Honduras: el no intervencionismo norteamericano

Por César Reyna


En el siglo pasado, sobre todo durante el período de la Guerra Fría, los golpes de Estado en Latinoamérica no podían ejecutarse sin el consentimiento de Washington. Muchos se fraguaron directamente en el departamento de Estado, el Pentágono o la CIA para remover a gobiernos pro comunistas o impedir el ascenso de sectores vinculados con la izquierda radical. En aquellos tiempos se necesitaba la luz verde del todopoderoso norte para que los militares y las oligarquías de la región se sintieran respaldados.

Esas tristes épocas parecen ser parte de la historia ahora que Estados Unidos ha asumido un papel no intervencionista. Desde que Barack Obama asumió sus funciones, la Casa Blanca ha revitalizado el concepto de ‘poder blando’ o soft power (1) ideado por Joseph S. Nye. Este poder implica, en el campo de las relaciones internacionales, reemplazar la confrontación y la amenaza de administraciones anteriores –como la de George W. Bush- por la persuasión y el diálogo directo. Para legitimar el cambio de orientación, Obama tuvo que tomar medidas drásticas como cerrar la truculenta prisión de Guantanamo con el propósito de recuperar liderazgo en materia de derechos humanos. Si la superpotencia no predicaba con el ejemplo no tendría autoridad moral ni capacidad de sugestión para luchar contra regímenes antidemocráticos y el terrorismo global.

El restablecimiento de ese poder, aplicado por última vez desde la Administración de Bill Clinton, restituye dos principios básicos como el respeto a la soberanía de los Estados y el reconococimiento de las diferencias ideológicas que separan a Estados Unidos de otros miembros de la comunidad internacional. Esto último puede apreciarse en la manera que Obama y su secretaria de Estado, la senadora Hillary Clinton, se han aproximado a gobiernos como los de Cuba e Irán, por citar dos ejemplos, ya que hasta hace poco parecía imposible mantener negociaciones directas con países totalitarios. Para algunos analistas, sin embargo, la apertura ha significado debilidad en momentos que Estados Unidos debe estabilizar Medio Oriente y evitar la proliferación nuclear.

Ayer en Moscú, mientras Obama declaraba de manera conjunta con su homólogo ruso, Dimitri Medvedev, dijo que su Administración “no buscará imponer ningún sistema de Gobierno a ningún país y no intentará elegir qué partido o individuo debe gobernar en un Estado”. Esto es positivo porque su antecesor hizo todo lo contrario cuando invadió Iraq sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero también abre la puerta para que determinados grupos de poder rompan el orden constitucional ante el perfil bajo que asume Estados Unidos. Como Washington ha relegado a la región desde la caída de la Unión Soviética y ha decido no intervenir en asuntos internos, estos actores sienten que ya no necesitan consultar (2) sus conspiraciones antidemocráticas.

Tras la crisis política desatada en Honduras el rol de Estados Unidos no debería ser pasivo porque dejaría de ser garante de las libertades fundamentales y la democracia en la región. Si Obama quiere recuperar el protagonismo de su país debería presionar a los usurpadores para que entreguen el poder. Haber reconocido a Manuel Zelaya como legítimo gobernante de Honduras no es suficiente a menos que se tomen medidas que restituyan al régimen anterior. En ese sentido la aplicación de sanciones debería ser considerada por la Casa Blanca para no permitir que fuerzas políticas, económicas y sociales resuelvan sus diferencias de manera violenta.

La secretaria Clinton recibirá esta tarde al presidente hondureño Manuel Zelaya para buscar soluciones a la crisis. A la par de sus esfuerzos diplomáticos, una delegación del Gobierno de facto acudirá a la sede de la OEA para explicar las razones que motivaron el golpe. Los emisarios de Roberto Micheletti, el mandatario en funciones, señalan que no han sido debidamente escuchados y que sólo ha sido atendida la versión del mandatario depuesto.

El compromiso de Washington con los sistemas democráticos debe definirse de una vez. Ahora le corresponde a Obama actuar de manera más enérgica luego de las fallidas gestiones que realizó el secretario general de la OEA durante su visita a Tegucigalpa. Pese a sus graves problemas internos y su complicada agenda internacional, sólo Estados Unidos podría obligar a los golpistas a volver sobre sus pasos.

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(1) Nye, catedrático en la Universidad de Harvard, también lo define como “lograr que otras naciones ambicionen lo que nosotros (Estados Unidos) ambicionamos”. Aquello podría ser la paz, la consagración de la democracia, el desarrollo sostenible, la ratificación del Protocolo de Kioto, el cumplimiento de las Metas del Milenio, etc.

(2) La última vez que consultaron con Washington fue cuando el controvertido presidente venezolano Hugo Chávez fue arrestado por tropas golpistas en 2002. Ese año Estados Unidos le bajó el pulgar a los conspiradores a pesar de discrepar con el modelo que Chávez estaba implementando.

Zelaya no pudo aterrizar en Honduras

Zelaya no pudo aterrizar en Honduras… una mirada económica a la crisis del país centroamericano


Por César Reyna

Cientos de efectivos militares se apostaron en la única pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Toncontín de Tegucigalpa para impedir que toque tierra el avión que trasladaba al derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya. Mientras los uniformados tomaban posiciones dentro del terminal y repelían a miles de manifestantes que respaldaban a Zelaya, los controladores aéreos se dirigieron al piloto de la aeronave de matrícula venezolana para decirle que no contaba con autorización para sobrevolar cielos hondureños. La nave tuvo que desistir luego de intentar infructuosamente el descenso.

Unas horas antes, Roberto Micheletti, el líder golpista, había anunciado que “por el bien de su país” Zelaya no debía volver. Por la tarde, el autócrata inició una conferencia de prensa en paralelo a la entrevista que ofreció Zelaya en pleno vuelo desde Washington. En la cita con los medios dijo que estaba dispuesto a “negociar con la OEA y otras instituciones y naciones amigas” con el fin de tener la oportunidad de explicar las razones que condujeron al golpe y encontrarle una solución a la crisis. A nuestro juicio no hay nada que explicar o justificar porque la carta de la OEA es muy clara: cuando se produce un quiebre democrático sólo cabe la reposición del orden anterior. Escuchar a emisarios de un Gobierno de facto sentaría un precedente inadmisible a menos que estén dispuestos a restituir al defenestrado Zelaya. Por eso cualquier negociación que explore el adelanto de elecciones sería rechazada.

El cambio de opinión de Micheletti, tras desairar los esfuerzos del secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, se debe a que teme mayores sanciones tras la suspensión que le impuso el club de países americanos. Las medidas que más atemorizan al presidente de facto son de tipo diplomático (la ruptura de relaciones con naciones latinoamericanas y occidentales) y comercial (el cierre de mercados para sus exportaciones).

El aislamiento podría ser devastador para la tercera economía más pobre de la región en momentos que el mundo atraviesa una severa una recesión. Desde el comienzo de la contracción global no sólo ha caído el flujo de remesas en Honduras (responsable del 25% del producto), sino también las exportaciones y el turismo foráneo. A esto se sumaría el corte de asistencia gubernamental que brinda USAID de Estados Unidos, los créditos para el desarrollo concedidos por el Banco Mundial, el FMI y el BID, y el suministro de combustible subsidiado proveniente de Venezuela. En ese contexto, el declive del PBI podría ser mayor a estimaciones previas.

En una nación donde la pobreza alcanza a más del 60% de la población, el Gobierno de facto tendrá muy poco margen de maniobra mientras se debilita su economía. Sin comercio exterior ni remesas, las únicas alternativas que le quedan será ‘quemar’ sus reservas internacionales, generando con ello mayor inflación y la devaluación de su moneda, lo que golpeará a los más desposeídos.

Muchos programas sociales no podrán financiarse por falta de recursos, hecho que incrementará el descontento popular llevando al país al borde de la fragmentación o ruptura civil. La ola de protestas se sucederá sin parar si es que las autoridades no encuentran alternativas no traumáticas de financiamiento, es decir, sin crear de nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes.

El clima de agitación política, económica y social favorecería la opción de los candidatos ‘antisistema’ o socialistas como Manuel Zelaya ante la inoperancia del ‘sistema’ para atender las demandas nacionales. El retorno de éste no parece viable en el mediano plazo a menos que la crisis obligue a los golpistas a buscar una salida democrática.

En estos momentos la CNN reporta que Zelaya se encuentra en Nicaragua donde ha sido recibido por el presidente Daniel Ortega. Mañana, según trascendió, el mandatario depuesto intentará regresar para presionar a los usurpadores con su incómoda presencia. La reticencia a dejarlo ingresar se debe a que la cúpula no se siente capaz de procesarlo en las actuales condiciones (a pesar de haberlo acusado de delitos tan alucinantes y disparatados como tráfico de drogas y sedición).

Para la comunidad internacional cualquier juicio a Zelaya carecería de las garantías procesales mínimas porque se realizaría en un país donde se ha subvertido el orden constitucional. De ahí la negativa del régimen a permitirle su regreso hasta que la situación se normalice.

Golpe de Estado en Honduras: impiden regreso de Manuel Zelaya

Golpe de Estado en Honduras: Gobierno de facto impide ingreso de Manuel Zelaya

Por César Reyna

Mientras Manuel Zelaya, el derrocado presidente hondureño se dirige a Tegucigalpa desde Washington, el gobierno de facto de su país advirtió que no dejará aterrizar el avión que lo trae de regreso. Esto supone un nuevo impasse tras el golpe de Estado de hace una semana ya que sobre Zelaya pesa una orden de captura. Al defenestrado mandatario se le acusa de violar la Constitución por tratar de “imponer” una consulta para instalar una Asamblea Constituyente. En total son 18 cargos graves, entre los que destaca el delito de traición a la patria. El golpista Roberto Micheletti, quien fue nombrado por el Congreso en sustitución de Zelaya, le recordó a éste que será arrestado en cuanto ingrese a territorio nacional. “El señor Zelaya es un delincuente, con 18 cargos en su contra y una orden de búsqueda cursada por la fiscalía y enviada a la Interpol. En el momento en que ponga el pie en tierra hondureña, será detenido. Él lo sabe. Y por eso no creemos que se atreva a venir”.

En un primer momento el Gobierno se mostraba decido a detener a Zelaya con el fin de amedrentarlo, pero ante la inminencia de su retorno le prohibió el ingreso de manera indefinida. Así, las autoridades de turno se ponen nuevamente al margen de las leyes de su país ya que la Constitución hondureña, como lo recuerda José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, no permite la expatriación de ningún hondureño. Pero eso no es todo pues también han entrado en rebeldía por negarse a arrestar a Zelaya. Recordemos que al mandatario lo habían expulsado a pesar de que debía ser puesto a disposición de la “justicia”. Con el impedimento de regreso de Zelaya los golpistas van sumando infracciones constitucionales a su abominable dossier.

La Iglesia, que había permanecido en silencio desde el comienzo de la crisis, ha respaldado la posición de Micheletti con el propósito de evitar derramamientos de sangre. El cardenal Óscar Rodríguez, voceado para vestirse de blanco y sustituir a Juan Pablo II, se dirigió por televisión al presidente Manuel Zelaya para pedirle que no regresara a Honduras. “Yo sé que usted ama la vida”, dijo el prelado, “sé que usted respeta la vida, y hasta el día de hoy no ha muerto ningún hondureño. Pero su regreso al país en este momento podría desatar un baño de sangre. Por favor, medite. Porque después sería demasiado tarde”. No sorprende la postura del cardenal Rodríguez porque la Iglesia siempre ha estado del lado del ‘establishment’. Recordemos que hace cinco siglos participó en la conquista de las culturas americanas. La Iglesia ayudó a legitimar el sistema colonial español y la opresión elitista republicana tras la independencia de España.

La OEA ha suspendido a Honduras en aplicación del artículo 21 de la carta democrática de 2001 al haber constatado que se ha roto el orden democrático y no hay voluntad para restaurarlo. El régimen ilegal teme que el arribo de Zelaya genere un clima que obligue a los golpistas a entregar el poder.

En el momento que Manuel Zelaya se comunicaba con la televisora Telesur mientras sobrevolaba algún punto del Caribe; el gobierno de facto convocó una conferencia de prensa para interrumpir su mensaje y ponerle paños fríos a la situación anunciando que dialogará con la OEA. Lo que buscarían sería adelantar las elecciones de noviembre para encontrar una solución a su negativa de reponer a Zelaya. La OEA no habría aceptado esa posibilidad porque su carta no lo permite. Para incrementar la tensión y presentarse como víctima de un complot internacional, Micheletti mencionó que detectaron la movilización de tropas de la vecina Nicaragua en la frontera. El autócrata hondureño interpretó el hecho como una amenaza a su país. Nicaragua, por su parte, ha negado rotundamente la acusación de Micheletti y ha descartado que sus tropas estén planificando entrada alguna en territorio hondureño. Estados Unidos ha confirmado la versión del Gobierno del socialista Daniel Ortega.

Zelaya se embarcó en la mañana con el presidente de la Asamblea de la ONU, Miguel D’ Escoto, y otros diplomáticos de menor rango; pero no con los presidentes sudamericanos que lo respaldaron ayer en la Asamblea Extraordinaria de la OEA. Nos referimos a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el paraguayo Fernando Lugo, el ecuatoriano Rafael Correa, quienes viajan rumbo a El Salvador para seguir de cerca los acontecimientos. El secretario general de la OEA, por su parte, también acompaña a los dignatarios mencionados.

El avión que traslada a Zelaya aún no ha aterrizado en el aeropuerto Toncontín ni en otros terminales internacionales. Las autoridades aeronáuticas comunicaron hace algunas horas –por orden expresa de Roberto Micheletti- que las aeronaves que no tengan autorización deberán descender en aeropuertos de países vecinos.

Para el gobierno de facto la tensión que desataría el regreso de Zelaya ocasionaría muertes inevitables en su afán de mantener el orden. Si se produce una elevada cifra de bajas civiles Micheletti podría dimitir ante la presión de las calles y las críticas de la comunidad internacional. Cualquier muerte que se produzca será atribuida a los golpistas porque controlan las Fuerzas Armadas y porque eligieron el camino de la violencia para gobernar.

Golpe preventivo en Honduras

Golpe preventivo en Honduras

Por César Reyna

La oligarquía hondureña, al mejor del ex presidente norteamericano George W. Bush, ha ejecutado un golpe de Estado para evitar lo que The Wall Street Journal y otros medios de derecha denominan la “chavización de Honduras”, es decir, el acercamiento del país centroamericano al régimen que lidera Hugo Chávez Frías. Entonces, para evitar un mal mayor, según los partidarios de los golpistas, se tuvo que “subvertir la democracia” porque de otro modo Honduras hubiera caído dentro de la órbita de Venezuela.

Recurrir a ese tipo de acciones preventivas para impedir determinados acontecimientos no son moral ni jurídicamente aceptables porque ni la ética ni el derecho se mueven en el terreno de la suposición, sino en el de los hechos. Nada justifica un golpe de Estado, y menos si apelamos a razones maquiavélicas. Predecir que Chávez iba a extender sus tentáculos sobre Honduras es bastante temerario pues debían conjugarse una serie de factores, siendo el primero de ellos que el depuesto Zelaya asumiera un papel meramente servil.

En el pasado reciente, actuar de manera “preventiva” tuvo un alto costo político para el Partido Republicano ya que en 2006 perdió las elecciones legislativas por el mal desempeño de la estrategia adoptada en Iraq. En su momento, la aventura bélica estadounidense fue condenada por la mayoría de naciones por trasgredir el derecho internacional; pero aún así se llevó a cabo so pretexto de derrocar a un tirano que incumplía resoluciones de desarme de Naciones Unidas y representaba una amenaza para la seguridad mundial. Entre los medios que apoyaron esa descabellada teoría se encontraba The Wall Street Journal, ahora propiedad de Rupert Murdoch, uno de los principales manipuladores de la opinión pública occidental. El diario derechista pide, además, que el presidente Obama intervenga –no sabemos si militar o diplomáticamente- para evitar “una victoria del chavismo en Honduras”. Desde sus páginas se podría estar sugiriendo que la superpotencia viole la soberanía hondureña o que lo haga de una manera más solapada.

No sorprende que periódicos como The Wall Street Journal alienten la intervención de su país en asuntos internos de otras naciones cuando se pone en peligro, no la democracia, sino el establishment. En Latinoamérica nunca hubo verdadera democracia como para salir a defenderla airadamente. Lo que ha existido desde el período de la independencia ha sido un modelo de gobierno que beneficia únicamente a las minorías, esto es, a las clases dominantes que controlan la economía y los medios de comunicación. Para preservar el orden se han valido de las Fuerzas Armadas y de gobernantes seudo populistas para “clientizar” a la población, es decir, explotar sus necesidades para ganar su favor político. Por eso cuando se ejecuta un golpe la democracia no puede restituirse porque aún está en construcción tanto en Honduras como en la mayoría de Estados de habla hispana. Lo correcto sería hablar de ‘proceso democrático’ y no de democracia porque todavía se está gestando América Latina.

Ahora bien, cada quiebre o golpe en la región supone un retroceso indudable porque debilita la confianza en las instituciones como entidades canalizadoras del conflicto. Si la sociedad cree que sacando a un presidente de su residencia a las tres de la madrugada es lícito cualquier cosa podría pasar. Una vez instalada la incertidumbre es muy difícil de desterrar y mina las bases de una nación (destruye el tejido social). Así el deseo de progreso se diluye porque no existen elementos que aseguren la seguridad jurídica en el país. Sin garantías procesales ni constitucionales reina la arbitrariedad de quienes ocupan importantes cargos públicos, como en el caso hondureño.

Romper el orden constitucional por prevención en lugar inmunizarlo lo pervierte porque convierte en paria a un Estado. Sin el reconocimiento de la comunidad internacional ningún Gobierno de facto puede relacionarse ni sobrevivir en este mundo. El reconocimiento es tan o más importante que las elecciones libres porque significa la aceptación y convalidación -desde el exterior- del proceso interno. Esta aprobación es vital para poder comerciar e integrarse en un planeta cada vez más globalizado.

La destitución de Zelaya fue a todas luces irregular, por más que The Wall Street Journal sostenga que se hizo por una orden la Corte Suprema. Si uno revisa la Constitución de cualquier país encontrará que el mandatario sólo puede ser procesado por el Congreso y goza de inmunidad mientras ejerce sus funciones. Al ser elegido por sufragio universal, sólo el poder político encarnado en el Parlamento, cuyos miembros también han sido votados, puede vacar al jefe de Estado por causales previamente establecidas en la Carta Magna. De modo que no es cierto lo que señala tanto The Wall Street Journal como el Cato Institute de que en Honduras no existe el impeachment o juicio constitucional para procesar a un alto dignatario.