El club de los presidentes autoritarios: crítica a Andrés Oppenheimer

Crítica a Andrés Oppenheimer

El galardonado periodista del Miami Herald publicó un reciente artículo sobre la democracia en América Latina. En él resumió los pasos que han seguido un puñado de mandatarios latinoamericanos para “perpetuarse en el poder”
----------------------------------------------------------------

Por César Reyna


Andrés Oppenheimer considera que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y el defenestrado Manuel Zelaya siguen –o seguían– un guión cuyo propósito es “desmantelar” el modelo democrático.

La primera medida o “acto” que realizan antes de convertirse en jefes de Estado es presentarse como un outsider o “líder antisistémico” que ofrece cambios radicales y luchar contra la corrupción. Para ganar notoriedad suelen encabezar protestas multitudinarias, como en el caso de Evo Morales, o intentan derrocar al gobernante de turno como Hugo Chávez. Pero ésas no han sido las únicas estrategias de exposición mediática de los ‘antisistema’ pues Ollanta Humala, el candidato nacionalista peruano, se sublevó en el sur cuando era comandante del Ejército. Su desobediencia fue pacífica pues desconoció la autoridad del corrupto Alberto Fujimori marchando con un batallón de conscriptos por la serranía; para luego entregarse a la Justicia Militar sin disparar un solo tiro.

El segundo acto, según Oppenheimer, consiste en reformar la Constitución “tras ganar la elección presidencial”. Esto con el propósito de introducir “una cláusula que permita la reelección”. Oppenheimer olvida que los cambios no los hacen Chávez, Evo Morales ni Rafael Correa por su cuenta pues necesitan el consentimiento popular. En todos esos casos es el pueblo el que decide si aprueba -o no- las modificaciones constitucionales.

Si esos presidentes buscan la reelección inmediata es porque en pocos años de gobierno no podrían realizar todos los cambios que pretenden. Un período no basta para combatir la pobreza, desterrar la corrupción y reducir la desigualdad. La mayoría de mandatarios socialistas entiende que las políticas sociales necesitan continuidad para generar resultados; de lo contrario sus efectos positivos se diluyen o pierden en el tiempo. La temida perpetuación o, mejor dicho, continuidad, es sólo un aspecto del complejo proceso de transformación política que se desarrolla en varias naciones latinoamericanas. Además, esta extensión o prolongación del mandato no sería posible si la ciudadanía venezolana, boliviana y ecuatoriana no avalara la permanencia de sus respectivos gobernantes. En todo ello el pueblo juega un papel crucial pues determina la persistencia o cancelación del modelo. Ni Chávez, Morales o Correa son dictadores pues se someten regularmente al escrutinio popular, es decir, permiten elecciones libres, las que son rigurosamente supervisadas por organismos internacionales como la OEA.

En Venezuela y Ecuador, por si fuera poco, existe el referéndum revocatorio. Esta novedosa figura permite que la población pueda destituir al presidente cuando lo desee. El ejercicio de dicha potestad adelanta el calendario electoral pues el dignatario revocado ya no puede seguir en el cargo hasta culminar su período. Hugo Chávez ya pasó por ese examen cuando la oposición convocó la consulta hace un par de años, de la cual salió victorioso. En las constituciones liberales de la región, sin embargo, el referéndum no ha sido incorporado, por lo que muchos ciudadanos sudamericanos tendrían, en comparación con los venezolanos y ecuatorianos, menores facultades y derechos. En la mayoría de países la revocación sólo procede para vacar autoridades municipales y regionales, pero no al presidente de la República o congresistas. Si por la vía del sufragio popular muchos llegan al poder, sería lógico que por esa vía también puedan ser expulsados.

Ahora bien, si la reelección es mal vista en muchos países de habla hispana se debe a que gobiernos de derecha como el de Alberto Fujimori abusaron sistemáticamente del poder. Cuando éste renunció cobardemente por fax desde Malasia se prohibió la postulación del presidente en funciones. Alan García, defensor del modelo neoliberal en el Perú, también ha coqueteado con la reelección[1] cuando la economía marchaba bien y no habían disturbios sociales. Lo mismo parecer ocurrir con Álvaro Uribe en Colombia pues apunta a un tercer mandato amparado en la popularidad que le dio la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes que estaban en manos de las FARC.

En el tercer acto Oppenheimer menciona que, una vez “aprobada la Constitución”, los presidentes socialistas “adelantan las elecciones” (para consolidar los cambios, suponemos). Esto, en principio, no tiene nada malo pues el nuevo orden necesita ser ratificado por el voto popular. Además adelantar la fecha de los comicios le ofrece una nueva oportunidad a la oposición para derrotar al oficialismo de turno. No vemos nada de pernicioso o malévolo en ese paso, y menos si lo autoriza la nueva Carta Magna. Oppenheimer debería recordar que el primer mandatario que plasmó lo que advierte en Chávez y compañía fue el reo Alberto Fujimori, un neoliberal. Muchos recordaran que el ex presidente peruano convocó elecciones para conformar el Congreso Constituyente después de dar un golpe atípico (cerró el Parlamento y controló el Poder Judicial el 5 de abril de 1992). Cuando Chávez rediseñó la Ley Fundamental se sometió a un proceso electoral; pero no así Fujimori, quien sólo permitió elecciones congresales un año después de gobernar de facto.

En el cuarto acto, Oppenheimer dice: “Una vez reelecto, (la consigna es) acusar a Estados Unidos, la Iglesia y la oligarquía de intentar un magnicidio, y usar ese pretexto para encarcelar a los líderes de oposición y cerrar medios de comunicación críticos, preparando el terreno para gobernar con una oposición simbólica y asumir poderes absolutos”. Esta afirmación se cae por su propio peso pues Estados Unidos tiene un amplio historial de intervenciones en la región. Basta recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973; el caso Irán-Contra en Nicaragua, donde la Administración de Ronald Reagan tuvo tratos con carteles del narcotráfico; la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, operación orquestada por la CIA; los sucesivos intentos de asesinato contra Fidel Castro, por citar algunos. En el caso venezolano, Oppenheimer olvida que la oligarquía caraqueña ejecutó un fallido golpe de Estado en 2002. La clase dominante lo planeó con ayuda de algunos jefes militares y las televisoras Globovisión y RCTV (clausurada en 2007). Si Chávez hubiera querido apresar a las cabezas golpistas no hubiera permitido que dos importantes empresarios involucrados abandonen el país. Las citadas emisoras, por su parte, estuvieron detrás del complot porque hicieron llamados (a su audiencia) a respaldar el golpe, pero Chávez no tomó represalias inmediatas contra ellas. Nada hubiera impedido que las autoridades les quitaran las licencias por atentar contra la democracia; sin embargo Chávez las mantuvo en el aire. Los medios en Venezuela no sólo son “críticos” como lo quiere hacer ver Oppenheimer pues desde sus frecuencias han promovido delitos.

En cuanto al papel simbólico de la oposición en Venezuela, por mencionar el caso más conocido, no es culpa de Chávez que no tenga más participación porque sus dirigentes eligieron no presentarse a las elecciones para la Asamblea Nacional con el fin de sabotear el proceso. Si Chávez ha incrementado su poder se debe a la irresponsabilidad de dejarlo competir solo, de ahí que haya implementado una serie de cambios que intranquiliza a sus rivales (como restarles atribuciones a los alcaldes opositores creando gobernadores por encima de ellos).

Si la derecha tradicional no ha podido imponerse hasta ahora es porque no representa una alternativa a Chávez, Morales y Correa. En el pasado tuvieron su oportunidad y gobernaron bastante mal, la mayoría de veces contra el interés general. En estos momentos está demasiado desacreditada como para aspirar seriamente al poder. Su legado de ineficiencia, desigualdad y corrupción lastra severamente sus ambiciones políticas.

------------------------------------------------

[1] Lo sugirió Mauricio Mulder, secretario general del Apra.

Analizando el golpe de Estado en Honduras

Analizando el golpe de Estado en Honduras

Las razones que esgrimen las autoridades hondureñas para justificar la ruptura democrática son muy débiles. Ningún argumento nos parece jurídicamente sustentable porque riñe contra normas y principios fundamentales del derecho.
--------------------------------------------------------------

Por César Reyna


En el presente artículo desvirtuaremos los “razonamientos” ofrecidos por los golpistas en aras de esclarecer la verdad.

I) El primer punto que quisiera tocar es la supuesta reelección del derrocado presidente Manuel Zelaya, a quien se acusó de promover una ilegal consulta popular para modificar la Constitución de 1982. Este asunto no reviste mayor complejidad porque era fáctica y jurídicamente imposible la búsqueda de un segundo mandato.

II) Uno de los factores que impedía su reelección inmediata era el tiempo. El tiempo constituye un elemento crucial ya que de haber sido realizada la consulta tomaría por lo menos un año definir la nueva Constitución, es decir, varios meses después de que Zelaya haya abandonado la presidencia. Es preciso recordar que el mandato de Zelaya expiraba en enero próximo (en siete meses) y que la conformación de la Asamblea Constituyente sería en noviembre. Todo esto dependía de los hondureños, naturalmente, pues si la mayoría se inclinaba por reformar la Constitución Política, el proceso constitucional hubiera culminado con otro presidente.

III) Otro factor a tener en cuenta, en caso de que a Zelaya le hubiera alcanzado el tiempo para rubricar la nueva Constitución, es que sus candidatos debían dominar la Asamblea para introducir la figura de la reelección presidencial. Sin mayoría calificada el gobernante defenestrado no hubiera podido postular nuevamente al cargo.

IV) Además de ganar los comicios por amplia mayoría para instaurar la Asamblea Constituyente, Zelaya y sus partidarios debían superar un último escollo: el referéndum. Mediante una nueva convocatoria el pueblo debía decidir si aprobaba -o no- el hipotético texto consensuado por las fuerzas políticas.

V) Como vemos, no hubiera sido tan sencillo cambiar la Carta Magna para incluir un artículo que autorizara la reelección. Zelaya no representaba una amenaza para la democracia hondureña pues a la Asamblea le hubiera tomado más de dos meses en redactar la nueva Ley Fundamental, que era lo que le faltaba a Zelaya para concluir su período contando desde noviembre, mes en que debía instalarse la Asamblea. En tan poco tiempo no hubiera sido posible que los delegados concluyeran los debates en torno a asuntos tan sensibles como la reelección presidencial, mecanismos de participación ciudadana, la reforma del Estado, etc.

VI) Honduras debe ser una nación sui generis en la región pues en la mayoría de Estados latinoamericanos el presidente puede convocar un plebiscito. La consulta popular es el mecanismo más democrático que existe pues permite que los gobernados puedan enmendarle la plana a los gobernantes. Esto es, oponerse a sus iniciativas si las consideran injustas o desproporcionadas. En el caso hondureño el referéndum no ha sido debidamente institucionalizado porque la clase social dominante se opone a cualquier cambio fundamental. Sin esa prerrogativa, legislativamente hablando, un gran sector de la sociedad hondureña es rehén de una minoría que rechaza la modernidad (la modernidad entendida como mayor empoderamiento de la población).

VII) Los legisladores, jueces, fiscales y militares que usurpan el poder han dicho que el golpe fue pacífico. Esto es falso pues un contingente militar secuestró al presidente Zelaya en la madrugada y lo embarcó en un avión a Costa Rica. Además se han desatado protestas en varios puntos del país caribeño y se ha decretado un toque de queda 48 horas. Sin dejar de lado los cortes de suministro eléctrico, la injerencia en medios de comunicación y la persecución de funcionarios del extinto régimen democrático.

VIII) El Congreso que nombró presidente interino a Roberto Micheletti presentó un documento apócrifo en el que constaba la “renuncia” expresa de Zelaya. En base a la falsificación del testimonio y firma del líder hondureño se ha pretendido legitimar la sucesión de Micheletti. A Honduras no la rige un gobierno democrático sino una mafia que se ha enquistado en el poder.

IX) A pesar de que Zelaya debía ser puesto a disposición de la “justicia”, los captores del primer mandatario lo desterraron contraviniendo un requerimiento judicial. La orden de arresto contra Zelaya había sido emitida antes de su ilegal expatriación. Quienes resulten responsables han cometido un delito al margen de si lo hicieron "para evitar la polarización del país".

X) En “ausencia” del “renunciante” Manuel Zelaya, Roberto Micheletti asumió la presidencia de manera provisional. Para juramentarlo como nuevo presidente constitucional, el Parlamento “dio por sentado” que Zelaya había presentado su “renuncia” antes de ser enviado al exterior. La ausencia de Zelaya se debió, como todos sabemos, a causas ajenas a su voluntad pues se le detuvo sin respetar su alta investidura y el debido proceso.

Golpe de Estado en Honduras

Golpe de Estado en Honduras

Por César Reyna


En su columna de ayer sábado, Aldo Mariátegui, director del conservador diario 'Correo', dijo que “mal se haría en prestar oídos a la versión chavista de que se está dando un golpe de Estado (en Honduras)”. Aldo Mariátegui, nieto del gran pensador de la izquierda continental José Carlos Mariátegui, utiliza ese medio para difundir pronósticos y argumentos errados, y para expresar comentarios racistas en contra congresistas y diplomáticos que no comparten sus ideas (a una parlamentaria quechuahablante la llamó anafalbeta por no saber escribir en castellano y dijo que el embajador nicaragüense en Lima tenía rasgos anfibios). No hace mucho recomendó al Gobierno lanzar napalm sobre la Amazonía para acabar con un par de columnas narcoterroristas que se ocultan en la zona del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene), y sobre miles de nativos que tomaban vías, puentes y estaciones de petróleo en la selva. Pedía un crimen ecológico y un genocidio para recuperar la tranquilidad en esa convulsionada región. Poca cosa para él.

Nombró a Aldo Mariátegui porque encarna la descabellada visión de la extrema derecha de aquí y otras latitudes. Así como Mariátegui invoca poner orden por medio a métodos poco “convencionales” cuando surgen graves disturbios en el país (en su mayoría el Estado peruano los ha originado por su incapacidad y desinterés), la derecha hondureña ha reaccionado de la misma forma quebrando el marco constitucional.

Las condenas escuchadas hasta el momento sobre la penosa situación en Honduras son unánimes. Los pronunciamientos en ese sentido provienen de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU, etc. Ningún miembro de la comunidad internacional respalda a los golpistas que pretenden validar el nuevo status quo alegando que el presidente Manuel Zelaya violó reiteradamente las leyes y trató de imponer un referéndum este domingo. Su sorpresiva destitución no se ajusta a ningún parámetro democrático aceptable porque la fuerza no es un medio reconocido por la Constitución hondureña para deponer a la máxima autoridad del país. Para removerlo se necesitaba implementar un proceso justo y transparente, es decir, una acusación constitucional en la que se precisen los cargos y el presidente cuestionado cuente con suficientes garantías para realizar sus descargos (ejercer su derecho a la defensa). Esto no ocurrió en el caso de la nación caribeña pues los grupos de poder económico y la oposición servil orquestaron un atentado contra la democracia.

Lo que causó la caída de Zelaya fue haberse vinculado con Hugo Chávez y con el resto de países socialistas de la región (con los que integran el ALBA), relación que criticaba la derecha. Pero su gran error fue proponer una cuarta pregunta -en la consulta debía realizarse este domingo- para que el electorado decidiera si estaba de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución. El propósito de la pregunta era introducir la reelección presidencial porque la normativa vigente no la permitía.

En su artículo Mariátegui acusaba a Zelaya de “querer perpetuarse en el poder” mediante la reforma constitucional, un procedimiento democrático por excelencia pues depende del pueblo el rechazo o la aceptación de su iniciativa. El periodista peruano dijo que la popularidad de Zelaya rondaba el 10%. Si era así, ¿por qué temer entonces a la consulta popular? Con ese magro porcentaje no había necesidad de destruir la democracia ni ganarse el repudio de la comunidad internacional.

Zelaya se encuentra actualmente en Costa Rica, donde el presidente Óscar Arias le ha expresado su solidaridad tras ser expulsado de territorio hondureño. El Tribunal Supremo de Honduras había dispuesto su captura, pero los militares encapuchados que lo secuestraron ignoraron la orden judicial y lo enviaron directamente a San José.

Hoy por la tarde, durante la sesión extraordinaria que fue televisada desde el Parlamento hondureño se escucharon cosas realmente inconcebibles de parte de los diputados golpistas, quienes eligieron a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, como mandatario provisional hasta las próximas elecciones generales que se celebrarán en noviembre de este año. Entre los disparates que dijeron alcance a oír algunos que reproduzco a continuación: “Aquí no hubo golpe de Estado sino el funcionamiento del Estado de Derecho”; “Nadie puede estar por encima de la ley… del derecho… de la Constitución”; “Honduras va consolidando su democracia”. Estas frases se decían entre aplausos y vítores de los exaltados legisladores. Los diputados congregados se expresaron con desbordante entusiasmo como si hubieran hecho algo positivo y se alucinaban próceres de su agitada República.

Muchas cosas irregulares sucedieron este domingo como el arresto de embajadores y personal diplomático de las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de la detención de varios ministros del Gabinete del defenestrado Zelaya. El corte del suministro eléctrico y la supresión de la información fueron dos medidas propias de una dictadura o autocracia. El Tribunal Supremo, el Congreso y las Fuerzas Armadas han sido los ejecutores visibles de la ruptura orden democrático; detrás de estas seudo instituciones se ubica, por supuesto, el poder económico.

Para terminar, en lo que acertó Mariátegui es que la propuesta de Zelaya (de un cambio de modelo) no iba a llegar lejos. Pero ésta no sucumbió por la vía democrática, como mandan las formas civilizadas del siglo XXI, sino por medio de la violencia a la que está muy acostumbrada la derecha.