Please Mr. Obama do not sell weapons to Chile!!!

Chile likely to buy $665 million missiles, radio systems from USA

Our Bureau

Fri, Nov 13, 2009

The Defense Security Cooperation Agency notified Congress Nov. 10 of a possible Foreign Military Sale to Chile of 36 AVENGER Fire Units, 378 STINGER-Reprogrammable Micro-Processor (RMP) Block 1 Anti-Aircraft missiles, 12 STINGER Block 1 Buy-to-Fly missiles and associated parts, equipment and logistical support worth approximately $455 million.

Chile to buy $65 million radar, radio systems from USA

      The Government of Chile has requested a possible sale of 36 AVENGER Fire Units, 378 STINGER-Reprogrammable Micro-Processor (RMP) Block 1 Anti-Aircraft missiles, 12 STINGER Block 1 Buy-to-Fly missiles, 42 Captive Flight Trainers, 36 AN/VRC-92E Single Channel Ground and Airborne Radio Systems (SINCGARS), 42 Captive Flight Trainers (CFTs), S250 Shelters on High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicles (HMMWV), support equipment, tools and test equipment, spare and repair parts, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor technical support services, and other related elements of logistics support.

      The estimated cost is $455 million.

      This proposed sale will contribute to the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of a friendly country which has been and continues to be an important force for political stability and economic progress in South America.

      In addition to these, the Defense Security Cooperation Agency notified Congress Nov. 10 of a possible Foreign Military Sale to Chile of 100 AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles and associated parts, equipment and logistical support worth approximately $145 million.

      The Government of Chile has requested a possible sale of 100 AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), containers, warranty, spare and repair parts, support equipment, publications and technical data, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor technical assistance, and other related elements of logistics support.

      The estimated cost is $145 million.

Estados Unidos apoya el golpe en Honduras

Por César Reyna


Cuando la superpotencia condenó el golpe en el país centroamericano hace tres semanas algunos, entre los que me cuento, asumimos que no tuvo nada que ver con su preparación. Con el correr de los días me reafirmo en mi posición pero las cosas han cambiado sustancialmente. Al principio creí que Estados Unidos amenazaría con sanciones drásticas tras la ruptura democrática. Asimismo, creí positivo que el depuesto mandatario hondureño se sentara a dialogar con emisarios del autócrata Roberto Micheletti bajo la mediación del bienintencionado presidente costarricense Óscar Arias. Si se restituía a Manuel Zelaya de manera pacífica y bajo determinadas condiciones (como renunciar a la controvertida consulta popular) valía la pena intentarlo. Esa alternativa pudo haber funcionado siempre que Estados Unidos hubiera estado dispuesto a presionar a los golpistas. Sin embargo, la realidad es otra porque Washington ha decido respaldarlos al proponer la salida de Micheletti a cambio de que Zelaya renuncie a sus aspiraciones.

La medida parece salomónica pero no lo es ya que si Zelaya no retorna al poder el quiebre constitucional en Honduras se habrá consagrado, sentando un peligroso precedente en el resto de la región. Lo que ocurre en Honduras parece un modelo o ensayo ideado por la derecha latinoamericana -en complicidad con el Departamento de Estado- para derrocar a gobernantes que se oponen a las políticas de mercado (neoliberales).

El argumento de los golpistas y de Estados Unidos para proponer ese trato inaceptable sería evitar un innecesario derramamiento de sangre. Así la derecha hondureña salvaría a su país o más bien al sistema de la injerencia chavista, y el defenestrado Zelaya recibiría el indulto en el exilio. La propuesta no debería ser aceptada aunque la situación se polarice aún más. Un importante sector de la sociedad hondureña sería traicionado si Zelaya llegara a consentir ese acuerdo.

Las negociaciones en Costa Rica sólo han servido para que los golpistas enfríen los ánimos de los partidarios de Zelaya. El Gobierno de facto jamás iba a permitir el retorno de éste porque no ha recibido presiones de los norteamericanos, quienes en última instancia podían corregir el trágico curso de los acontecimientos. La dilación sólo favorece a la derecha hondureña pues en poco tiempo convocará a nuevas elecciones para borrar cualquier impacto negativo del golpe.

Las cosas parecen consumadas pero se incubará un sentimiento antisistémico que tarde o temprano termine por derrotar a la minoría enquistada en el poder. La mayoría de hondureños son pobres y dependen mucho de la asistencia extranjera y gubernamental. Esa base social actualmente ha sido descabezada ya que Zelaya no puede regresar a su país. Se le mantiene alejado para que los usurpadores no tengan que confrontar a las masas. El régimen sabe que es peligroso porque su discurso estaba dirigido a los sectores marginados.

En ese sentido, el llamado de Zelaya a la insurgencia debería ser acatado pues es lo que corresponden cuando se ejecuta un golpe de Estado. La Constitución hondureña autoriza a la población a sublevarse contra los golpistas aunque éstos ridículamente sostengan que lo que hubo fue una “transición democrática”.

Washington maneja el asunto como si se tratara de un arbitraje en el que colisionan los derechos de las partes. Pero aquí sólo hay un derecho: el que tiene Zelaya a ser repuesto porque su designación proviene de la voluntad popular y las leyes hondureñas.

Micheletti ha afirmado este jueves, según cuenta El diario El País de España, que la propuesta de abandonar la presidencia la recibieron delegados suyos en una ciudad de Estados Unidos, seguramente Washington, donde sus lobistas, de acuerdo con el periodista César Hildebrandt, vienen realizando arduas diligencias para ganarse las simpatías de congresistas y diplomáticos de estadounidenses. Al parecer las cosas les vienen saliendo bien pues en días recientes algunos miembros del Capitolio dijeron en la CNN que “el golpe era comprensible” porque el depuesto presidente hondureño “pretendía modificar la Constitución para perpetuarse en el poder”, asunto por demás imposible porque la consulta era “no vinculante” y en el supuesto de que hubiera sido reformada el mandato de Zelaya ya habría terminado.

Estados Unidos y el golpe en Honduras

Hoy jueves comienza la ronda de negociaciones entre el derrocado Manuel Zelaya y los líderes golpistas de su nación. El presidente de costarricense Óscar Arias oficiará de mediador a petición de Estados Unidos. Esta es la primera vez que un mandatario defenestrado de la región se sienta a dialogar con funcionarios del Gobierno que lo depuso.
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Por César Reyna

Para que las conversaciones resulten provechosas ambas partes deberán renunciar a varias pretensiones aún cuando eso implique restituir a Zelaya o amnistiar a las autoridades golpistas. Durante el diálogo auspiciado por Estados Unidos se estaría buscando la mejor forma de devolverlo al poder sin resentir demasiado a sus opositores, es decir, sin hacerle creer a un amplio sector de la sociedad que han sido derrotados. La presión de la superpotencia ha sido fundamental para explorar una salida pacífica a la crisis. Esto comprueba que organizaciones internacionales como la OEA, a pesar de que Estados Unidos se encuentra debilitado, no son capaces de influir en la resolución de un conflicto interno.

La comunidad internacional sólo aceptaría la reposición de Zelaya, y hacia eso apuntan los esfuerzos de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Para que ese desenlace se produzca Zelaya deberá aceptar algunas condiciones como adelantar la fecha de las elecciones (posiblemente a setiembre) y renunciar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyo propósito era reformar la pétrea Constitución de su país. Dada la grave polarización que atraviesa Honduras, al depuesto Zelaya no le quedaría más remedio que acortar su mandato. Si vuelve a gobernar se limitaría a organizar los comicios y garantizar una ordenada transferencia de mando. Sus poderes como su período serían recortados en aras de reducir la tensión social.

Antes de reponer a Zelaya los golpistas anularían la orden de detención que pesa en su contra (se le acusa de 18 delitos) y sería amnistiado por los poderes públicos para que pueda terminar su período. Los cargos que se le levantaron -antes de su exilio involuntario – ya han sido desestimados por la Interpol porque el Gobierno de facto se negó a arrestarlo en dos oportunidades (una al expulsarlo a Costa Rica la madrugada del 28 de junio y otra al impedirle su regreso el domingo pasado, mientras sobrevolaba el aeropuerto Toncontín). Para la Interpol su detención es arbitraria pues se trata de “un caso de persecución política”, tal como lo afirma en un comunicado.

Si las negociaciones prosperan, Roberto Micheletti, el presidente en funciones, entregaría el poder a Manuel Zelaya a la brevedad y dejaría su puesto en el Congreso hondureño, donde ejercía la presidencia del órgano legislativo. No sería razonable que continúe al mando del poder que ocasionó la ruptura del orden democrático. Los principales involucrados en el golpe también abandonarían sus cargos ya que deben asumir el costo político de sus acciones. Esto se haría para aminorar la sensación de impunidad entre los partidarios de Zelaya y no enervar a los que respaldan el quiebre constitucional. La solución debe ser lo más salomónica posible para evitar la indeseada fractura social. Ni uno ni otro bando deben considerarse vencedores o perdedores cuando finalicen las conversaciones para no crispar los ánimos.

Si dejan sus funciones recibirían el indulto o la amnistía presidencial correspondiente para garantizar la gobernabilidad. Los crímenes del pasado se olvidarían mediante la expedición de una ley que certifique el borrón y cuenta nueva. La situación en Honduras, naturalmente, no partirá de cero porque la población jamás olvidará lo sucedido en estas últimas semanas. Los golpistas deberían automarginarse de la actividad política, es decir, no volverían a postularse en las elecciones. Algo parecido ocurriría con la cúpula militar que violentó la residencia de Zelaya y lo envió al extranjero en pijamas. El general Romeo Vázquez pasaría a retiro asi como los jefes de los institutos armados y la policía. El aparato político se renovaría solo en apariencia para dar tranquilidad.

Todos los que han participado de alguna u otra forma darían un paso al costado a cambio de inmunidad. Esto comprende a los jueces, fiscales y miembros de los órganos electorales que dispusieron la irregular captura de Zelaya. El precio (para estos) será muy alto pero deberá ser pagado si se quiere aplacar los disturbios y las sanciones internacionales. Sólo en un escenario como el descrito la comunidad internacional volvería a normalizar sus relaciones diplomáticos con Honduras. Como el país centroamericano depende mucho de la cooperación extranjera y préstamos de entidades multilaterales, los golpistas no tendrían otra alternativa que considerar una salida ordenada.

Estados Unidos no ha suspendido la ayuda humanitaria para emplearla como mecanismo de presión en caso de que Micheletti se niegue a realizar concesiones. La nueva Administración estadounidense no es partidaria del bloqueo ni del aislamiento como sus antecesoras, de ahí que haya levantado algunas restricciones que pesaban sobre Cuba como el envío de remesas y los viajes de norteamericanos con raíces cubanas a la Isla. Arturo Valenzuela, responsable de la política de EE. UU. para el continente, definió la situación en Honduras como “un clásico golpe de Estado”. Esta declaración deslindaría cualquier participación de su país en los trágicos sucesos del 28 de junio. Muchos analistas especulan que la Casa Blanca o el Pentágono tuvieron alguna participación porque el embajador estadounidense fue notificado de las intenciones de los conspiradores. El que el diplomático se haya reunido en privado con los golpistas no quiere decir que haya respaldado su decisión. Además los rumores (de golpe) eran vox populi en Honduras y solo Zelaya confiaba en que no se produciría tras separar al general Romeo Vázquez, quien fue cesado por negarse a distribuir material electoral relacionado con la consulta a la polémica Asamblea Constituyente -por la que luego fue depuesto el presidente.

Para los que creen en la conspiración norteamericana, sobre todo por su historial plagado de intervenciones, debemos decir que la doctrina del presidente Obama no avala golpes militares. El único golpe que Washington podría respaldar sería uno netamente popular como el que se produce para derribar a una tiranía. El caso más notorio es el de Irán, donde el régimen teocrático ha reprimido violentamente las protestas de miles de estudiantes que consideran que hubo fraude en las elecciones presidenciales. Desde que comenzó la violencia en Teherán, Estados Unidos ha apoyado a los manifestantes –la generación nacida tras la revolución islámica de los Ayatolás- porque reclaman mayores libertades.

Golpe de Estado en Honduras: el no intervencionismo norteamericano

Golpe de Estado en Honduras: el no intervencionismo norteamericano

Por César Reyna


En el siglo pasado, sobre todo durante el período de la Guerra Fría, los golpes de Estado en Latinoamérica no podían ejecutarse sin el consentimiento de Washington. Muchos se fraguaron directamente en el departamento de Estado, el Pentágono o la CIA para remover a gobiernos pro comunistas o impedir el ascenso de sectores vinculados con la izquierda radical. En aquellos tiempos se necesitaba la luz verde del todopoderoso norte para que los militares y las oligarquías de la región se sintieran respaldados.

Esas tristes épocas parecen ser parte de la historia ahora que Estados Unidos ha asumido un papel no intervencionista. Desde que Barack Obama asumió sus funciones, la Casa Blanca ha revitalizado el concepto de ‘poder blando’ o soft power (1) ideado por Joseph S. Nye. Este poder implica, en el campo de las relaciones internacionales, reemplazar la confrontación y la amenaza de administraciones anteriores –como la de George W. Bush- por la persuasión y el diálogo directo. Para legitimar el cambio de orientación, Obama tuvo que tomar medidas drásticas como cerrar la truculenta prisión de Guantanamo con el propósito de recuperar liderazgo en materia de derechos humanos. Si la superpotencia no predicaba con el ejemplo no tendría autoridad moral ni capacidad de sugestión para luchar contra regímenes antidemocráticos y el terrorismo global.

El restablecimiento de ese poder, aplicado por última vez desde la Administración de Bill Clinton, restituye dos principios básicos como el respeto a la soberanía de los Estados y el reconococimiento de las diferencias ideológicas que separan a Estados Unidos de otros miembros de la comunidad internacional. Esto último puede apreciarse en la manera que Obama y su secretaria de Estado, la senadora Hillary Clinton, se han aproximado a gobiernos como los de Cuba e Irán, por citar dos ejemplos, ya que hasta hace poco parecía imposible mantener negociaciones directas con países totalitarios. Para algunos analistas, sin embargo, la apertura ha significado debilidad en momentos que Estados Unidos debe estabilizar Medio Oriente y evitar la proliferación nuclear.

Ayer en Moscú, mientras Obama declaraba de manera conjunta con su homólogo ruso, Dimitri Medvedev, dijo que su Administración “no buscará imponer ningún sistema de Gobierno a ningún país y no intentará elegir qué partido o individuo debe gobernar en un Estado”. Esto es positivo porque su antecesor hizo todo lo contrario cuando invadió Iraq sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero también abre la puerta para que determinados grupos de poder rompan el orden constitucional ante el perfil bajo que asume Estados Unidos. Como Washington ha relegado a la región desde la caída de la Unión Soviética y ha decido no intervenir en asuntos internos, estos actores sienten que ya no necesitan consultar (2) sus conspiraciones antidemocráticas.

Tras la crisis política desatada en Honduras el rol de Estados Unidos no debería ser pasivo porque dejaría de ser garante de las libertades fundamentales y la democracia en la región. Si Obama quiere recuperar el protagonismo de su país debería presionar a los usurpadores para que entreguen el poder. Haber reconocido a Manuel Zelaya como legítimo gobernante de Honduras no es suficiente a menos que se tomen medidas que restituyan al régimen anterior. En ese sentido la aplicación de sanciones debería ser considerada por la Casa Blanca para no permitir que fuerzas políticas, económicas y sociales resuelvan sus diferencias de manera violenta.

La secretaria Clinton recibirá esta tarde al presidente hondureño Manuel Zelaya para buscar soluciones a la crisis. A la par de sus esfuerzos diplomáticos, una delegación del Gobierno de facto acudirá a la sede de la OEA para explicar las razones que motivaron el golpe. Los emisarios de Roberto Micheletti, el mandatario en funciones, señalan que no han sido debidamente escuchados y que sólo ha sido atendida la versión del mandatario depuesto.

El compromiso de Washington con los sistemas democráticos debe definirse de una vez. Ahora le corresponde a Obama actuar de manera más enérgica luego de las fallidas gestiones que realizó el secretario general de la OEA durante su visita a Tegucigalpa. Pese a sus graves problemas internos y su complicada agenda internacional, sólo Estados Unidos podría obligar a los golpistas a volver sobre sus pasos.

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(1) Nye, catedrático en la Universidad de Harvard, también lo define como “lograr que otras naciones ambicionen lo que nosotros (Estados Unidos) ambicionamos”. Aquello podría ser la paz, la consagración de la democracia, el desarrollo sostenible, la ratificación del Protocolo de Kioto, el cumplimiento de las Metas del Milenio, etc.

(2) La última vez que consultaron con Washington fue cuando el controvertido presidente venezolano Hugo Chávez fue arrestado por tropas golpistas en 2002. Ese año Estados Unidos le bajó el pulgar a los conspiradores a pesar de discrepar con el modelo que Chávez estaba implementando.

Golpe preventivo en Honduras

Golpe preventivo en Honduras

Por César Reyna

La oligarquía hondureña, al mejor del ex presidente norteamericano George W. Bush, ha ejecutado un golpe de Estado para evitar lo que The Wall Street Journal y otros medios de derecha denominan la “chavización de Honduras”, es decir, el acercamiento del país centroamericano al régimen que lidera Hugo Chávez Frías. Entonces, para evitar un mal mayor, según los partidarios de los golpistas, se tuvo que “subvertir la democracia” porque de otro modo Honduras hubiera caído dentro de la órbita de Venezuela.

Recurrir a ese tipo de acciones preventivas para impedir determinados acontecimientos no son moral ni jurídicamente aceptables porque ni la ética ni el derecho se mueven en el terreno de la suposición, sino en el de los hechos. Nada justifica un golpe de Estado, y menos si apelamos a razones maquiavélicas. Predecir que Chávez iba a extender sus tentáculos sobre Honduras es bastante temerario pues debían conjugarse una serie de factores, siendo el primero de ellos que el depuesto Zelaya asumiera un papel meramente servil.

En el pasado reciente, actuar de manera “preventiva” tuvo un alto costo político para el Partido Republicano ya que en 2006 perdió las elecciones legislativas por el mal desempeño de la estrategia adoptada en Iraq. En su momento, la aventura bélica estadounidense fue condenada por la mayoría de naciones por trasgredir el derecho internacional; pero aún así se llevó a cabo so pretexto de derrocar a un tirano que incumplía resoluciones de desarme de Naciones Unidas y representaba una amenaza para la seguridad mundial. Entre los medios que apoyaron esa descabellada teoría se encontraba The Wall Street Journal, ahora propiedad de Rupert Murdoch, uno de los principales manipuladores de la opinión pública occidental. El diario derechista pide, además, que el presidente Obama intervenga –no sabemos si militar o diplomáticamente- para evitar “una victoria del chavismo en Honduras”. Desde sus páginas se podría estar sugiriendo que la superpotencia viole la soberanía hondureña o que lo haga de una manera más solapada.

No sorprende que periódicos como The Wall Street Journal alienten la intervención de su país en asuntos internos de otras naciones cuando se pone en peligro, no la democracia, sino el establishment. En Latinoamérica nunca hubo verdadera democracia como para salir a defenderla airadamente. Lo que ha existido desde el período de la independencia ha sido un modelo de gobierno que beneficia únicamente a las minorías, esto es, a las clases dominantes que controlan la economía y los medios de comunicación. Para preservar el orden se han valido de las Fuerzas Armadas y de gobernantes seudo populistas para “clientizar” a la población, es decir, explotar sus necesidades para ganar su favor político. Por eso cuando se ejecuta un golpe la democracia no puede restituirse porque aún está en construcción tanto en Honduras como en la mayoría de Estados de habla hispana. Lo correcto sería hablar de ‘proceso democrático’ y no de democracia porque todavía se está gestando América Latina.

Ahora bien, cada quiebre o golpe en la región supone un retroceso indudable porque debilita la confianza en las instituciones como entidades canalizadoras del conflicto. Si la sociedad cree que sacando a un presidente de su residencia a las tres de la madrugada es lícito cualquier cosa podría pasar. Una vez instalada la incertidumbre es muy difícil de desterrar y mina las bases de una nación (destruye el tejido social). Así el deseo de progreso se diluye porque no existen elementos que aseguren la seguridad jurídica en el país. Sin garantías procesales ni constitucionales reina la arbitrariedad de quienes ocupan importantes cargos públicos, como en el caso hondureño.

Romper el orden constitucional por prevención en lugar inmunizarlo lo pervierte porque convierte en paria a un Estado. Sin el reconocimiento de la comunidad internacional ningún Gobierno de facto puede relacionarse ni sobrevivir en este mundo. El reconocimiento es tan o más importante que las elecciones libres porque significa la aceptación y convalidación -desde el exterior- del proceso interno. Esta aprobación es vital para poder comerciar e integrarse en un planeta cada vez más globalizado.

La destitución de Zelaya fue a todas luces irregular, por más que The Wall Street Journal sostenga que se hizo por una orden la Corte Suprema. Si uno revisa la Constitución de cualquier país encontrará que el mandatario sólo puede ser procesado por el Congreso y goza de inmunidad mientras ejerce sus funciones. Al ser elegido por sufragio universal, sólo el poder político encarnado en el Parlamento, cuyos miembros también han sido votados, puede vacar al jefe de Estado por causales previamente establecidas en la Carta Magna. De modo que no es cierto lo que señala tanto The Wall Street Journal como el Cato Institute de que en Honduras no existe el impeachment o juicio constitucional para procesar a un alto dignatario.

Padre Marco Arana presidente

Elecciones en Perú: Padre Marco Arana presidente

Todavía falta mucho para las elecciones de 2011 (en política dos años son una eternidad), pero la probable candidatura del sacerdote Marco Arana está cobrando fuerza en muchos sectores de la izquierda progresista. Su eventual participación revertiría la tendencia de los últimos procesos electorales ya que no tendríamos que viciar nuestro voto ni nos veríamos obligados a escoger al ‘mal menor’.
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Por César Reyna


El padre Marco Arana, a nuestro juicio, reúne todas las condiciones para representar a los descontentos con el modelo neoliberal y presentar una propuesta alternativa de desarrollo. Su incursión en política no es improvisada como muchos sinvergüenzas que llegaron al Congreso o a la presidencia como Alberto Fujimori, por poner un ejemplo. No, lo suyo es serio pues tiene formación académica (es sociólogo), social (trabaja con las comunidades) y pastoral. Ha realizado intenso activismo social en su natal Cajamarca y en otras regiones del país. Siempre abogó por los más pobres pues protestó contra los abusos de las compañías mineras en su trato con las comunidades campesinas. Proviene del Perú profundo, el cual conoce como la palma de su mano, pero no se ha desvinculado de sus raíces como Alejandro Toledo, un falso representante del movimiento indígena (de indio solo tiene el rostro), sino que ha trabajado intensamente por mejorar las perspectivas de vida de los pueblos afectados por la actividad minera.

Algunos medios lo han tildado de ‘comunista’ ‘revoltoso’ y ‘agitador’ por darles voz quienes no la tienen por desidia del Estado. El padre Arana muchas veces ha tenido que suplirlo organizando a los comuneros para que puedan ejercer sus derechos. Esa encomiable labor le generó el hostigamiento de la poderosa minera Yanacocha, de capitales peruanos y norteamericanos, por denunciar el deterioro de la salud de las poblaciones aledañas a su explotación. Esa empresa quizá representa todo lo malo que significó el Gobierno de Fujimori pues la familia Benavides, sus accionistas peruanos, adquirieron su participación en la mina en el despacho del inescrupuloso ex asesor del SIN, Vladimiro Montesinos, quien intervino en el Poder Judicial para desbancar del proyecto a una firma francesa.

Uno de los principales atractivos del padre Arana es que no está estigmatizado como el líder nacionalista Ollanta Humala, a quien la derecha y varios medios advenedizos demolieron cuando lo identificaron con Hugo Chávez. Humala jamás podrá desprenderse de ese sambenito pues mantuvo reuniones con el mandatario venezolano y se presume que su agrupación recibe fondos de Caracas (su mujer recibió ingresos no explicados de un diario cercano al chavismo). Para los moderados la propuesta de Humala es muy riesgosa pues no desean estatizaciones ni medidas muy traumáticas. Arana, en cambio, podría sintonizar con ese sector pues su discurso no es violentista (Humala carga a cuestas con los crímenes de su hermano Antauro en Andahuaylas) ni está vinculado con terceros países, excepto con el Vaticano, claro está, hecho que nadie podría reprochar por su condición de sacerdote (cuando renuncie estará libre de la injerencia de la Santa Sede pues se convertirá en laico).

Otro elemento relevante es su religiosidad pues le añade honestidad a su propuesta. A diferencia del resto de aspirantes, el padre Arana no tiene las manos manchadas de sangre o de dinero. Para el diario La República es “una ventaja de la que sacaría partida porque en el imaginario de la gente los curas son buenas personas y se preocupan por el bien común”. Pero no basta ser “bueno” sino tener el acercamiento que el padre ha tenido con la población. Arana no ha vivido recluido en su parroquia de Porcón en Cajamarca pues ha intervenido en diversas mesas de diálogo y ha evitado conflictos.[1] Su actitud conciliadora ha sido reconocida en 2005 cuando ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por la Defensoría del Pueblo. Eso representa un plus para sus aspiraciones pues el ex obispo Fernando Lugo ganó las elecciones presidenciales en Paraguay de la misma forma. Arana podría repetir el fenómeno si logra aglutinar a una izquierda que carece de representatividad.

La irrupción de su figura no podría ser más auspiciosa pues el tema ambiental y el diálogo con las comunidades nativas está en boga, sobre todo después de los lamentables sucesos de Bagua donde perdieron la vida 24 policías y 10 civiles. Arana es un experto en esos temas y su trabajo habla por si mismo toda vez que fundó Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), una ONG que se ha enfrentado las malas prácticas de la minera Yanacocha. Si se presenta llenaría el vacío relacionado con la defensa de las comunidades afectadas por la minería.

Arana todavía no se ha postulado, pero no lo descarta si Tierra y Libertad, la organización política que está impulsando y otras fuerzas políticas lo designan. “Si hay que asumir una responsabilidad de ese tipo (ser candidato presidencial) y es decisión de un colectivo, que exprese un sentir popular, es una responsabilidad que no voy a rehuir”, sostuvo a La República. Su movimiento social ha construido plataformas regionales en todo el país, principalmente en el ámbito andino. Todo apunta a que se presentará pues está consiguiendo apoyos en diversas regiones. En las encuestas todavía no aparece porque únicamente consideran a candidatos de Lima. Pero podría dar la sorpresa partiendo desde atrás ya que aprovecharía el desgaste y la sobreexposición de los que actualmente ocupan las primeras posiciones. Mientras los aspirantes más conocidos se atacan y despedazan entre sí; Arana emergería como una figura renovada y ajena al juego sucio. Él imprimiría seriedad a una campaña repleta de puyazos y difamaciones por doquier. Los peruanos del centro lo admirarían porque están cansados de dimes y diretes y de promesas incumplidas. Arana tiene todo a su favor para encabezar una candidatura unitaria y recomponer a la izquierda, que desde Barrantes Lingán[2] no ha encontrado una figura aglutinante. Su pasado intachable lo avala pues la minera Yanacocha le hizo un seguimiento exhaustivo y no pudo encontrarle nada.

Su trayectoria es su mejor defensora pues ha hecho mucho por las comunidades campesinas. Según Raúl Mendoza del diario La República: “su prédica por la defensa de los derechos humanos y ambientales ha calado en un país donde la mayoría de conflictos actuales son de ese tipo”. En el reportaje que el citado periodista hiciera sobre el padre se menciona que el Partido Socialista “ve con expectativa la figura de Arana”. Muchos al interior de ese partido no creen que Ollanta Humala sea el “candidato natural” por los anticuerpos que genera.

Además de su desvinculación con grupos radicales, otro factor que potencia su candidatura es su carisma pues ha recibido apoyo de los sectores más jóvenes del interior. Arana podría sacar rédito de ello como hizo Barack Obama en las pasadas elecciones estadounidenses. En un país que carece de marcos institucionales (partidos políticos) y priman las simpatías personales no es nada raro que Keiko Fujimori, una figura sin programa de gobierno ni experiencia política lidere la intención de voto a nivel nacional.

La República destaca que Arana “ha tenido –y tiene– notoria presencia mediando en los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras", asunto que han descuidado los gobiernos de turno. El padre encaja perfectamente con la posición ambientalista y ecológicamente sustentable de líderes mundiales como el Premio Nobel de la Paz Al Gore. Su opción por los pobres –comulga con la Teología de la Liberación del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez- lo acerca al electorado más necesitado de asistencia gubernamental. De llegar al poder los programas sociales ganarían transparencia y eficiencia pues los rediseñaría para que beneficien más peruanos.

Como muchos progresistas, cuestiona el modelo neoliberal porque no redistribuye la riqueza. Desde su adopción a principios de los noventa, la brecha entre ricos y pobres ha crecido considerablemente. Ese modelo debe ser corregido porque no da respuesta a problemas fundamentales como la desigualdad, el calentamiento global, etc., que forman parte de la agenda de las Metas del Milenio.

Otra diferencia con Humala es que lo respaldan académicos de primera como Pedro Francke, profesor de economía de la Pontificia Universidad Católica y el sociólogo Carlos Reyna, además de varios ambientalistas y expertos en gestión pública. No saber escoger a sus colaboradores fue uno de los grandes errores del líder del Partido Nacionalista ya que se rodeó de muchos oportunistas como los congresistas Torres Caro y Aldo Estrada de UPP, quienes aprovecharon el arrastre de Humala para fines personales y promovieron, de paso, un cisma al interior de su agrupación.

Siguiendo a La República, Pedro Francke resume los tres lineamientos claves del movimiento Tierra y Libertad: “Una estrategia de desarrollo con equilibrio respecto al medioambiente, mejor aprovechamiento de los recursos naturales y diálogo permanente con las comunidades”. Esto implicaría institucionalizar la participación a las comunidades, es decir, crear mecanismos de diálogo para garantizar su participación en la discusión de temas relacionados con sus territorios. Para aprovechar mejor los recursos naturales, sobre todo los no renovables, las empresas extractivas deberían pagar más regalías y habría que modificar el impuesto a la renta para que se pague en función de la cotización de los commodities que comercializan (de manera gradual).

“La descentralización del país, la reforma del Estado y la lucha contra la corrupción” es otro de los pilares del programa de Arana reseñado por Francke. Para descentralizar no solo se debe transferir fondos y competencias, como se viene haciendo en el presente, sino fomentar liderazgos regionales y capacitar a la burocracia que se encargara de ejecutar el presupuesto y los programas de desarrollo. La reforma del Estado comprende la reestructuración de los sistemas educativos y sanitarios, asi como la defensa y la seguridad interna del país. Gobiernos de diversas tendencias políticas han postergado la reforma por falta de voluntad para llevarla a cabo. Los esfuerzos realizados han sido meramente superficiales pues no han encarado los problemas que aquejan un abanico de sectores. Para revertir la tendencia deberíamos enfocarnos en la educación y la salud porque mejorarían nuestra productividad a mediano y largo plazo. Invertir en capital humano es la clave para salir del subdesarrollo. Para ello es necesario usar eficientemente los recursos que generan actividades primarias como la minería y el petróleo.

Como tercer punto Francke propone “Una economía al servicio de las necesidades de la gente porque hoy unos pocos se llenan los bolsillos y la gente no ve mejoras en educación, salud y salarios, por ejemplo”. Lo que plantea es una ‘economía con verdadero rostro humano’ y no un simple slogan como hizo de ésta el ex presidente Alejandro Toledo. Dentro del nuevo modelo los ciudadanos, y no los intereses particulares, deben tener preeminencia. Los sueldos podrían subir en la medida que mejore la productividad y competitividad del país. Francke no habla de elevar el salario mínimo vital, pero sí sería conveniente ajustarlo a la inflación. Toda alza, desde luego, debería ser acordada en el Consejo Nacional del Trabajo, donde participan gremios empresariales y sindicales bajo la mediación del Ejecutivo. Las mejoras que no percibe la población se deben a que el crecimiento del PBI no implica necesariamente el desarrollo. Por eso se necesita mayor participación del Estado en ámbitos que no tiene mayor interés la empresa privada por ser esencialmente egoísta, eso lo sabemos desde Adam Smith hasta la disparatada Ayn Rand.

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[1] La revista Caretas ya lo señaló hace años en un benevolente artículo sobre su actuación en un conflicto: "Con un discurso mucho más claro y directo que el de algunos políticos, intentó convertirse en una suerte de mediador [en el conflicto del Quilish]. Aunque nadie puede negar alguna intencionalidad política de su parte, él llevó las exigencias del campesinado para ser discutidas con las autoridades". ("Hoguera Quilish", 16.9.04).

[2] Alfonso Barrantes Lingán fue alcalde de Lima durante los 80’ y creó el Comité del Vaso de Leche, precursor de los programas sociales vigentes.