Golpe preventivo en Honduras
Por César Reyna
La oligarquía hondureña, al mejor del ex presidente norteamericano George W. Bush, ha ejecutado un golpe de Estado para evitar lo que The Wall Street Journal y otros medios de derecha denominan la “chavización de Honduras”, es decir, el acercamiento del país centroamericano al régimen que lidera Hugo Chávez Frías. Entonces, para evitar un mal mayor, según los partidarios de los golpistas, se tuvo que “subvertir la democracia” porque de otro modo Honduras hubiera caído dentro de la órbita de Venezuela.
Recurrir a ese tipo de acciones preventivas para impedir determinados acontecimientos no son moral ni jurídicamente aceptables porque ni la ética ni el derecho se mueven en el terreno de la suposición, sino en el de los hechos. Nada justifica un golpe de Estado, y menos si apelamos a razones maquiavélicas. Predecir que Chávez iba a extender sus tentáculos sobre Honduras es bastante temerario pues debían conjugarse una serie de factores, siendo el primero de ellos que el depuesto Zelaya asumiera un papel meramente servil.
En el pasado reciente, actuar de manera “preventiva” tuvo un alto costo político para el Partido Republicano ya que en 2006 perdió las elecciones legislativas por el mal desempeño de la estrategia adoptada en Iraq. En su momento, la aventura bélica estadounidense fue condenada por la mayoría de naciones por trasgredir el derecho internacional; pero aún así se llevó a cabo so pretexto de derrocar a un tirano que incumplía resoluciones de desarme de Naciones Unidas y representaba una amenaza para la seguridad mundial. Entre los medios que apoyaron esa descabellada teoría se encontraba The Wall Street Journal, ahora propiedad de Rupert Murdoch, uno de los principales manipuladores de la opinión pública occidental. El diario derechista pide, además, que el presidente Obama intervenga –no sabemos si militar o diplomáticamente- para evitar “una victoria del chavismo en Honduras”. Desde sus páginas se podría estar sugiriendo que la superpotencia viole la soberanía hondureña o que lo haga de una manera más solapada.
No sorprende que periódicos como The Wall Street Journal alienten la intervención de su país en asuntos internos de otras naciones cuando se pone en peligro, no la democracia, sino el establishment. En Latinoamérica nunca hubo verdadera democracia como para salir a defenderla airadamente. Lo que ha existido desde el período de la independencia ha sido un modelo de gobierno que beneficia únicamente a las minorías, esto es, a las clases dominantes que controlan la economía y los medios de comunicación. Para preservar el orden se han valido de las Fuerzas Armadas y de gobernantes seudo populistas para “clientizar” a la población, es decir, explotar sus necesidades para ganar su favor político. Por eso cuando se ejecuta un golpe la democracia no puede restituirse porque aún está en construcción tanto en Honduras como en la mayoría de Estados de habla hispana. Lo correcto sería hablar de ‘proceso democrático’ y no de democracia porque todavía se está gestando América Latina.
Ahora bien, cada quiebre o golpe en la región supone un retroceso indudable porque debilita la confianza en las instituciones como entidades canalizadoras del conflicto. Si la sociedad cree que sacando a un presidente de su residencia a las tres de la madrugada es lícito cualquier cosa podría pasar. Una vez instalada la incertidumbre es muy difícil de desterrar y mina las bases de una nación (destruye el tejido social). Así el deseo de progreso se diluye porque no existen elementos que aseguren la seguridad jurídica en el país. Sin garantías procesales ni constitucionales reina la arbitrariedad de quienes ocupan importantes cargos públicos, como en el caso hondureño.
Romper el orden constitucional por prevención en lugar inmunizarlo lo pervierte porque convierte en paria a un Estado. Sin el reconocimiento de la comunidad internacional ningún Gobierno de facto puede relacionarse ni sobrevivir en este mundo. El reconocimiento es tan o más importante que las elecciones libres porque significa la aceptación y convalidación -desde el exterior- del proceso interno. Esta aprobación es vital para poder comerciar e integrarse en un planeta cada vez más globalizado.
La destitución de Zelaya fue a todas luces irregular, por más que The Wall Street Journal sostenga que se hizo por una orden la Corte Suprema. Si uno revisa la Constitución de cualquier país encontrará que el mandatario sólo puede ser procesado por el Congreso y goza de inmunidad mientras ejerce sus funciones. Al ser elegido por sufragio universal, sólo el poder político encarnado en el Parlamento, cuyos miembros también han sido votados, puede vacar al jefe de Estado por causales previamente establecidas en la Carta Magna. De modo que no es cierto lo que señala tanto The Wall Street Journal como el Cato Institute de que en Honduras no existe el impeachment o juicio constitucional para procesar a un alto dignatario.
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