lunes, 7 de junio de 2010
El Arima X-12 no le gustará a Alan García.
Por: Farid Matuk
http://aeperu.blogspot.com/2010/06/estadistica-y-engano.html
En la matemática los procedimientos son precisos y rigurosos, pero las opciones entre los procedimientos disponibles están sujetas al criterio de las personas. Por ejemplo, existen dos métodos matemáticos alternativos para convertir una mezcla de números positivos o negativos en solo positivos, una alternativa es elevar todos los número al cuadrado y otra alternativa es tomar el valor absoluto de todos los números.
De manera semejante, el proceso estadístico de desestacionalizar una serie de tiempo tiene distintos procedimientos disponibles. La utilidad de tener una serie de tiempo desestacionaliza, como la del PBI trimestral consiste en identificar la tendencia de largo plazo de la economía, así como evaluar lo ocurrido en el pasado
La desestacionalización consiste en eliminar de una serie de tiempo los elementos irregulares como desastres naturales, las efectos de las cuatro estaciones del año, y los ciclos de la economía mundial; y de esta manera obtener las características más persistentes y estables de la variable a estudiar
El gráfico adjunto se obtiene a partir de la cuarta y sexta columna de la última tabla de la página 5 del documento publicado el 24 de mayo pasado por el Banco Central titulado "Actividad Económica: Marzo 2010" correspondiente al #25 de la serie "Notas de Estudio del BCRP". Ambas columnas muestran el PBI desestacionalizado del Perú con dos métodos matemáticos distintos. La cuarta columna corresponde al método Tramo-Seats, y la sexta columna corresponde al método ARIMA X-12
En términos internacionales el Fondo Monetario señala en la página 125 del documento titulado "Quarterly National Accounts Manual - Concepts, Data Sources, and Compilation" del año 2001 que "la técnica (de desestacionalización) más usada es el método X-11/X-12 de la Oficina de Censos (de Estados Unidos
Como se menciona al comienzo, en la matemática existen medios alternativos para el mismo fin, y en el caso concreto del Banco Central se aplicaron dos técnicas estadísticas alternativas, y a partir de estas dos medios alternativos se pueden escribir dos reportes que se copian abajo. En uno se elogia la gestión presidencial presente, y en la otra se cuestiona la misma
Queda al criterio ético de cada quién decidir cuál es una mejor representación de lo ocurrido en el Perú durante el año 2009, y las perspectivas de este año 2010:
Opción1
Señor Presidente, en realidad usted tuvo razón cuando dijo que el Perú estuvo blindado frente a la crisis internacional, porque el Banco Central de Reserva ha encontrado que el PBI trimestral desestacionalizado indica un trimestre con crecimiento negativo, lo cual de acuerdo a estándares internacionales se concluye que no hubo recesión en el Perú durante 2009. Asimismo tenemos que el primer trimestre de 2010 muestra la tasa de crecimiento más alta de los últimos 7 trimestres, lo cual es una muestra clara de que se podrá alcanzar la meta de crecimiento establecida por usted para 2010
Opción2
Señor Presidente, en realidad usted no tuvo razón cuando dijo que el Perú estuvo blindado frente a la crisis internacional, porque el Banco Central de Reserva ha encontrado que el PBI trimestral desestacionalizado indica tres trimestres con crecimiento negativo, lo cual de acuerdo a estándares internacionales se concluye que hubo recesión en el Perú durante 2009. Asimismo tenemos que el primer trimestre de 2010 muestra una tasa de crecimiento inferior a la tasa de los 2 trimestres previos, lo cual es una muestra preocupante para poder alcanzar la meta de crecimiento establecida por usted para 2010
jueves, 27 de agosto de 2009
Masacre en Bagua
La madre aguaruna del vídeo dice:
Escúchanos, por favor, señor Alan García:
¡Tú eres culpable porque nos has exterminado!
Nos estás matando.
Nos estás vendiendo.
Tú eres el terrorista.
Nosotros defendemos nuestro territorio sin uso de armamentos, nuestro único arma de defensa es solo lanzas y palos que no son de largo alcance y no es para matar como tú lo has hecho con nosotros.
Tú nos exterminaste usando armamentos, balas, helicópteros y los mataste a nuestros: hermanos, hermanas, estudiantes, profesores, hijos.
Alan, te pedimos que vengas acá en nuestro territorio para que nos pagues de las deudas que tienes con nosotros.
Alan, tú eres vende patria, vende indígenas, vendes nuestros recursos naturales: oro, petróleo, agua, aire, contaminas nuestro medio ambiente y así nos dejas más pobres como nos estás viendo ahora cómo estamos y quedamos.
Nosotros los awajún-wampis no te hemos elegido para que nos extermines, sino para que nos ayudes, des estudios a nuestros hijos que ahora has matado.
Nosotros no te estamos quitando tu propiedad privada, no te hemos matado a tus hijos, tu familia, ahora por qué tú nos acabas.
¡Ya nos exterminaste, ahora quedamos sin NADA!
lunes, 24 de agosto de 2009
La maldición de apellidarse García

Alan García habría intervenido de manera arbitraria en conformación de IV lista de Ceses Colectivos.
Prima hermana del primer mandatario no fue reincorporada a Petroperú para evitar que lo acusen de beneficiar a sus familiares
Por César Reyna
Rosa Mercedes Barreda García, de 55 años, viuda y madre de dos jóvenes, pese a cumplir con todos los requisitos para volver a la petrolera estatal, no fue seleccionada por el Comité encargado porque cometió un pequeño error: pedir una cita al ministro de Trabajo Jorge Villasante, quién la atendió después de 8 largas horas de espera. Si no hubiera concertado el encuentro hubiera ingresado casi toda seguridad porque había acreditado que fue despedida de manera arbitraria.
El error de Rosa fue haberle contado su situación al ex ministro aprista, quien a su vez debió haber puesto al tanto a su poderoso primo de su posible reingreso. Es probable que tras una rutinaria reunión del Consejo de Ministros en Palacio murieran las esperanzas de Rosa de encontrar justicia. Sólo por apellidarse García fue despida sin miramientos por superiores que tenían la misión adelgazar el aparato estatal. Y También por apellidarse García no será restituida tras 15 años de injusticias y penurias materiales.
Las draconianas leyes del neoliberalismo fujimorista la lanzaron a la calle a pesar de ser el único sostén para sus tres menores hijos (uno de ellos, el mayor, fue asesinado durante un asalto en 2002). Ella recibió una indemnización por su cese intempestivo, pero no la aceptó de manera voluntaria como algunos de sus colegas, sino obligada por las circunstancias ya que de todas maneras la iban a botar del trabajo. En su despido primó la amenaza de jefes de Recursos Humanos prepotentes que la conminaron a firmar su carta de renuncia. Si no lo hacía se hubiera ido con las manos vacías, es decir, sin la indemnización que le entregaron para darle visos de legalidad a su despido.
Rosa no estaba en condiciones para dejar su cargo de secretaria del Departamento de Contabilidad porque dependía del programa médico que Petroperú ponía a disposición de sus empleados. El seguro la protegía a ella, su anciana madre y sus hijos. En un país donde la atención médica es costosa no podía darse el lujo de renunciar aunque le ofrecieran incentivos.
Ella debió beneficiarse como tantos otros que fueron cesados por el régimen fujimorista sin justificación alguna. Su caso merecía atención de la junta que calificó los expedientes de los despedidos. Tal vez por inseguridad y desesperación acudió al ex ministro de Trabajo pensando que podía asegurarle su reincorporación; pero olvidó que por encima de él estaba su primo presidente, quien seguramente al escuchar que postulaba para ingresar a la IV Lista de Ceses Colectivos decidió borrarla para que ni la prensa ni la oposición lo acusen de favorecer a un familiar.
El jefe de Estado seguramente temía que en los días siguientes la reposición de Rosa se hable de “copamiento aprista” y baje su popularidad en la próxima encuesta. Por una cuestión de imagen el presidente y sus allegados ignoraron sus derechos como quien se deshace un clip o papel arrugado en el tacho de basura.
La difusión este artículo tal vez no ayude a Rosa a volver a su antiguo puesto de trabajo, pero al menos dejará constancia por enésima vez de las injusticias que comete un partido que dice fundarse en la “justicia social”.
martes, 28 de julio de 2009
El mensaje por Fiestas Patrias de Alan García

El discurso ofrecido por el primer mandatario fue tan soso que apenas mereció el aplauso de los congresistas de su partido. Éstos aplaudieron tímidamente al voluminoso líder aprista cuando mencionaba una cifra macroeconómica positiva o la culminación de un proyecto de envergadura nacional.
Antes de dirigirse al estrado del Palacio Legislativo, estrechó las manos de sus partidarios y opositores, copiando el gesto del ex premier Yehude Simon cuando acudió al Congreso para ser interpelado. Los anuncios más rimbombantes fueron la creación de una colonia penal en la selva para recluir a sentenciados por corrupción. Esta propuesta podría considerarse una amenaza dirigida al lobista Rómulo León Alegría, quien buscaría privilegios penitenciarios a cambio de su silencio. García también propuso la renovación por tercios del Congreso ante la desazón que causa la gestión de muchos legisladores. Esta medida es de carácter estrictamente popular pues la ciudadanía rechaza el desempeño de la clase política. Si la reforma constitucional no prospera en el Parlamento, el presidente prometió un referéndum para remover parcialmente a los congresistas.
Entre las pocas cosas destacables que señaló, porque las omisiones fueron muchas en materia de agricultura o lucha contra el narcotráfico, los remanentes del terrorismo y la corrupción, se podría mencionar la creación de Núcleos Institucionales Juveniles. Estos núcleos tendrían la misión de emplear a peruanos sin oportunidades para realizar obras en sus localidades. Los fondos para ejecutar los emprendimientos urbanos o rurales provendrían del presupuesto no utilizado de los municipios donde residen los beneficiarios del programa. García dijo que 100.000 peruanos entre los 18 a 28 años tendrían trabajo para aumentar la capacidad de gasto del Ejecutivo y la inversión social.
Mediante el establecimiento de estos núcleos en distritos del interior se trataría de mitigar el descontento que producen las ineficientes políticas gubernamentales. No se descarta que el plan, faltando menos de dos años para las elecciones, se utilice para captar votos entre el electorado más joven. La medida podría reducir los niveles de desempleo y alejaría a miles de jóvenes de la propaganda ‘antisistema’ o chavista en zonas donde la presencia del Estado es prácticamente inexistente.
Los anuncios de García no despertaron optimismo entre los analistas ni los oyentes del discurso. Si el presidente pretendía inocularnos una dosis de confianza falló porque habló poco de temas esenciales como la inclusión, la reducción de la desigualdad, entre otros. El presidente apostó por la reactivación de la economía mundial para alcanzar las tasas de crecimiento de los años anteriores (cercanas a 10%), pero eso no va a ocurrir pues a las economías más desarrolladas les tomará varios años recuperarse de los efectos de la crisis financiera. Los precios de las materias primas no volverán a cotizarse a niveles récord mientras no se dinamice la demanda en occidente.
viernes, 19 de junio de 2009
La bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos
Por César Reyna
En pocas semanas el Ejecutivo ha oscilado entre dos extremos: la intolerancia y la conciliación. Esto se debe, indudablemente, a la inestable personalidad del presidente Alan García, quien no conoce de centros o puntos medios sino de absolutos e inflexibilidades. Eso lo sabemos bien los peruanos que lo sufrimos en su gestión anterior pues fuimos testigos de sus arrebatos y necedades. Algunos sostenían que en algún momento debían aflorar los sentimientos encontrados de García, sobre todo después de la fallida de incursión en Panamericana Televisión. Pero hacía falta una crisis interna para derribar los autocontroles que se había impuesto. Gente de su círculo dice que no duerme mucho y toma sedantes para conciliar el sueño. Sean ciertos o no esos rumores, lo concreto es que estamos a merced de un mandatario que reacciona vehementemente cuando le mencionan la palabra ‘crisis’.
El conflicto en la Amazonía lo pinta de cuerpo entero a él y a algunos miembros de su Gabinete como la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien se dejó avasallar por García para imponer el orden en la selva. La presunta ‘guapeada’ del presidente la convirtió en una criatura irascible cada vez que los periodistas le preguntaban por qué salió mal el operativo de Bagua.
El problema en la selva sólo se ha contenido porque los dirigentes nativos dicen que han pactado una tregua. La paz con ellos depende de los resultados de la Mesa de Diálogo y el cabal cumplimiento de los acuerdos que se logren en dicha instancia. El Gobierno ha dicho que acatara los consensos logrados por las partes para poner paños fríos a la situación. Esto puede verse como una delegación de facultades del Ejecutivo pues compartirá la potestad de dirigir la política interna. Ahora ya no la ejerce de manera exclusiva sino a través de sus delegados, encabezados por el primer ministro Yehude Simon. La cesión de poder no es negativa para el país porque está ajustada a la ley, es decir, al Convenio N° 169 de la OIT. Aunque claro, dicho instrumento dice que las autoridades deben consultar con las comunidades -cuando den leyes o resoluciones administrativas que afecten su modo de vida- y no que las prGopuestas de éstas sean vinculantes para el Estado. Lo obligatorio para el Perú es la consulta previa, pero no las peticiones que provengan de los pueblos indígenas. El Gobierno, de todos modos, ha ido más allá del propio Convenio al reconocerle competencias no establecidas a los nativos.
Esto nos coloca en un nuevo escenario de la vida republicana, y muchos no parecen haber reparado en ello, ya que por primera vez el Gobierno central dialogara en pie de igualdad con el sector más olvidado de la población. El cambio de actitud nos parece positivo porque fomentará la participación democrática de grupos tradicionalmente marginados. Si el clima de discusión y distensión prospera, es posible que en las próximas elecciones los nativos cuenten con representantes en el Parlamento y otras instituciones como los gobiernos regionales y municipales. Así habría una verdadera redistribución del poder y una mejor forma de canalizar las demandas populares. El Congreso, tan vapuleado en los últimos tiempos, ganaría algo de legitimidad pues les asignaría un determinado número de asientos en el hemiciclo.
Esta incipiente democratización no ha nacido de las urnas ni del proceso de regionalización, sino del conflicto entre las provincias del interior y el poderoso centralismo limeño. Los lamentables incidentes de Bagua han propiciado un acercamiento que al inicio fue involuntario por parte del Gobierno. El premier Simon estaba maniatado porque García no lo dejaba negociar libremente con los líderes de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). No fueron las horrendas muertes de policías y nativos las que provocaron el viraje del presidente, sino la inusitada repercusión internacional de la protesta. García jamás calculó que los sucesos trascendieran tanto. Por eso esperó unos días para analizar la reacción de la prensa y algunos organismos internacionales para tomar una decisión al respecto. Él confiaba ciegamente que la matanza de los agentes del orden le restaría legitimidad a la causa indígena pero no fue así. En lugar de disminuir o disiparse; crecieron las muestras de solidaridad y apoyo al movimiento amazónico. En vano fue decretar el toque de queda pues los indígenas no depondrían sus acciones de lucha. Estaban dispuestos a todo, inclusive a morir, hasta que el Gobierno cediera.
La tensión en la selva no podía continuar porque sólo debilitaba a la clase política (y a los pobladores de las ciudades incomunicadas lógicamente, pero eso no le interesaba mucho al Gobierno). Si la crispación se prolongaba demasiado las agencias calificadoras de riesgo y bancos multinacionales rebajarían la calificación del Perú (incrementarían el riesgo país). El bloqueo indeterminado de carreteras y vías fluviales, y el abandono del personal que trabaja en estaciones gasíferas y petroleras hubiera perjudicado la “buena” imagen del país.
Si algo preocupa verdaderamente a García es la percepción de los principales agentes económicos pues gobierna esencialmente para ellos. Más le interesa la aprobación de éstos que los índices de popularidad porque siempre ninguneo al pueblo. Para García Pérez el pueblo no es más que la masa que debe moldear porque no sabe dirigirse. La gente de a pie, según él, no sabe lo que quiere ni lo que le conviene. Son “desconcertadas gentes”, en palabras de Don Nicolás de Piérola. Él solo dialoga directamente con los grandes inversionistas, pero no porque estén a su altura, sino porque los necesita para viabilizar su proyecto político, expresado en los artículos del perro del hortelano. Como el Estado ya no puede hacer empresa ni dar empleo debe pactar nuevamente con los empresarios, –como lo hizo a mediados de los 80-, para dinamizar la economía.
Bajo la inmensa presión de los últimos días García debió retroceder. No había dado un paso semejante desde la frustrada estatización de la banca. Era peligroso mantener vigentes los decretos 1090 y 1064 porque nos hubiera llevado al borde de la ruptura social. Ese escenario parecía inevitable hasta hace un par de semanas pero el Ejecutivo entendió que no podíamos continuar así. La incertidumbre ha derribado administraciones en todos lados, y la suya no iba a ser la excepción. García estaba acorralado y no le quedó otra alternativa avalar la postura concertadora de Yehude Simon; fue lo más sensato dadas las circunstancias actuales. La represión no iba a funcionar en este caso, y menos cuando el Gobierno podía ser acusado de genocidio y otros delitos de lesa humanidad.
Durante el debate de la derogatoria de los decretos casi todas las fuerzas políticas se echaron para atrás menos la derecha cavernaria encarnada por Unidad Nacional, la agrupación que lidera Lourdes Flores. Por lo general la derecha no es buena consejera en tiempos difíciles porque apela a recuperar el orden a como de lugar. Sacar al Ejército a las calles es muy fácil, pero, ¿de ahí quién se hace responsable por las bajas civiles que ocasiona? ¿Estarían dispuestos a asumir la instalación de una nueva Comisión de la Verdad, o ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad ahora que la Corte Suprema valida la teoría del autor del dominio del hecho[1]? Creemos que no.
Para terminar, Yehude Simon será interpelado[2] la próxima semana al igual que la ministra Cabanillas. Es probable que abandone la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) antes del mensaje presidencial de 28 de julio. La bancada aprista, obligada a retractarse (defendía la validez de los decretos, postura que crispó los ánimos de la población amazónica), no evitó la presentación del jefe del Gabinete en el Congreso. Como Simon no es aprista -si no un colaborador ajeno al partido-, no tenían por qué respaldar su posición de derogar los decretos para enviar una señal de buena fe a los nativos. Los oficialistas nunca aceptaron su liderazgo ya que cuando acudió al Parlamento a presentar el plan de pacificación y desarrollo del VRAE[3] abandonaron abruptamente sus curules. Simon tuvo que enfrentar en solitario los embates de la oposición porque osó atender las demandas de los dirigentes amazónicos. Eso le valió el repudio de los congresistas del Apra, quienes creían que Simon había abierto una ventana para la derogatoria de un conjunto de decretos aprobados para implementar el TLC con Estados Unidos. Los apristas presentían que estaban por perder algo que no les sería muy fácil devolver. Quizá era algo del mismo color de la Amazonía que pretendían vender.
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[1] Esta teoría, desarrollada por la doctrina alemana, sirvió para condenar en primera instancia a Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por dos secuestros agravados.
[2] Tendrá que responder por la sangrienta intervención en la ciudad de Bagua (Amazonas), por la toma de Panamericana Televisión y por la parcialización de TV Perú, la televisora estatal que da cabida a personalidades afines al Gobierno.
[3] Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde todavía resiste una columna de Sendero Luminoso asociada a los carteles del narcotráfico.
miércoles, 17 de junio de 2009
Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas
Crisis política en Perú: Gobierno peruano cede a demandas de indígenas
Tras varias jornadas luto, zozobra y violencia, el Gobierno finalmente cedió a las peticiones de los nativos de nuestra Amazonía
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Por César Reyna
Tres son las razones por las que el presidente Alan García ha decido dar marcha atrás en la validación de dos controvertidos decretos. La primera de ellas, sin duda la más importante, es que el conflicto estaba minando la imagen del Perú en el exterior como lugar ‘seguro’ para las inversiones. La confianza que muchos inversionistas mostraban sobre de la economía peruana –era la única que crecería en la región- podía deteriorarse si la tensión se mantenía en la selva. Por eso fue necesario buscar una solución “armoniosa” que bajara los decibeles a la magnitud protesta amazónica. El propio García lo ha dejado entrever hoy día pues dijo que “(…) necesitamos muchas inversiones. Y ellas sólo vienen cuando ven a un país que crece”. Luego complementó lo anterior diciendo: “para ello (crecer) necesitamos tranquilidad en los espíritus, reconciliación y paciencia cuanto sea necesaria”. La repercusión internacional de las movilizaciones asustó al Gobierno porque temía que se proyectara la idea de un Perú ingobernable, inestable y sin rumbo. Desde el fin de la guerra contrasubersiva, a inicios de los noventa, no vivíamos episodios donde policías y civiles eran brutalmente asesinados.
La derogación de los decretos 1064[1] y 1090[2] no implica un ‘mea culpa’ del Gobierno porque García cree que los pueblos originarios no entendieron las normas que impulsó para implementar el TLC con Estados Unidos. “Si no hay aún información y conciencia suficiente para comprender qué es lo positivo que se plantea, tenemos tiempo suficiente para que el tiempo convenza”, afirmó García. El presidente se expresa con soberbia y lamenta que los selváticos no hayan comprendido su visión. Sigue creyendo que actuó de buena fe y que el impasse de los últimos 67 días –tiempo que dura el paro amazónico- se debió a que los indígenas no pudieron asimilar su propuesta de desarrollo para la Amazonía.
El tercer elemento es la imposibilidad, por parte del Ejecutivo, de aplicar medidas fuerza para despejar carreteras, estaciones de bombeo de petróleo y vías fluviales porque acarrearía un nuevo derramamiento de sangre. Lo último que desea el Gobierno, dadas las circunstancias, es ser acusado de "genocida" por sus opositores y organismos no gubernamentales. Esa alternativa se canceló de plano tras la funesta recuperación del orden en la ciudad de Bagua Chica, en el oriente peruano. Como resultado del lamentable operativo, el Estado peruano cogobierna con las comunidades nativas -en la región amazónica- pues les ha permitido mantener el control sobre varias carreteras, siempre que permitan el tránsito de vehículos por cuatro horas al día.
Ahora bien, el Gobierno cometió un grave error al acusar a los indígenas de “sediciosos” pues su protesta es legítima, autóctona y no ha sido manipulada por ningún país. Desde agosto de 2008, los pueblos amazónicos han reclamado la derogación de un paquete normas que afectaban su forma de vida ancestral y el medio ambiente, consiguiendo la anulación de los decretos 1015 y 1073. En aquella oportunidad no se dijo que los aborígenes habían sido azuzados por terceros y se tuvo que ceder ante la ola movilizaciones. La toma de carreteras y desmanes hicieron retroceder al Ejecutivo el año pasado y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo.
En la primera sesión del Grupo de Trabajo, donde también interviene la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica como mediadores y facilitadores del diálogo, se acordaron varios puntos entre los que destaca la anulación[5] de los decretos 1064 y 1090. Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana), organismo que representa a más de mil comunidades amazónicas, sospecha del cambio del Gobierno porque ya fueron “mecidos” por el oficialismo. Aidesep tiene razones para desconfiar ya que en el decreto supremo que creaba de la Mesa de Diálogo (Grupo de Trabajo) no lo reconocía como interlocutor válido. Por eso el premier Simon tuvo que salir a aclarar que la asociación que presidía el asilado Pizango participaría junto con otras entidades que habían sido excluidas[6] a petición de Aidesep.
El retroceso de la postura del Gobierno es saludable porque la mano dura que exigía la derecha peruana no conducía a nada bueno. Si bien la flexibilidad del premier Simon puede pueden constituir un precedente para que los sectores sociales que quieran puedan lograrlo mediante la violencia, el endurecimiento de posiciones frente a la demanda de los indígenas tampoco era la solución pues alejarían a los empresarios de la Amazonía, quienes no invertirían en una región convulsionada.
La discusión más grave en este momento es de índole moral pues tuvo producirse un alto costo humano para que el Ejecutivo cediera. Los deudos reclamarán con justicia que la vida de sus seres queridos fue sacrificada por un capricho presidencial, es decir, en vano. Su pérdida no se puede reparar como la demanda de los pueblos amazónicos que consiguieron una victoria importante con la anulación de los decretos.
Hacer retroceder a García no es poca cosa dada su incorregible megalomanía. Su “deseo de revolucionarlo todo por la vía de la modernización, la maquinización y el avance”, según él, se sustenta en la explotación intensiva de recursos naturales de la selva, es decir, la realización de una actividad primaria, típica de países subdesarrollados. Su visión colisiona directamente con la de los nativos pues su sociedad, a parte de considerar a la Amazonía como su medio de vida, se basa en el conocimiento porque mediante el ensayo-error y siglos de experimentación, descubrieron propiedades medicinales en una gran variedad de frutos. El principal defecto de la concepción gubernamental es que no considera a los pueblos nativos como sujetos sobre los que debería recaer el desarrollo ya que prescinde de éstos para abocarse a la entrega de concesiones sobre tierras que se superponen con la de las comunidades nativas.
En estos momentos se vocea la salida de Yehude Simon y ya se barajan varios nombres para sustituirlo. La renuncia era reclamada por Daisy Zapata, dirigente de Aidesep, quien se encarga de la presidencia porque Alberto Pizango, ex presidente de la organización, se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua tras ser acusado de sedición y otros delitos. Pizango permanece en esa sede diplomática desde hace más de una semana porque la Cancillería no había extendido el salvoconducto que le permita salir del país. Ahora que García ha dado su brazo a torcer, Pizango recibió el mencionado documento según diversas fuentes periodísticas. Esta decisión, que supone un giro de 180 grados, no formaba parte del acuerdo de doce puntos entre el Ejecutivo y los nativos, pero se consideró pues Aidesep demandaba el cese de la persecución de sus dirigentes.[7]
Mientras el Gobierno se decanta por la apertura (los acuerdos que se tomen en la mesa de diálogo con las comunidades nativas serán vinculantes); el Parlamento aprobó por unanimidad la formación de una comisión multipartidaria encargada de investigar los hechos de Bagua por un plazo de 120 días. La triple alianza conformada el Apra, Unidad Nacional y el Fujimorismo tendrá mayoría pues contará con tres congresistas designados de un total de cinco. Eso le confiere el manejo de las investigaciones y la redacción del informe final.
[1] El decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan los habitantes de la selva a sus terrenos. La norma es cuestionada porque faculta al gobierno central a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales.
[2] El decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es criticado por los especialistas al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades. Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones.
[3] Hay que mencionar que el mandatario altiplánico envió un comunicado en el que llamaba a la ‘revolución’ durante la IV Cumbre de Pueblos Indígenas realizada en Puno.
[4] Además de la derogación de los decretos legislativos, que es apenas una parte y la más superficial en el asunto de las comunidades nativas, se discutirán problemas de fondo de estas poblaciones como la falta de salud, educación en su idioma, carreteras y, en general, mejores condiciones de vida.
[5] Su eliminación en realidad fue una iniciativa del primer ministro para recuperar la confianza de sus contrapartes nativas.
[6] Durante las primeras tratativas con Yehude Simon, Pizango fue el único representante de las comunidades originarias.
[7] Además de Pizango, otros cinco representantes de la entidad tienen orden de captura.
