Andrés Gómez de la Torre

Ex jefe de la Escuela de Inteligencia fue asesor de Vladimiro Montesinos

Especial. En 1998 Andrés Gómez de la Torre trabajó en un puesto clave en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Según testigos, aseguran que participó en la guerra sucia contra opositores de Fujimori

Por Miguel Ramírez 
Unidad de Investigación

El flamante director de la Escuela de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre Rotta, fue asesor de Vladimiro Montesinos y habría participado en la campaña de guerra sucia en contra de los candidatos presidenciales que compitieron con el ex presidente Alberto Fujimori en el año 2000, según versiones obtenidas por El Comercio de fuentes ligadas a ese organismo.

Gómez de la Torre fue nombrado en dicho cargo en abril pasado por el general EP (r) Héctor Bertrán Lora, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), entidad que cuando la conducía Montesinos se llamaba Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Andrés Gómez de la Torre es un experto en temas de inteligencia, se ha relacionado en el mundo de la política y es fuente de consulta e información de algunos periodistas. Durante el gobierno anterior, fue asesor del ex congresista del Frente Independiente Moralizador (FIM) Luis Iberico, cuando este ejerció la presidencia de la Comisión de Defensa, Inteligencia y Orden Interno. También asesoró al ex parlamentario y general EP (r) Marciano Rengifo y últimamente al congresista Luis Gonzales Posada.

Son pocos, sin embargo, los que conocen la relación de Gómez de la Torre con Vladimiro Montesinos y su paso por el tenebroso SIN.

En diciembre del año 2001, El Comercio publicó parte de la historia de Gómez de la Torre con Montesinos, luego de que se descubriera que este (Gómez de la Torre) había sido designado jefe del Frente Externo del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), primer nombre que recibió el SIN cuando fue desactivado por el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua. Tras la publicación, Gómez de la Torre se retiró del cargo y dejó el CNI, y luego fue contratado por el entonces congresista Luis Iberico.

Desde aquella época, en 'La Fábrica', como así se le conocía al SIN, nadie supo más de Andrés Gómez de la Torre. Hasta que hace dos meses, en abril, retornó con el cargo de director de la Escuela de Inteligencia, entidad clave que se encarga de formar a los agentes de esa especialidad.

Entonces, al verlo, muchos empleados recordaron su pasado.

EL ASESOR DEL 'DOC'
De acuerdo con fuentes de ese organismo, en 1997 Andrés Gómez de la Torre fue llevado al SIN por el propio Vladimiro Montesinos. Gómez de la Torre fue asignado asesor de la Alta Dirección y después fue enviado a la Dirección Nacional de Frente Externo, que jefaturaba el coronel (r) Ángel Ordaya Montero.

Durante todo ese año, según las fuentes, el mismo Montesinos le habría pagado 3.000 dólares mensuales a Gómez de la Torre. El ingreso de este al SIN se formalizó el 1 de febrero de 1998, a través de la Resolución Suprema 065-98-PCM. Gómez de la Torre fue designado oficialmente como jefe de la Dirección Ejecutiva del Frente Ecuador.

Como el cargo que Montesinos le confirió era de confianza y estratégico, la designación de Gómez de la Torre se tuvo que efectuar mediante la mencionada resolución suprema que fue firmada por el presidente Alberto Fujimori y el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi.

Un vocero oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó a El Comercio la existencia de dicha resolución emitida en 1998, con el nombramiento de Gómez de la Torre. Señaló que lo que les ha llamado la atención es que el mencionado documento fue remitido por el SIN con carácter de secreto, probablemente con la finalidad de evitar que cualquier persona o empleado administrativo pudiera tener acceso directo al mismo.

"Encontramos rápidamente las resoluciones supremas 064 y 066, pero no la 065. Luego descubrimos que esta, la 065, se encontraba con la indicación de reservada. A través de otro documento, comprobamos que dicha resolución se refería a la designación del señor Andrés Gómez de la Torre como alto funcionario del entonces Servicio de Inteligencia Nacional", dijo el vocero de la PCM.

Tal como lo han podido comprobar los tribunales anticorrupción, esta modalidad, la de las resoluciones supremas secretas, fue utilizada reiteradamente por Vladimiro Montesinos para colocar a personal de su confianza en puestos clave, así como para realizar millonarias compras de armamento que favorecieron a sus allegados con jugosas comisiones, parte de las cuales eran depositadas en las cuentas que tenía Montesinos en Suiza.

LA GUERRA SUCIA
De acuerdo con las fuentes consultadas, a mediados de 1999, meses antes de las elecciones presidenciales del año 2000, Vladimiro Montesinos ordenó que los jefes de todas las direcciones del SIN y sus respectivos asesores se dedicaran exclusivamente a la campaña de la tercera reelección del presidente Alberto Fujimori, así como a diseñar planes de demolición y guerra sucia contra los candidatos presidenciales que iban a competir con su jefe, Fujimori.

Las fuentes contaron la siguiente historia: "Todos los jefes de direcciones y sus asesores, con Montesinos a la cabeza, se reunían en un inmenso ambiente ubicado en el segundo piso del SIN, que Montesinos mandó a construir especialmente para desde allí dirigir la campaña electoral de Fujimori. A esas reuniones asistía Andrés Gómez de la Torre".

"En dicho lugar había computadoras y enormes pizarras acrílicas con los nombres de todos los candidatos que competían con Fujimori. Allí se registraban hasta sus más mínimos movimientos que realizaban en Lima y en provincias. Era impresionante. Allí, incluso, se registraban las futuras acciones o recorridos que iban a realizar los candidatos, sin que estos lo supieran, pues Montesinos tenía agentes infiltrados en todos los partidos políticos. Los que asistían a esas reuniones se sentaban alrededor de una inmensa mesa que estaba en el centro del ambiente".

"En las sesiones también se discutían y aprobaban acciones de guerra sucia, de acusaciones falsas, difamaciones, en contra de los políticos opositores a Fujimori, que luego eran difundidas a través de los medios de comunicación que Montesinos controlaba. Gómez de la Torre era uno de los más entusiastas participantes".

Las influencias de Hugo Chávez

Además Simón Bolívar y el dictador peruano Juan Velasco Alvarado, entre las figuras políticas que inspiran al líder venezolano destacan el presidente Alan García Pérez y el reo y ex presidente Alberto Fujimori
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Por César Reyna

Aunque parezca inverosímil, el socialista Hugo Chávez viene reproduciendo varias políticas de Estado que implementó o trató de implementar el peruano Alan García durante su primer período presidencial. De 1985 a 1990 García Pérez intentó estatizar la banca; algo que está haciendo Chávez, pero no por la fuerza, sino mediante la compra de activos financieros a instituciones como el Santander. Chávez también imita a García al aplicar controles de precios para evitar la subida de productos de primera necesidad, lo que ha generado mucha especulación y la formación de mercados negros.

En el primer gobierno de García se acusó a los productores de inflar los precios al acumular existencias. Chávez hizo lo mismo llamando traidores a los que acaparaban alimentos. Parar tratar de revertir la situación, Chávez adquirió bajo coacción y con la participación de sindicatos varias unidades procesadoras de granos. García no llegó a tanto porque no disponía una generosa cuenta repleta de petrodólares, pero sí de algunas reservas internacionales que dilapidó realizando compras masivas de alimentos en descomposición (como el arroz con gorgojos, la leche en polvo insalubre y la carne de origen argentina malograda), y creando los ‘Mercados del Pueblo’ para que los peruanos se abastezcan de arroz, azúcar, aceite, menestras, etc., pero, paradójicamente, estaban totalmente desabastecidos.

Ambos mandatarios generaron mucha inflación y contribuyeron a la debacle del aparato industrial en sus países. La descapitalización en el Perú fue de tal magnitud -fruto de nefastas políticas económicas y el clima inseguridad- que le tomó más de una década volver a reflotar sectores como la pesca, las confecciones y la agricultura de exportación. La sustitución de importaciones en el caso peruano perjudicó notablemente los consumidores ya que solamente podían adquirir productos nacionales de mala calidad. Al reemplazar la producción extranjera con la local, tanto el primer gobierno aprista como el chavismo pretendían -o pretenden- crear modelos de desarrollo autárquicos similares a los de extintos estados comunistas. El plan no funcionó pues la eliminación de la competencia desincentivó a los industriales para mejorar la calidad de sus productos. Por si fuera poco, las restricciones aduaneras obstaculizaron la compra de bienes de capital, lo que estancó la modernización de la producción.

Desde hace unos años el régimen de Caracas estableció controles de cambios para evitar la depreciación del bolívar; algo parecido hizo García al establecer distintas cotizaciones para el dólar, entre las que destacaba la del dólar MUC (Mercado Único de Cambio), ofrecido a precio preferencial a los industriales para que potencien sus sectores. Pese a sus esfuerzos por dominar a las fuerzas del mercado la estabilización de la moneda nunca se concretó. Cuando reinó la volatilidad, el imprudente García y el irreflexivo Chávez restringieron la compraventa de dólares, lo que generó un mercado cambiario paralelo y mucha riqueza especulativa.

Ahora bien, de Bolívar no pudo haber asimilado mucho Chávez ya que era liberal y creía en el libre comercio. En lo que sí coincide con el libertador es con su proyecto vitalicio de gobierno –basta recordar la Gran Colombia y la Constitución de 1826 que lo declaraba supremo dictador del Perú- y el adoctrinamiento de la población, aunque con diferente tinte ideológico desde luego. Si Chávez lo considera su principal referente es porque luchó contra el colonialismo español -que no es equiparable a su enfrenamiento retórico contra el imperialismo norteamericano- y porque tenía ambiciones hegemónicas.

El gobernante que más lo ha influenciado es, sin duda, el general Juan Velasco Alvarado, personaje que dirigió el Perú entre 1968 y 1975. Chávez se refiere al difunto dictador con mucho afecto cuando lo menciona en su programa ‘Aló Presidente’. La admiración que le profesa se debe a que realizó un par de transformaciones que le gustaría aplicar como la reforma agraria –que fue desastrosa en términos económicos aunque impidió que germinara la prédica de Sendero Luminoso entre los campesinos - y la movilización popular a través del Sinamos (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social), organismo creado para cumplir las funciones de un partido político al servicio de la “revolución nacionalista”. Chávez Frías hubiera deseado llegar al poder mediante un golpe de Estado como Velasco, pero fracasó y fue encarcelado por ello. Pasó dos años en prisión hasta que fue indultado por Rafael Caldera en 1994. Por medio de un golpe hubiera podido cerrar todos los medios opositores; y no tener que clausurarlos uno por uno ni promulgar una norma que amordace a la prensa (como la Ley Especial de Delitos Mediáticos).

El otro presidente que inspira su accionar es el corrupto Alberto Fujimori (1990- 2000). Chávez tuvo cercanía con el ex mandatario peruano porque varios militares que lo acompañaron en la intenta golpista de 1992 se refugiaron en nuestro país bajo la protección de Vladimiro Montesinos. En lo político Chávez ha aprendido mucho de Fujimori ya que éste, con ayuda de su siniestro asesor, destruyó a la oposición democrática. Mediante una campaña de desprestigio permanente y el copamiento de las instituciones públicas, Fujimori logró marginar a los partidos tradicionales de la simpatía del pueblo. Varios grupos políticos se debilitaron o desaparecieron en el camino cuando se “recuperó” la democracia con el cambio de milenio. El sistema de partidos aún no se recupera de la turbulenta década de los noventa, llamada por algunos como la de la “antipolítica” porque primó el pragamitismo a los discursos encendidos, revolucionarios y vacíos de algunos estadistas. La mejor prueba de la crisis de los partidos es la inexistencia una oposición orgánica que fiscalice los actos de gobiernos.

Un hecho fundamental del que Chávez seguramente tomó nota fue que Fujimori elaboró una Constitución a la medida, la de 1993, la que le permitió cambiar el modelo económico (para consagrar el neoliberalismo) y establecer una nueva y controvertida legislación antisubersiva. En el caso de Chávez las reformas han sido, como todos sabemos, para afirmar la socialización en Venezuela y establecer mayores controles sociales o menos libertades.

En el tema de las reelecciones sucesivas Chávez debe haber tomado lección de Fujimori pues se eligió tres veces, una de ellas de manera inconstitucional pues sus congresistas y defensores interpretaron la Constitución a su antojo.

Pare de Sufrir: la farsa de los movimientos evangélicos

Por César Reyna


De madrugada no hay mucho que ver en la televisión. A pesar de la variada programación sólo el refrito de ‘Friends’ me seduce por unos minutos pero no logra despertar mi interés; las bromas son demasiado estúpidas y las actuaciones lamentables. No tengo sueño aunque esté cansado y sienta frío. Ni el Discovery Channel o Natgeo llegan a atraparme porque ya había visto los especiales que estaban transmitiendo durante la semana. Zapeo en el cable busca de entretenimiento instantáneo y no encuentro nada fácil de procesar. De manera casual apretó el ‘2’ en el mando y comienzo a revisar los canales nacionales. No hay nada, cambio y pruebo con el ‘4’ y tampoco veo algo de a mi agrado: las series o películas son muy antiguas y están mal dobladas al español. En seguida paso al ‘5’ y me quedo viendo la secuencia de ‘Pare de Sufrir’, el movimiento evangélico de origen brasilero que tiene miles de fieles en el Perú.

No pasa mucho para que descubra que el ‘pastor’ o ‘hermano’ que dirige la oración es un impostor ya que se trata de un peruano que se hace pasar por brasilero. El sujeto cierra los ojos mientras se encomienda a Dios. Parece estar muy concentrado al momento de bendecir el agua contenida en un vaso de vidrio. Habla de la presencia del mal en nuestras vidas; de enfermedades incurables para el hombre que sólo puede curar el Altísimo; del Apocalipsis y la segunda venida del Señor; o de problemas familiares como infidelidades, adicciones o falta de dinero.

El ‘hermano’ finge el acento portugués para darle credibilidad a predica. Si fuera peruano y hablara como tal seguramente nadie seguiría sus consejos ni se dejaría engatusar por sus palabras. Él hombre que apareció en la pantalla no fue el único que habló ‘portuñol’ ya que tomó la posta otro ‘hermano’ que atendía llamadas de gente atormentada. Ambos brindaban un servicio de escucha y auxilio espiritual a cambio de una donación. La donación no parecía voluntaria pues los ‘hermanos’ comunicaron que debía ser de 10 soles para recibir los favores del Creador. Para muchos esos inescrupulosos representan su único nexo con el cielo. Estiman que su mediación es “necesaria” para que la atareada Providencia atienda los ruegos de sus hijos desperdigados por el mundo.

La Iglesia oficialmente se llama Comunidad Cristiana del Espíritu Santo pero se la conoce como ‘Pare de Sufrir’. En lugar de ofrecer gratuitamente los sacramentos tradicionales ha creado otros que comercia en sus locales o mediante marketing televisivo. Así vende agua sagrada, rosas santificadas, aceites consagrados, mantos bendecidos y tierra traída supuestamente de Israel. Los amuletos adquiridos pierden eficacia bienhechora cuando los ‘hermanos’ comienzan a promover otro objeto “santificado” en Tierra Santa o en su altar principal de la Avenida Iquitos, antiguo cine Metropolitan.

No buscaba fe, iluminación o perdón al sintonizar el espacio que contratado por ‘Pare de Sufrir’- no creo que alguien medianamente racional pueda creer todas las patrañas que dicen un par farsantes - sino un poco de entretenimiento. Ver ese programa me hizo reír y pensar en muchas cosas, aunque también me indignó. Antes de volver a zapear imagine que cientos o tal vez miles seguían con entusiasmo a los ´hermanos’ Miguel y Rafael, los dos predicadores que vi de madrugada.

Los templos de la Iglesia Evangélica, antiguos cines céntricos donde pasaban películas hindúes o pornográficas, siempre están colmados de gente. Los feligreses son de condición humilde y provienen de las periferias de la ciudad. Son cientos y cientos y ninguno se cuestiona si el ‘hermano’ que realiza curaciones invocando el nombre de Dios es realmente brasilero. Si a éste alguien le preguntara de qué equipo es fanático en su “país” seguramente respondería que del Flamengo, el Fluminese, el Sao Paulo, el Botafogo, el Palmerias o el Santos para salir del paso. Si le preguntaran por el último año en que su club campeonó inventaría el año o simplemente diría que lo ignora. Si su interpelador insistiera con una pregunta más puntual como quién fue el primer presidente de Brasil diría cualquier nombre o expresaría que no lo recuerda. Y si no se le preguntara nada sino que recite la estrofa más conocida del himno brasilero es probable que rechace la petición aduciendo que tiene mala voz o que está afónico tras alabar a Dios durante horas frente a sus ‘hermanos’.

Mentiría, se excusaría o no sabría qué decir al momento de responder a nuestras inquietudes. Tanto él como nosotros sabríamos que no es brasilero, que todo lo que dice es falso, empezando por las bendiciones y parabienes que dispensa.

Nuevo Gabinete en Perú: Velázquez Quesquén al premierato

Por César Reyna


La ausencia de figuras concertadoras y capaces en el nuevo Gabinete Ministerial se debe al debilitamiento del sistema de partidos. De esta debacle no se ha salvado ni el Apra, la agrupación más longeva que participa en política, porque se trata de un mal de ampliamente extendido y generalizado. Este problema no es reciente pues se incubó durante el primer Gobierno de Alan García (1985-1990), período en el que la clase política resultó tremendamente desprestigiada por la pésima gestión del actual mandatario (abundaron los casos de corrupción, se desarrolló la hiperinflación y creció la violencia terrorista). Ni la derecha se salvó del descrédito pues los peruanos eligieron a un ‘outsider’ como Alberto Fujimori para que reconstruyera el país.

A partir de Fujimori comenzó una fase en la que se acentúo la ruina de los partidos porque el autócrata de origen oriental reemplazó la retórica pomposa del pasado por obras a granel. Él instauró la tecnocracia en oposición a la parálisis de los políticos tradicionales que perdían el tiempo discutiendo sobre ideas abstractas en el Parlamento. Su falta de contacto con la realidad y su nula credibilidad los apartó una década del poder. Desde entonces el electorado se acostumbró a exigir acciones y resultados concretos en lugar de discursos vacíos (por eso García está inaugurando muchas obras y ha puesto en marcha un plan anticrisis).

Otro factor que ha contribuido a la crisis de los partidos es su falta de renovación. En la mayoría de casos se observa que las viejas caras del pasado ocupan los primeros puestos en las listas al Congreso. En los últimos tiempos no han aparecido nuevas y destacadas promociones que reemplacen a las generaciones anteriores. La perniciosa vigencia de un buen número de políticos del pasado, sobre todo en el Apra, ha obstaculizado el surgimiento de personas interesadas en gestionar la cosa pública.

Lo anterior explica, en buena cuenta, la escasez de profesionales de la política. Si los últimos gobernantes han debido recurrir a tecnócratas independientes se debe a que los partidos no se han dedicado a preparar cuadros. Al no haber hecho su tarea el presidente de turno tiene que convocar a personalidades del sector privado o profesionales que laboran en organismos multilaterales para conformar su Gabinete. Cada vez que debe renovarlo, ya sea por desgaste propio de la función, censura parlamentaria o escándalos que comprometen a varios ministros se entra en un nuevo período de incertidumbre nacional. En un país con partidos sólidos los cambios ministeriales no producen ansiedad, pero ese no es nuestro caso pues el mandatario debe parchar o cubrir como pueda las carteras vacantes.

En momentos de grave crisis política o económica pocos se muestran interesados en sumarse a un nuevo Gabinete. Nadie con algún prestigio ganado está deseoso perderlo en poco meses de gestión. Las turbulencias e ingratitudes de la vida política, además de los bajos salarios (en caso de que no roben), desincentivan a los mejores profesionales y técnicos a la hora de colaborar con el presidente.

En el caso de García este asunto se agrava pues si ha designado a Javier Velázquez Quesquén, actual presidente del Congreso, es porque varios de los voceados tienen una razón adicional para negarse: la escasa autonomía que el mandatario otorga a quien elija. Pocos realmente despacharían con él en esas condiciones pues limitaría sus iniciativas individuales. El reducido campo de acción que García concede al primer ministro, como se vio en el caso de Yehude Simon, quien sólo al final de su gestión –y con 34 muertos en la Amazonía- pudo negociar libremente con los nativos, nos revela que el presidente García quiere un muñeco de ventrílocuo antes que un premier independiente.

El crimen de Marco Antonio: narcotraficantes estarían involucrados

Por César Reyna

Todo apunta a que el famoso estilista Marco Antonio fue asesinado por sicarios del narcotráfico. La forma en que fue amordazado, atado y reducido nos hace suponer que su muerte se trató de un virtual ajuste de cuentas. El que su cabeza haya sido cubierta con una bolsa de plástico revela, entre otras cosas, que fue asfixiado hasta morir. Así, las causas de su fallecimiento dejan de ser pasionales porque los asesinos han querido enviar una señal a quienes les fallan de alguna manera.

Su crecimiento como estilista, editor de revistas, conductor de televisión y empresario debe ser investigado porque tal vez ahí se encuentre el motivo de su trágica desaparición. Quizá le debía a personas que se dedicaban a lavar dinero sucio. Lo que sostengo de momento es una hipótesis, pero tiene asidero a raíz de su trepidante éxito y su execrable crimen. Sin duda fue un sujeto talentoso –que duda cabe- y bien relacionado en la farándula local, pero eso no basta para explicar su suceso empresarial.

Marco Antonio era propietario de varios centros de belleza y peluquerías donde atendía a la crema y nata de la sociedad. A veces se desempeñaba como jurado en eventos de belleza y era requerido por artistas nacionales. Sus servicios como peinador eran exclusivos y altamente demandados en bodas y destacados eventos internacionales.

El Perú, como la mayoría de países latinoamericanos, es ideal para que carteles mexicanos laven dinero en sectores como la construcción, la mediana minería, la pesquería y servicios de relax y entretenimiento. La principal razón que convierte a la región, y sobretodo a nuestro país, en una plaza atractiva para recursos procedentes actividades ilícitas es su estabilidad macroeconómica, es decir, su baja tasa de inflación y la escasa volatilidad de la moneda. También destacaría la gran informalidad que caracteriza a nuestra economía y la de nuestros vecinos pues es responsable de más del 50% del PBI. Que el mercado peruano sea informal significa que existe poca o nula fiscalización estatal. Esto permite que muchos narcos ingresen grandes cantidades en la economía sin encontrar oposición.

Como en occidente no pueden actuar con la permisividad que encuentran en Latinoamérica, los grandes capos del narcotráfico no dudan en repatriar o traer sus fortunas mal habidas. Muchos negocios basados en el ladrillo (inmuebles, discotecas, restaurantes, locales comerciales, hostales, etc.) han sido financiados con dinero turbio. De ahí que se sospeche del ‘boom’ de la construcción y otras actividades de rápido crecimiento.

El caso de Marco Antonio no sería el único de comprobarse su vinculación con el crimen organizado. Su muerte ha consternado a muchos personajes del espectáculo y dará que hablar en los próximos días. Ojalá me equivoque para que su nombre no quede manchado.

La liberación de Rómulo León y los misterios de su computadora

Por César Reyna

Mientras era trasladado a la vivienda de su hijo para cumplir con su arresto domiciliario, Rómulo León Alegría, principal implicado en el sonado caso de los ‘petroaudios’[1], dijo que no temía que peritos judiciales revisaran los archivos de su computadora porque “no hay nada comprometedor”. León Alegría está tan seguro de su inocencia que ha pedido en reiteradas ocasiones que la “justicia” acelere las investigaciones. Su demanda de celeridad nos hace sospechar que la información que almacena su PC podría perderse una vez que los especialistas ingresen al sistema. En pocos segundos podrían autodestruirse datos reveladores como si marcara el inicio de la saga ‘Misión Imposible’.

Esa latente posibilidad no descarta que existan otros factores que expliquen la lentitud del Poder Judicial para revisar la correspondencia electrónica que el ex diputado aprista mantenía con personalidades del Gobierno. Si el CPU del ex ministro de Pesquería no tenía el referido dispositivo de autodestrucción, las autoridades deben estar buscando la manera de que sus archivos se tornen totalmente irrecuperables. Probablemente en los próximos meses ocurra un extraño incendio en la oficina donde el ordenador estaba depositado o sufra algún daño “fortuito” que impida leer su información. Quizá un desprevenido secretario judicial deje caer la máquina accidentalmente o se esté filtrando –negligentemente hablando- un poco humedad dentro de su delicada memoria. Nadie, desde luego, asumirá la responsabilidad de la pérdida de ese importante elemento probatorio.

A la computadora le pueden suceder cosas extrañas como si se tratara de un testigo incómodo que puede traerse abajo a las cabezas de la mafia. Como el aparato no es susceptible a las presiones ni se le puede comprar, las autoridades de turno deliberan si debe ser destruido o arruinado por el bien de la gobernabilidad. Rómulo León, en cambio, sí puede ser sugestionado o favorecido procesalmente para que no diga todo lo que sabe, es decir, para que no incrimine a sus compañeros de partido. Apenas salió del penal dijo que “no tenía nada que decir” ante los requerimientos de la prensa. Luego fue más explícito al declarar que nadie debía preocuparse no tenía nada que decir “que involucre a alguien”.

En días recientes, para dar la impresión de que el Ejecutivo estaba disgustado con la repentina excarcelación de León, tanto el presidente como el primer ministro cuestionaron la medida. El primero dijo que lamentaba que en otros casos “la celeridad sea mínima” y mostró su preocupación por la cantidad de efectivos que son asignados cuidar a quienes cumplen arresto domiciliario “cuando deberían dar seguridad a la población”.

Otro hecho que revela las componendas entre el procesado y la Administración aprista es que la orden de la Sala Penal que dispuso su semilibertad no se hizo cumplió de inmediato porque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dependiente del Ministerio de Justicia, dilató su ejecución. La demora fue adrede para hacerle creer a la opinión pública que el Gobierno de García se oponía a la controvertida decisión de la “Justicia”. Para darle un poco de verosimilitud a la trama, el abogado de León iba a presentar un ‘habeas corpus’ e iniciar acciones legales contra los responsables del incumplimiento de la resolución judicial. Por si fuera poco, el letrado manifestó a RPP que existía un “poder oculto” que entorpecía la excarcelación de su patrocinado y señaló que el gesto representa que “el Gobierno no apoyaba a León Alegría”.


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[1] El caso de los ‘petroaudios’ comprende la presunta concesión irregular de cinco lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum, de capitales daneses. El escándalo de los ´petroaudios´ le generó al Gobierno una crisis de grandes proporciones.

El club de los presidentes autoritarios: crítica a Andrés Oppenheimer

Crítica a Andrés Oppenheimer

El galardonado periodista del Miami Herald publicó un reciente artículo sobre la democracia en América Latina. En él resumió los pasos que han seguido un puñado de mandatarios latinoamericanos para “perpetuarse en el poder”
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Por César Reyna


Andrés Oppenheimer considera que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y el defenestrado Manuel Zelaya siguen –o seguían– un guión cuyo propósito es “desmantelar” el modelo democrático.

La primera medida o “acto” que realizan antes de convertirse en jefes de Estado es presentarse como un outsider o “líder antisistémico” que ofrece cambios radicales y luchar contra la corrupción. Para ganar notoriedad suelen encabezar protestas multitudinarias, como en el caso de Evo Morales, o intentan derrocar al gobernante de turno como Hugo Chávez. Pero ésas no han sido las únicas estrategias de exposición mediática de los ‘antisistema’ pues Ollanta Humala, el candidato nacionalista peruano, se sublevó en el sur cuando era comandante del Ejército. Su desobediencia fue pacífica pues desconoció la autoridad del corrupto Alberto Fujimori marchando con un batallón de conscriptos por la serranía; para luego entregarse a la Justicia Militar sin disparar un solo tiro.

El segundo acto, según Oppenheimer, consiste en reformar la Constitución “tras ganar la elección presidencial”. Esto con el propósito de introducir “una cláusula que permita la reelección”. Oppenheimer olvida que los cambios no los hacen Chávez, Evo Morales ni Rafael Correa por su cuenta pues necesitan el consentimiento popular. En todos esos casos es el pueblo el que decide si aprueba -o no- las modificaciones constitucionales.

Si esos presidentes buscan la reelección inmediata es porque en pocos años de gobierno no podrían realizar todos los cambios que pretenden. Un período no basta para combatir la pobreza, desterrar la corrupción y reducir la desigualdad. La mayoría de mandatarios socialistas entiende que las políticas sociales necesitan continuidad para generar resultados; de lo contrario sus efectos positivos se diluyen o pierden en el tiempo. La temida perpetuación o, mejor dicho, continuidad, es sólo un aspecto del complejo proceso de transformación política que se desarrolla en varias naciones latinoamericanas. Además, esta extensión o prolongación del mandato no sería posible si la ciudadanía venezolana, boliviana y ecuatoriana no avalara la permanencia de sus respectivos gobernantes. En todo ello el pueblo juega un papel crucial pues determina la persistencia o cancelación del modelo. Ni Chávez, Morales o Correa son dictadores pues se someten regularmente al escrutinio popular, es decir, permiten elecciones libres, las que son rigurosamente supervisadas por organismos internacionales como la OEA.

En Venezuela y Ecuador, por si fuera poco, existe el referéndum revocatorio. Esta novedosa figura permite que la población pueda destituir al presidente cuando lo desee. El ejercicio de dicha potestad adelanta el calendario electoral pues el dignatario revocado ya no puede seguir en el cargo hasta culminar su período. Hugo Chávez ya pasó por ese examen cuando la oposición convocó la consulta hace un par de años, de la cual salió victorioso. En las constituciones liberales de la región, sin embargo, el referéndum no ha sido incorporado, por lo que muchos ciudadanos sudamericanos tendrían, en comparación con los venezolanos y ecuatorianos, menores facultades y derechos. En la mayoría de países la revocación sólo procede para vacar autoridades municipales y regionales, pero no al presidente de la República o congresistas. Si por la vía del sufragio popular muchos llegan al poder, sería lógico que por esa vía también puedan ser expulsados.

Ahora bien, si la reelección es mal vista en muchos países de habla hispana se debe a que gobiernos de derecha como el de Alberto Fujimori abusaron sistemáticamente del poder. Cuando éste renunció cobardemente por fax desde Malasia se prohibió la postulación del presidente en funciones. Alan García, defensor del modelo neoliberal en el Perú, también ha coqueteado con la reelección[1] cuando la economía marchaba bien y no habían disturbios sociales. Lo mismo parecer ocurrir con Álvaro Uribe en Colombia pues apunta a un tercer mandato amparado en la popularidad que le dio la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes que estaban en manos de las FARC.

En el tercer acto Oppenheimer menciona que, una vez “aprobada la Constitución”, los presidentes socialistas “adelantan las elecciones” (para consolidar los cambios, suponemos). Esto, en principio, no tiene nada malo pues el nuevo orden necesita ser ratificado por el voto popular. Además adelantar la fecha de los comicios le ofrece una nueva oportunidad a la oposición para derrotar al oficialismo de turno. No vemos nada de pernicioso o malévolo en ese paso, y menos si lo autoriza la nueva Carta Magna. Oppenheimer debería recordar que el primer mandatario que plasmó lo que advierte en Chávez y compañía fue el reo Alberto Fujimori, un neoliberal. Muchos recordaran que el ex presidente peruano convocó elecciones para conformar el Congreso Constituyente después de dar un golpe atípico (cerró el Parlamento y controló el Poder Judicial el 5 de abril de 1992). Cuando Chávez rediseñó la Ley Fundamental se sometió a un proceso electoral; pero no así Fujimori, quien sólo permitió elecciones congresales un año después de gobernar de facto.

En el cuarto acto, Oppenheimer dice: “Una vez reelecto, (la consigna es) acusar a Estados Unidos, la Iglesia y la oligarquía de intentar un magnicidio, y usar ese pretexto para encarcelar a los líderes de oposición y cerrar medios de comunicación críticos, preparando el terreno para gobernar con una oposición simbólica y asumir poderes absolutos”. Esta afirmación se cae por su propio peso pues Estados Unidos tiene un amplio historial de intervenciones en la región. Basta recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973; el caso Irán-Contra en Nicaragua, donde la Administración de Ronald Reagan tuvo tratos con carteles del narcotráfico; la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, operación orquestada por la CIA; los sucesivos intentos de asesinato contra Fidel Castro, por citar algunos. En el caso venezolano, Oppenheimer olvida que la oligarquía caraqueña ejecutó un fallido golpe de Estado en 2002. La clase dominante lo planeó con ayuda de algunos jefes militares y las televisoras Globovisión y RCTV (clausurada en 2007). Si Chávez hubiera querido apresar a las cabezas golpistas no hubiera permitido que dos importantes empresarios involucrados abandonen el país. Las citadas emisoras, por su parte, estuvieron detrás del complot porque hicieron llamados (a su audiencia) a respaldar el golpe, pero Chávez no tomó represalias inmediatas contra ellas. Nada hubiera impedido que las autoridades les quitaran las licencias por atentar contra la democracia; sin embargo Chávez las mantuvo en el aire. Los medios en Venezuela no sólo son “críticos” como lo quiere hacer ver Oppenheimer pues desde sus frecuencias han promovido delitos.

En cuanto al papel simbólico de la oposición en Venezuela, por mencionar el caso más conocido, no es culpa de Chávez que no tenga más participación porque sus dirigentes eligieron no presentarse a las elecciones para la Asamblea Nacional con el fin de sabotear el proceso. Si Chávez ha incrementado su poder se debe a la irresponsabilidad de dejarlo competir solo, de ahí que haya implementado una serie de cambios que intranquiliza a sus rivales (como restarles atribuciones a los alcaldes opositores creando gobernadores por encima de ellos).

Si la derecha tradicional no ha podido imponerse hasta ahora es porque no representa una alternativa a Chávez, Morales y Correa. En el pasado tuvieron su oportunidad y gobernaron bastante mal, la mayoría de veces contra el interés general. En estos momentos está demasiado desacreditada como para aspirar seriamente al poder. Su legado de ineficiencia, desigualdad y corrupción lastra severamente sus ambiciones políticas.

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[1] Lo sugirió Mauricio Mulder, secretario general del Apra.

Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León

Corrupción en Perú: conceden arresto domiciliario a Rómulo León


Por César Reyna


Cuando muchos creían que la justicia peruana se estaba reformando, sobre todo tras la celebrada condena al ex presidente Alberto Fujimori y la celeridad con la que la Corte Suprema le imprimió al caso Panamericana Televisión, ésta ha dado nuevas muestras ineptitud y corrupción con la excarcelación de Rómulo León.

El cambio de la orden de detención por arresto domiciliario no sorprende porque el Poder Judicial siempre ha sido manipulado por los gobiernos de turno. Además el Apra tiene injerencia en dicha institución pues un gran porcentaje de jueces milita o simpatiza con el partido de la estrella. El más conocido de todos es el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien no hace mucho fue fotografiado en un acto partidario.

La medida dispuesta por la Tercera Sala Penal Especial responde a la necesidad ir limpiando a León de todos los cargos porque posee información que compromete a altas autoridades del Gobierno. Pese a que existe abundante evidencia en su contra (audios, correos electrónicos, etc.), el ex ministro de pesquería volverá a su domicilio porque el juzgado considera que “no hay peligro de fuga”. Si el destape del escándalo de los ‘petroaudios’ olía mal, esto huele mucho peor pues se suma la poca diligencia mostrada por el juez para resolver el caso.

Las conversaciones sostenidas en entre Alberto Quimper, ex abogado de Alan García y ex director de Perupetro, y Rómulo León Alegría, ocasionaron la primera crisis política en el Ejecutivo cuando salieron a la luz. En una de las grabaciones más difundidas estos turbios personajes discutían entre risas, carajeadas y bromas la forma de amañar una licitación pública vinculada a la concesión de lotes petroleros. Luego ambos fueron detenidos a finales de 2008 medio de duras críticas contra el Gabinete presidido por Jorque del Castillo, quien finalmente tuvo que renunciar.

El destape se produjo en octubre del año pasado y aún no se ha podido conocer el contenido del CPU de León, en el que debe haber almacenado valiosa información que ayude a determinar responsabilidades. Todos los indicios y presunciones del caso apuntan a las más altas jefaturas de gobierno pues León Alegría tenía acceso al despacho del ex premier Jorge del Castillo, a pesar de que el presidente García había objetado su ingreso a cualquier dependencia por temor al escándalo (su modus operandi era muy conocido).

León se desempeñaba como lobista de compañías que querían cerrar tratos con el Gobierno. Se valía de sus contactos en ministerios y otros organismos estatales para asegurar la contratación de las empresas que representaba. Su comisión no era nada despreciable si lograba que el Estado otorgara una o varias concesiones a grupos de dudosa reputación empresarial como el del dominicano Fortunato Canaán, interesado en construir hospitales sobrevalorados. León Alegría les garantizaba a sus patrocinados que sus relaciones con el poder pesaban más que las leyes y los procedimientos preestablecidos. Él les evitaba el engorroso trámite de precalificar o postular a procesos de licitación porque podía arreglar -por lo bajo- cualquier concurso.

Su actividad fue descubierta de manera irregular porque una agencia de seguridad interceptó sus teléfonos (vinculada a oficiales de la Marina de Guerra del Perú). La agencia en cuestión fue contratada por una compañía (Petrotech S.A.) que había perdido en concursos manipulados por Rómulo León.

Lo que León sabe es muy importante para la supervivencia de la Administración, de ahí que la Sala que estudia su expediente haya relajado las medidas precautorias. En su caso no debió proceder la excarcelación porque se puso a derecho varias semanas después de haber sido emitida la orden de captura en su contra. Su demora no sólo dilató la labor de la justicia, sino que en ese ínterin pudo destruir o esconder pruebas vitales para esclarecimiento de la causa.

El otorgamiento de esta cuestionada medida ha “coincidido” con el rechazo de la moción de censura contra el primer ministro Yehude Simon, la muerte de Michael Jackson y el asesinato de una popular cantante de folclor, tres sucesos que venían acaparando la atención pública nacional. León seguramente presionaba desde hace tiempo por su salida, pero las autoridades necesitaban varios acontecimientos mediáticos, a falta de una cortina de humo, para poder soltarlo.

Su semilibertad se veía venir ya que León mantiene vínculos con dirigentes de su partido, pero sobretodo porque conoce delitos que podrían convertirlo en colaborador eficaz de un eventual mega juicio contra importantes figuras del régimen. Lo que sabe pesa más que cualquier estrategia de defensa legal pues si habla puede acabar con la cúpula del aprismo. Muchos podrían ir la cárcel si León revelara la forma en que algunos líderes costean la educación de sus hijos o alquilan lujosos departamentos en París.

Mientras cierre la boca asegurará su inocencia para que otros sigan actuando con total impunidad.

Análisis del artículo de Alan García

Análisis del artículo de Alan García: “A la fe de la inmensa mayoría” (primera parte)

Por César Reyna


El presidente Alan García acaba de publicar un artículo titulado “A la fe de la inmensa mayoría” para comentar la dramática situación que vive en el país. La difusión de sus apreciaciones corrió a cargo del derechista diario ‘Expreso’, que, como casi todos recordaran, fue parte del aparato de propaganda y desinformación del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). La selección de ese medio no debe pasar inadvertida ya que en octubre 2007 García recurrió al diario ‘El Comercio’, el decano de la prensa nacional, para transmitir su mensaje a favor de la inversión privada en los controvertidos artículos de ‘El síndrome del perro del hortelano’. Esta vez García no publicó en las páginas de ‘El Comercio’ porque sus editores criticaron la falta de diálogo del Ejecutivo en el manejo el conflicto de la Amazonía. Tampoco le debió caer bien que desde ese medio se pidiera la destitución del premier Yehude Simon y de la ministra del Interior, responsables de la muerte de 34 peruanos, entre policías y civiles.

Resulta contradictorio que García se dirija a la “inmensa mayoría” desde un periódico minoritario ya que sólo lo leen los sectores más conservadores de la población. Antes de escoger a ‘Expreso’ el mandatario debió tener en cuenta que no tiene gran tiraje y no cubre todo el territorio nacional. Y, por si fuera poco, carece de credibilidad para la “inmensa mayoría” por haber servido a los intereses de la autocracia fujimontesinista. La selección de ese diario no nos parece antojadiza toda vez que sus directores comulgan con el modelo neoliberal que defiende tenazmente García.

Ahora bien, dejando de lado los criterios que consideró García para publicar en ‘Expreso’, debemos concentrarnos en el análisis del último pronunciamiento del presidencial, el cual, al igual que los comunicados anteriores, no está exento de polémica.

El presidente articulista retoma en “A la fe de la inmensa mayoría” la misma retórica de los discursos anteriores. No hay autocrítica ni afán de enmienda pues durante la mayor parte se dedica a advertir una serie de peligros que penden sobre nuestra democracia. Si el presidente pretende infundir miedo puede que lo logre, pero no en la ciudadanía que desconfía de los políticos en general y lo culpa de las innecesarias muertes en la selva (según las encuestas de CPI y Apoyo); sino en los inversionistas extranjeros que pueden llegar a creer que hemos vuelto a ser tan inestables como en el primer período de García (1985-1990). Si el jefe de Estado continúa promoviendo la tesis de la amenaza golpista (chavista) es posible que muchos capitalistas reconsideren sus proyectos de inversión en el país. Culpar a agitadores internacionales de las revueltas del interior es una espada de doble filo pues si por un lado busca la unidad (de la clase política, medios de comunicación y organismos civiles) en contra el socialismo del siglo XXI; por otro puede estar deteriorando la imagen del Perú a nivel internacional.

Los complots no son bien vistos en el exterior porque incrementan el riesgo país y contraen los flujos de divisas. Si García defiende la tesis de que sólo la inversión privada puede desarrollarnos poco ayudan sus palabras para captar capitales en momentos de gran turbulencia internacional. García debería moderar sus expresiones antes de difundirlas porque lo que dice repercute -para bien o para mal- en el ánimo de la población y los agentes económicos. Un poco de mesura sería positivo en el actual contexto ya que su gestión ha sido duramente desaprobada en dos importantes sondeos de opinión (más del 80% reprueba su gestión y el 57% lo responsabiliza de las muertes en Bagua).

García comienza su artículo señalando la existencia de dos fuerzas antagónicas que pugnan por el control de la región. En el 2006, según él, estuvimos “a punto de caer bajo en el sendero equivocado que conduce a la pobreza y la crisis”, que es precisamente lo que caracteriza a su segundo Gobierno porque la desigualdad se ha incrementado notablemente asi como los conflictos sociales (muchos de ellos ligados al medio ambiente y a promesas estatales incumplidas). El presidente se considera “salvador de la patria”, al igual que los orgullosos golpistas hondureños, por haber derrotado al candidato nacionalista Ollanta Humala, a quien superó un escaso margen de 4%. Por evitar que se instituyera el modelo socialista, en el que su partido político estaba inscrito, confirma la ruptura del Apra con los movimientos de izquierda. A partir del 2006, o tal vez durante su exilo dorado en París, el presidente dejó de creer en la justicia social, el estado de bienestar y las políticas inclusivas.

García ahora ve un mundo bipolar que más que fruto de la realidad lo es de su propia imaginación. Esta visión o alucinación es compartida por el escritor Mario Vargas Llosa, quien considera que hubo intromisión extranjera en las protestas de la Amazonía. Vargas Llosa es una de las personalidades menos indicadas para opinar sobre la realidad nacional porque jamás comprendió al Perú. Es buen fabulador y un narrador nato, pero eso no alcanza ni sirve para entender los procesos sociales de un país. Si los hubiera entendido en su oportunidad quizá hubiera sido presidente del Perú y no el reo Alberto Fujimori.

El primer mandatario y el literato hispano-peruano escribieron sendos artículos este fin de semana en distintos medios (Vargas Llosa lo hizo en ‘El Comercio’). Ambos piensan de manera similar en lo que al papel de la inversión privada se refiere pues consideran que es clave para el desarrollo. El laureado novelista afirma, al igual que García en fechas anteriores, que los nativos se opusieron a decretos que “estaban bien orientados en el fondo”. Su afirmación nos hace pensar que no leyó las normas en cuestión, ya derogadas por el Congreso, porque la Defensoría del Pueblo y otras instituciones respetables se pronunciaron en contra de sus contenidos.

En cuanto a la inversión privada es preciso mencionar que ésta no genera necesariamente desarrollo porque su único propósito es maximizar las ganancias. El capital, entiéndalo bien señores García y Vargas Llosa, no es bueno per se. Y no lo es porque no persigue los mismos fines del Estado ni tiene la misión de crear mejores empleos en las naciones que lo cobijan. La mayoría empresas, a no ser que sean estatales, no coinciden con los intereses generales porque lo que persiguen es el beneficio de sus inversionistas, accionistas y directores. Si produce cierto bienestar en una comunidad es marginal pues su fin es incrementar la utilidad a repartir. Por eso las compañías reducen costos constantemente, lo que afecta a las planillas y a las organizaciones sindicales, ya que trasladan sus operaciones a regiones donde el factor trabajo es mucho más barato. Si China y otros países del Lejano Oriente se han convertido en potencias manufactureras es por la ambición de las trasnacionales de ganar más abaratando el proceso productivo. Esto ha generado desempleo a escala global, sobre todo en zonas donde se cierran plantas industriales. En las regiones donde finalmente se instalan las condiciones de trabajo no son mejores ya que pagan salarios miserables y la “regulación estatal” les permite ahorros importantes en materia ambiental, de seguridad y de salubridad.

En otra parte de su escrito, García compara al chavismo con la dominación de la corona española en América. El presidente dijo que el Perú “es un centro vital para los hechos continentales”. Es decir, es una pieza clave para decidir el destino geopolítico de Sudamérica. García recurre a esa semejanza para alertarnos del peligro extremista que nos acecha. En este caso no se refirió directamente a Venezuela y su gobernante pero no hizo falta. Pero Chávez y su país distan de ser comparados con una potencia colonial porque no usaron las armas para llegar al poder, sino canales estrictamente democráticos. Nadie puede objetar sus victorias electorales, aunque sí sus métodos y su persecución contra opositores y medios de comunicación hostiles.

En el punto II, García dijo que “el Perú ganó la batalla pero la guerra (contra el antisistema) continúa”. Esto merece una aclaración porque el denominado ‘antisistema’ aspira a transformar la sociedad de manera democrática y no me mediante un golpe de Estado como el ocurrido en Honduras. Así ganó Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, por citar tres ejemplos. La derecha, y no la izquierda, es la que apela a la ruptura constitucional cuando las cosas comienzan a tomar un rumbo ajeno a sus intereses. Si la mayoría de un país desea regirse bajo parámetros socialistas no hay por qué impedírselo porque se supone que el pueblo es soberano para elegir su destino. Lo verdaderamente antidemocrático es tratar de obstaculizar esa legítima aspiración pues se opone al sentir popular. Si gran parte de la ciudadanía considera que sus demandas pueden ser mejor atendidas y canalizadas por otros actores políticos es porque los actuales gobernantes no han cumplido su labor.

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas

Crisis política en Perú: la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas (primera parte)

Las respuestas del premier y la encargada de la cartera del Interior dejan mucho que desear pues no han asumido su responsabilidad en los luctuosos hechos de Bagua donde fallecieron 35 peruanos, entre policías y nativos.
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Por César Reyna

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmó delante de la representación nacional que el desalojo de carreteras fue una decisión del Gabinete; sin embargo, un par de días después de la masacre en la Amazonía, la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso[1], dijo que en el último Consejo de Ministros que participó, previo al operativo policial, no se discutió la intervención aludida por el premier. La versión ofrecida por Simon no se ajusta a la verdad pues no hubo reunión de Gabinete en la que se autorizara el despeje de la carretera Fernando Belaunde Terry, donde miles de indígenas se enfrentaron a decenas de efectivos cuyo trágico saldo todos conocemos.

Esto nos confirma que la operación en Bagua fue obra exclusiva del presidente Alan García y de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya que el primer ministro Yehude Simon no fue capaz determinar quién fue la autoridad de más alto rango que dio la orden de desbloquear la vía Bagua-Tarapoto, única pregunta que debía contestar en el Pleno sobre la espinosa materia.

Para diluir su responsabilidad dijo que “todos somos responsables (de lo ocurrido en la selva)”, en clara alusión a la clase política que pedía su renuncia. Con sus expresiones Simon Munaro mete dentro del mismo saco al Ejecutivo, a la oposición, a gobiernos anteriores y a todos los ciudadanos por desconocer “la deuda histórica con la Amazonía”. Cuando inició su presentación evitó individualizar a los responsables del desencuentro entre peruanos, aunque luego mencionó que grupos radicales -que se oponen al modelo democrático y al progreso del país- están detrás de las acciones desestabilizadoras en el oriente y sur peruanos.

Después de la primera intervención de Yehude Simon (participó en la sesión un par de veces más para responder las inquietudes de los congresistas de oposición), le tocó el turno a la ministra Mercedes Cabanillas, quien ratificó la tesis del jefe del Gabinete al señalar que “radicales financiados desde el exterior buscan implantar un modelo de caos y anarquía”. Luego justificó la fallida acción policial mencionando un par de artículos de la Constitución que señalan los deberes de los ministros y la Policía, “encargada de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”.

Las contradicciones que evidenció la Cabanillas en otras oportunidades volvieron a repetirse en el Congreso, donde fue interpelada por el mismo suceso que motivó la presencia del primer ministro. La Cabanillas dijo que el Gobierno cumplió con el mandato constitucional de recuperar las vías bloqueadas para aliviar a las poblaciones afectas por las medidas de los nativos. Según ella, el desabastecimiento de combustibles y alimentos que llevaba 55 días fue la causa principal de la actuación de las fuerzas del orden. Esto desmentiría al propio Yehude Simon[2], quien tres semanas atrás reveló que la intervención se realizó porque los indígenas iban a dejar sin petróleo y gas al país. Entre la escasez de productos básicos en ciudades amazónicas y la falta de carburante a nivel nacional hay mucha diferencia.

Otra falacia del premier, de las tantas que dijo ayer en el hemiciclo, está relacionada con la supuesta “inmolación” de los policías retenidos en la Estación N° 6 de Petroperú. Sobre este punto aseveró que los uniformados “no cayeron en el juego de los desestabilizadores que buscaban que el Gobierno cometiera un genocidio… y entregaron sus vidas por la democracia”. Esto último es inexacto porque los custodios de la planta de bombeo fueron sorprendidos con el desalojo que inició el comando policial en la ‘Curva del Diablo’. Si éstos permitieron que los nativos awajun tomaran sus fusiles AKM fue porque confiaban en que no pasaría nada. Lo que queda claro es que los policías detenidos no dispararon sus armas para no ser procesados por delitos de lesa humanidad; y no porque hayan querido convertirse en mártires.

Durante la segunda participación de la ministra Cabanillas, la funcionaria mencionó que las Fuerzas Armadas iban a proteger la Estación N° 6, pero no explicó porque no se produjo el relevo de las Fuerzas Policiales. La gran es falla del operativo en Bagua es haberla ordenado mientras 38 efectivos permanecían secuestrados en dicha estación. La acción no debió efectuarse en esas condiciones pues las autoridades y el Comando General de la Policía abandonaron a su suerte a ese desventurado contingente. En este caso, el sentido común manda averiguar en qué situación se encontraba el destacamento que vigilaba la estación de Petroperú antes de liberar la convulsionada vía terrestre. Al no interesarse por su seguridad, el Gobierno pone de manifiesto que deseaba sus muertes para victimizarse y culpar a los indígenas de la violencia desatada en la Amazonía. De esa forma pretendían postergar indefinidamente sus demandas acusándolos de genocidas y salvajes, tal y como se reflejó en un spot producido por del Ministerio del Interior.

El Ejecutivo apeló una vez más a la amenaza externa para acallar las críticas que provienen de diversos sectores de la sociedad civil. Así trata de conseguir el respaldo de algunos medios independientes y grupos políticos para que los últimos dos años que le quedan no estén marcados por la inestabilidad. El principal objetivo del presidente García, como se dijo en otros artículos, es mejorar su imagen ante la ciudadanía. García cree que si mantienen el mismo rumbo (de crecimiento sostenido, atracción de capitales y reducción de la pobreza) podrá revertir los desajustes que hizo en su primer gobierno. De momento sólo le interesa cambiar la percepción de los peruanos que lo padecieron cuando era más joven e irreflexivo, ya que no puede postular en las próximas elecciones. Forjar la unidad nacional en un momento álgido para el país en base a mentiras y exageraciones no dará resultado pues los peligros que intenta magnificar no son creíbles. Sólo la periodista Cecilia Valenzuela, el director del diario ‘Correo’ y el entrevistador Jaime de Althaus acogen la teoría conspirativa porque forman parte del aparato de propaganda del Gobierno.

En otra parte de la sesión, la ministra Cabanillas esquivó su responsabilidad política y aseguró que “en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, fue el director general de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, quien dispuso la intervención policial para desbloquear la carretera Fernando Belaunde”. Para ella dicha orden fue una mera formalidad ya que no se determinó la fecha del operativo, dado que la misma correspondía definirla al Comando General de la Policía de la zona de operaciones.

En otro momento de la interpelación, el premier dijo que el Gobierno “no acepta la violencia como método para exigir demandas”; pero eso es justamente lo que hizo hace poco en la selva pues toleró la toma de carreteras –durante 20 horas al día- hasta que se derogaran los decretos que rechazaban los amazónicos. Este hecho fue duramente cuestionado por miembros de la bancada de Unidad Nacional pues consideran que el Ejecutivo ha claudicado ante los radicales. Para esta agrupación se ha perdido el ‘principio de autoridad’, que para la derecha significa el miedo que debe infundir el Estado a las poblaciones que cuestionan las cosas, es decir, el orden o status quo. El quiebre de este principio le causa mucho temor a los conservadores y a la clase adinerada en general porque era -o es- su “garantía” contra las turbas enajenadas que reclaman más atención y/o derechos.

Durante las respuestas que daba el premier sobre los sucesos en Bagua, señaló que el bloqueo de carreteras es un delito y lo equiparó a una táctica de guerra convencional, pues entraña violencia contra las ciudades, repitiendo el mismo argumento que esgrimió un par de días atrás Aldo Mariátegui en el racista diario ‘Correo’.

Lo que más nos sorprendió durante la accidentada jornada en el hemiciclo fue el total desconocimiento de la realidad por parte del primer ministro ya que es increíble que asegure haber “resuelto el problema de la Amazonía optando por la vida”, es decir, por la vía de la concesión y el diálogo con las comunidades, en lugar de la represión. Yehude Simon no puede estar más distanciado de lo que pasa en el país pues los nativos sólo han pactado una tregua. Los pueblos amazónicos sólo se han desmovilizado porque dos de los nueve decretos que rechazan han sido derogados; pero su lucha seguirá si el Gobierno incumple los acuerdos que se tomen en la Mesa de Diálogo que también integran la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

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[1] Recordemos que ella renunció, a pesar de no ser responsable directa de lo sucedido, por una cuestión de principios y por desacuerdos con funcionarios que realizaban actividades partidarias dentro de su cartera en lugar de cumplir con sus obligaciones (nos estamos refiriendo al jefe del Indepa, Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos).

[2] Fue durante una entrevista que concedió a la periodista Mariela Balbi del diario El Comercio.

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Cuando un Gobierno se siente acorralado por las demandas sociales suele inventar excusas o crear falsas amenazas para ocultar su incapacidad.
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Por César Reyna

Después de que el Ejecutivo llegara a un entendimiento con los representantes de los pueblos nativos, congresistas del Partido Aprista dijeron que habría más protestas y que detrás estarían grupos radicales que buscan el derrocamiento del presidente Alan García. Los personajes que respaldan esa apócrifa versión de los hechos son Mauricio Mulder, parlamentario y secretario general del Apra, y Luis Giampietri, también congresista y vicepresidente de la república. Ellos se han encargado de difundir y dar detalles sobre la supuesta asonada golpista que se prepara en el interior del país. Mulder advirtió que algunas agrupaciones vinculadas al Partido Nacionalista se están preparando para “tomar el poder”. El objetivo sería repetir el accidentado proceso que consiguió la destitución de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia y Jamil Mahuad en Ecuador.

La posibilidad de un golpe popular de esas magnitudes no es real por diferentes factores. Uno de ellos sería, como se dijo en artículos anteriores, la peculiar composición demográfica o sociocultural del Perú. A diferencia de nuestros vecinos sudamericanos, las comunidades altoandinas y amazónicas representan un tercio de la población total. La situación es distinta en Bolivia y Ecuador pues esos grupos representan un porcentaje significativamente mayor (cerca de un 45% en Ecuador y más de 60% en Bolivia). Además hay que tener en cuentan que en esos países los indígenas se encuentran mejor organizados, lo que les permite realizar movilizaciones a nivel nacional. Esto no sucede en el Perú pues las medidas de fuerza de las comunidades se circunscriben al ámbito local o regional, y la única manera que en que pueden afectar otras partes del territorio es cuando bloquean grandes vías interprovinciales. La fuerza del movimiento andino o selvático no tiene la repercusión que se le pretende adjudicar. El que las protestas sean focalizadas nos indica que carecen de articulación suficiente para cercar las principales ciudades. Ni con el dinero del mandatario venezolano Hugo Chávez se podría construir una base social (masa violentista) de grandes proporciones porque el Perú está bastante desintegrado.

Nadie niega que eso pueda ocurrir en algún momento pero no será en un futuro inmediato. Si bien no lo podemos descartar -porque no sabemos cuáles serán las condiciones del país en los próximos años-, al menos sí podemos afirmar, dadas las actuales circunstancias sociopolíticas, que no hay fundamentos para que se produzca la ruptura del orden constitucional por esa vía.

Cuando el Gobierno dice que hay conspiraciones internacionales en marcha lo hace para ocultar las causas que desencadenaron las movilizaciones en Bagua, Andahuaylas, Sicuani o La Oroya. Todos estos problemas son atribuibles al Partido Aprista porque, o no atendió a tiempo los reclamos de las poblaciones descontentas (como en el caso de la Amazonía), o incumplió sus promesas pre y postelectorales. En la selva, por ejemplo, los nativos exigían la consulta previa cuando una norma o disposición administrativa afecte sus territorios y su modo de vida (hecho que los gobiernos de turno venían desconociendo desde 1993 cuando se ratificó el Convenio Nro. 169 de la OIT). En cuanto a los desmanes en la ciudad de Andahuaylas, paralizada desde el 11 de junio, estos se produjeron porque el presidente García había prometido asfaltar la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay (la demora en la rehabilitación se debe a que no se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental). En Sicuani, pobladores de la provincia de Canchis (Cusco) piden la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la que tampoco se les había consultado, y la paralización de las obras de la hidroeléctrica de Salca-Pucará, un proyecto a cargo del Ejecutivo. En estos dos últimos casos las autoridades pretendieron culpar a los gobiernos regionales de la falta de diálogo y los retrasos para evitar su responsabilidad.

Lo de la fundición de La Oroya se veía venir pues el accionista mayoritario de Doe Run, el Grupo Renco, se negaba a invertir en la empresa y cumplir con el PAMA (Programa de Manejo Ambiental). En juego están más de tres mil puestos de trabajo y la economía de la sierra central que depende de la minería. Los obreros del complejo metalúrgico tomaron la Carretera Central para que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lo que demandan es una solución definitiva que asegure sus empleos y la viabilidad de la fundición. Pero la Administración de García no quiere intervenir (asumir el control), como sí lo hizo por un día en Panamericana Televisión, para no ser demanda en cortes internacionales. El bloqueo de la carretera lleva dos días y está causando el desabastecimiento en la región central.

A Mulder y Giampietri se ha unido la periodista Cecilia Valenzuela, quien forma parte del aparato de propaganda del Gobierno. Esta comunicadora tiene la misión de corroborar las denuncias de los congresistas del Apra. Para este fin ha realizado investigaciones para descubrir a los presuntos conspiradores y sus planes. Ayer se presentó en la ‘Hora N’, programa televisivo que conduce Jaime de Althaus[1], otro hombre de prensa de discutida credibilidad. Valenzuela se explayó a sus anchas para decir que había “identificado” a los promotores de la violencia que sacude a varias regiones del país. Ella acusó directamente a un movimiento llamado “MIR Venceremos”, vinculado al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru); a Patria Roja, relacionado con el sindicato de profesores estatales; y a la facción más radical del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, es decir, al ‘etnocacerismo’ que lideró Antauro Humala, hoy en prisión por haber capturado una comisaría en Andahuaylas. También mencionó que miembros de las FARC asesoraban a los desestabilizadores y que se éstos se proponían cercar la capital en setiembre. La Valenzuela defiende la tesis del presidente García de que los nativos fueron manipulados. Durante la entrevista confirmó que Hugo Chávez financiaba a los revoltosos y que Evo Morales les proporcionaba apoyo y refugio político.

A la Valenzuela no se le puede tomar en serio –por eso ningún medio serio difunde sus investigaciones- porque no realiza un periodismo crítico ni independiente. Su cercanía al poder la convierte en caja de resonancia de las más disparatadas teorías del Gobierno.

Las afirmaciones anteriormente reseñadas se difundieron a pocos días de la interpelación al primer ministro Yehude Simon por los lamentables sucesos en Bagua. Si algo nos ha enseñado la historia es que no hay casualidades en política, de ahí que García busque la unidad, destapando una supuesta injerencia extranjera, en momentos en que sus acciones van a ser cuestionadas en el Parlamento. Porque la censura al premier es también una censura al presidente por no saber manejar una crisis. Sus marchas y contramarchas han afectado sus índices de popularidad pues apenas un quinto de la población lo respalda, así lo revela la última encuesta de Ipssos-Apoyo.

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[1] De Althaus es un lobista encargado de promover la inversión privada y defender el modelo neoliberal, de ahí su sesgo y parcialización. Hace dos semanas, en una emisión pasada, trató de callar maleducadamente a una experta que deshizo todos los argumentos a favor de los decretos antiamazónicos.

La bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Crisis política en Perú: la bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Por César Reyna


En pocas semanas el Ejecutivo ha oscilado entre dos extremos: la intolerancia y la conciliación. Esto se debe, indudablemente, a la inestable personalidad del presidente Alan García, quien no conoce de centros o puntos medios sino de absolutos e inflexibilidades. Eso lo sabemos bien los peruanos que lo sufrimos en su gestión anterior pues fuimos testigos de sus arrebatos y necedades. Algunos sostenían que en algún momento debían aflorar los sentimientos encontrados de García, sobre todo después de la fallida de incursión en Panamericana Televisión. Pero hacía falta una crisis interna para derribar los autocontroles que se había impuesto. Gente de su círculo dice que no duerme mucho y toma sedantes para conciliar el sueño. Sean ciertos o no esos rumores, lo concreto es que estamos a merced de un mandatario que reacciona vehementemente cuando le mencionan la palabra ‘crisis’.

El conflicto en la Amazonía lo pinta de cuerpo entero a él y a algunos miembros de su Gabinete como la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien se dejó avasallar por García para imponer el orden en la selva. La presunta ‘guapeada’ del presidente la convirtió en una criatura irascible cada vez que los periodistas le preguntaban por qué salió mal el operativo de Bagua.

El problema en la selva sólo se ha contenido porque los dirigentes nativos dicen que han pactado una tregua. La paz con ellos depende de los resultados de la Mesa de Diálogo y el cabal cumplimiento de los acuerdos que se logren en dicha instancia. El Gobierno ha dicho que acatara los consensos logrados por las partes para poner paños fríos a la situación. Esto puede verse como una delegación de facultades del Ejecutivo pues compartirá la potestad de dirigir la política interna. Ahora ya no la ejerce de manera exclusiva sino a través de sus delegados, encabezados por el primer ministro Yehude Simon. La cesión de poder no es negativa para el país porque está ajustada a la ley, es decir, al Convenio N° 169 de la OIT. Aunque claro, dicho instrumento dice que las autoridades deben consultar con las comunidades -cuando den leyes o resoluciones administrativas que afecten su modo de vida- y no que las prGopuestas de éstas sean vinculantes para el Estado. Lo obligatorio para el Perú es la consulta previa, pero no las peticiones que provengan de los pueblos indígenas. El Gobierno, de todos modos, ha ido más allá del propio Convenio al reconocerle competencias no establecidas a los nativos.

Esto nos coloca en un nuevo escenario de la vida republicana, y muchos no parecen haber reparado en ello, ya que por primera vez el Gobierno central dialogara en pie de igualdad con el sector más olvidado de la población. El cambio de actitud nos parece positivo porque fomentará la participación democrática de grupos tradicionalmente marginados. Si el clima de discusión y distensión prospera, es posible que en las próximas elecciones los nativos cuenten con representantes en el Parlamento y otras instituciones como los gobiernos regionales y municipales. Así habría una verdadera redistribución del poder y una mejor forma de canalizar las demandas populares. El Congreso, tan vapuleado en los últimos tiempos, ganaría algo de legitimidad pues les asignaría un determinado número de asientos en el hemiciclo.

Esta incipiente democratización no ha nacido de las urnas ni del proceso de regionalización, sino del conflicto entre las provincias del interior y el poderoso centralismo limeño. Los lamentables incidentes de Bagua han propiciado un acercamiento que al inicio fue involuntario por parte del Gobierno. El premier Simon estaba maniatado porque García no lo dejaba negociar libremente con los líderes de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). No fueron las horrendas muertes de policías y nativos las que provocaron el viraje del presidente, sino la inusitada repercusión internacional de la protesta. García jamás calculó que los sucesos trascendieran tanto. Por eso esperó unos días para analizar la reacción de la prensa y algunos organismos internacionales para tomar una decisión al respecto. Él confiaba ciegamente que la matanza de los agentes del orden le restaría legitimidad a la causa indígena pero no fue así. En lugar de disminuir o disiparse; crecieron las muestras de solidaridad y apoyo al movimiento amazónico. En vano fue decretar el toque de queda pues los indígenas no depondrían sus acciones de lucha. Estaban dispuestos a todo, inclusive a morir, hasta que el Gobierno cediera.

La tensión en la selva no podía continuar porque sólo debilitaba a la clase política (y a los pobladores de las ciudades incomunicadas lógicamente, pero eso no le interesaba mucho al Gobierno). Si la crispación se prolongaba demasiado las agencias calificadoras de riesgo y bancos multinacionales rebajarían la calificación del Perú (incrementarían el riesgo país). El bloqueo indeterminado de carreteras y vías fluviales, y el abandono del personal que trabaja en estaciones gasíferas y petroleras hubiera perjudicado la “buena” imagen del país.

Si algo preocupa verdaderamente a García es la percepción de los principales agentes económicos pues gobierna esencialmente para ellos. Más le interesa la aprobación de éstos que los índices de popularidad porque siempre ninguneo al pueblo. Para García Pérez el pueblo no es más que la masa que debe moldear porque no sabe dirigirse. La gente de a pie, según él, no sabe lo que quiere ni lo que le conviene. Son “desconcertadas gentes”, en palabras de Don Nicolás de Piérola. Él solo dialoga directamente con los grandes inversionistas, pero no porque estén a su altura, sino porque los necesita para viabilizar su proyecto político, expresado en los artículos del perro del hortelano. Como el Estado ya no puede hacer empresa ni dar empleo debe pactar nuevamente con los empresarios, –como lo hizo a mediados de los 80-, para dinamizar la economía.

Bajo la inmensa presión de los últimos días García debió retroceder. No había dado un paso semejante desde la frustrada estatización de la banca. Era peligroso mantener vigentes los decretos 1090 y 1064 porque nos hubiera llevado al borde de la ruptura social. Ese escenario parecía inevitable hasta hace un par de semanas pero el Ejecutivo entendió que no podíamos continuar así. La incertidumbre ha derribado administraciones en todos lados, y la suya no iba a ser la excepción. García estaba acorralado y no le quedó otra alternativa avalar la postura concertadora de Yehude Simon; fue lo más sensato dadas las circunstancias actuales. La represión no iba a funcionar en este caso, y menos cuando el Gobierno podía ser acusado de genocidio y otros delitos de lesa humanidad.

Durante el debate de la derogatoria de los decretos casi todas las fuerzas políticas se echaron para atrás menos la derecha cavernaria encarnada por Unidad Nacional, la agrupación que lidera Lourdes Flores. Por lo general la derecha no es buena consejera en tiempos difíciles porque apela a recuperar el orden a como de lugar. Sacar al Ejército a las calles es muy fácil, pero, ¿de ahí quién se hace responsable por las bajas civiles que ocasiona? ¿Estarían dispuestos a asumir la instalación de una nueva Comisión de la Verdad, o ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad ahora que la Corte Suprema valida la teoría del autor del dominio del hecho[1]? Creemos que no.

Para terminar, Yehude Simon será interpelado[2] la próxima semana al igual que la ministra Cabanillas. Es probable que abandone la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) antes del mensaje presidencial de 28 de julio. La bancada aprista, obligada a retractarse (defendía la validez de los decretos, postura que crispó los ánimos de la población amazónica), no evitó la presentación del jefe del Gabinete en el Congreso. Como Simon no es aprista -si no un colaborador ajeno al partido-, no tenían por qué respaldar su posición de derogar los decretos para enviar una señal de buena fe a los nativos. Los oficialistas nunca aceptaron su liderazgo ya que cuando acudió al Parlamento a presentar el plan de pacificación y desarrollo del VRAE[3] abandonaron abruptamente sus curules. Simon tuvo que enfrentar en solitario los embates de la oposición porque osó atender las demandas de los dirigentes amazónicos. Eso le valió el repudio de los congresistas del Apra, quienes creían que Simon había abierto una ventana para la derogatoria de un conjunto de decretos aprobados para implementar el TLC con Estados Unidos. Los apristas presentían que estaban por perder algo que no les sería muy fácil devolver. Quizá era algo del mismo color de la Amazonía que pretendían vender.

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[1] Esta teoría, desarrollada por la doctrina alemana, sirvió para condenar en primera instancia a Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por dos secuestros agravados.

[2] Tendrá que responder por la sangrienta intervención en la ciudad de Bagua (Amazonas), por la toma de Panamericana Televisión y por la parcialización de TV Perú, la televisora estatal que da cabida a personalidades afines al Gobierno.

[3] Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde todavía resiste una columna de Sendero Luminoso asociada a los carteles del narcotráfico.