Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León
Por César Reyna
Cuando muchos creían que la justicia peruana se estaba reformando, sobre todo tras la celebrada condena al ex presidente Alberto Fujimori y la celeridad con la que la Corte Suprema le imprimió al caso Panamericana Televisión, ésta ha dado nuevas muestras ineptitud y corrupción con la excarcelación de Rómulo León.
El cambio de la orden de detención por arresto domiciliario no sorprende porque el Poder Judicial siempre ha sido manipulado por los gobiernos de turno. Además el Apra tiene injerencia en dicha institución pues un gran porcentaje de jueces milita o simpatiza con el partido de la estrella. El más conocido de todos es el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien no hace mucho fue fotografiado en un acto partidario.
La medida dispuesta por la Tercera Sala Penal Especial responde a la necesidad ir limpiando a León de todos los cargos porque posee información que compromete a altas autoridades del Gobierno. Pese a que existe abundante evidencia en su contra (audios, correos electrónicos, etc.), el ex ministro de pesquería volverá a su domicilio porque el juzgado considera que “no hay peligro de fuga”. Si el destape del escándalo de los ‘petroaudios’ olía mal, esto huele mucho peor pues se suma la poca diligencia mostrada por el juez para resolver el caso.
Las conversaciones sostenidas en entre Alberto Quimper, ex abogado de Alan García y ex director de Perupetro, y Rómulo León Alegría, ocasionaron la primera crisis política en el Ejecutivo cuando salieron a la luz. En una de las grabaciones más difundidas estos turbios personajes discutían entre risas, carajeadas y bromas la forma de amañar una licitación pública vinculada a la concesión de lotes petroleros. Luego ambos fueron detenidos a finales de 2008 medio de duras críticas contra el Gabinete presidido por Jorque del Castillo, quien finalmente tuvo que renunciar.
El destape se produjo en octubre del año pasado y aún no se ha podido conocer el contenido del CPU de León, en el que debe haber almacenado valiosa información que ayude a determinar responsabilidades. Todos los indicios y presunciones del caso apuntan a las más altas jefaturas de gobierno pues León Alegría tenía acceso al despacho del ex premier Jorge del Castillo, a pesar de que el presidente García había objetado su ingreso a cualquier dependencia por temor al escándalo (su modus operandi era muy conocido).
León se desempeñaba como lobista de compañías que querían cerrar tratos con el Gobierno. Se valía de sus contactos en ministerios y otros organismos estatales para asegurar la contratación de las empresas que representaba. Su comisión no era nada despreciable si lograba que el Estado otorgara una o varias concesiones a grupos de dudosa reputación empresarial como el del dominicano Fortunato Canaán, interesado en construir hospitales sobrevalorados. León Alegría les garantizaba a sus patrocinados que sus relaciones con el poder pesaban más que las leyes y los procedimientos preestablecidos. Él les evitaba el engorroso trámite de precalificar o postular a procesos de licitación porque podía arreglar -por lo bajo- cualquier concurso.
Su actividad fue descubierta de manera irregular porque una agencia de seguridad interceptó sus teléfonos (vinculada a oficiales de la Marina de Guerra del Perú). La agencia en cuestión fue contratada por una compañía (Petrotech S.A.) que había perdido en concursos manipulados por Rómulo León.
Lo que León sabe es muy importante para la supervivencia de la Administración, de ahí que la Sala que estudia su expediente haya relajado las medidas precautorias. En su caso no debió proceder la excarcelación porque se puso a derecho varias semanas después de haber sido emitida la orden de captura en su contra. Su demora no sólo dilató la labor de la justicia, sino que en ese ínterin pudo destruir o esconder pruebas vitales para esclarecimiento de la causa.
Por César Reyna
Cuando muchos creían que la justicia peruana se estaba reformando, sobre todo tras la celebrada condena al ex presidente Alberto Fujimori y la celeridad con la que la Corte Suprema le imprimió al caso Panamericana Televisión, ésta ha dado nuevas muestras ineptitud y corrupción con la excarcelación de Rómulo León.
El cambio de la orden de detención por arresto domiciliario no sorprende porque el Poder Judicial siempre ha sido manipulado por los gobiernos de turno. Además el Apra tiene injerencia en dicha institución pues un gran porcentaje de jueces milita o simpatiza con el partido de la estrella. El más conocido de todos es el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien no hace mucho fue fotografiado en un acto partidario.
La medida dispuesta por la Tercera Sala Penal Especial responde a la necesidad ir limpiando a León de todos los cargos porque posee información que compromete a altas autoridades del Gobierno. Pese a que existe abundante evidencia en su contra (audios, correos electrónicos, etc.), el ex ministro de pesquería volverá a su domicilio porque el juzgado considera que “no hay peligro de fuga”. Si el destape del escándalo de los ‘petroaudios’ olía mal, esto huele mucho peor pues se suma la poca diligencia mostrada por el juez para resolver el caso.
Las conversaciones sostenidas en entre Alberto Quimper, ex abogado de Alan García y ex director de Perupetro, y Rómulo León Alegría, ocasionaron la primera crisis política en el Ejecutivo cuando salieron a la luz. En una de las grabaciones más difundidas estos turbios personajes discutían entre risas, carajeadas y bromas la forma de amañar una licitación pública vinculada a la concesión de lotes petroleros. Luego ambos fueron detenidos a finales de 2008 medio de duras críticas contra el Gabinete presidido por Jorque del Castillo, quien finalmente tuvo que renunciar.
El destape se produjo en octubre del año pasado y aún no se ha podido conocer el contenido del CPU de León, en el que debe haber almacenado valiosa información que ayude a determinar responsabilidades. Todos los indicios y presunciones del caso apuntan a las más altas jefaturas de gobierno pues León Alegría tenía acceso al despacho del ex premier Jorge del Castillo, a pesar de que el presidente García había objetado su ingreso a cualquier dependencia por temor al escándalo (su modus operandi era muy conocido).
León se desempeñaba como lobista de compañías que querían cerrar tratos con el Gobierno. Se valía de sus contactos en ministerios y otros organismos estatales para asegurar la contratación de las empresas que representaba. Su comisión no era nada despreciable si lograba que el Estado otorgara una o varias concesiones a grupos de dudosa reputación empresarial como el del dominicano Fortunato Canaán, interesado en construir hospitales sobrevalorados. León Alegría les garantizaba a sus patrocinados que sus relaciones con el poder pesaban más que las leyes y los procedimientos preestablecidos. Él les evitaba el engorroso trámite de precalificar o postular a procesos de licitación porque podía arreglar -por lo bajo- cualquier concurso.
Su actividad fue descubierta de manera irregular porque una agencia de seguridad interceptó sus teléfonos (vinculada a oficiales de la Marina de Guerra del Perú). La agencia en cuestión fue contratada por una compañía (Petrotech S.A.) que había perdido en concursos manipulados por Rómulo León.
Lo que León sabe es muy importante para la supervivencia de la Administración, de ahí que la Sala que estudia su expediente haya relajado las medidas precautorias. En su caso no debió proceder la excarcelación porque se puso a derecho varias semanas después de haber sido emitida la orden de captura en su contra. Su demora no sólo dilató la labor de la justicia, sino que en ese ínterin pudo destruir o esconder pruebas vitales para esclarecimiento de la causa.
El otorgamiento de esta cuestionada medida ha “coincidido” con el rechazo de la moción de censura contra el primer ministro Yehude Simon, la muerte de Michael Jackson y el asesinato de una popular cantante de folclor, tres sucesos que venían acaparando la atención pública nacional. León seguramente presionaba desde hace tiempo por su salida, pero las autoridades necesitaban varios acontecimientos mediáticos, a falta de una cortina de humo, para poder soltarlo.
Su semilibertad se veía venir ya que León mantiene vínculos con dirigentes de su partido, pero sobretodo porque conoce delitos que podrían convertirlo en colaborador eficaz de un eventual mega juicio contra importantes figuras del régimen. Lo que sabe pesa más que cualquier estrategia de defensa legal pues si habla puede acabar con la cúpula del aprismo. Muchos podrían ir la cárcel si León revelara la forma en que algunos líderes costean la educación de sus hijos o alquilan lujosos departamentos en París.
Mientras cierre la boca asegurará su inocencia para que otros sigan actuando con total impunidad.
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