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domingo, 12 de julio de 2009

La última venganza de Alan García: Rafael Rey nuevo ministro de Defensa



El presidente García nombró a Rafael Rey ministro de Defensa para castigar a las Fuerzas Armadas por su negativa a apoyar a la Policía en Bagua.
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Por César Reyna


Las imágenes del despeje de la ‘Curva del Diablo’ revelan que las FF. AA. abandonaron al contingente policial que se encargó del sangriento operativo. En principio los militares de la base ‘El Milagro’ debían respaldarlos tanto en el desbloqueo de la carretera como en el rescate de 38 efectivos acantonados en la Estación N° 6 de Petroperú pero ninguna de esas acciones se produjo. Ántero Flores-Áraoz, antecesor de Rafael Rey en la cartera de Defensa, dijo en el diario La República que tanto él como el Comando Conjunto desconocían la situación de los efectivos, a pesar de que trabajadores de la petrolera estatal relataron que la planta había sido capturada.

A manera de descargo, Flores-Áraoz mencionó que sus subordinados no podían intervenir porque eran nativos en su mayoría o tenían vínculos con residentes de la zona. Ese motivo impidió su despliegue pues Flores-Áraoz quería evitar que los soldados se solidarizaran con sus hermanos indígenas, es decir, que desacataran las órdenes de sus superiores. Si ese fue el caso entonces se debió enviar otro personal como hizo el comando policial. Había tiempo de sobra para planificar la participación de las FF. AA. pues la vía terrestre había sido tomada varias semanas atrás.

Ante semejante desacato, García decidió castigar a las instituciones castrenses colocando a Rey en el más “viril” de los ministerios. Su designación no se debe a que el jefe de Estado buscaba “restablecer el orden” o “el principio de autoridad” pues en tal caso hubiera nombrado a Mauricio Mulder, cuyo perfil encaja perfectamente con el hostigamiento y la represión.

Rafael Rey, quien hasta hace poco se desempeñaba como embajador ante la Santa Sede, ingresa al tercer equipo ministerial del segundo alanismo en medio de una crisis social. Su presencia seguramente enervará el ánimo de los militares bajo su mando no sólo porque ignora temas de defensa nacional e inteligencia, sino porque no posee la personalidad más idónea.




domingo, 7 de junio de 2009

Muerte en la Amazonía y la ola de frío en Puno

Muerte en la Amazonía y la ola de frío en Puno


Por César Reyna



Tras los enfrentamientos entre la Policía Nacional y miembros de comunidades nativas, el Gobierno de Alan García intenta senderizar o criminalizar a los pobladores amazónicos con el propósito de deslegitimar sus reclamos. De ahí que el mandatario haya elevado a la categoría de héroes a una veintena de efectivos acaecidos en los trágicos sucesos del viernes. Comparar las acciones represivas de los policías fallecidos en la Amazonía con la entrega de los valerosos defensores del Morro de Arica -antigua provincia peruana, hoy en manos de Chile-, supone un desvarío absoluto por parte del presidente García.

No es dable equiparar ambas acciones porque los segundos defendieron el territorio nacional de un enemigo exterior; los uniformados, en cambio, entraron a desalojar a tiros a civiles que habían tomado una carretera del interior. La naturaleza de las órdenes y su contexto no permiten la similitud porque García envió a cientos de agentes a provocar a miles de nativos descontentos con su irregular proceder (de convalidar decretos inconstitucionales que afectan intereses de los protestantes amazónicos). El temerario desplazamiento de las fuerzas del orden fue aprovechado por el Ejecutivo para victimizarse y culpar a los indígenas, sus dirigentes, y políticos opositores de los lamentables sucesos del viernes. Como la Policía puso la mayoría de muertos (todavía falta investigar cuántos nativos han sido ultimados), las autoridades sienten que pueden patear el tablero (las negociaciones con las tribus) y mantener su posición de validar un controvertido paquete normativo que entrega la selva a los grandes capitales.

Los muertos de la Policía son utilizados por el Apra para ganar apoyo en diversos sectores de la población y mejorar su índice de aceptación. Para reforzar esta estrategia, García y el premier Yehude Simon han confirmado la presencia de intereses extranjeros en los desmanes del viernes. Con ello no sólo pretenden ocultar su incapacidad en el manejo del conflicto, sino estigmatizar, una vez más, a los amazónicos como seres salvajes, desalmados y tremendamente crueles. No es casual que Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, repitan hasta el cansancio que los policías enviados fueron masacrados o asesinados a sangre fría por hordas enfurecidas que se ensañaron con sus cuerpos.

En el día de la bandera, en el que se rememora la Batalla de Arica, García dijo que “existe financiamiento externo en las protestas de la selva”. Habló de una “conspiración en marcha”, presuntamente venezolana y boliviana, para desestabilizar al país. Mencionó que a nuestros adversarios “no quieren que el Perú se desarrolle y encuentre más petróleo, gas y minerales”. Durante la ceremonia cívica, frente a un monumento dedicado al coronel Francisco Bolognesi, héroe máximo del Ejército, no perdió oportunidad para tildar a los nativos de “ignorantes” por no haber leído el contenido de los decretos cuestionados. En dicha cita comparó a los policías que perdieron la vida en Bagua con el sacrificio realizado por los defensores del Morro de Arica, durante la Guerra del Pacífico. Su discurso no fue de unidad, sino división entre peruanos pues –prácticamente- calificó de traidores a quienes participaron en las movilizaciones nativas. Apelar a la amenaza de enemigos externos es un viejo recurso político que se emplea generalmente para ocultar la verdad. Su utilización sirve básicamente para no asumir responsabilidades cuando la intervención estatal no es suficiente para resolver los problemas o cuando una situación se escapa de las manos, como es el caso.

El Gobierno no piensa seguir discutiendo la derogación de los decretos ni admitirá culpa alguna en lo ocurrido este fin de semana. La pérdida de vidas humanas le no interesa a García a no ser que puedan servirle a sus objetivos políticos. El presidente instrumentaliza la muerte y aprovecha el dolor humano para justificar sus acciones y afianzar su ilegítimo liderazgo. Un hecho lo pinta de cuerpo entero: mientras miles de puneños se mueren de frío en el sur del país, el presidente ofrecía una conferencia de prensa en la explanada de Palacio de Gobierno rodeado por decenas de camiones con ayuda para los damnificados. Los vehículos permanecieron varias horas alrededor de la Plaza Mayor en lugar dirigirse a Puno donde decenas niños han muerto como consecuencia de la desnutrición, la falta de asistencia médica y del friaje (bajas temperaturas). Al parecer García quiso mejorar su imagen enseñando las toneladas de víveres, ropas, medicinas y frazadas que serían enviadas al sur. La desgracia de miles de ciudadanos no le importó mientras atendía las inquietudes de los periodistas.

Un par de días atrás se desentendió del asunto diciendo que el Gobierno Regional de Puno había recibido oportunamente 12 mil vacunas antineumónicas y fondos para encargarse de la situación. Al Gobierno Central no le competía intervenir, según él, porque la autoridad competente era la puneña. Sin embargo, podía y debía hacerlo, constitucionalmente hablando, ya que las normas lo autorizan. El artículo 137 de la Constitución permite que el Ejecutivo decrete estado de emergencia cuando existen “(…) catástrofes o graves circunstancias que afectan la vida de la Nación”. ¿Si la intensidad del invierno que azota al sur no es una catástrofe o una grave circunstancia qué otra cosa podría serlo? La ineficiencia[1] del Ministerio de Salud y de las autoridades regionales es compartida. No hay excusa para reaccionar tardíamente aunque algunos funcionarios digan que no se esperaba que la helada llegara tan pronto.

El deceso de infantes, nativos y policías es fruto de la improvisación y maquinación de un presidente que piensa únicamente en los intereses de algunos poderosos particulares.



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[1] Por si fuera poco, existe una Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres que por ley y criterio debía haber actuado apenas entrado el 2009. Dicha comisión la preside Yehude Simon, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).