Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011
Por César Reyna
La última encuesta urbana de Ipssos-Apoyo presenta datos interesantes pues el 53% de los entrevistados respalda la derogatoria de los decretos 1090 y 1063, cuya vigencia desencadenaron terribles enfrentamientos en la Amazonía (si la muestra hubiera incluido zonas rurales y selváticas el porcentaje seguramente hubiera sido mayor). Esto revela que la población, contrario a lo que pensaba el Gobierno, se solidariza con las demandas de las comunidades nativas. El Ejecutivo ha salido más que magullado en el sondeo pues la ciudadanía considera que el presidente García es el principal responsable de la crisis desatada en la selva. El mandatario concentra la mayor condena con un contundente 84%, y su bancada no la pasa mejor pues el 82% desaprueba su participación en el conflicto. Por si fuera poco, un 57% encuentra culpable a García de la muerte de 34 personas, entre policías y nativos.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, también del Apra, es cuestionada por el 77% de los encuestados, catorce puntos más de los que reprueban al premier Yehude Simon, quien es menos repudiado que García y Cabanillas al recibir un 63%.
La popularidad del líder aprista ha caído 9% (de 30% a 21%) a raíz de los sucesos de Bagua, su nivel más bajo desde el escándalo de los ‘pretroaudios’, que provocó la salida del ex primer ministro Jorge del Castillo. Las cifras nos señalan que la estrategia de comunicación del Gobierno ha sido derrotada, y más si tomamos en cuenta que el 63% piensa que murieron más indígenas que efectivos policiales, cuando en realidad las bajas policiales duplican a la de los civiles.
La aprobación del primer mandatario continuará en caída libre mientras la población piense que no se ha recuperado el orden. Si bien las cosas se han calmado en la selva (la carretera Tarapoto-Yurimaguas ha sido desbloqueada por los manifestantes y el Gobierno ha levantando el toque de queda en Bagua), en el sur del país han surgido nuevos brotes de violencia en Andahuaylas (Apurímac), Sicuani (Cusco) y La Oroya (Cerro de Pasco). Los desmanes, las paralizaciones e irrupciones del tránsito están afectando gravemente el turismo y el comercio. Las cancelaciones de paquetes turísticos y reservas hoteleras están a la orden del día. De continuar la obstrucción de las vías terrestres los precios de los alimentos y otros productos subirán considerablemente en las ciudades costeñas. La inflación y la escasez no sólo son enemigas de los consumidores, sino de los gobiernos de turno pues generan desconcierto, movilizaciones e inestabilidad.
La proliferación de protestas se debe a las deficiencias del Estado para anticipar y atender las demandas de las poblaciones del interior. En la ciudad Andahuaylas, ubicada en la región más pobre del Perú, los campesinos exigen la rehabilitación de la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay y piden la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, también rechazada por los nativos de la selva. En Sicuani, campesinos de la provincia de Canchis han cercado el Cusco y estuvieron a punto de tomar el aeropuerto Velasco Astete, custodiado por tropas del Ejército. Los hombres del campo exigen la presencia del premier Yehude Simon para dialogar sobre la Ley de Recursos Hídricos, las concesiones mineras y la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará. En estos reclamos se ha detectado a grupos radicales -Sutep, Patria Roja, reservistas vinculados a Antauro Humala, hermano del candidato nacionalista Ollanta Humala, etc.- que piden la vacancia del presidente, una nueva Constitución, entre otras demandas radicales. En La Oroya la situación es tan o más crítica pues trabajadores de la fundición de Doe Run han bloqueado la Carretera Central, en protesta porque la empresa no cumple sus promesas y el Estado no hace nada para ponerla en su lugar (debe cumplir su Programa de Manejo Ambiental).
Volviendo al análisis de la encuesta de Ipssos-Apoyo, hay que destacar varias cosas pues la población prefiere el diálogo a la represión uniformada. Eso explica por qué el primer ministro Yehude Simon, quien está a punto de ser censurado por el Congreso, sale mejor parado que García y la ministra Cabanillas, partidarios de imponer orden a toda costa. La desaprobación de 63% del premier no es nada halagüeña para él, pero indica que su posición conciliadora tiene muchos más adeptos de lo que estimaba el presidente. El mensaje de la ciudadanía parece ser que ceder no es malo si evita muertes y no compromete la imagen del país. Los peruanos quieren vivir en paz, pero no a cualquier precio, ya que la tensión social ahuyenta la confianza y las inversiones. Por eso exigen que el Gobierno negocie antes de emplear la fuerza en contra de civiles. Un gran sector del electorado considera que García ha afectado nuestra imagen en el exterior por el alto saldo de vidas perdidas en la Amazonía. De ahí que éste encabece la lista de culpables por su pésimo manejo de la crisis amazónica.
El conflicto en la Amazonía no solo marca un punto de quiebre en la manera en que se gestionará asuntos similares, sino que determinará el clima electoral. Según Alfredo Torres, director de Ipssos-Apoyo, “ningún opositor pudo capitalizar la molestia con el Gobierno por conflicto en la Amazonía”. Y pronostica que “el escenario de conflictos sociales que afronta el país podría hacer surgir la figura de un ‘outsider’”. Su apreciación nos sugiere dos cosas: 1) que ni siquiera Keiko Fujimori, cuyo padre fue muy popular en la selva, sacó réditos importantes pues su popularidad apenas subió de 19% a 22% en la muestra (su crecimiento se debe básicamente al declive de otras figuras de la derecha como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Castañeda empata con Ollanta Humala en el segundo lugar de las preferencias, ambos con 15%).
El conflicto en la Amazonía no solo marca un punto de quiebre en la manera en que se gestionará asuntos similares, sino que determinará el clima electoral. Según Alfredo Torres, director de Ipssos-Apoyo, “ningún opositor pudo capitalizar la molestia con el Gobierno por conflicto en la Amazonía”. Y pronostica que “el escenario de conflictos sociales que afronta el país podría hacer surgir la figura de un ‘outsider’”. Su apreciación nos sugiere dos cosas: 1) que ni siquiera Keiko Fujimori, cuyo padre fue muy popular en la selva, sacó réditos importantes pues su popularidad apenas subió de 19% a 22% en la muestra (su crecimiento se debe básicamente al declive de otras figuras de la derecha como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Castañeda empata con Ollanta Humala en el segundo lugar de las preferencias, ambos con 15%).
En cuanto al punto dos, la aparición o el deseo de que aparezca un ‘outsider’ –un actor político no contaminado por el sistema- cobra fuerza pues hay un vacío de liderazgo (el electorado considera que la clase política no lo representa). Los peruanos -los seres humanos en general- necesitan creer en algo o en alguien, por eso reclaman un ‘outsider’ que plantee metas comunes y les devuelva la confianza en sí mismos. La falta de propósito, rumbo o destino es lo que se necesita recuperar para darle viabilidad al proyecto que somos de país.
El padre Marco Arana bien podía aprovechar el descontento con el sistema económico (un 54% considera que deben hacerse reformas) y con la manera en que el Ejecutivo viene “resolviendo” las cosas pues tiene experiencia en el diálogo con las comunidades, a las que ha organizado para que puedan defender sus derechos.
Finalmente, el liderazgo de la congresista de Alianza para el Futuro, Keiko Fujimori, se debe a que la población, según Torres, “añora la idea de orden que se tenía de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, distinto a la percepción actual sobre el manejo que le da el Gobierno a las protestas”. Sobre esto conviene realizar algunas precisiones pues el “orden” que hubo durante el fujimorato fue precario e ilegal ya que el ex presidente y reo en cárcel clausuró el Parlamento, restringió libertades ciudadanas y persiguió a sus opositores. El “orden” fue aparente porque los medios de comunicación, comprados con el dinero sucio de Vladimiro Montesinos, transmitían la sensación de que las cosas andaban bien en el país. La tranquilidad era ficticia pues los grandes problemas del Perú seguían sin resolverse. Tampoco hay que olvidar que para garantizar el “orden” el régimen formó comandos de aniquilamiento que asesinaron a dirigentes sindicales[1], periodistas y políticos, y otros tuvieron que exiliarse. Fujimori y su socio político son responsables de la debilidad de nuestro sistema de partidos pues instituyeron una forma de gobernar alejada de la formalidad donde ‘todo vale’ para preservar el poder.
Para apaciguar a la Amazonía, por ejemplo, Fujimori concedió generosas exoneraciones tributarias que no existen en otras regiones. Así, los selváticos no pagan Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta (IR) ni el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC, que grava principalmente a los combustibles). Las exoneraciones incluyen a los inversionistas que reinviertan sus utilidades en la zona (no pagan Impuesto a la Renta). De ahí que no sea difícil comprender por qué Keiko Fujimori cuenta con respaldo en la selva.
Keiko Fujimori no restablecería el orden como su padre -tras el nefasto primer Gobierno de García (1985-1990)- porque no tiene un Vladimiro Montesinos a su lado dispuesto a ensuciarse las manos ni goza de la simpatía de la mayoría de peruanos. Su 22% es fruto de los reacomodos del electorado de derecha que busca desesperadamente un candidato que defienda al sistema del peligro que representa Ollanta Humala.
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[1] Fue el caso de Pedro Huilca Tecse, presidente de la CGTP, la central de trabajadores más importante del país.
