Estados Unidos y el golpe en Honduras

Hoy jueves comienza la ronda de negociaciones entre el derrocado Manuel Zelaya y los líderes golpistas de su nación. El presidente de costarricense Óscar Arias oficiará de mediador a petición de Estados Unidos. Esta es la primera vez que un mandatario defenestrado de la región se sienta a dialogar con funcionarios del Gobierno que lo depuso.
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Por César Reyna

Para que las conversaciones resulten provechosas ambas partes deberán renunciar a varias pretensiones aún cuando eso implique restituir a Zelaya o amnistiar a las autoridades golpistas. Durante el diálogo auspiciado por Estados Unidos se estaría buscando la mejor forma de devolverlo al poder sin resentir demasiado a sus opositores, es decir, sin hacerle creer a un amplio sector de la sociedad que han sido derrotados. La presión de la superpotencia ha sido fundamental para explorar una salida pacífica a la crisis. Esto comprueba que organizaciones internacionales como la OEA, a pesar de que Estados Unidos se encuentra debilitado, no son capaces de influir en la resolución de un conflicto interno.

La comunidad internacional sólo aceptaría la reposición de Zelaya, y hacia eso apuntan los esfuerzos de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Para que ese desenlace se produzca Zelaya deberá aceptar algunas condiciones como adelantar la fecha de las elecciones (posiblemente a setiembre) y renunciar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyo propósito era reformar la pétrea Constitución de su país. Dada la grave polarización que atraviesa Honduras, al depuesto Zelaya no le quedaría más remedio que acortar su mandato. Si vuelve a gobernar se limitaría a organizar los comicios y garantizar una ordenada transferencia de mando. Sus poderes como su período serían recortados en aras de reducir la tensión social.

Antes de reponer a Zelaya los golpistas anularían la orden de detención que pesa en su contra (se le acusa de 18 delitos) y sería amnistiado por los poderes públicos para que pueda terminar su período. Los cargos que se le levantaron -antes de su exilio involuntario – ya han sido desestimados por la Interpol porque el Gobierno de facto se negó a arrestarlo en dos oportunidades (una al expulsarlo a Costa Rica la madrugada del 28 de junio y otra al impedirle su regreso el domingo pasado, mientras sobrevolaba el aeropuerto Toncontín). Para la Interpol su detención es arbitraria pues se trata de “un caso de persecución política”, tal como lo afirma en un comunicado.

Si las negociaciones prosperan, Roberto Micheletti, el presidente en funciones, entregaría el poder a Manuel Zelaya a la brevedad y dejaría su puesto en el Congreso hondureño, donde ejercía la presidencia del órgano legislativo. No sería razonable que continúe al mando del poder que ocasionó la ruptura del orden democrático. Los principales involucrados en el golpe también abandonarían sus cargos ya que deben asumir el costo político de sus acciones. Esto se haría para aminorar la sensación de impunidad entre los partidarios de Zelaya y no enervar a los que respaldan el quiebre constitucional. La solución debe ser lo más salomónica posible para evitar la indeseada fractura social. Ni uno ni otro bando deben considerarse vencedores o perdedores cuando finalicen las conversaciones para no crispar los ánimos.

Si dejan sus funciones recibirían el indulto o la amnistía presidencial correspondiente para garantizar la gobernabilidad. Los crímenes del pasado se olvidarían mediante la expedición de una ley que certifique el borrón y cuenta nueva. La situación en Honduras, naturalmente, no partirá de cero porque la población jamás olvidará lo sucedido en estas últimas semanas. Los golpistas deberían automarginarse de la actividad política, es decir, no volverían a postularse en las elecciones. Algo parecido ocurriría con la cúpula militar que violentó la residencia de Zelaya y lo envió al extranjero en pijamas. El general Romeo Vázquez pasaría a retiro asi como los jefes de los institutos armados y la policía. El aparato político se renovaría solo en apariencia para dar tranquilidad.

Todos los que han participado de alguna u otra forma darían un paso al costado a cambio de inmunidad. Esto comprende a los jueces, fiscales y miembros de los órganos electorales que dispusieron la irregular captura de Zelaya. El precio (para estos) será muy alto pero deberá ser pagado si se quiere aplacar los disturbios y las sanciones internacionales. Sólo en un escenario como el descrito la comunidad internacional volvería a normalizar sus relaciones diplomáticos con Honduras. Como el país centroamericano depende mucho de la cooperación extranjera y préstamos de entidades multilaterales, los golpistas no tendrían otra alternativa que considerar una salida ordenada.

Estados Unidos no ha suspendido la ayuda humanitaria para emplearla como mecanismo de presión en caso de que Micheletti se niegue a realizar concesiones. La nueva Administración estadounidense no es partidaria del bloqueo ni del aislamiento como sus antecesoras, de ahí que haya levantado algunas restricciones que pesaban sobre Cuba como el envío de remesas y los viajes de norteamericanos con raíces cubanas a la Isla. Arturo Valenzuela, responsable de la política de EE. UU. para el continente, definió la situación en Honduras como “un clásico golpe de Estado”. Esta declaración deslindaría cualquier participación de su país en los trágicos sucesos del 28 de junio. Muchos analistas especulan que la Casa Blanca o el Pentágono tuvieron alguna participación porque el embajador estadounidense fue notificado de las intenciones de los conspiradores. El que el diplomático se haya reunido en privado con los golpistas no quiere decir que haya respaldado su decisión. Además los rumores (de golpe) eran vox populi en Honduras y solo Zelaya confiaba en que no se produciría tras separar al general Romeo Vázquez, quien fue cesado por negarse a distribuir material electoral relacionado con la consulta a la polémica Asamblea Constituyente -por la que luego fue depuesto el presidente.

Para los que creen en la conspiración norteamericana, sobre todo por su historial plagado de intervenciones, debemos decir que la doctrina del presidente Obama no avala golpes militares. El único golpe que Washington podría respaldar sería uno netamente popular como el que se produce para derribar a una tiranía. El caso más notorio es el de Irán, donde el régimen teocrático ha reprimido violentamente las protestas de miles de estudiantes que consideran que hubo fraude en las elecciones presidenciales. Desde que comenzó la violencia en Teherán, Estados Unidos ha apoyado a los manifestantes –la generación nacida tras la revolución islámica de los Ayatolás- porque reclaman mayores libertades.

Golpe de Estado en Honduras: el no intervencionismo norteamericano

Golpe de Estado en Honduras: el no intervencionismo norteamericano

Por César Reyna


En el siglo pasado, sobre todo durante el período de la Guerra Fría, los golpes de Estado en Latinoamérica no podían ejecutarse sin el consentimiento de Washington. Muchos se fraguaron directamente en el departamento de Estado, el Pentágono o la CIA para remover a gobiernos pro comunistas o impedir el ascenso de sectores vinculados con la izquierda radical. En aquellos tiempos se necesitaba la luz verde del todopoderoso norte para que los militares y las oligarquías de la región se sintieran respaldados.

Esas tristes épocas parecen ser parte de la historia ahora que Estados Unidos ha asumido un papel no intervencionista. Desde que Barack Obama asumió sus funciones, la Casa Blanca ha revitalizado el concepto de ‘poder blando’ o soft power (1) ideado por Joseph S. Nye. Este poder implica, en el campo de las relaciones internacionales, reemplazar la confrontación y la amenaza de administraciones anteriores –como la de George W. Bush- por la persuasión y el diálogo directo. Para legitimar el cambio de orientación, Obama tuvo que tomar medidas drásticas como cerrar la truculenta prisión de Guantanamo con el propósito de recuperar liderazgo en materia de derechos humanos. Si la superpotencia no predicaba con el ejemplo no tendría autoridad moral ni capacidad de sugestión para luchar contra regímenes antidemocráticos y el terrorismo global.

El restablecimiento de ese poder, aplicado por última vez desde la Administración de Bill Clinton, restituye dos principios básicos como el respeto a la soberanía de los Estados y el reconococimiento de las diferencias ideológicas que separan a Estados Unidos de otros miembros de la comunidad internacional. Esto último puede apreciarse en la manera que Obama y su secretaria de Estado, la senadora Hillary Clinton, se han aproximado a gobiernos como los de Cuba e Irán, por citar dos ejemplos, ya que hasta hace poco parecía imposible mantener negociaciones directas con países totalitarios. Para algunos analistas, sin embargo, la apertura ha significado debilidad en momentos que Estados Unidos debe estabilizar Medio Oriente y evitar la proliferación nuclear.

Ayer en Moscú, mientras Obama declaraba de manera conjunta con su homólogo ruso, Dimitri Medvedev, dijo que su Administración “no buscará imponer ningún sistema de Gobierno a ningún país y no intentará elegir qué partido o individuo debe gobernar en un Estado”. Esto es positivo porque su antecesor hizo todo lo contrario cuando invadió Iraq sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero también abre la puerta para que determinados grupos de poder rompan el orden constitucional ante el perfil bajo que asume Estados Unidos. Como Washington ha relegado a la región desde la caída de la Unión Soviética y ha decido no intervenir en asuntos internos, estos actores sienten que ya no necesitan consultar (2) sus conspiraciones antidemocráticas.

Tras la crisis política desatada en Honduras el rol de Estados Unidos no debería ser pasivo porque dejaría de ser garante de las libertades fundamentales y la democracia en la región. Si Obama quiere recuperar el protagonismo de su país debería presionar a los usurpadores para que entreguen el poder. Haber reconocido a Manuel Zelaya como legítimo gobernante de Honduras no es suficiente a menos que se tomen medidas que restituyan al régimen anterior. En ese sentido la aplicación de sanciones debería ser considerada por la Casa Blanca para no permitir que fuerzas políticas, económicas y sociales resuelvan sus diferencias de manera violenta.

La secretaria Clinton recibirá esta tarde al presidente hondureño Manuel Zelaya para buscar soluciones a la crisis. A la par de sus esfuerzos diplomáticos, una delegación del Gobierno de facto acudirá a la sede de la OEA para explicar las razones que motivaron el golpe. Los emisarios de Roberto Micheletti, el mandatario en funciones, señalan que no han sido debidamente escuchados y que sólo ha sido atendida la versión del mandatario depuesto.

El compromiso de Washington con los sistemas democráticos debe definirse de una vez. Ahora le corresponde a Obama actuar de manera más enérgica luego de las fallidas gestiones que realizó el secretario general de la OEA durante su visita a Tegucigalpa. Pese a sus graves problemas internos y su complicada agenda internacional, sólo Estados Unidos podría obligar a los golpistas a volver sobre sus pasos.

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(1) Nye, catedrático en la Universidad de Harvard, también lo define como “lograr que otras naciones ambicionen lo que nosotros (Estados Unidos) ambicionamos”. Aquello podría ser la paz, la consagración de la democracia, el desarrollo sostenible, la ratificación del Protocolo de Kioto, el cumplimiento de las Metas del Milenio, etc.

(2) La última vez que consultaron con Washington fue cuando el controvertido presidente venezolano Hugo Chávez fue arrestado por tropas golpistas en 2002. Ese año Estados Unidos le bajó el pulgar a los conspiradores a pesar de discrepar con el modelo que Chávez estaba implementando.

Zelaya no pudo aterrizar en Honduras

Zelaya no pudo aterrizar en Honduras… una mirada económica a la crisis del país centroamericano


Por César Reyna

Cientos de efectivos militares se apostaron en la única pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Toncontín de Tegucigalpa para impedir que toque tierra el avión que trasladaba al derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya. Mientras los uniformados tomaban posiciones dentro del terminal y repelían a miles de manifestantes que respaldaban a Zelaya, los controladores aéreos se dirigieron al piloto de la aeronave de matrícula venezolana para decirle que no contaba con autorización para sobrevolar cielos hondureños. La nave tuvo que desistir luego de intentar infructuosamente el descenso.

Unas horas antes, Roberto Micheletti, el líder golpista, había anunciado que “por el bien de su país” Zelaya no debía volver. Por la tarde, el autócrata inició una conferencia de prensa en paralelo a la entrevista que ofreció Zelaya en pleno vuelo desde Washington. En la cita con los medios dijo que estaba dispuesto a “negociar con la OEA y otras instituciones y naciones amigas” con el fin de tener la oportunidad de explicar las razones que condujeron al golpe y encontrarle una solución a la crisis. A nuestro juicio no hay nada que explicar o justificar porque la carta de la OEA es muy clara: cuando se produce un quiebre democrático sólo cabe la reposición del orden anterior. Escuchar a emisarios de un Gobierno de facto sentaría un precedente inadmisible a menos que estén dispuestos a restituir al defenestrado Zelaya. Por eso cualquier negociación que explore el adelanto de elecciones sería rechazada.

El cambio de opinión de Micheletti, tras desairar los esfuerzos del secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, se debe a que teme mayores sanciones tras la suspensión que le impuso el club de países americanos. Las medidas que más atemorizan al presidente de facto son de tipo diplomático (la ruptura de relaciones con naciones latinoamericanas y occidentales) y comercial (el cierre de mercados para sus exportaciones).

El aislamiento podría ser devastador para la tercera economía más pobre de la región en momentos que el mundo atraviesa una severa una recesión. Desde el comienzo de la contracción global no sólo ha caído el flujo de remesas en Honduras (responsable del 25% del producto), sino también las exportaciones y el turismo foráneo. A esto se sumaría el corte de asistencia gubernamental que brinda USAID de Estados Unidos, los créditos para el desarrollo concedidos por el Banco Mundial, el FMI y el BID, y el suministro de combustible subsidiado proveniente de Venezuela. En ese contexto, el declive del PBI podría ser mayor a estimaciones previas.

En una nación donde la pobreza alcanza a más del 60% de la población, el Gobierno de facto tendrá muy poco margen de maniobra mientras se debilita su economía. Sin comercio exterior ni remesas, las únicas alternativas que le quedan será ‘quemar’ sus reservas internacionales, generando con ello mayor inflación y la devaluación de su moneda, lo que golpeará a los más desposeídos.

Muchos programas sociales no podrán financiarse por falta de recursos, hecho que incrementará el descontento popular llevando al país al borde de la fragmentación o ruptura civil. La ola de protestas se sucederá sin parar si es que las autoridades no encuentran alternativas no traumáticas de financiamiento, es decir, sin crear de nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes.

El clima de agitación política, económica y social favorecería la opción de los candidatos ‘antisistema’ o socialistas como Manuel Zelaya ante la inoperancia del ‘sistema’ para atender las demandas nacionales. El retorno de éste no parece viable en el mediano plazo a menos que la crisis obligue a los golpistas a buscar una salida democrática.

En estos momentos la CNN reporta que Zelaya se encuentra en Nicaragua donde ha sido recibido por el presidente Daniel Ortega. Mañana, según trascendió, el mandatario depuesto intentará regresar para presionar a los usurpadores con su incómoda presencia. La reticencia a dejarlo ingresar se debe a que la cúpula no se siente capaz de procesarlo en las actuales condiciones (a pesar de haberlo acusado de delitos tan alucinantes y disparatados como tráfico de drogas y sedición).

Para la comunidad internacional cualquier juicio a Zelaya carecería de las garantías procesales mínimas porque se realizaría en un país donde se ha subvertido el orden constitucional. De ahí la negativa del régimen a permitirle su regreso hasta que la situación se normalice.

Reflexiones a raíz de la liberación de Rómulo León

Reflexiones a raíz de la liberación de Rómulo León

Si el presidente venezolano Hugo Chávez quisiera ‘tumbarse’ la democracia peruana debería dedicarse a destapar casos de corrupción que involucran al Gobierno de Alan García en lugar de promover la convulsión en el interior del país
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Por César Reyna

Nada sería más efectivo para los ‘antisistema’ –para derribar el desigual sistema neoliberal- que descubrir escándalos y contubernios que amenacen la estabilidad política del segundo. Sólo una estrategia de esas características desacreditaría al modelo pues revelaría las turbias ramificaciones de un Estado al servicio de las minorías, es decir, de las clases sociales dominantes. Una vez desenmascarados, tanto políticos como empresarios, el sistema no los procesará porque son intocables (pertenecen a las altas esferas del poder y la sociedad). Ante la magnitud del descubrimiento o serie de descubrimientos, la opinión pública reclamaría un cambio radical asqueada de la inmunidad que blinda a las cúpulas.

En Perú, los partidos tradicionales y los inversionistas privados han formando una alianza similar a la que establecieron la monarquía francesa y el alto clero antes de la Revolución Francesa (1789- 1799) para obstaculizar las demandas y aspiraciones del Tercer Estado, el pueblo. Ambas juegan juntas como si la política se tratara de un partido de tenis de dobles. Siempre han andado en las buenas y en las malas, pero desde el fujimorato (1990-2000) han estrechado sus vínculos y perfeccionado sus estrategias con el fin asegurar la ‘gobernabilidad’, que no es otra cosa que la preservación del modelo.

En el pasado carecían de una ideología y un lenguaje económico comunes que articulara su discurso; pero tras el Consenso de Washington encontraron la receta ideal para preservar sus privilegios y espolvorear un poco de crecimiento sobre la población (luego lo denominaron ‘chorreo’). El neoliberalismo funcionó durante los primeros años porque atrajo capitales que generaron trabajo, nuevos productos y mejores servicios; pero las ventajas de la apertura de diluyeron porque se flexibilizó el mercado laboral y empeoraron las condiciones de trabajo. Por si fuera poco, el modelo, tal como había sido diseñado, no podía incluir a las grandes mayorías dentro de la formalidad (la economía de mercado). Los que no podían incorporarse ya sea por su deficiente formación educativa o falta de contactos –ambas barreras son culpa del Estado pues no se preocupó por la calidad de la educación ni instituyó la meritocracia-, debieron permanecer en la informalidad. A los de ‘abajo’ se les pedía que tuvieran paciencia ya que pronto llovería parejo para todos pero eso nunca sucedió. Cuando llovió, la riqueza se quedó empozada en las capas superiores a falta de canales redistribuidores. A pesar del ‘boom’ agroexportador y la elevación del precio de commodities como los minerales, las principales actividades generadoras de ingresos para el país, la desigualdad se mantuvo según un reciente estudio de la CEPAL.

El crecimiento económico sólo ha beneficiado a los que se ubican en la cima. La inversión privada, elevada por García al nivel de principio fundamental del desarrollo, no ha sido suficiente para reducir la pobreza y las brechas entre los extremos de la pirámide social. Durante algún tiempo se trató de hacernos creer que habría beneficios pero solamente fue un espejismo. Ahora que comienza un nuevo período de vacas flacas, el Gobierno asegura que mantendremos cifras positivas este año –amañadas por el INEI, desde luego- para no desmoronar los ánimos de los inversionistas y consumidores.

El modelo que nos rige está agotado aquí y en la China, aunque en la China nunca ha operado como en otras latitudes porque el Estado realiza gran parte de la actividad económica (controla puertos, refinerías de petróleo, terminales aéreos, siderúrgicas, etc.). Convendría no sólo hacerle ajustes, que nunca se han hecho porque los gobernantes de turno dirigieron la economía en piloto automático (sin hacer absolutamente nada), sino introducir reformas que cambien la matriz energética y económica para dejar de ser un país que depende exclusivamente de la venta de productos primarios. Las transformaciones, está claro, no pueden realizarlas quienes han defendido a ultranza el status quo. Los que han impedido que nada cambie son los menos idóneos para llevarlas a cabo a pesar de sus promesas de “cambio responsable”, en referencia a Alan García, quien durante la campaña de 2001 dijo que haría reformas sin subvertir el orden en contraposición a su rival nacionalista, Ollanta Humala.

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Pd: La desigualdad ante la ley, por ejemplo, ha sido recientemente evidenciada en el caso de Rómulo León Alegría porque se trata de un personaje relacionado con importantes dirigentes del partido de gobierno. Los peces gordos nunca van a la cárcel o salen rápidamente de ella. La salud de la justicia de un país se mide, en parte, cuando los ricos también van a la cárcel.

El club de los presidentes autoritarios: crítica a Andrés Oppenheimer

Crítica a Andrés Oppenheimer

El galardonado periodista del Miami Herald publicó un reciente artículo sobre la democracia en América Latina. En él resumió los pasos que han seguido un puñado de mandatarios latinoamericanos para “perpetuarse en el poder”
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Por César Reyna


Andrés Oppenheimer considera que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y el defenestrado Manuel Zelaya siguen –o seguían– un guión cuyo propósito es “desmantelar” el modelo democrático.

La primera medida o “acto” que realizan antes de convertirse en jefes de Estado es presentarse como un outsider o “líder antisistémico” que ofrece cambios radicales y luchar contra la corrupción. Para ganar notoriedad suelen encabezar protestas multitudinarias, como en el caso de Evo Morales, o intentan derrocar al gobernante de turno como Hugo Chávez. Pero ésas no han sido las únicas estrategias de exposición mediática de los ‘antisistema’ pues Ollanta Humala, el candidato nacionalista peruano, se sublevó en el sur cuando era comandante del Ejército. Su desobediencia fue pacífica pues desconoció la autoridad del corrupto Alberto Fujimori marchando con un batallón de conscriptos por la serranía; para luego entregarse a la Justicia Militar sin disparar un solo tiro.

El segundo acto, según Oppenheimer, consiste en reformar la Constitución “tras ganar la elección presidencial”. Esto con el propósito de introducir “una cláusula que permita la reelección”. Oppenheimer olvida que los cambios no los hacen Chávez, Evo Morales ni Rafael Correa por su cuenta pues necesitan el consentimiento popular. En todos esos casos es el pueblo el que decide si aprueba -o no- las modificaciones constitucionales.

Si esos presidentes buscan la reelección inmediata es porque en pocos años de gobierno no podrían realizar todos los cambios que pretenden. Un período no basta para combatir la pobreza, desterrar la corrupción y reducir la desigualdad. La mayoría de mandatarios socialistas entiende que las políticas sociales necesitan continuidad para generar resultados; de lo contrario sus efectos positivos se diluyen o pierden en el tiempo. La temida perpetuación o, mejor dicho, continuidad, es sólo un aspecto del complejo proceso de transformación política que se desarrolla en varias naciones latinoamericanas. Además, esta extensión o prolongación del mandato no sería posible si la ciudadanía venezolana, boliviana y ecuatoriana no avalara la permanencia de sus respectivos gobernantes. En todo ello el pueblo juega un papel crucial pues determina la persistencia o cancelación del modelo. Ni Chávez, Morales o Correa son dictadores pues se someten regularmente al escrutinio popular, es decir, permiten elecciones libres, las que son rigurosamente supervisadas por organismos internacionales como la OEA.

En Venezuela y Ecuador, por si fuera poco, existe el referéndum revocatorio. Esta novedosa figura permite que la población pueda destituir al presidente cuando lo desee. El ejercicio de dicha potestad adelanta el calendario electoral pues el dignatario revocado ya no puede seguir en el cargo hasta culminar su período. Hugo Chávez ya pasó por ese examen cuando la oposición convocó la consulta hace un par de años, de la cual salió victorioso. En las constituciones liberales de la región, sin embargo, el referéndum no ha sido incorporado, por lo que muchos ciudadanos sudamericanos tendrían, en comparación con los venezolanos y ecuatorianos, menores facultades y derechos. En la mayoría de países la revocación sólo procede para vacar autoridades municipales y regionales, pero no al presidente de la República o congresistas. Si por la vía del sufragio popular muchos llegan al poder, sería lógico que por esa vía también puedan ser expulsados.

Ahora bien, si la reelección es mal vista en muchos países de habla hispana se debe a que gobiernos de derecha como el de Alberto Fujimori abusaron sistemáticamente del poder. Cuando éste renunció cobardemente por fax desde Malasia se prohibió la postulación del presidente en funciones. Alan García, defensor del modelo neoliberal en el Perú, también ha coqueteado con la reelección[1] cuando la economía marchaba bien y no habían disturbios sociales. Lo mismo parecer ocurrir con Álvaro Uribe en Colombia pues apunta a un tercer mandato amparado en la popularidad que le dio la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes que estaban en manos de las FARC.

En el tercer acto Oppenheimer menciona que, una vez “aprobada la Constitución”, los presidentes socialistas “adelantan las elecciones” (para consolidar los cambios, suponemos). Esto, en principio, no tiene nada malo pues el nuevo orden necesita ser ratificado por el voto popular. Además adelantar la fecha de los comicios le ofrece una nueva oportunidad a la oposición para derrotar al oficialismo de turno. No vemos nada de pernicioso o malévolo en ese paso, y menos si lo autoriza la nueva Carta Magna. Oppenheimer debería recordar que el primer mandatario que plasmó lo que advierte en Chávez y compañía fue el reo Alberto Fujimori, un neoliberal. Muchos recordaran que el ex presidente peruano convocó elecciones para conformar el Congreso Constituyente después de dar un golpe atípico (cerró el Parlamento y controló el Poder Judicial el 5 de abril de 1992). Cuando Chávez rediseñó la Ley Fundamental se sometió a un proceso electoral; pero no así Fujimori, quien sólo permitió elecciones congresales un año después de gobernar de facto.

En el cuarto acto, Oppenheimer dice: “Una vez reelecto, (la consigna es) acusar a Estados Unidos, la Iglesia y la oligarquía de intentar un magnicidio, y usar ese pretexto para encarcelar a los líderes de oposición y cerrar medios de comunicación críticos, preparando el terreno para gobernar con una oposición simbólica y asumir poderes absolutos”. Esta afirmación se cae por su propio peso pues Estados Unidos tiene un amplio historial de intervenciones en la región. Basta recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973; el caso Irán-Contra en Nicaragua, donde la Administración de Ronald Reagan tuvo tratos con carteles del narcotráfico; la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, operación orquestada por la CIA; los sucesivos intentos de asesinato contra Fidel Castro, por citar algunos. En el caso venezolano, Oppenheimer olvida que la oligarquía caraqueña ejecutó un fallido golpe de Estado en 2002. La clase dominante lo planeó con ayuda de algunos jefes militares y las televisoras Globovisión y RCTV (clausurada en 2007). Si Chávez hubiera querido apresar a las cabezas golpistas no hubiera permitido que dos importantes empresarios involucrados abandonen el país. Las citadas emisoras, por su parte, estuvieron detrás del complot porque hicieron llamados (a su audiencia) a respaldar el golpe, pero Chávez no tomó represalias inmediatas contra ellas. Nada hubiera impedido que las autoridades les quitaran las licencias por atentar contra la democracia; sin embargo Chávez las mantuvo en el aire. Los medios en Venezuela no sólo son “críticos” como lo quiere hacer ver Oppenheimer pues desde sus frecuencias han promovido delitos.

En cuanto al papel simbólico de la oposición en Venezuela, por mencionar el caso más conocido, no es culpa de Chávez que no tenga más participación porque sus dirigentes eligieron no presentarse a las elecciones para la Asamblea Nacional con el fin de sabotear el proceso. Si Chávez ha incrementado su poder se debe a la irresponsabilidad de dejarlo competir solo, de ahí que haya implementado una serie de cambios que intranquiliza a sus rivales (como restarles atribuciones a los alcaldes opositores creando gobernadores por encima de ellos).

Si la derecha tradicional no ha podido imponerse hasta ahora es porque no representa una alternativa a Chávez, Morales y Correa. En el pasado tuvieron su oportunidad y gobernaron bastante mal, la mayoría de veces contra el interés general. En estos momentos está demasiado desacreditada como para aspirar seriamente al poder. Su legado de ineficiencia, desigualdad y corrupción lastra severamente sus ambiciones políticas.

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[1] Lo sugirió Mauricio Mulder, secretario general del Apra.

Golpe preventivo en Honduras

Golpe preventivo en Honduras

Por César Reyna

La oligarquía hondureña, al mejor del ex presidente norteamericano George W. Bush, ha ejecutado un golpe de Estado para evitar lo que The Wall Street Journal y otros medios de derecha denominan la “chavización de Honduras”, es decir, el acercamiento del país centroamericano al régimen que lidera Hugo Chávez Frías. Entonces, para evitar un mal mayor, según los partidarios de los golpistas, se tuvo que “subvertir la democracia” porque de otro modo Honduras hubiera caído dentro de la órbita de Venezuela.

Recurrir a ese tipo de acciones preventivas para impedir determinados acontecimientos no son moral ni jurídicamente aceptables porque ni la ética ni el derecho se mueven en el terreno de la suposición, sino en el de los hechos. Nada justifica un golpe de Estado, y menos si apelamos a razones maquiavélicas. Predecir que Chávez iba a extender sus tentáculos sobre Honduras es bastante temerario pues debían conjugarse una serie de factores, siendo el primero de ellos que el depuesto Zelaya asumiera un papel meramente servil.

En el pasado reciente, actuar de manera “preventiva” tuvo un alto costo político para el Partido Republicano ya que en 2006 perdió las elecciones legislativas por el mal desempeño de la estrategia adoptada en Iraq. En su momento, la aventura bélica estadounidense fue condenada por la mayoría de naciones por trasgredir el derecho internacional; pero aún así se llevó a cabo so pretexto de derrocar a un tirano que incumplía resoluciones de desarme de Naciones Unidas y representaba una amenaza para la seguridad mundial. Entre los medios que apoyaron esa descabellada teoría se encontraba The Wall Street Journal, ahora propiedad de Rupert Murdoch, uno de los principales manipuladores de la opinión pública occidental. El diario derechista pide, además, que el presidente Obama intervenga –no sabemos si militar o diplomáticamente- para evitar “una victoria del chavismo en Honduras”. Desde sus páginas se podría estar sugiriendo que la superpotencia viole la soberanía hondureña o que lo haga de una manera más solapada.

No sorprende que periódicos como The Wall Street Journal alienten la intervención de su país en asuntos internos de otras naciones cuando se pone en peligro, no la democracia, sino el establishment. En Latinoamérica nunca hubo verdadera democracia como para salir a defenderla airadamente. Lo que ha existido desde el período de la independencia ha sido un modelo de gobierno que beneficia únicamente a las minorías, esto es, a las clases dominantes que controlan la economía y los medios de comunicación. Para preservar el orden se han valido de las Fuerzas Armadas y de gobernantes seudo populistas para “clientizar” a la población, es decir, explotar sus necesidades para ganar su favor político. Por eso cuando se ejecuta un golpe la democracia no puede restituirse porque aún está en construcción tanto en Honduras como en la mayoría de Estados de habla hispana. Lo correcto sería hablar de ‘proceso democrático’ y no de democracia porque todavía se está gestando América Latina.

Ahora bien, cada quiebre o golpe en la región supone un retroceso indudable porque debilita la confianza en las instituciones como entidades canalizadoras del conflicto. Si la sociedad cree que sacando a un presidente de su residencia a las tres de la madrugada es lícito cualquier cosa podría pasar. Una vez instalada la incertidumbre es muy difícil de desterrar y mina las bases de una nación (destruye el tejido social). Así el deseo de progreso se diluye porque no existen elementos que aseguren la seguridad jurídica en el país. Sin garantías procesales ni constitucionales reina la arbitrariedad de quienes ocupan importantes cargos públicos, como en el caso hondureño.

Romper el orden constitucional por prevención en lugar inmunizarlo lo pervierte porque convierte en paria a un Estado. Sin el reconocimiento de la comunidad internacional ningún Gobierno de facto puede relacionarse ni sobrevivir en este mundo. El reconocimiento es tan o más importante que las elecciones libres porque significa la aceptación y convalidación -desde el exterior- del proceso interno. Esta aprobación es vital para poder comerciar e integrarse en un planeta cada vez más globalizado.

La destitución de Zelaya fue a todas luces irregular, por más que The Wall Street Journal sostenga que se hizo por una orden la Corte Suprema. Si uno revisa la Constitución de cualquier país encontrará que el mandatario sólo puede ser procesado por el Congreso y goza de inmunidad mientras ejerce sus funciones. Al ser elegido por sufragio universal, sólo el poder político encarnado en el Parlamento, cuyos miembros también han sido votados, puede vacar al jefe de Estado por causales previamente establecidas en la Carta Magna. De modo que no es cierto lo que señala tanto The Wall Street Journal como el Cato Institute de que en Honduras no existe el impeachment o juicio constitucional para procesar a un alto dignatario.

Analizando el golpe de Estado en Honduras

Analizando el golpe de Estado en Honduras

Las razones que esgrimen las autoridades hondureñas para justificar la ruptura democrática son muy débiles. Ningún argumento nos parece jurídicamente sustentable porque riñe contra normas y principios fundamentales del derecho.
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Por César Reyna


En el presente artículo desvirtuaremos los “razonamientos” ofrecidos por los golpistas en aras de esclarecer la verdad.

I) El primer punto que quisiera tocar es la supuesta reelección del derrocado presidente Manuel Zelaya, a quien se acusó de promover una ilegal consulta popular para modificar la Constitución de 1982. Este asunto no reviste mayor complejidad porque era fáctica y jurídicamente imposible la búsqueda de un segundo mandato.

II) Uno de los factores que impedía su reelección inmediata era el tiempo. El tiempo constituye un elemento crucial ya que de haber sido realizada la consulta tomaría por lo menos un año definir la nueva Constitución, es decir, varios meses después de que Zelaya haya abandonado la presidencia. Es preciso recordar que el mandato de Zelaya expiraba en enero próximo (en siete meses) y que la conformación de la Asamblea Constituyente sería en noviembre. Todo esto dependía de los hondureños, naturalmente, pues si la mayoría se inclinaba por reformar la Constitución Política, el proceso constitucional hubiera culminado con otro presidente.

III) Otro factor a tener en cuenta, en caso de que a Zelaya le hubiera alcanzado el tiempo para rubricar la nueva Constitución, es que sus candidatos debían dominar la Asamblea para introducir la figura de la reelección presidencial. Sin mayoría calificada el gobernante defenestrado no hubiera podido postular nuevamente al cargo.

IV) Además de ganar los comicios por amplia mayoría para instaurar la Asamblea Constituyente, Zelaya y sus partidarios debían superar un último escollo: el referéndum. Mediante una nueva convocatoria el pueblo debía decidir si aprobaba -o no- el hipotético texto consensuado por las fuerzas políticas.

V) Como vemos, no hubiera sido tan sencillo cambiar la Carta Magna para incluir un artículo que autorizara la reelección. Zelaya no representaba una amenaza para la democracia hondureña pues a la Asamblea le hubiera tomado más de dos meses en redactar la nueva Ley Fundamental, que era lo que le faltaba a Zelaya para concluir su período contando desde noviembre, mes en que debía instalarse la Asamblea. En tan poco tiempo no hubiera sido posible que los delegados concluyeran los debates en torno a asuntos tan sensibles como la reelección presidencial, mecanismos de participación ciudadana, la reforma del Estado, etc.

VI) Honduras debe ser una nación sui generis en la región pues en la mayoría de Estados latinoamericanos el presidente puede convocar un plebiscito. La consulta popular es el mecanismo más democrático que existe pues permite que los gobernados puedan enmendarle la plana a los gobernantes. Esto es, oponerse a sus iniciativas si las consideran injustas o desproporcionadas. En el caso hondureño el referéndum no ha sido debidamente institucionalizado porque la clase social dominante se opone a cualquier cambio fundamental. Sin esa prerrogativa, legislativamente hablando, un gran sector de la sociedad hondureña es rehén de una minoría que rechaza la modernidad (la modernidad entendida como mayor empoderamiento de la población).

VII) Los legisladores, jueces, fiscales y militares que usurpan el poder han dicho que el golpe fue pacífico. Esto es falso pues un contingente militar secuestró al presidente Zelaya en la madrugada y lo embarcó en un avión a Costa Rica. Además se han desatado protestas en varios puntos del país caribeño y se ha decretado un toque de queda 48 horas. Sin dejar de lado los cortes de suministro eléctrico, la injerencia en medios de comunicación y la persecución de funcionarios del extinto régimen democrático.

VIII) El Congreso que nombró presidente interino a Roberto Micheletti presentó un documento apócrifo en el que constaba la “renuncia” expresa de Zelaya. En base a la falsificación del testimonio y firma del líder hondureño se ha pretendido legitimar la sucesión de Micheletti. A Honduras no la rige un gobierno democrático sino una mafia que se ha enquistado en el poder.

IX) A pesar de que Zelaya debía ser puesto a disposición de la “justicia”, los captores del primer mandatario lo desterraron contraviniendo un requerimiento judicial. La orden de arresto contra Zelaya había sido emitida antes de su ilegal expatriación. Quienes resulten responsables han cometido un delito al margen de si lo hicieron "para evitar la polarización del país".

X) En “ausencia” del “renunciante” Manuel Zelaya, Roberto Micheletti asumió la presidencia de manera provisional. Para juramentarlo como nuevo presidente constitucional, el Parlamento “dio por sentado” que Zelaya había presentado su “renuncia” antes de ser enviado al exterior. La ausencia de Zelaya se debió, como todos sabemos, a causas ajenas a su voluntad pues se le detuvo sin respetar su alta investidura y el debido proceso.

Golpe de Estado en Honduras

Golpe de Estado en Honduras

Por César Reyna


En su columna de ayer sábado, Aldo Mariátegui, director del conservador diario 'Correo', dijo que “mal se haría en prestar oídos a la versión chavista de que se está dando un golpe de Estado (en Honduras)”. Aldo Mariátegui, nieto del gran pensador de la izquierda continental José Carlos Mariátegui, utiliza ese medio para difundir pronósticos y argumentos errados, y para expresar comentarios racistas en contra congresistas y diplomáticos que no comparten sus ideas (a una parlamentaria quechuahablante la llamó anafalbeta por no saber escribir en castellano y dijo que el embajador nicaragüense en Lima tenía rasgos anfibios). No hace mucho recomendó al Gobierno lanzar napalm sobre la Amazonía para acabar con un par de columnas narcoterroristas que se ocultan en la zona del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene), y sobre miles de nativos que tomaban vías, puentes y estaciones de petróleo en la selva. Pedía un crimen ecológico y un genocidio para recuperar la tranquilidad en esa convulsionada región. Poca cosa para él.

Nombró a Aldo Mariátegui porque encarna la descabellada visión de la extrema derecha de aquí y otras latitudes. Así como Mariátegui invoca poner orden por medio a métodos poco “convencionales” cuando surgen graves disturbios en el país (en su mayoría el Estado peruano los ha originado por su incapacidad y desinterés), la derecha hondureña ha reaccionado de la misma forma quebrando el marco constitucional.

Las condenas escuchadas hasta el momento sobre la penosa situación en Honduras son unánimes. Los pronunciamientos en ese sentido provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU, etc. Ningún miembro de la comunidad internacional respalda a los golpistas que pretenden validar el nuevo status quo alegando que el presidente Manuel Zelaya violó reiteradamente las leyes y trató de imponer un referéndum este domingo. Su sorpresiva destitución no se ajusta a ningún parámetro democrático aceptable porque la fuerza no es un medio reconocido por la Constitución hondureña para deponer a la máxima autoridad del país. Para removerlo se necesitaba implementar un proceso justo y transparente, es decir, una acusación constitucional en la que se precisen los cargos y el presidente cuestionado cuente con suficientes garantías para realizar sus descargos (ejercer su derecho a la defensa). Esto no ocurrió en el caso de la nación caribeña pues los grupos de poder económico y la oposición servil orquestaron un atentado contra la democracia.

Lo que causó la caída de Zelaya fue haberse vinculado con Hugo Chávez y con el resto de países socialistas de la región (con los que integran el ALBA), relación que criticaba la derecha. Pero su gran error fue proponer una cuarta pregunta -en la consulta debía realizarse este domingo- para que el electorado decidiera si estaba de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución. El propósito de la pregunta era introducir la reelección presidencial porque la normativa vigente no la permitía.

En su artículo Mariátegui acusaba a Zelaya de “querer perpetuarse en el poder” mediante la reforma constitucional, un procedimiento democrático por excelencia pues depende del pueblo el rechazo o la aceptación de su iniciativa. El periodista peruano dijo que la popularidad de Zelaya rondaba el 10%. Si era así, ¿por qué temer entonces a la consulta popular? Con ese magro porcentaje no había necesidad de destruir la democracia ni ganarse el repudio de la comunidad internacional.

Zelaya se encuentra actualmente en Costa Rica, donde el presidente Óscar Arias le ha expresado su solidaridad tras ser expulsado de territorio hondureño. El Tribunal Supremo de Honduras había dispuesto su captura, pero los militares encapuchados que lo secuestraron ignoraron la orden judicial y lo enviaron directamente a San José.

Hoy por la tarde, durante la sesión extraordinaria que fue televisada desde el Parlamento hondureño se escucharon cosas realmente inconcebibles de parte de los diputados golpistas, quienes eligieron a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como mandatario provisional hasta las próximas elecciones generales que se celebrarán en noviembre de este año. Entre los disparates que dijeron alcance a oír algunos que reproduzco a continuación: “Aquí no hubo golpe de Estado sino el funcionamiento del Estado de Derecho”; “Nadie puede estar por encima de la ley… del derecho… de la Constitución”; “Honduras va consolidando su democracia”. Estas frases se decían entre aplausos y vítores de los exaltados legisladores. Los diputados congregados se expresaron con desbordante entusiasmo como si hubieran hecho algo positivo y se alucinaban próceres de su agitada República.

Muchas cosas irregulares sucedieron este domingo como el arresto de embajadores y personal diplomático de las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de la detención de varios ministros del Gabinete del defenestrado Zelaya. El corte del suministro eléctrico y la supresión de la información fueron dos medidas propias de una dictadura o autocracia. El Tribunal Supremo, el Congreso y las Fuerzas Armadas han sido los ejecutores visibles de la ruptura orden democrático; detrás de estas seudo instituciones se ubica, por supuesto, el poder económico.

Para terminar, en lo que acertó Mariátegui es que la propuesta de Zelaya (de un cambio de modelo) no iba a llegar lejos. Pero ésta no sucumbió por la vía democrática, como mandan las formas civilizadas del siglo XXI, sino por medio de la violencia a la que está muy acostumbrada la derecha.