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miércoles, 1 de julio de 2009

Analizando el golpe de Estado en Honduras



Analizando el golpe de Estado en Honduras



Las razones que esgrimen las autoridades hondureñas para justificar la ruptura democrática son muy débiles. Ningún argumento nos parece jurídicamente sustentable porque riñe contra normas y principios fundamentales del derecho.
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Por César Reyna


En el presente artículo desvirtuaremos los “razonamientos” ofrecidos por los golpistas en aras de esclarecer la verdad.


I) El primer punto que quisiera tocar es la supuesta reelección del derrocado presidente Manuel Zelaya, a quien se acusó de promover una ilegal consulta popular para modificar la Constitución de 1982. Este asunto no reviste mayor complejidad porque era fáctica y jurídicamente imposible la búsqueda de un segundo mandato.

II) Uno de los factores que impedía su reelección inmediata era el tiempo. El tiempo constituye un elemento crucial ya que de haber sido realizada la consulta tomaría por lo menos un año definir la nueva Constitución, es decir, varios meses después de que Zelaya haya abandonado la presidencia. Es preciso recordar que el mandato de Zelaya expiraba en enero próximo (en siete meses) y que la conformación de la Asamblea Constituyente sería en noviembre. Todo esto dependía de los hondureños, naturalmente, pues si la mayoría se inclinaba por reformar la Constitución Política, el proceso constitucional hubiera culminado con otro presidente.


III) Otro factor a tener en cuenta, en caso de que a Zelaya le hubiera alcanzado el tiempo para rubricar la nueva Constitución, es que sus candidatos debían dominar la Asamblea para introducir la figura de la reelección presidencial. Sin mayoría calificada el gobernante defenestrado no hubiera podido postular nuevamente al cargo.

IV) Además de ganar los comicios por amplia mayoría para instaurar la Asamblea Constituyente, Zelaya y sus partidarios debían superar un último escollo: el referéndum. Mediante una nueva convocatoria el pueblo debía decidir si aprobaba -o no- el hipotético texto consensuado por las fuerzas políticas.

V) Como vemos, no hubiera sido tan sencillo cambiar la Carta Magna para incluir un artículo que autorizara la reelección. Zelaya no representaba una amenaza para la democracia hondureña pues a la Asamblea le hubiera tomado más de dos meses en redactar la nueva Ley Fundamental, que era lo que le faltaba a Zelaya para concluir su período contando desde noviembre, mes en que debía instalarse la Asamblea. En tan poco tiempo no hubiera sido posible que los delegados concluyeran los debates en torno a asuntos tan sensibles como la reelección presidencial, mecanismos de participación ciudadana, la reforma del Estado, etc.

VI) Honduras debe ser una nación sui generis en la región pues en la mayoría de Estados latinoamericanos el presidente puede convocar un plebiscito. La consulta popular es el mecanismo más democrático que existe pues permite que los gobernados puedan enmendarle la plana a los gobernantes. Esto es, oponerse a sus iniciativas si las consideran injustas o desproporcionadas. En el caso hondureño el referéndum no ha sido debidamente institucionalizado porque la clase social dominante se opone a cualquier cambio fundamental. Sin esa prerrogativa, legislativamente hablando, un gran sector de la sociedad hondureña es rehén de una minoría que rechaza la modernidad (la modernidad entendida como mayor empoderamiento de la población).

VII) Los legisladores, jueces, fiscales y militares que usurpan el poder han dicho que el golpe fue pacífico. Esto es falso pues un contingente militar secuestró al presidente Zelaya en la madrugada y lo embarcó en un avión a Costa Rica. Además se han desatado protestas en varios puntos del país caribeño y se ha decretado un toque de queda 48 horas. Sin dejar de lado los cortes de suministro eléctrico, la injerencia en medios de comunicación y la persecución de funcionarios del extinto régimen democrático.

VIII) El Congreso que nombró presidente interino a Roberto Micheletti presentó un documento apócrifo en el que constaba la “renuncia” expresa de Zelaya. En base a la falsificación del testimonio y firma del líder hondureño se ha pretendido legitimar la sucesión de Micheletti. A Honduras no la rige un gobierno democrático sino una mafia que se ha enquistado en el poder.

IX) A pesar de que Zelaya debía ser puesto a disposición de la “justicia”, los captores del primer mandatario lo desterraron contraviniendo un requerimiento judicial. La orden de arresto contra Zelaya había sido emitida antes de su ilegal expatriación. Quienes resulten responsables han cometido un delito al margen de si lo hicieron "para evitar la polarización del país".

X) En “ausencia” del “renunciante” Manuel Zelaya, Roberto Micheletti asumió la presidencia de manera provisional. Para juramentarlo como nuevo presidente constitucional, el Parlamento “dio por sentado” que Zelaya había presentado su “renuncia” antes de ser enviado al exterior. La ausencia de Zelaya se debió, como todos sabemos, a causas ajenas a su voluntad pues se le detuvo sin respetar su alta investidura y el debido proceso.



viernes, 19 de junio de 2009

La bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Crisis política en Perú: la bipolaridad del Gobierno y la derogación de los decretos legislativos

Por César Reyna


En pocas semanas el Ejecutivo ha oscilado entre dos extremos: la intolerancia y la conciliación. Esto se debe, indudablemente, a la inestable personalidad del presidente Alan García, quien no conoce de centros o puntos medios sino de absolutos e inflexibilidades. Eso lo sabemos bien los peruanos que lo sufrimos en su gestión anterior pues fuimos testigos de sus arrebatos y necedades. Algunos sostenían que en algún momento debían aflorar los sentimientos encontrados de García, sobre todo después de la fallida de incursión en Panamericana Televisión. Pero hacía falta una crisis interna para derribar los autocontroles que se había impuesto. Gente de su círculo dice que no duerme mucho y toma sedantes para conciliar el sueño. Sean ciertos o no esos rumores, lo concreto es que estamos a merced de un mandatario que reacciona vehementemente cuando le mencionan la palabra ‘crisis’.

El conflicto en la Amazonía lo pinta de cuerpo entero a él y a algunos miembros de su Gabinete como la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien se dejó avasallar por García para imponer el orden en la selva. La presunta ‘guapeada’ del presidente la convirtió en una criatura irascible cada vez que los periodistas le preguntaban por qué salió mal el operativo de Bagua.

El problema en la selva sólo se ha contenido porque los dirigentes nativos dicen que han pactado una tregua. La paz con ellos depende de los resultados de la Mesa de Diálogo y el cabal cumplimiento de los acuerdos que se logren en dicha instancia. El Gobierno ha dicho que acatara los consensos logrados por las partes para poner paños fríos a la situación. Esto puede verse como una delegación de facultades del Ejecutivo pues compartirá la potestad de dirigir la política interna. Ahora ya no la ejerce de manera exclusiva sino a través de sus delegados, encabezados por el primer ministro Yehude Simon. La cesión de poder no es negativa para el país porque está ajustada a la ley, es decir, al Convenio N° 169 de la OIT. Aunque claro, dicho instrumento dice que las autoridades deben consultar con las comunidades -cuando den leyes o resoluciones administrativas que afecten su modo de vida- y no que las prGopuestas de éstas sean vinculantes para el Estado. Lo obligatorio para el Perú es la consulta previa, pero no las peticiones que provengan de los pueblos indígenas. El Gobierno, de todos modos, ha ido más allá del propio Convenio al reconocerle competencias no establecidas a los nativos.

Esto nos coloca en un nuevo escenario de la vida republicana, y muchos no parecen haber reparado en ello, ya que por primera vez el Gobierno central dialogara en pie de igualdad con el sector más olvidado de la población. El cambio de actitud nos parece positivo porque fomentará la participación democrática de grupos tradicionalmente marginados. Si el clima de discusión y distensión prospera, es posible que en las próximas elecciones los nativos cuenten con representantes en el Parlamento y otras instituciones como los gobiernos regionales y municipales. Así habría una verdadera redistribución del poder y una mejor forma de canalizar las demandas populares. El Congreso, tan vapuleado en los últimos tiempos, ganaría algo de legitimidad pues les asignaría un determinado número de asientos en el hemiciclo.

Esta incipiente democratización no ha nacido de las urnas ni del proceso de regionalización, sino del conflicto entre las provincias del interior y el poderoso centralismo limeño. Los lamentables incidentes de Bagua han propiciado un acercamiento que al inicio fue involuntario por parte del Gobierno. El premier Simon estaba maniatado porque García no lo dejaba negociar libremente con los líderes de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). No fueron las horrendas muertes de policías y nativos las que provocaron el viraje del presidente, sino la inusitada repercusión internacional de la protesta. García jamás calculó que los sucesos trascendieran tanto. Por eso esperó unos días para analizar la reacción de la prensa y algunos organismos internacionales para tomar una decisión al respecto. Él confiaba ciegamente que la matanza de los agentes del orden le restaría legitimidad a la causa indígena pero no fue así. En lugar de disminuir o disiparse; crecieron las muestras de solidaridad y apoyo al movimiento amazónico. En vano fue decretar el toque de queda pues los indígenas no depondrían sus acciones de lucha. Estaban dispuestos a todo, inclusive a morir, hasta que el Gobierno cediera.

La tensión en la selva no podía continuar porque sólo debilitaba a la clase política (y a los pobladores de las ciudades incomunicadas lógicamente, pero eso no le interesaba mucho al Gobierno). Si la crispación se prolongaba demasiado las agencias calificadoras de riesgo y bancos multinacionales rebajarían la calificación del Perú (incrementarían el riesgo país). El bloqueo indeterminado de carreteras y vías fluviales, y el abandono del personal que trabaja en estaciones gasíferas y petroleras hubiera perjudicado la “buena” imagen del país.

Si algo preocupa verdaderamente a García es la percepción de los principales agentes económicos pues gobierna esencialmente para ellos. Más le interesa la aprobación de éstos que los índices de popularidad porque siempre ninguneo al pueblo. Para García Pérez el pueblo no es más que la masa que debe moldear porque no sabe dirigirse. La gente de a pie, según él, no sabe lo que quiere ni lo que le conviene. Son “desconcertadas gentes”, en palabras de Don Nicolás de Piérola. Él solo dialoga directamente con los grandes inversionistas, pero no porque estén a su altura, sino porque los necesita para viabilizar su proyecto político, expresado en los artículos del perro del hortelano. Como el Estado ya no puede hacer empresa ni dar empleo debe pactar nuevamente con los empresarios, –como lo hizo a mediados de los 80-, para dinamizar la economía.

Bajo la inmensa presión de los últimos días García debió retroceder. No había dado un paso semejante desde la frustrada estatización de la banca. Era peligroso mantener vigentes los decretos 1090 y 1064 porque nos hubiera llevado al borde de la ruptura social. Ese escenario parecía inevitable hasta hace un par de semanas pero el Ejecutivo entendió que no podíamos continuar así. La incertidumbre ha derribado administraciones en todos lados, y la suya no iba a ser la excepción. García estaba acorralado y no le quedó otra alternativa avalar la postura concertadora de Yehude Simon; fue lo más sensato dadas las circunstancias actuales. La represión no iba a funcionar en este caso, y menos cuando el Gobierno podía ser acusado de genocidio y otros delitos de lesa humanidad.

Durante el debate de la derogatoria de los decretos casi todas las fuerzas políticas se echaron para atrás menos la derecha cavernaria encarnada por Unidad Nacional, la agrupación que lidera Lourdes Flores. Por lo general la derecha no es buena consejera en tiempos difíciles porque apela a recuperar el orden a como de lugar. Sacar al Ejército a las calles es muy fácil, pero, ¿de ahí quién se hace responsable por las bajas civiles que ocasiona? ¿Estarían dispuestos a asumir la instalación de una nueva Comisión de la Verdad, o ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad ahora que la Corte Suprema valida la teoría del autor del dominio del hecho
[1]? Creemos que no.

Para terminar, Yehude Simon será interpelado
[2] la próxima semana al igual que la ministra Cabanillas. Es probable que abandone la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) antes del mensaje presidencial de 28 de julio. La bancada aprista, obligada a retractarse (defendía la validez de los decretos, postura que crispó los ánimos de la población amazónica), no evitó la presentación del jefe del Gabinete en el Congreso. Como Simon no es aprista -si no un colaborador ajeno al partido-, no tenían por qué respaldar su posición de derogar los decretos para enviar una señal de buena fe a los nativos. Los oficialistas nunca aceptaron su liderazgo ya que cuando acudió al Parlamento a presentar el plan de pacificación y desarrollo del VRAE[3] abandonaron abruptamente sus curules. Simon tuvo que enfrentar en solitario los embates de la oposición porque osó atender las demandas de los dirigentes amazónicos. Eso le valió el repudio de los congresistas del Apra, quienes creían que Simon había abierto una ventana para la derogatoria de un conjunto de decretos aprobados para implementar el TLC con Estados Unidos. Los apristas presentían que estaban por perder algo que no les sería muy fácil devolver. Quizá era algo del mismo color de la Amazonía que pretendían vender.


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[1] Esta teoría, desarrollada por la doctrina alemana, sirvió para condenar en primera instancia a Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por dos secuestros agravados.

[2] Tendrá que responder por la sangrienta intervención en la ciudad de Bagua (Amazonas), por la toma de Panamericana Televisión y por la parcialización de TV Perú, la televisora estatal que da cabida a personalidades afines al Gobierno.

[3] Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde todavía resiste una columna de Sendero Luminoso asociada a los carteles del narcotráfico.



lunes, 19 de noviembre de 2007

Aldo me divierte


Siempre he pensado que Aldo (Suez) M. es de derecha porque en la universidad en la que estudiaba los apellidos oligárquicos y de prosapia política eran de izquierda. ¿Por qué no podía haber un Mariátegui reaccionario, ultramontano y arribista?

De hecho los Miró Quesada, García Miró, Agois, le han retribuido ese papel de depredador de su propio apellido con ubicaciones que van un poco distantes no sólo de sus capacidades periodísticas, sino de su dedicación al trabajo.

He apuntado que cada mes se toma unas vacaciones de alrededor de una semana y a veces más y agarra cuanto "viaje de negocios" le puedan pagar las empresas cuyos intereses defiende en su columna y en las páginas del periódico, como es el caso de la Suez, interesada en las inversiones del gas y la conexión hacia Chile.

También es famoso por llegar tarde e irse temprano, según cuentan los trabajadores, lo que se tradujo en que "Correo", más o menos como Magaly y Alan García no se dio cuenta de la gravedad del terremoto del 15 de agosto.

Después de todo, para Alditus, los problemas peruanos son los mismos todos los días: electarados que hay que vacunar contra la tentación populista, maestros brutos que hay que echar a la calle, campesinos burros que hay que bajar de la sierra a que hagan agroindustria, comunidades retrógradas que no quieren vender sus tierras a las minas, etc. Por eso cuando quiere discutir con Hildebrandt se busca una bronca vieja con Caretas o transcribe el libro de Ampuero, pensando que ridiculizando al adversario se ahorra los temas de fondo donde no puede dar ningún debate.

A mí hace tiempo que me responde sobre temas como los de Humala, García, inversiones extranjeras, lobby del gas, terrenos del aeropuerto, etc., afirmando que soy "mal administrador" , porque "quebré el diario El Observador", que es lo que le contaron algunos "viejos periodistas" que formaban parte de ese diario, pero nunca entendieron como era que podía seguir saliendo, después de la fuga de León Rupp (que fue el que lo quebró) y sin aportes nuevos de capital.

Pero mejor es esa fantasía infantil de que yo quería ser columnista de su periódico y que por eso lo odio, lo odio, lo odio. Ahora la ha enriquecido con el tema de que fui al toque a aprovechar el espacio dejado por Javier Diez Canseco y a quitárselo al buen Rolando Breña. Pero yo nunca he ido a ese periódico, salvo la vez en que Aldo (Suez) M. me invitó muy campante a una mesa redonda sobre la privatización del agua, que por cierto nunca publicó. Y nunca pedí columna.

Fue más bien al revés: a inicios de agosto de 2005, cuando manteníamos un diálogo por mail, M. me preguntó ¿por qué no fundas un periódico rojo o escribes en "La República"?, a lo que contesté explicando el tipo de relación que mantenía con ese diario y anotando que sin embargo no me quejaba de estar reducido a circular mis opiniones por Internet Y agregaba:

"Estos son comentarios en una conversación personal. Claro que si tengo la oportunidad de sacar un periódico rojo, te doy una columna".

En respuesta Alditus decía:

"Pensé en ti como plan b cuando a JDC le dio la rabieta (le encanta atacar a tuttidimundi con lo que sea pero grita como una niña cuando lo tocan. Barrantes tenía mucha razón en algunas cosas que me comentó sobre él, en Madrid) y se largó, pero Breña me aceptó sorpresivamente al toque a pesar de todo lo que le doy a los "perros".

"A ver si se me abre un sitio. Hubiera sido gracioso ponerte al lado de La Ortiga. ¡Que par serían!"

Esto está por escrito y espero que aclare esta tentativa tonta de decir que me despidió sin contratarme y de insinuar una deslealtad hacia personas amigas, que nunca tuve.

Finalmente, el actual director de "Correo" y lobbista de diversas causas, remueve el tema del juicio que su antiguo patrón Luis García Miró, me lanzó con toda su maquinaria legal (la misma que secunda a Pancho Tudela, la que apoyó a Bryce y otras causas nobles) y todo su dinero, porque decía que lo había difamado por advertir los lazos entre la campaña por la privatización del aeropuerto de Pisco de "Expreso" y la empresa Swiss Port que consiguió la licitación, de propiedad de la familia. Nunca me he retractado de esto. Y la carta de arreglo privado en relación al juicio, sólo mencionaba que yo no había acusado a García Miró de algún delito específico, porque no era ese el sentido de mis indagaciones y era el pretexto del viejo anticomunista para victimizarse. ¿Qué hay de malo o de servil, en decir ello?

Recomiendo leer "El último oligarca" (que no es Aldo M.) que efectivamente aclara esa historia y muestra la catadura del director y dueño de ese diario, que sigue los mismos principios y métodos que su ex empleado, pero con humor agrio. Sólo diré que jamás me incliné a nadie, ni dije ladrón al actual presidente antes de empezar a asesorarlo, ni acepté beneficios de las personas o empresas que se mencionan en mis columnas o investigaciones, ni me arreglé con el dueño para cobrar mi sueldo cuando los demás estaban impagos, y podría seguir.

Que Aldo amanezca con diarrea de "chiquitas" y quiera mellarme, me tiene sin cuidado. Más bien me divierte.

16.11.07

www.rwiener.blogspot.com
Enviado por: "Raúl Wiener" raulwiener@yahoo.com.ar