La liberación de Rómulo León y los misterios de su computadora

Por César Reyna

Mientras era trasladado a la vivienda de su hijo para cumplir con su arresto domiciliario, Rómulo León Alegría, principal implicado en el sonado caso de los ‘petroaudios’[1], dijo que no temía que peritos judiciales revisaran los archivos de su computadora porque “no hay nada comprometedor”. León Alegría está tan seguro de su inocencia que ha pedido en reiteradas ocasiones que la “justicia” acelere las investigaciones. Su demanda de celeridad nos hace sospechar que la información que almacena su PC podría perderse una vez que los especialistas ingresen al sistema. En pocos segundos podrían autodestruirse datos reveladores como si marcara el inicio de la saga ‘Misión Imposible’.

Esa latente posibilidad no descarta que existan otros factores que expliquen la lentitud del Poder Judicial para revisar la correspondencia electrónica que el ex diputado aprista mantenía con personalidades del Gobierno. Si el CPU del ex ministro de Pesquería no tenía el referido dispositivo de autodestrucción, las autoridades deben estar buscando la manera de que sus archivos se tornen totalmente irrecuperables. Probablemente en los próximos meses ocurra un extraño incendio en la oficina donde el ordenador estaba depositado o sufra algún daño “fortuito” que impida leer su información. Quizá un desprevenido secretario judicial deje caer la máquina accidentalmente o se esté filtrando –negligentemente hablando- un poco humedad dentro de su delicada memoria. Nadie, desde luego, asumirá la responsabilidad de la pérdida de ese importante elemento probatorio.

A la computadora le pueden suceder cosas extrañas como si se tratara de un testigo incómodo que puede traerse abajo a las cabezas de la mafia. Como el aparato no es susceptible a las presiones ni se le puede comprar, las autoridades de turno deliberan si debe ser destruido o arruinado por el bien de la gobernabilidad. Rómulo León, en cambio, sí puede ser sugestionado o favorecido procesalmente para que no diga todo lo que sabe, es decir, para que no incrimine a sus compañeros de partido. Apenas salió del penal dijo que “no tenía nada que decir” ante los requerimientos de la prensa. Luego fue más explícito al declarar que nadie debía preocuparse no tenía nada que decir “que involucre a alguien”.

En días recientes, para dar la impresión de que el Ejecutivo estaba disgustado con la repentina excarcelación de León, tanto el presidente como el primer ministro cuestionaron la medida. El primero dijo que lamentaba que en otros casos “la celeridad sea mínima” y mostró su preocupación por la cantidad de efectivos que son asignados cuidar a quienes cumplen arresto domiciliario “cuando deberían dar seguridad a la población”.

Otro hecho que revela las componendas entre el procesado y la Administración aprista es que la orden de la Sala Penal que dispuso su semilibertad no se hizo cumplió de inmediato porque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dependiente del Ministerio de Justicia, dilató su ejecución. La demora fue adrede para hacerle creer a la opinión pública que el Gobierno de García se oponía a la controvertida decisión de la “Justicia”. Para darle un poco de verosimilitud a la trama, el abogado de León iba a presentar un ‘habeas corpus’ e iniciar acciones legales contra los responsables del incumplimiento de la resolución judicial. Por si fuera poco, el letrado manifestó a RPP que existía un “poder oculto” que entorpecía la excarcelación de su patrocinado y señaló que el gesto representa que “el Gobierno no apoyaba a León Alegría”.


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[1] El caso de los ‘petroaudios’ comprende la presunta concesión irregular de cinco lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum, de capitales daneses. El escándalo de los ´petroaudios´ le generó al Gobierno una crisis de grandes proporciones.

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011

Crisis política en Perú: encuesta de Apoyo, violencia en el sur, el conflicto en la Amazonía y elecciones en 2011

Por César Reyna


La última encuesta urbana de Ipssos-Apoyo presenta datos interesantes pues el 53% de los entrevistados respalda la derogatoria de los decretos 1090 y 1063, cuya vigencia desencadenaron terribles enfrentamientos en la Amazonía (si la muestra hubiera incluido zonas rurales y selváticas el porcentaje seguramente hubiera sido mayor). Esto revela que la población, contrario a lo que pensaba el Gobierno, se solidariza con las demandas de las comunidades nativas. El Ejecutivo ha salido más que magullado en el sondeo pues la ciudadanía considera que el presidente García es el principal responsable de la crisis desatada en la selva. El mandatario concentra la mayor condena con un contundente 84%, y su bancada no la pasa mejor pues el 82% desaprueba su participación en el conflicto. Por si fuera poco, un 57% encuentra culpable a García de la muerte de 34 personas, entre policías y nativos.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, también del Apra, es cuestionada por el 77% de los encuestados, catorce puntos más de los que reprueban al premier Yehude Simon, quien es menos repudiado que García y Cabanillas al recibir un 63%.

La popularidad del líder aprista ha caído 9% (de 30% a 21%) a raíz de los sucesos de Bagua, su nivel más bajo desde el escándalo de los ‘pretroaudios’, que provocó la salida del ex primer ministro Jorge del Castillo. Las cifras nos señalan que la estrategia de comunicación del Gobierno ha sido derrotada, y más si tomamos en cuenta que el 63% piensa que murieron más indígenas que efectivos policiales, cuando en realidad las bajas policiales duplican a la de los civiles.

La aprobación del primer mandatario continuará en caída libre mientras la población piense que no se ha recuperado el orden. Si bien las cosas se han calmado en la selva (la carretera Tarapoto-Yurimaguas ha sido desbloqueada por los manifestantes y el Gobierno ha levantando el toque de queda en Bagua), en el sur del país han surgido nuevos brotes de violencia en Andahuaylas (Apurímac), Sicuani (Cusco) y La Oroya (Cerro de Pasco). Los desmanes, las paralizaciones e irrupciones del tránsito están afectando gravemente el turismo y el comercio. Las cancelaciones de paquetes turísticos y reservas hoteleras están a la orden del día. De continuar la obstrucción de las vías terrestres los precios de los alimentos y otros productos subirán considerablemente en las ciudades costeñas. La inflación y la escasez no sólo son enemigas de los consumidores, sino de los gobiernos de turno pues generan desconcierto, movilizaciones e inestabilidad.

La proliferación de protestas se debe a las deficiencias del Estado para anticipar y atender las demandas de las poblaciones del interior. En la ciudad Andahuaylas, ubicada en la región más pobre del Perú, los campesinos exigen la rehabilitación de la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay y piden la derogación de la Ley de Recursos Hídricos, también rechazada por los nativos de la selva. En Sicuani, campesinos de la provincia de Canchis han cercado el Cusco y estuvieron a punto de tomar el aeropuerto Velasco Astete, custodiado por tropas del Ejército. Los hombres del campo exigen la presencia del premier Yehude Simon para dialogar sobre la Ley de Recursos Hídricos, las concesiones mineras y la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará. En estos reclamos se ha detectado a grupos radicales -Sutep, Patria Roja, reservistas vinculados a Antauro Humala, hermano del candidato nacionalista Ollanta Humala, etc.- que piden la vacancia del presidente, una nueva Constitución, entre otras demandas radicales. En La Oroya la situación es tan o más crítica pues trabajadores de la fundición de Doe Run han bloqueado la Carretera Central, en protesta porque la empresa no cumple sus promesas y el Estado no hace nada para ponerla en su lugar (debe cumplir su Programa de Manejo Ambiental).

Volviendo al análisis de la encuesta de Ipssos-Apoyo, hay que destacar varias cosas pues la población prefiere el diálogo a la represión uniformada. Eso explica por qué el primer ministro Yehude Simon, quien está a punto de ser censurado por el Congreso, sale mejor parado que García y la ministra Cabanillas, partidarios de imponer orden a toda costa. La desaprobación de 63% del premier no es nada halagüeña para él, pero indica que su posición conciliadora tiene muchos más adeptos de lo que estimaba el presidente. El mensaje de la ciudadanía parece ser que ceder no es malo si evita muertes y no compromete la imagen del país. Los peruanos quieren vivir en paz, pero no a cualquier precio, ya que la tensión social ahuyenta la confianza y las inversiones. Por eso exigen que el Gobierno negocie antes de emplear la fuerza en contra de civiles. Un gran sector del electorado considera que García ha afectado nuestra imagen en el exterior por el alto saldo de vidas perdidas en la Amazonía. De ahí que éste encabece la lista de culpables por su pésimo manejo de la crisis amazónica.

El conflicto en la Amazonía no solo marca un punto de quiebre en la manera en que se gestionará asuntos similares, sino que determinará el clima electoral. Según Alfredo Torres, director de Ipssos-Apoyo, “ningún opositor pudo capitalizar la molestia con el Gobierno por conflicto en la Amazonía”. Y pronostica que “el escenario de conflictos sociales que afronta el país podría hacer surgir la figura de un ‘outsider’”. Su apreciación nos sugiere dos cosas: 1) que ni siquiera Keiko Fujimori, cuyo padre fue muy popular en la selva, sacó réditos importantes pues su popularidad apenas subió de 19% a 22% en la muestra (su crecimiento se debe básicamente al declive de otras figuras de la derecha como el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y de la lideresa de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Castañeda empata con Ollanta Humala en el segundo lugar de las preferencias, ambos con 15%).

En cuanto al punto dos, la aparición o el deseo de que aparezca un ‘outsider’ –un actor político no contaminado por el sistema- cobra fuerza pues hay un vacío de liderazgo (el electorado considera que la clase política no lo representa). Los peruanos -los seres humanos en general- necesitan creer en algo o en alguien, por eso reclaman un ‘outsider’ que plantee metas comunes y les devuelva la confianza en sí mismos. La falta de propósito, rumbo o destino es lo que se necesita recuperar para darle viabilidad al proyecto que somos de país.

El padre Marco Arana bien podía aprovechar el descontento con el sistema económico (un 54% considera que deben hacerse reformas) y con la manera en que el Ejecutivo viene “resolviendo” las cosas pues tiene experiencia en el diálogo con las comunidades, a las que ha organizado para que puedan defender sus derechos.

Finalmente, el liderazgo de la congresista de Alianza para el Futuro, Keiko Fujimori, se debe a que la población, según Torres, “añora la idea de orden que se tenía de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, distinto a la percepción actual sobre el manejo que le da el Gobierno a las protestas”. Sobre esto conviene realizar algunas precisiones pues el “orden” que hubo durante el fujimorato fue precario e ilegal ya que el ex presidente y reo en cárcel clausuró el Parlamento, restringió libertades ciudadanas y persiguió a sus opositores. El “orden” fue aparente porque los medios de comunicación, comprados con el dinero sucio de Vladimiro Montesinos, transmitían la sensación de que las cosas andaban bien en el país. La tranquilidad era ficticia pues los grandes problemas del Perú seguían sin resolverse. Tampoco hay que olvidar que para garantizar el “orden” el régimen formó comandos de aniquilamiento que asesinaron a dirigentes sindicales[1], periodistas y políticos, y otros tuvieron que exiliarse. Fujimori y su socio político son responsables de la debilidad de nuestro sistema de partidos pues instituyeron una forma de gobernar alejada de la formalidad donde ‘todo vale’ para preservar el poder.

Para apaciguar a la Amazonía, por ejemplo, Fujimori concedió generosas exoneraciones tributarias que no existen en otras regiones. Así, los selváticos no pagan Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta (IR) ni el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC, que grava principalmente a los combustibles). Las exoneraciones incluyen a los inversionistas que reinviertan sus utilidades en la zona (no pagan Impuesto a la Renta). De ahí que no sea difícil comprender por qué Keiko Fujimori cuenta con respaldo en la selva.

Keiko Fujimori no restablecería el orden como su padre -tras el nefasto primer Gobierno de García (1985-1990)- porque no tiene un Vladimiro Montesinos a su lado dispuesto a ensuciarse las manos ni goza de la simpatía de la mayoría de peruanos. Su 22% es fruto de los reacomodos del electorado de derecha que busca desesperadamente un candidato que defienda al sistema del peligro que representa Ollanta Humala.

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[1] Fue el caso de Pedro Huilca Tecse, presidente de la CGTP, la central de trabajadores más importante del país.

El Gobierno cumple su papel de reducir el riesgo que enfrenta el país debido a la apertura comercial, consumiendo, demandando, comprando a las empresa

Tamaño del Gobierno y apertura económica

José Oscátegui A. Profesor del Departamento de Economía, PUCP

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Hace ya diez años, en 1998, en base a la evidencia procedente de una diversidad de países, Dani Rodrik publicó un trabajo en la prestigiosa revista especializada Journal of Political Economy, de la universidad de Chicago. El título, traducido al castellano, es ¿Por qué las economías más abiertas tienen Gobiernos más grandes?. En él, Rodrik muestra la evidencia a nivel internacional que existe, sobre la relación entre la apertura de la economía y el mayor tamaño del Gobierno y, además, la explica.

Esta relación debe parecer imposible a muchos, pero, tal como lo muestra Rodrik, es más bien una solución óptima. La explicación tiene que ver con la incertidumbre y el riesgo al nivel de actividad económica doméstica que acompañan a la apertura comercial y financiera, y el rol atenuador de ese riesgo que cumple el gasto y la acción del Gobierno.

Las diversas crisis financieras internacionales han mostrado que la apertura financiera crea riesgos, y la actual crisis económica internacional, entre otras, muestra que la apertura comercial también genera riesgos. El trabajo de Rodrik sostiene que, en este contexto, el gobierno es un estabilizador y puede cumplir mejor este papel cuanto mayor sea su tamaño.

La evidencia trabajada por Rodrik muestra que "la relación entre apertura y gasto del gobierno es válida también para el consumo público y no sólo para las transferencias…". Es decir, que el Gobierno cumple su papel de reducir el riesgo que enfrenta el país debido a la apertura comercial, consumiendo, demandando, comprando a las empresas y no sólo con el gasto que acá llamamos "social" y que consiste en algunas transferencias directas.

Nuestros propugnadores de un Gobierno pequeño sostienen que los riesgos externos que enfrentan los países pequeños deben ser diversificados por medio de la participación en los mercados financieros. Pero la evidencia muestra que eso no se consigue a plenitud ni siquiera en los países desarrollados.

Rodrik encuentra que siendo cierto que la apertura conduce, en países desarrollados y en países en desarrollo, a un mayor gobierno, la forma en que este actúa difiere según el tipo de país. En los países desarrollados el gobierno gasta más en seguridad social y bienestar que en consumo gubernamental. Sin embargo, en países en desarrollo la acción del gobierno, para atenuar el riesgo, reposa en un amplio conjunto de instrumentos, entre los que se encuentra también el empleo público. Como dice Rodrik (la traducción es mía),

"…también hay otras implicaciones con respecto a la relación entre mercados y gobiernos. Ellos son, a menudo, vistos como sustitutos. Toda acción del gobierno que no sea la producción de bienes públicos, ley y orden, y derechos de propiedad, es vista como enemiga del mercado. La integración internacional de los mercados es vista como debilitadora de la efectividad, a nivel nacional, de la acción del gobierno. Lo que presentamos en este trabajo… sugiere que hay un grado de complementariedad entre mercados y gobiernos…En verdad, los gobiernos se han expandido más rápidamente en las economías más abiertas…Parece que los gobiernos han buscado mitigar la exposición del país al riesgo incrementando la parte del producto doméstico que consumen".

Muchos de los que asumen ser pro-mercado en Perú, consideran que la máxima ampliación del mercado sólo puede ocurrir con la reducción del Gobierno a su mínima expresión. El texto, poco conocido, de Rodrik muestra que el mercado dejado libre conduce a resultados indeseables, pero que las economías funcionan mejor si junto a la ampliación de los mercados se amplía el rol del Gobierno en la economía, en la demanda, en el consumo de la producción doméstica y en el empleo. Este es un tema importante a la luz de la discusión sobre la reforma constitucional.