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miércoles, 10 de junio de 2009

VIOLENCIA EN PERÚ



Violencia en Perú: patrañas del Gobierno, Keiko Fujimori, Alberto Pizango, la renuncia de la ministra Vildoso y la suspensión del decreto 1090




By César Reyna - reservamoral.org

Son varios puntos sobre los que debemos pronunciarnos. Aquí un análisis de lo más saltante al día de hoy sobre lo ocurrido en nuestra Amazonía:

1)
Las patrañas del Gobierno han sido desmontadas ayer en el programa “Enemigos Íntimos” de Frecuencia Latina (Canal 2). Este medio, a pesar de formar parte del aparato de propaganda del Gobierno y tener simpatías con el fujimorismo, difundió la versión de un ex mayor de la Policía cuyo hermano estaba a cargo de la seguridad de la Estación 6 de Petroperú. El ex oficial reveló que los efectivos policiales habían sido secuestrados varias semanas atrás por cientos de nativos aguarunas (awajun). Esa versión fue confirmada por una mujer perteneciente a la etnia aludida que también fue invitada al sintonizado programa.

El Gobierno había dicho por medio de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que los uniformados que custodiaban la Estación 6 habían sido masacrados y degollados el 5 de junio, día del medio ambiente y de los desmanes ocurridos en la ciudad de Bagua, Amazonas, por indígenas manipulados por intereses externos. Sabiendo de antemano el presidente García que ese contingente estaba desarmado porque los nativos le habían arrebatado sus armas, procedió con la desastrosa operación de desalojo de la carretera de Bagua. La recuperación de la vía no podía realizarse en esas condiciones pues más de veinte agentes habían sido tomados rehenes. Al irrumpir violentamente contra los manifestantes, la mayoría era de la tribu aguaruna, se puso en peligro la vida de los policías retenidos. El desenlace, bajo esas particularidades, no podía ser otro que fatal para los efectivos capturados.

Para que el asunto quede claro, imagínese qué pasaría si los familiares de una banda de asaltantes de bancos, que mantiene cautivos a varios civiles en una agencia, son acosados o reprimidos por la policía. ¿Los bandidos no reaccionarían de alguna forma contra los rehenes? ¿No perderían por un momento la cordura al saber que sus seres queridos están siendo lastimados? Bueno, pues, eso justamente ha pasado con los nativos que retenían a los policías en la Estación 6 de Petroperú ya que seguramente tomaron conocimiento de que los miembros de su tribu estaban siendo reprimidos. El desalojo de los manifestantes de diversas etnias fue interpretado como una declaración de guerra del Gobierno, lo que finalmente los condujo a ensañarse con los efectivos policiales. Aquí hay que destacar que éstos venían siendo tratados cordialmente por los aguarunas y que su insania se desató por las cobardes e imprudentes acciones de las autoridades.

Si alguien puso en riesgo la vida de los policías detenidos fue el Gobierno porque sabía que los amazónicos tomarían represalias contra ellos. El operativo jamás debió realizarse en esas circunstancias. Por eso la responsabilidad absoluta de lo que sucedió recae en el Gabinete que preside Yehude Simon y en la ministra del Interior.

Los oficialistas decían que los nativos eran salvajes y que no se podía dialogar con ellos, así lo difundieron en un spot, por eso decidieron aplicar la fuerza. Sin embargo, en base al diálogo, un pequeño grupo de policías logró que 3000 nativos reabrieran por unas horas la carretera que conecta a Tarapoto con Yurimaguas.

2) El fujimorismo, y en particular la congresista Keiko Fujimori, no pueden ser más oportunistas en estos momentos al plantear la suspensión temporal del Decreto Legislativo 1090. No es que la propuesta de establecer un punto medio entre la derogatoria y la aplicación de la controvertida norma parezca irrazonable, sino que no es suya. Esta iniciativa, adjudicada erróneamente a la concertadora Keiko, provino del ex parlamentario izquierdista Javier Diez Canseco, quien propuso la “vacatio legis” del decreto en el diario La República, es decir, su inaplicación momentánea “mientras se discute su inconstitucionalidad o se deroga” en el Congreso. A la posición de Diez Canseco se sumó Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y ahora mediador entre el Estado y las comunidades amazónicas. Este religioso dijo también a La República que “el Gobierno debería suspender la aplicación de los decretos rechazados por los nativos”. La exhortación fue recogida por Rolando Souza y Carlos Raffo, legisladores fujimoristas, para decir que Keiko tiene talla de estadista. Ambos tratan de crear una imagen conciliadora de la candidata para no perder los votos de los electores de la selva, antiguo bastión del fujimorismo.

3) El asilo concedido por Nicaragua al señor Pizango se veía venir en la medida que funcionarios del Ejecutivo presionaron al Poder Judicial. Tanto Alan García como su ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pidieron la detención del “delincuente” Pizango antes de que las autoridades judiciales emitieran una orden de captura. Por si fuera poco, los congresistas nacionalistas que ayudaron al presidente de Aidesep a abandonar una accidentada conferencia de prensa fueron acusados por sus pares apristas “de entorpecer la administración de justicia por haber facilitado la ‘fuga’ del líder nativo, versión que se desploma ante el hecho que lo asistieron cuando no había ninguna orden judicial de detenerlo, emanada por el juez competente”, siguiendo al diario La Primera de Lima.

A pesar de que se otorgó protección a Pizango por “razones humanitarias”, no hay que ignorar que el presidente del país asilante está alineado con Chávez. El nicaragüense Daniel Ortega depende de la asistencia venezolana para abastecerse de combustibles subsidiados. Este hecho no puede pasar por alto pues Nicaragua está dentro de la órbita o esfera de influencia de Venezuela. Si el asilo procedió fue por indicación de Chávez, con quien seguramente coordinó Ortega, ya que Pizango no podía refugiarse en la vecina Bolivia, donde recibió numerosas muestras de apoyo, ni mucho menos en Venezuela, porque le daría sustento la descabellada tesis del Gobierno de que la protesta nativa había sido dirigida desde el exterior.

Mientras Pizango se refugiaba en la embajada nicaragüense en Lima, decenas de apristas fueron trasladados en buses para protestar contra el asilo que le fue concedido por el Gobierno de Nicaragua. Los “compañeros” del partido de la estrella fueron llevados bajo la promesa de conseguir un puesto de trabajo (en el Estado) a cambio de interrumpir el tránsito y perturbar el orden en una zona residencial. Técnicamente tomaron una vía pública y ningún policía apareció para desalojarlos. Sin duda el Ejecutivo mide con distinta vara cuando las manifestaciones que perturban la tranquilidad están dirigidas a acosar a sus rivales.

4) La renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, mete mucha presión a los ministros que han decido permanecer en sus puestos. Yehude Simon debería dar un paso al costado. Políticamente está quemado, es un cadáver maloliente al que nadie cree ni respeta. ¿Si la Defensoría del Pueblo y la Iglesia van asumir su función en la Mesa de Diálogo con los representantes de las comunidades nativas para qué está él? Su falta de credibilidad lo obliga a consultar, ahora sí, con expertos (antropólogos, negociadores, etc.) en asuntos que superan largamente a sus capacidades. Las buenas intenciones y la apertura no bastan cuando se carece de conocimientos y experiencias, como en el caso de Yehude Simon, quien es veterinario de profesión. Simon, que tenía fama de concertador como el congresista y ex premier Jorge del Castillo, ha perdido esa cualidad en su trato con los dirigentes de Aidesep. Sin el atributo esencial que lo instaló en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), su presencia resulta necia y caprichosa.

5) Tuvieron que morir más de 30 peruanos para que el Congreso por fin acepte debatir el Decreto Legislativo 1090. El pedido de suspensión de la norma, al que ahora se han plegado el Apra y Unidad Nacional, los principales opositores a la derogatoria, se realizara durante el paro nacional convocado por los indígenas. Este se llevara a cabo a pesar del estado de emergencia y el toque de queda del Gobierno. Hoy es un día decisivo para avanzar hacia una solución consensuada entre todas las fuerzas políticas y los representantes o apus de las comunidades. Al aprismo y sus aliados no les queda otra opción que ceder ya que el objeto de los decretos no podrá ser alcanzado en las actuales condiciones. Ningún inversionista solicitará terrenos para desarrollar cultivos exógenos o explotarlos porque encontrará gran resistencia de los pueblos indígenas. Como su propósito deviene en imposible, el oficialismo no tiene más remedio que sentarse a discutir un nuevo régimen para las tierras y recursos naturales de la Amazonía.

Para el equipo mediador (la Defensoría y la Iglesia) no será fácil dialogar con los pueblos amazónicos después de los lamentables hechos del pasado viernes, donde murieron 24 policías y 9 civiles (5 de ellos nativos, según las cifras oficiales). La anomalía la produjo esta Administración al no haber consultado obligatoriamente con los nativos. Dicha obligación del Estado peruano nace de la ratificación de la Convención 169 de la OIT realizada en 1993. Ahora la consulta será posterior al hecho, lo que desvirtúa la naturaleza del Convenio.

El debate en torno a normas que afectan a las comunidades es irregular pues deberían derogarse para convocar audiencias públicas, con participación de los representantes de las comunidades nativas. Las cosas hay que hacerlas como corresponden, sin saltarse pasos o procedimientos preestablecidos. De lo contrario surgirán nuevos cuestionamientos a lo que finalmente apruebe el Pleno. Sólo cabe la derogación del paquete normativo. Su anulación no dejaría en el limbo a los bosques de la Amazonía, como muchos aseguran, pues cobrarían vigencia las normas anteriormente derogadas. Todos los decretos afectados por ese vicio deben ser expulsados del ordenamiento jurídico para comenzar a discutir los temas de fondo que pretendían regular.



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miércoles, 3 de junio de 2009

Ollanta Humala, un mal necesario



Ollanta Humala, un mal necesario


Por César Reyna



El candidato del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, no representa un mal mayor ni mucho menos el Sida, como aseveró el escritor Mario Vargas Llosa, sino un mal necesario. Por más que genere anticuerpos en muchos sectores, sobre todo en la derecha peruana, el empresariado y la mayoría de medios de comunicación, su proyecto ha permitido que en el Perú se discutan temas como la desigualdad social y la inclusión. Pero más allá de poner en el tapete esos asuntos, su eventual victoria permitiría la democratización de la sociedad peruana. Sé que no parece razonable que Humala, quien ha manifestado su admiración por el dictador Velasco Alvarado y tiene nexos con el presidente venezolano Hugo Chávez, gobierne democráticamente. Los indicios señalan que de llegar al poder se convertirá en un autócrata y cambiará las reglas de juego (trastocará el libre mercado), pero aún así creo que ayudará a que los estratos menos representados cuenten, por primera vez, con participación política.

Su origen no es accidental como muchos piensan, pues si ha llegado a pasar a una segunda vuelta electoral con Alan García y competir contra todo el sistema, es porque el grueso del país tiene demandas insatisfechas. Durante las últimas décadas los grupos de poder real (la oligarquía, los militares y los medios informativos, sin dejar de lado a los norteamericanos) han evitado que surja un movimiento que represente a los de “abajo”, es decir, a las clases sociales más empobrecidas y desatendidas. Dejar sin voz y articulación a las masas más necesitadas fue un objetivo fundamental de los que gobernaron el Perú desde el Gobierno Militar de Velasco Alvarado.

Los sectores populares no recibían atención por parte del Estado. Sólo en los últimos quinquenios se les ha puesto en el mapa e identificado, pero no reconocido, para darles asistencia alimentaria. Si se les entregaba bolsas con víveres, regalaba libros y examinaba en postas médicas era para que el país no figure en la cola de las estadísticas internacionales en materia de alfabetismo, salud y nutrición. Desde que el Estado comenzó a “interesarse” en los más pobres, los gobiernos de turno no desaprovecharon la oportunidad para desarrollar estrategias propagandísticas y reeleccionistas con el fin de captar los votos de los que recibían ayuda estatal. Así se generó un clientelismo político que las sucesivas administraciones han venido implementando sin atacar los problemas de fondo, que son causantes de la pobreza y la desigualdad.

Un Gobierno de Humala sería o debería ser un catalizador de un conjunto de necesidades insatisfechas. De lo que se trata es considerar a la población más ignorada. Esto va más allá de convertirlos en simples beneficiarios de programas sociales pues el trasfondo es que lleguen a ser ciudadanos. Tomarlos en cuenta es necesario para construir progresivamente una nación. No basta hablar de sus problemas y atenderlos solamente en períodos electorales, pues su inclusión a la vida democrática es impostergable. El proyecto de Humala, bajo ese punto de vista, podría proporcionar la cohesión que necesitan para tomar consciencia de sí mismos y pensarse como personas.

El filósofo argentino Ernesto Laclau, profesor de la Universidad de Essex en Inglaterra, dijo que no hay que temerle al populismo “porque aglutina a una serie de demandas de los de abajo que todavía no han sido inscriptas en el discurso político, pero que empiezan a expresarse”. Más que tenerle miedo representa un fenómeno positivo pues permite que muchos actores sociales puedan expresarse. El reconocido intelectual dijo que “antes de la llegada de Chávez en Venezuela, lo que existía era un régimen superclientelístico de gestión de la cosa pública, como en la Argentina del '30”. En ese país, como en el resto de Latinoamérica, las “demandas de las bases” no eran escuchadas. Para muchos simpatizantes del chavismo, las conquistas sociales que han obtenido bajo el Gobierno de Chávez se ha traducido en su reconocimiento como individuos. Esto ha aumentado la participación democrática en capas que se mantenían al margen de la política.

Los pensadores de derecha como Mario Vargas Llosa, los del Cato Institute y otras organizaciones sólo analizan las cosas superficialmente pues se fijan en cosas distinguibles como el hostigamiento a los grupos de oposición y a algunos periodistas; pero no ven lo sustancial, esto es, lo que está detrás de cada proceso político. Vargas Llosa, por ejemplo, es un crítico acérrimo de Velasco Alvarado porque arrebató los medios de comunicación a sus legítimos propietarios y realizó una reforma agraria que descapitalizó el campo; pero al mismo tiempo es incapaz de comprender que sin dicha reforma, cientos de miles de campesinos descontentos y explotados hubieran sido fácilmente seducidos por el discurso incendiario de Abimael Guzmán
[1], antiguo líder de Sendero Luminoso.

La complejidad de estos sucesos impide que gente como Vargas Llosa relacione la generalidad de elementos que están involucrados. “El populismo no es malo pues dicotomiza espacios donde los de abajo pueden interpelar a los de arriba”, según Laclau. “El mayor peligro para la democracia”, siguiendo a este filósofo, “es el neoliberalismo porque tiende a reemplazar el juego político entre fuerzas antagónicas por una administración de carácter tecnocrático”. El populismo es necesario para crear una nación pues en “(…) el mundo de demandas insatisfechas comienza a crear una identidad de los de abajo frente a un poder que los ignora. Allí ya hay una situación semipopulista. Pero en un determinado momento, hay una gran cantidad de demandas insatisfechas a nivel de la base y un sistema institucional que es incapaz de canalizarlas”. “(…) Por el hecho de que estas demandas tienen lugar en una sociedad en la cual muchas otras demandas sociales no son satisfechas, pasan a ser símbolos de algo mucho más amplio y comienzan a construir al pueblo como sujeto colectivo”.

Humala representó en 2006 el enorme descontento de las mayorías empobrecidas. Que el Perú haya sido una de las economías de mayor crecimiento desde el 2002 en la región no fue suficiente para contrarrestar su popularidad. A pesar de que la inflación se mantuvo baja (cerca de 2.5% por año) en estos 93 meses de crecimiento ininterrumpido (4.5% en promedio), las grandes mayorías no se han beneficiado porque no hubo desarrollo. Desde la Administración de Alejandro Toledo el Perú exhibe buenos datos macroeconómicos, pero la riqueza no circuló hacia abajo. La misma situación se repite en el presente, solo que el Gobierno de Alan García, mucho más hábil que sus antecesores, manipula las cifras de crecimiento y reducción de la pobreza, con el aval del Banco Mundial, para que el modelo no sea cuestionado pues el error garrafal de Toledo fue confesar que no producía bienestar. La adulteración o cambio de parámetros estadísticos se hizo para que los ciudadanos no se sientan decepcionados por las políticas económicas tradicionales y rechacen el cambio que propone Humala.

El resto de aspirantes a la presidencia, entre los que destacan Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y el alcalde de Lima, Castañeda Lossio, representan la continuidad del modelo económico que arrancó con el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), pasando luego por la presidencia provisional de Valentín Paniagua, que asumió el poder tras la renuncia del ex mandatario encarcelado, y que se afianzó durante el mandato del ex presidente Toledo, y de su ex ministro de Economía y ex primer ministro, Pedro Pablo Kuzcinsky. Humala no es una incógnita como antes, al menos ya no lo es tanto para los que sólo han visto de lejos la riqueza acumulada por Perú en los últimos lustros. Las promesas incumplidas del aprismo, la corrupción del régimen, la alarmante inseguridad ciudadana y el descaro de gobernar solamente para sectores que se encuentran en la cima de la pirámide social favorecen la candidatura del líder nacionalista.

A pesar de estos factores, su discurso no cuaja (no superaría el 30%) porque no goza de la simpatía de la prensa ni sabe articular sus ideas. Tal vez no esté preparado para el reto de crear una identidad nacional, pero sus oponentes, a pesar de sus estudios y años de experiencia política son meros peones o alfiles de un modelo agotado en el mundo.
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[1] El historiador Nelson Manrique fue el primero que descubrió ese aspecto de la transformación agraria de Velasco, la cual es considerada nefasta por la mayoría de intelectuales neoliberales.

lunes, 11 de mayo de 2009

El tema de emergencia en Perú: Amazonía en pie de lucha

LOS SOBREVIENTES EN LA SELVA DEL PERU
Por José Álvarez Alonso

Hace unos días estuve dando una charla en una asamblea de dirigentes de federaciones indígenas de Loreto asociadas a ORPIO - AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana). Comentando sobre los impactos de la actividad petrolera en los pueblos indígenas, rememoré una triste historia que me tocó vivir en el alto Río Tigre allá a principios de los 90, que resumo a continuación.

Visitaba yo por aquellos días las comunidades del alto Tigre, y cuando llegué a la comunidad nativa de Vista Alegre los moradores insistieron en que visitase el cementerio. Cuando llegué se ofreció a mi vista un espectáculo que nunca podré olvidar: dos filas de diminutas cruces elaboradas de forma rústica y pintadas de blanco no dejaban dudas de lo que la gente tanto insistía que viese.

Me explicaron apesadumbrados, las madres sin poder contener el llanto, que en menos de dos años habían muerto 21 niños y un adulto, todos con los mismos síntomas: lo llamaban "vómito negro", y según ellos, era provocado por algún brujo malvado que quería acabar con la comunidad por venganza o envidia.

Según me explicaron, los niños morían con el vientre hinchado y vomitando el hígado a pedazos. Querían que yo bendijese el cementerio y el pueblo para alejar al mal. Para una pequeña comunidad como la de Vista Alegre, esa mortandad significó la pérdida de casi toda una generación.

Cuando investigué sobre estos síntomas con un doctor, me dijo que había dos posibilidades: o fiebre amarilla (que descartamos por no existir evidencia de una epidemia de tal enfermedad en la región) o hepatitis.

Lo extraño es que esta mortandad no había ocurrido en ninguna otra de las comunidades del Tigre, donde la heptatitis B era y es endémica, aunque en general asintomática, al menos en niños. El doctor me explicó que cuando la hepatitis B asintomática se complicaba con una intoxicación grave o con abuso de alcohol, se producía un efecto sinérgico que conducía a una cirrosis tóxica fulminante. Era obvio que en niños el abuso de alcohol estaba totalmente descartado, luego quedaba como sospechosa la intoxicación con algún tipo de contaminante.

Esta última hipótesis fue corroborada cuando hice algunas averiguaciones: unos análisis de agua del río Tigre realizados por el IIAP que cayeron en mis manos demostraban los altísimos niveles de metales pesados, fruto sin duda de la contaminación petrolera. Luego averigüé que la población de Vista Alegre se proveía de pescado de la Tipishca Montano, aguas arriba de la comunidad, en la que, qué casualidad, desembocaba una quebrada en cuya cabecera había un pozo petrolero operado por la Occidental Petroleum Corp. (más conocida como OXY).

Estudios posteriores realizados por expertos, luego de una serie de denuncias realizadas por dirigentes indígenas del Tigre a través de un artículo publicado en la revista Medio Ambiente de Lima, demostraron que la contaminación del agua y, por tanto, del pescado (que tiene la capacidad de acumular en sus tejidos los metales pesados) eran la más probable causa de la masacre.

En aquellos tiempos el Estado peruano era sumamente complaciente con la contaminación petrolera y casi nadie hablaba del tema, de modo que las compañías operando en esa zona no tenían prácticamente restricción alguna para arrojar petróleo, aguas de formación y químicos varios al río.

Cuando acabé de contar esta historia en la reunión de AIDESEP-ORPIO, uno de los dirigentes indígenas, Pepe Fachín, que estaba sentado en la última fila, se levantó y pidió la palabra: "Hermano", dijo. "Yo soy uno de los sobrevivientes de Vista Alegre, de las muertes que tú estás contando. Mi papá, José Fachín, tuvo once hijos, y todos murieron en ese año, excepto yo y mi hermana Rosa." El joven dirigente explicó que después de mi visita, la comunidad siguió mis consejos de no consumir el pescado de la Tipischca Montano ni tomar el agua del río, sino de las quebradas, y no volvió a morir ningún niño de esa enfermedad.

Unos días más tarde, en Pucallpa, tuve la oportunidad de participar en una reunión sobre el problema de los indígenas en aislamiento voluntario en las regiones de Loreto y Ucayali. Allí me encontré con un viejo amigo del río Tigre, Beltrán Sandi Tuytuy, también originario de Vista Alegre; él es ahora dirigente de la Federación de Comunidades Indígenas del Río Curaray, donde AIDESEP ha propuesto la creación de una reserva indígena para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario -cuya existencia el Gobierno se obstina en negar, por cierto-.

Cuando le comenté el incidente con Pepe Fachín en la reunión de Iquitos, me explicó que él también había huido de la comunidad por ese motivo, pues dos de sus tres hermanos habían muerto también de la fatal enfermedad, cuando eran adolescentes. Entonces me vino a la memoria, luego de tantos años, el recuerdo de sus dos hermanos muertos, que conocí en los 90 en el internado de Intuto (capital del distrito del Tigre) y con los que mantuve una estrecha amistad durante mis años allí, dada su afición (compartida conmigo) por la selva en general y por las aves en particular.

Estos dos hermanos no están contabilizados entre los niños muertos en el mismo pueblo citados arriba, pues murieron más tarde por hepatitis cirrótica (complicación de hepatitis B con cirrosis tóxica). ¿Cuántos más como ellos habrán ido muriendo en los ríos Tigre y Corrientes a lo largo de estos años por causas similares, con origen mediato o inmediato en la criminal práctica de arrojar al río todos los desperdicios de las operaciones petroleras?

Emilio y Guillermo Sandi Tuytuy, amigos con los que disfruté horas tan gratas por las selvas del río Tigre buscando aves, descansen en paz, y con ustedes los 21 niños indígenas que murieron en la flor de la vida a causa de la ambición humana sin límites, la negligencia, el racismo, y la corrupción. Sé que si en vez de ustedes hubiesen muerto no 21, sino siquiera dos o tres hijos de alguna familia blanca de un barrio elegante de Lima se habría producido un escándalo internacional, y se habría remediado el problema de la contaminación petrolera en el Tigre y el Corrientes muchos años antes… Pero los indígenas tienen que morir por docenas, para que la prensa siquiera les dedique una escueta nota en la página de sucesos…

Y a quienes tenían en ese tiempo a su cargo -y no las ejercieron- las responsabilidades del Estado para dictar las normas de control y supervisar las actividades petroleras, y a quienes regían las políticas en la compañía petrolera y buscaron maximizar los dividendos y los márgenes de ganancias para que los accionistas les felicitasen en sus lujosas convenciones anuales en Houston o quien sabe dónde, Diosito en su misericordia les tenga compasión.