Golpe preventivo en Honduras

Golpe preventivo en Honduras

Por César Reyna

La oligarquía hondureña, al mejor del ex presidente norteamericano George W. Bush, ha ejecutado un golpe de Estado para evitar lo que The Wall Street Journal y otros medios de derecha denominan la “chavización de Honduras”, es decir, el acercamiento del país centroamericano al régimen que lidera Hugo Chávez Frías. Entonces, para evitar un mal mayor, según los partidarios de los golpistas, se tuvo que “subvertir la democracia” porque de otro modo Honduras hubiera caído dentro de la órbita de Venezuela.

Recurrir a ese tipo de acciones preventivas para impedir determinados acontecimientos no son moral ni jurídicamente aceptables porque ni la ética ni el derecho se mueven en el terreno de la suposición, sino en el de los hechos. Nada justifica un golpe de Estado, y menos si apelamos a razones maquiavélicas. Predecir que Chávez iba a extender sus tentáculos sobre Honduras es bastante temerario pues debían conjugarse una serie de factores, siendo el primero de ellos que el depuesto Zelaya asumiera un papel meramente servil.

En el pasado reciente, actuar de manera “preventiva” tuvo un alto costo político para el Partido Republicano ya que en 2006 perdió las elecciones legislativas por el mal desempeño de la estrategia adoptada en Iraq. En su momento, la aventura bélica estadounidense fue condenada por la mayoría de naciones por trasgredir el derecho internacional; pero aún así se llevó a cabo so pretexto de derrocar a un tirano que incumplía resoluciones de desarme de Naciones Unidas y representaba una amenaza para la seguridad mundial. Entre los medios que apoyaron esa descabellada teoría se encontraba The Wall Street Journal, ahora propiedad de Rupert Murdoch, uno de los principales manipuladores de la opinión pública occidental. El diario derechista pide, además, que el presidente Obama intervenga –no sabemos si militar o diplomáticamente- para evitar “una victoria del chavismo en Honduras”. Desde sus páginas se podría estar sugiriendo que la superpotencia viole la soberanía hondureña o que lo haga de una manera más solapada.

No sorprende que periódicos como The Wall Street Journal alienten la intervención de su país en asuntos internos de otras naciones cuando se pone en peligro, no la democracia, sino el establishment. En Latinoamérica nunca hubo verdadera democracia como para salir a defenderla airadamente. Lo que ha existido desde el período de la independencia ha sido un modelo de gobierno que beneficia únicamente a las minorías, esto es, a las clases dominantes que controlan la economía y los medios de comunicación. Para preservar el orden se han valido de las Fuerzas Armadas y de gobernantes seudo populistas para “clientizar” a la población, es decir, explotar sus necesidades para ganar su favor político. Por eso cuando se ejecuta un golpe la democracia no puede restituirse porque aún está en construcción tanto en Honduras como en la mayoría de Estados de habla hispana. Lo correcto sería hablar de ‘proceso democrático’ y no de democracia porque todavía se está gestando América Latina.

Ahora bien, cada quiebre o golpe en la región supone un retroceso indudable porque debilita la confianza en las instituciones como entidades canalizadoras del conflicto. Si la sociedad cree que sacando a un presidente de su residencia a las tres de la madrugada es lícito cualquier cosa podría pasar. Una vez instalada la incertidumbre es muy difícil de desterrar y mina las bases de una nación (destruye el tejido social). Así el deseo de progreso se diluye porque no existen elementos que aseguren la seguridad jurídica en el país. Sin garantías procesales ni constitucionales reina la arbitrariedad de quienes ocupan importantes cargos públicos, como en el caso hondureño.

Romper el orden constitucional por prevención en lugar inmunizarlo lo pervierte porque convierte en paria a un Estado. Sin el reconocimiento de la comunidad internacional ningún Gobierno de facto puede relacionarse ni sobrevivir en este mundo. El reconocimiento es tan o más importante que las elecciones libres porque significa la aceptación y convalidación -desde el exterior- del proceso interno. Esta aprobación es vital para poder comerciar e integrarse en un planeta cada vez más globalizado.

La destitución de Zelaya fue a todas luces irregular, por más que The Wall Street Journal sostenga que se hizo por una orden la Corte Suprema. Si uno revisa la Constitución de cualquier país encontrará que el mandatario sólo puede ser procesado por el Congreso y goza de inmunidad mientras ejerce sus funciones. Al ser elegido por sufragio universal, sólo el poder político encarnado en el Parlamento, cuyos miembros también han sido votados, puede vacar al jefe de Estado por causales previamente establecidas en la Carta Magna. De modo que no es cierto lo que señala tanto The Wall Street Journal como el Cato Institute de que en Honduras no existe el impeachment o juicio constitucional para procesar a un alto dignatario.

Analizando el golpe de Estado en Honduras

Analizando el golpe de Estado en Honduras

Las razones que esgrimen las autoridades hondureñas para justificar la ruptura democrática son muy débiles. Ningún argumento nos parece jurídicamente sustentable porque riñe contra normas y principios fundamentales del derecho.
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Por César Reyna


En el presente artículo desvirtuaremos los “razonamientos” ofrecidos por los golpistas en aras de esclarecer la verdad.

I) El primer punto que quisiera tocar es la supuesta reelección del derrocado presidente Manuel Zelaya, a quien se acusó de promover una ilegal consulta popular para modificar la Constitución de 1982. Este asunto no reviste mayor complejidad porque era fáctica y jurídicamente imposible la búsqueda de un segundo mandato.

II) Uno de los factores que impedía su reelección inmediata era el tiempo. El tiempo constituye un elemento crucial ya que de haber sido realizada la consulta tomaría por lo menos un año definir la nueva Constitución, es decir, varios meses después de que Zelaya haya abandonado la presidencia. Es preciso recordar que el mandato de Zelaya expiraba en enero próximo (en siete meses) y que la conformación de la Asamblea Constituyente sería en noviembre. Todo esto dependía de los hondureños, naturalmente, pues si la mayoría se inclinaba por reformar la Constitución Política, el proceso constitucional hubiera culminado con otro presidente.

III) Otro factor a tener en cuenta, en caso de que a Zelaya le hubiera alcanzado el tiempo para rubricar la nueva Constitución, es que sus candidatos debían dominar la Asamblea para introducir la figura de la reelección presidencial. Sin mayoría calificada el gobernante defenestrado no hubiera podido postular nuevamente al cargo.

IV) Además de ganar los comicios por amplia mayoría para instaurar la Asamblea Constituyente, Zelaya y sus partidarios debían superar un último escollo: el referéndum. Mediante una nueva convocatoria el pueblo debía decidir si aprobaba -o no- el hipotético texto consensuado por las fuerzas políticas.

V) Como vemos, no hubiera sido tan sencillo cambiar la Carta Magna para incluir un artículo que autorizara la reelección. Zelaya no representaba una amenaza para la democracia hondureña pues a la Asamblea le hubiera tomado más de dos meses en redactar la nueva Ley Fundamental, que era lo que le faltaba a Zelaya para concluir su período contando desde noviembre, mes en que debía instalarse la Asamblea. En tan poco tiempo no hubiera sido posible que los delegados concluyeran los debates en torno a asuntos tan sensibles como la reelección presidencial, mecanismos de participación ciudadana, la reforma del Estado, etc.

VI) Honduras debe ser una nación sui generis en la región pues en la mayoría de Estados latinoamericanos el presidente puede convocar un plebiscito. La consulta popular es el mecanismo más democrático que existe pues permite que los gobernados puedan enmendarle la plana a los gobernantes. Esto es, oponerse a sus iniciativas si las consideran injustas o desproporcionadas. En el caso hondureño el referéndum no ha sido debidamente institucionalizado porque la clase social dominante se opone a cualquier cambio fundamental. Sin esa prerrogativa, legislativamente hablando, un gran sector de la sociedad hondureña es rehén de una minoría que rechaza la modernidad (la modernidad entendida como mayor empoderamiento de la población).

VII) Los legisladores, jueces, fiscales y militares que usurpan el poder han dicho que el golpe fue pacífico. Esto es falso pues un contingente militar secuestró al presidente Zelaya en la madrugada y lo embarcó en un avión a Costa Rica. Además se han desatado protestas en varios puntos del país caribeño y se ha decretado un toque de queda 48 horas. Sin dejar de lado los cortes de suministro eléctrico, la injerencia en medios de comunicación y la persecución de funcionarios del extinto régimen democrático.

VIII) El Congreso que nombró presidente interino a Roberto Micheletti presentó un documento apócrifo en el que constaba la “renuncia” expresa de Zelaya. En base a la falsificación del testimonio y firma del líder hondureño se ha pretendido legitimar la sucesión de Micheletti. A Honduras no la rige un gobierno democrático sino una mafia que se ha enquistado en el poder.

IX) A pesar de que Zelaya debía ser puesto a disposición de la “justicia”, los captores del primer mandatario lo desterraron contraviniendo un requerimiento judicial. La orden de arresto contra Zelaya había sido emitida antes de su ilegal expatriación. Quienes resulten responsables han cometido un delito al margen de si lo hicieron "para evitar la polarización del país".

X) En “ausencia” del “renunciante” Manuel Zelaya, Roberto Micheletti asumió la presidencia de manera provisional. Para juramentarlo como nuevo presidente constitucional, el Parlamento “dio por sentado” que Zelaya había presentado su “renuncia” antes de ser enviado al exterior. La ausencia de Zelaya se debió, como todos sabemos, a causas ajenas a su voluntad pues se le detuvo sin respetar su alta investidura y el debido proceso.