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viernes, 19 de junio de 2009

La bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Crisis política en Perú: la bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Por César Reyna


En pocas semanas el Ejecutivo ha oscilado entre dos extremos: la intolerancia y la conciliación. Esto se debe, indudablemente, a la inestable personalidad del presidente Alan García, quien no conoce de centros o puntos medios sino de absolutos e inflexibilidades. Eso lo sabemos bien los peruanos que lo sufrimos en su gestión anterior pues fuimos testigos de sus arrebatos y necedades. Algunos sostenían que en algún momento debían aflorar los sentimientos encontrados de García, sobre todo después de la fallida de incursión en Panamericana Televisión. Pero hacía falta una crisis interna para derribar los autocontroles que se había impuesto. Gente de su círculo dice que no duerme mucho y toma sedantes para conciliar el sueño. Sean ciertos o no esos rumores, lo concreto es que estamos a merced de un mandatario que reacciona vehementemente cuando le mencionan la palabra ‘crisis’.

El conflicto en la Amazonía lo pinta de cuerpo entero a él y a algunos miembros de su Gabinete como la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien se dejó avasallar por García para imponer el orden en la selva. La presunta ‘guapeada’ del presidente la convirtió en una criatura irascible cada vez que los periodistas le preguntaban por qué salió mal el operativo de Bagua.

El problema en la selva sólo se ha contenido porque los dirigentes nativos dicen que han pactado una tregua. La paz con ellos depende de los resultados de la Mesa de Diálogo y el cabal cumplimiento de los acuerdos que se logren en dicha instancia. El Gobierno ha dicho que acatara los consensos logrados por las partes para poner paños fríos a la situación. Esto puede verse como una delegación de facultades del Ejecutivo pues compartirá la potestad de dirigir la política interna. Ahora ya no la ejerce de manera exclusiva sino a través de sus delegados, encabezados por el primer ministro Yehude Simon. La cesión de poder no es negativa para el país porque está ajustada a la ley, es decir, al Convenio N° 169 de la OIT. Aunque claro, dicho instrumento dice que las autoridades deben consultar con las comunidades -cuando den leyes o resoluciones administrativas que afecten su modo de vida- y no que las prGopuestas de éstas sean vinculantes para el Estado. Lo obligatorio para el Perú es la consulta previa, pero no las peticiones que provengan de los pueblos indígenas. El Gobierno, de todos modos, ha ido más allá del propio Convenio al reconocerle competencias no establecidas a los nativos.

Esto nos coloca en un nuevo escenario de la vida republicana, y muchos no parecen haber reparado en ello, ya que por primera vez el Gobierno central dialogara en pie de igualdad con el sector más olvidado de la población. El cambio de actitud nos parece positivo porque fomentará la participación democrática de grupos tradicionalmente marginados. Si el clima de discusión y distensión prospera, es posible que en las próximas elecciones los nativos cuenten con representantes en el Parlamento y otras instituciones como los gobiernos regionales y municipales. Así habría una verdadera redistribución del poder y una mejor forma de canalizar las demandas populares. El Congreso, tan vapuleado en los últimos tiempos, ganaría algo de legitimidad pues les asignaría un determinado número de asientos en el hemiciclo.

Esta incipiente democratización no ha nacido de las urnas ni del proceso de regionalización, sino del conflicto entre las provincias del interior y el poderoso centralismo limeño. Los lamentables incidentes de Bagua han propiciado un acercamiento que al inicio fue involuntario por parte del Gobierno. El premier Simon estaba maniatado porque García no lo dejaba negociar libremente con los líderes de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). No fueron las horrendas muertes de policías y nativos las que provocaron el viraje del presidente, sino la inusitada repercusión internacional de la protesta. García jamás calculó que los sucesos trascendieran tanto. Por eso esperó unos días para analizar la reacción de la prensa y algunos organismos internacionales para tomar una decisión al respecto. Él confiaba ciegamente que la matanza de los agentes del orden le restaría legitimidad a la causa indígena pero no fue así. En lugar de disminuir o disiparse; crecieron las muestras de solidaridad y apoyo al movimiento amazónico. En vano fue decretar el toque de queda pues los indígenas no depondrían sus acciones de lucha. Estaban dispuestos a todo, inclusive a morir, hasta que el Gobierno cediera.

La tensión en la selva no podía continuar porque sólo debilitaba a la clase política (y a los pobladores de las ciudades incomunicadas lógicamente, pero eso no le interesaba mucho al Gobierno). Si la crispación se prolongaba demasiado las agencias calificadoras de riesgo y bancos multinacionales rebajarían la calificación del Perú (incrementarían el riesgo país). El bloqueo indeterminado de carreteras y vías fluviales, y el abandono del personal que trabaja en estaciones gasíferas y petroleras hubiera perjudicado la “buena” imagen del país.

Si algo preocupa verdaderamente a García es la percepción de los principales agentes económicos pues gobierna esencialmente para ellos. Más le interesa la aprobación de éstos que los índices de popularidad porque siempre ninguneo al pueblo. Para García Pérez el pueblo no es más que la masa que debe moldear porque no sabe dirigirse. La gente de a pie, según él, no sabe lo que quiere ni lo que le conviene. Son “desconcertadas gentes”, en palabras de Don Nicolás de Piérola. Él solo dialoga directamente con los grandes inversionistas, pero no porque estén a su altura, sino porque los necesita para viabilizar su proyecto político, expresado en los artículos del perro del hortelano. Como el Estado ya no puede hacer empresa ni dar empleo debe pactar nuevamente con los empresarios, –como lo hizo a mediados de los 80-, para dinamizar la economía.

Bajo la inmensa presión de los últimos días García debió retroceder. No había dado un paso semejante desde la frustrada estatización de la banca. Era peligroso mantener vigentes los decretos 1090 y 1064 porque nos hubiera llevado al borde de la ruptura social. Ese escenario parecía inevitable hasta hace un par de semanas pero el Ejecutivo entendió que no podíamos continuar así. La incertidumbre ha derribado administraciones en todos lados, y la suya no iba a ser la excepción. García estaba acorralado y no le quedó otra alternativa avalar la postura concertadora de Yehude Simon; fue lo más sensato dadas las circunstancias actuales. La represión no iba a funcionar en este caso, y menos cuando el Gobierno podía ser acusado de genocidio y otros delitos de lesa humanidad.

Durante el debate de la derogatoria de los decretos casi todas las fuerzas políticas se echaron para atrás menos la derecha cavernaria encarnada por Unidad Nacional, la agrupación que lidera Lourdes Flores. Por lo general la derecha no es buena consejera en tiempos difíciles porque apela a recuperar el orden a como de lugar. Sacar al Ejército a las calles es muy fácil, pero, ¿de ahí quién se hace responsable por las bajas civiles que ocasiona? ¿Estarían dispuestos a asumir la instalación de una nueva Comisión de la Verdad, o ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad ahora que la Corte Suprema valida la teoría del autor del dominio del hecho
[1]? Creemos que no.

Para terminar, Yehude Simon será interpelado
[2] la próxima semana al igual que la ministra Cabanillas. Es probable que abandone la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) antes del mensaje presidencial de 28 de julio. La bancada aprista, obligada a retractarse (defendía la validez de los decretos, postura que crispó los ánimos de la población amazónica), no evitó la presentación del jefe del Gabinete en el Congreso. Como Simon no es aprista -si no un colaborador ajeno al partido-, no tenían por qué respaldar su posición de derogar los decretos para enviar una señal de buena fe a los nativos. Los oficialistas nunca aceptaron su liderazgo ya que cuando acudió al Parlamento a presentar el plan de pacificación y desarrollo del VRAE[3] abandonaron abruptamente sus curules. Simon tuvo que enfrentar en solitario los embates de la oposición porque osó atender las demandas de los dirigentes amazónicos. Eso le valió el repudio de los congresistas del Apra, quienes creían que Simon había abierto una ventana para la derogatoria de un conjunto de decretos aprobados para implementar el TLC con Estados Unidos. Los apristas presentían que estaban por perder algo que no les sería muy fácil devolver. Quizá era algo del mismo color de la Amazonía que pretendían vender.


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[1] Esta teoría, desarrollada por la doctrina alemana, sirvió para condenar en primera instancia a Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por dos secuestros agravados.

[2] Tendrá que responder por la sangrienta intervención en la ciudad de Bagua (Amazonas), por la toma de Panamericana Televisión y por la parcialización de TV Perú, la televisora estatal que da cabida a personalidades afines al Gobierno.

[3] Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde todavía resiste una columna de Sendero Luminoso asociada a los carteles del narcotráfico.



miércoles, 10 de junio de 2009

VIOLENCIA EN PERÚ



Violencia en Perú: patrañas del Gobierno, Keiko Fujimori, Alberto Pizango, la renuncia de la ministra Vildoso y la suspensión del decreto 1090




By César Reyna - reservamoral.org

Son varios puntos sobre los que debemos pronunciarnos. Aquí un análisis de lo más saltante al día de hoy sobre lo ocurrido en nuestra Amazonía:

1)
Las patrañas del Gobierno han sido desmontadas ayer en el programa “Enemigos Íntimos” de Frecuencia Latina (Canal 2). Este medio, a pesar de formar parte del aparato de propaganda del Gobierno y tener simpatías con el fujimorismo, difundió la versión de un ex mayor de la Policía cuyo hermano estaba a cargo de la seguridad de la Estación 6 de Petroperú. El ex oficial reveló que los efectivos policiales habían sido secuestrados varias semanas atrás por cientos de nativos aguarunas (awajun). Esa versión fue confirmada por una mujer perteneciente a la etnia aludida que también fue invitada al sintonizado programa.

El Gobierno había dicho por medio de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que los uniformados que custodiaban la Estación 6 habían sido masacrados y degollados el 5 de junio, día del medio ambiente y de los desmanes ocurridos en la ciudad de Bagua, Amazonas, por indígenas manipulados por intereses externos. Sabiendo de antemano el presidente García que ese contingente estaba desarmado porque los nativos le habían arrebatado sus armas, procedió con la desastrosa operación de desalojo de la carretera de Bagua. La recuperación de la vía no podía realizarse en esas condiciones pues más de veinte agentes habían sido tomados rehenes. Al irrumpir violentamente contra los manifestantes, la mayoría era de la tribu aguaruna, se puso en peligro la vida de los policías retenidos. El desenlace, bajo esas particularidades, no podía ser otro que fatal para los efectivos capturados.

Para que el asunto quede claro, imagínese qué pasaría si los familiares de una banda de asaltantes de bancos, que mantiene cautivos a varios civiles en una agencia, son acosados o reprimidos por la policía. ¿Los bandidos no reaccionarían de alguna forma contra los rehenes? ¿No perderían por un momento la cordura al saber que sus seres queridos están siendo lastimados? Bueno, pues, eso justamente ha pasado con los nativos que retenían a los policías en la Estación 6 de Petroperú ya que seguramente tomaron conocimiento de que los miembros de su tribu estaban siendo reprimidos. El desalojo de los manifestantes de diversas etnias fue interpretado como una declaración de guerra del Gobierno, lo que finalmente los condujo a ensañarse con los efectivos policiales. Aquí hay que destacar que éstos venían siendo tratados cordialmente por los aguarunas y que su insania se desató por las cobardes e imprudentes acciones de las autoridades.

Si alguien puso en riesgo la vida de los policías detenidos fue el Gobierno porque sabía que los amazónicos tomarían represalias contra ellos. El operativo jamás debió realizarse en esas circunstancias. Por eso la responsabilidad absoluta de lo que sucedió recae en el Gabinete que preside Yehude Simon y en la ministra del Interior.

Los oficialistas decían que los nativos eran salvajes y que no se podía dialogar con ellos, así lo difundieron en un spot, por eso decidieron aplicar la fuerza. Sin embargo, en base al diálogo, un pequeño grupo de policías logró que 3000 nativos reabrieran por unas horas la carretera que conecta a Tarapoto con Yurimaguas.

2) El fujimorismo, y en particular la congresista Keiko Fujimori, no pueden ser más oportunistas en estos momentos al plantear la suspensión temporal del Decreto Legislativo 1090. No es que la propuesta de establecer un punto medio entre la derogatoria y la aplicación de la controvertida norma parezca irrazonable, sino que no es suya. Esta iniciativa, adjudicada erróneamente a la concertadora Keiko, provino del ex parlamentario izquierdista Javier Diez Canseco, quien propuso la “vacatio legis” del decreto en el diario La República, es decir, su inaplicación momentánea “mientras se discute su inconstitucionalidad o se deroga” en el Congreso. A la posición de Diez Canseco se sumó Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y ahora mediador entre el Estado y las comunidades amazónicas. Este religioso dijo también a La República que “el Gobierno debería suspender la aplicación de los decretos rechazados por los nativos”. La exhortación fue recogida por Rolando Souza y Carlos Raffo, legisladores fujimoristas, para decir que Keiko tiene talla de estadista. Ambos tratan de crear una imagen conciliadora de la candidata para no perder los votos de los electores de la selva, antiguo bastión del fujimorismo.

3) El asilo concedido por Nicaragua al señor Pizango se veía venir en la medida que funcionarios del Ejecutivo presionaron al Poder Judicial. Tanto Alan García como su ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pidieron la detención del “delincuente” Pizango antes de que las autoridades judiciales emitieran una orden de captura. Por si fuera poco, los congresistas nacionalistas que ayudaron al presidente de Aidesep a abandonar una accidentada conferencia de prensa fueron acusados por sus pares apristas “de entorpecer la administración de justicia por haber facilitado la ‘fuga’ del líder nativo, versión que se desploma ante el hecho que lo asistieron cuando no había ninguna orden judicial de detenerlo, emanada por el juez competente”, siguiendo al diario La Primera de Lima.

A pesar de que se otorgó protección a Pizango por “razones humanitarias”, no hay que ignorar que el presidente del país asilante está alineado con Chávez. El nicaragüense Daniel Ortega depende de la asistencia venezolana para abastecerse de combustibles subsidiados. Este hecho no puede pasar por alto pues Nicaragua está dentro de la órbita o esfera de influencia de Venezuela. Si el asilo procedió fue por indicación de Chávez, con quien seguramente coordinó Ortega, ya que Pizango no podía refugiarse en la vecina Bolivia, donde recibió numerosas muestras de apoyo, ni mucho menos en Venezuela, porque le daría sustento la descabellada tesis del Gobierno de que la protesta nativa había sido dirigida desde el exterior.

Mientras Pizango se refugiaba en la embajada nicaragüense en Lima, decenas de apristas fueron trasladados en buses para protestar contra el asilo que le fue concedido por el Gobierno de Nicaragua. Los “compañeros” del partido de la estrella fueron llevados bajo la promesa de conseguir un puesto de trabajo (en el Estado) a cambio de interrumpir el tránsito y perturbar el orden en una zona residencial. Técnicamente tomaron una vía pública y ningún policía apareció para desalojarlos. Sin duda el Ejecutivo mide con distinta vara cuando las manifestaciones que perturban la tranquilidad están dirigidas a acosar a sus rivales.

4) La renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, mete mucha presión a los ministros que han decido permanecer en sus puestos. Yehude Simon debería dar un paso al costado. Políticamente está quemado, es un cadáver maloliente al que nadie cree ni respeta. ¿Si la Defensoría del Pueblo y la Iglesia van asumir su función en la Mesa de Diálogo con los representantes de las comunidades nativas para qué está él? Su falta de credibilidad lo obliga a consultar, ahora sí, con expertos (antropólogos, negociadores, etc.) en asuntos que superan largamente a sus capacidades. Las buenas intenciones y la apertura no bastan cuando se carece de conocimientos y experiencias, como en el caso de Yehude Simon, quien es veterinario de profesión. Simon, que tenía fama de concertador como el congresista y ex premier Jorge del Castillo, ha perdido esa cualidad en su trato con los dirigentes de Aidesep. Sin el atributo esencial que lo instaló en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), su presencia resulta necia y caprichosa.

5) Tuvieron que morir más de 30 peruanos para que el Congreso por fin acepte debatir el Decreto Legislativo 1090. El pedido de suspensión de la norma, al que ahora se han plegado el Apra y Unidad Nacional, los principales opositores a la derogatoria, se realizara durante el paro nacional convocado por los indígenas. Este se llevara a cabo a pesar del estado de emergencia y el toque de queda del Gobierno. Hoy es un día decisivo para avanzar hacia una solución consensuada entre todas las fuerzas políticas y los representantes o apus de las comunidades. Al aprismo y sus aliados no les queda otra opción que ceder ya que el objeto de los decretos no podrá ser alcanzado en las actuales condiciones. Ningún inversionista solicitará terrenos para desarrollar cultivos exógenos o explotarlos porque encontrará gran resistencia de los pueblos indígenas. Como su propósito deviene en imposible, el oficialismo no tiene más remedio que sentarse a discutir un nuevo régimen para las tierras y recursos naturales de la Amazonía.

Para el equipo mediador (la Defensoría y la Iglesia) no será fácil dialogar con los pueblos amazónicos después de los lamentables hechos del pasado viernes, donde murieron 24 policías y 9 civiles (5 de ellos nativos, según las cifras oficiales). La anomalía la produjo esta Administración al no haber consultado obligatoriamente con los nativos. Dicha obligación del Estado peruano nace de la ratificación de la Convención 169 de la OIT realizada en 1993. Ahora la consulta será posterior al hecho, lo que desvirtúa la naturaleza del Convenio.

El debate en torno a normas que afectan a las comunidades es irregular pues deberían derogarse para convocar audiencias públicas, con participación de los representantes de las comunidades nativas. Las cosas hay que hacerlas como corresponden, sin saltarse pasos o procedimientos preestablecidos. De lo contrario surgirán nuevos cuestionamientos a lo que finalmente apruebe el Pleno. Sólo cabe la derogación del paquete normativo. Su anulación no dejaría en el limbo a los bosques de la Amazonía, como muchos aseguran, pues cobrarían vigencia las normas anteriormente derogadas. Todos los decretos afectados por ese vicio deben ser expulsados del ordenamiento jurídico para comenzar a discutir los temas de fondo que pretendían regular.



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jueves, 11 de octubre de 2007

Subsidios invisibles a la CONFIEP

Subsidios invisibles a la CONFIEP


Limberg Chero


El día 10 de octubre, el Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), don Jaime Cáceres Sayán, hizo dos afirmaciones a primera impresión en una radio local(1).


En la primera, respondió a la actitud de los trabajadores de la CGTP -disconformes con el modelo económico- diciéndoles que deberían no sólo mostrar el problema, sino que deben proveer soluciones, e incluso anotó que “me gustaría escuchar que trabajarán media hora más, por ejemplo”. En la segunda, referida a los sueldos de los ministros -y en un tono preocupado- mostró su disconformidad con el monto de los sueldos de los Ministros, y manifestó que es un error pagarles poco, porque ello afecta la competitividad del país.


El análisis que se desprende de ambas declaraciones nos da una primera impresión de un representante del empresariado comprometido con el desarrollo del país, y proactivo en cuanto a las soluciones a los problemas de la coyuntura. Sin embargo, en una segunda impresión, más sosegada y reflexiva, nos muestra la imagen de un empresario peruano -a pesar que representa a las open mind AFPs- capaz de usar indiscriminadamente clichés como el de “aporta soluciones”, sin tomar en cuenta la realidad plasmada en los recientes informes que organismos de prestigio publican a nivel mundial; y sin importarle si sus discursos mantienen coherencia cuando se trata aumentos de sueldo y competitividad en unos casos (Ministros), y nada de aumentos porque atentan contra la competitividad (y ¿productividad?), en otros (obreros) (2).


En el primero de los casos me refiero al vergonzoso primer lugar del Perú en un estudio sobre países en los que se trabaja más de 48 horas (el documento se llama Working Time Around The World preparado por la OIT en junio de este año, y reseñado por el Boletín de Trabajo Decente Nº02 de PLADES, ese mismo mes). En el segundo, me refiero a cómo se defiende el incentivo a la mano de obra calificada, cuando ésta conduce el escenario sobre el cual realizan sus inversiones, y cómo se pretende un ceteris paribus cuando se trata de la mano de obra que emplean.


Si se empezara a leer más los estudios que los estados financian (subsidio), si se aprovechara mejor a los ministerios (subsidio!), si se comenzara a ver que los incentivos puestos a los empleados de sus empresas también aumentarán productividad (autosubsidio a la sostenibilidad) , es entonces que el Perú de verdad avanzará, mientras tanto, trataemos de evitar esas “primeras impresiones”.



(1) El Comentario de la noticia, CPN Radio.

(2) Aunque lo escuda en: "antes de subir sueldos, combatamos informalidad"

LCS/octubre de 2007

Presidente de la Confiep revela "desconocimiento" de realidad nacional laboral.

Presidente de la Confiep critica la falta de soluciones en exigencias de la CGTP.

"¿Por qué no proponen trabajar media hora más?" se preguntó en programa radial el día de ayer, ignorando que OIT coloca al Perú como el primer país del mundo con jornadas de más de 48 horas.
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Jaime Cáceres Sayán, presidente de la Confederación Nacional

de Instituciones Empresariales Privadas.


Por: Limberg Chero


Perú 10/10/07.-(PLADES)Durante una entrevista en el programa "El comentario de la noticia" de CPN Radio, don Jaime Cáceres Sayán, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) llamó a los gremios sindicales peruanos a trabajar en puntos concretos de solución a problemas que aquejan al país en vez de "sólo proponer medidas de protestas".


Cáceres respondió así a las declaraciones realizadas por Mario Huamán, Presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), sobre las acciones que adoptaría si las medidas políticas del gobierno no se reflejan en el bienestar de los trabajadores.


Las declaraciones del presidente de la Confiep, al parecer desconocen el informe Working Time Around the World: Trends in working hours, laws, and policies in a global comparative perspective publicado por la OIT en junio de este año[1] y en el cual se señala que el primer país en el mundo con jornadas mayores a 48 horas es precisamente el Perú. Dicho estudio abarcó 50 países de distintos continente, incluyendo países desarrollados, menos desarrollados y en vías de desarrollo.


[1] http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_082827