Golpe de Estado en Honduras: impiden regreso de Manuel Zelaya

Golpe de Estado en Honduras: Gobierno de facto impide ingreso de Manuel Zelaya

Por César Reyna

Mientras Manuel Zelaya, el derrocado presidente hondureño se dirige a Tegucigalpa desde Washington, el gobierno de facto de su país advirtió que no dejará aterrizar el avión que lo trae de regreso. Esto supone un nuevo impasse tras el golpe de Estado de hace una semana ya que sobre Zelaya pesa una orden de captura. Al defenestrado mandatario se le acusa de violar la Constitución por tratar de “imponer” una consulta para instalar una Asamblea Constituyente. En total son 18 cargos graves, entre los que destaca el delito de traición a la patria. El golpista Roberto Micheletti, quien fue nombrado por el Congreso en sustitución de Zelaya, le recordó a éste que será arrestado en cuanto ingrese a territorio nacional. “El señor Zelaya es un delincuente, con 18 cargos en su contra y una orden de búsqueda cursada por la fiscalía y enviada a la Interpol. En el momento en que ponga el pie en tierra hondureña, será detenido. Él lo sabe. Y por eso no creemos que se atreva a venir”.

En un primer momento el Gobierno se mostraba decido a detener a Zelaya con el fin de amedrentarlo, pero ante la inminencia de su retorno le prohibió el ingreso de manera indefinida. Así, las autoridades de turno se ponen nuevamente al margen de las leyes de su país ya que la Constitución hondureña, como lo recuerda José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, no permite la expatriación de ningún hondureño. Pero eso no es todo pues también han entrado en rebeldía por negarse a arrestar a Zelaya. Recordemos que al mandatario lo habían expulsado a pesar de que debía ser puesto a disposición de la “justicia”. Con el impedimento de regreso de Zelaya los golpistas van sumando infracciones constitucionales a su abominable dossier.

La Iglesia, que había permanecido en silencio desde el comienzo de la crisis, ha respaldado la posición de Micheletti con el propósito de evitar derramamientos de sangre. El cardenal Óscar Rodríguez, voceado para vestirse de blanco y sustituir a Juan Pablo II, se dirigió por televisión al presidente Manuel Zelaya para pedirle que no regresara a Honduras. “Yo sé que usted ama la vida”, dijo el prelado, “sé que usted respeta la vida, y hasta el día de hoy no ha muerto ningún hondureño. Pero su regreso al país en este momento podría desatar un baño de sangre. Por favor, medite. Porque después sería demasiado tarde”. No sorprende la postura del cardenal Rodríguez porque la Iglesia siempre ha estado del lado del ‘establishment’. Recordemos que hace cinco siglos participó en la conquista de las culturas americanas. La Iglesia ayudó a legitimar el sistema colonial español y la opresión elitista republicana tras la independencia de España.

La OEA ha suspendido a Honduras en aplicación del artículo 21 de la carta democrática de 2001 al haber constatado que se ha roto el orden democrático y no hay voluntad para restaurarlo. El régimen ilegal teme que el arribo de Zelaya genere un clima que obligue a los golpistas a entregar el poder.

En el momento que Manuel Zelaya se comunicaba con la televisora Telesur mientras sobrevolaba algún punto del Caribe; el gobierno de facto convocó una conferencia de prensa para interrumpir su mensaje y ponerle paños fríos a la situación anunciando que dialogará con la OEA. Lo que buscarían sería adelantar las elecciones de noviembre para encontrar una solución a su negativa de reponer a Zelaya. La OEA no habría aceptado esa posibilidad porque su carta no lo permite. Para incrementar la tensión y presentarse como víctima de un complot internacional, Micheletti mencionó que detectaron la movilización de tropas de la vecina Nicaragua en la frontera. El autócrata hondureño interpretó el hecho como una amenaza a su país. Nicaragua, por su parte, ha negado rotundamente la acusación de Micheletti y ha descartado que sus tropas estén planificando entrada alguna en territorio hondureño. Estados Unidos ha confirmado la versión del Gobierno del socialista Daniel Ortega.

Zelaya se embarcó en la mañana con el presidente de la Asamblea de la ONU, Miguel D’ Escoto, y otros diplomáticos de menor rango; pero no con los presidentes sudamericanos que lo respaldaron ayer en la Asamblea Extraordinaria de la OEA. Nos referimos a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el paraguayo Fernando Lugo, el ecuatoriano Rafael Correa, quienes viajan rumbo a El Salvador para seguir de cerca los acontecimientos. El secretario general de la OEA, por su parte, también acompaña a los dignatarios mencionados.

El avión que traslada a Zelaya aún no ha aterrizado en el aeropuerto Toncontín ni en otros terminales internacionales. Las autoridades aeronáuticas comunicaron hace algunas horas –por orden expresa de Roberto Micheletti- que las aeronaves que no tengan autorización deberán descender en aeropuertos de países vecinos.

Para el gobierno de facto la tensión que desataría el regreso de Zelaya ocasionaría muertes inevitables en su afán de mantener el orden. Si se produce una elevada cifra de bajas civiles Micheletti podría dimitir ante la presión de las calles y las críticas de la comunidad internacional. Cualquier muerte que se produzca será atribuida a los golpistas porque controlan las Fuerzas Armadas y porque eligieron el camino de la violencia para gobernar.

El club de los presidentes autoritarios: crítica a Andrés Oppenheimer

Crítica a Andrés Oppenheimer

El galardonado periodista del Miami Herald publicó un reciente artículo sobre la democracia en América Latina. En él resumió los pasos que han seguido un puñado de mandatarios latinoamericanos para “perpetuarse en el poder”
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Por César Reyna


Andrés Oppenheimer considera que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y el defenestrado Manuel Zelaya siguen –o seguían– un guión cuyo propósito es “desmantelar” el modelo democrático.

La primera medida o “acto” que realizan antes de convertirse en jefes de Estado es presentarse como un outsider o “líder antisistémico” que ofrece cambios radicales y luchar contra la corrupción. Para ganar notoriedad suelen encabezar protestas multitudinarias, como en el caso de Evo Morales, o intentan derrocar al gobernante de turno como Hugo Chávez. Pero ésas no han sido las únicas estrategias de exposición mediática de los ‘antisistema’ pues Ollanta Humala, el candidato nacionalista peruano, se sublevó en el sur cuando era comandante del Ejército. Su desobediencia fue pacífica pues desconoció la autoridad del corrupto Alberto Fujimori marchando con un batallón de conscriptos por la serranía; para luego entregarse a la Justicia Militar sin disparar un solo tiro.

El segundo acto, según Oppenheimer, consiste en reformar la Constitución “tras ganar la elección presidencial”. Esto con el propósito de introducir “una cláusula que permita la reelección”. Oppenheimer olvida que los cambios no los hacen Chávez, Evo Morales ni Rafael Correa por su cuenta pues necesitan el consentimiento popular. En todos esos casos es el pueblo el que decide si aprueba -o no- las modificaciones constitucionales.

Si esos presidentes buscan la reelección inmediata es porque en pocos años de gobierno no podrían realizar todos los cambios que pretenden. Un período no basta para combatir la pobreza, desterrar la corrupción y reducir la desigualdad. La mayoría de mandatarios socialistas entiende que las políticas sociales necesitan continuidad para generar resultados; de lo contrario sus efectos positivos se diluyen o pierden en el tiempo. La temida perpetuación o, mejor dicho, continuidad, es sólo un aspecto del complejo proceso de transformación política que se desarrolla en varias naciones latinoamericanas. Además, esta extensión o prolongación del mandato no sería posible si la ciudadanía venezolana, boliviana y ecuatoriana no avalara la permanencia de sus respectivos gobernantes. En todo ello el pueblo juega un papel crucial pues determina la persistencia o cancelación del modelo. Ni Chávez, Morales o Correa son dictadores pues se someten regularmente al escrutinio popular, es decir, permiten elecciones libres, las que son rigurosamente supervisadas por organismos internacionales como la OEA.

En Venezuela y Ecuador, por si fuera poco, existe el referéndum revocatorio. Esta novedosa figura permite que la población pueda destituir al presidente cuando lo desee. El ejercicio de dicha potestad adelanta el calendario electoral pues el dignatario revocado ya no puede seguir en el cargo hasta culminar su período. Hugo Chávez ya pasó por ese examen cuando la oposición convocó la consulta hace un par de años, de la cual salió victorioso. En las constituciones liberales de la región, sin embargo, el referéndum no ha sido incorporado, por lo que muchos ciudadanos sudamericanos tendrían, en comparación con los venezolanos y ecuatorianos, menores facultades y derechos. En la mayoría de países la revocación sólo procede para vacar autoridades municipales y regionales, pero no al presidente de la República o congresistas. Si por la vía del sufragio popular muchos llegan al poder, sería lógico que por esa vía también puedan ser expulsados.

Ahora bien, si la reelección es mal vista en muchos países de habla hispana se debe a que gobiernos de derecha como el de Alberto Fujimori abusaron sistemáticamente del poder. Cuando éste renunció cobardemente por fax desde Malasia se prohibió la postulación del presidente en funciones. Alan García, defensor del modelo neoliberal en el Perú, también ha coqueteado con la reelección[1] cuando la economía marchaba bien y no habían disturbios sociales. Lo mismo parecer ocurrir con Álvaro Uribe en Colombia pues apunta a un tercer mandato amparado en la popularidad que le dio la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes que estaban en manos de las FARC.

En el tercer acto Oppenheimer menciona que, una vez “aprobada la Constitución”, los presidentes socialistas “adelantan las elecciones” (para consolidar los cambios, suponemos). Esto, en principio, no tiene nada malo pues el nuevo orden necesita ser ratificado por el voto popular. Además adelantar la fecha de los comicios le ofrece una nueva oportunidad a la oposición para derrotar al oficialismo de turno. No vemos nada de pernicioso o malévolo en ese paso, y menos si lo autoriza la nueva Carta Magna. Oppenheimer debería recordar que el primer mandatario que plasmó lo que advierte en Chávez y compañía fue el reo Alberto Fujimori, un neoliberal. Muchos recordaran que el ex presidente peruano convocó elecciones para conformar el Congreso Constituyente después de dar un golpe atípico (cerró el Parlamento y controló el Poder Judicial el 5 de abril de 1992). Cuando Chávez rediseñó la Ley Fundamental se sometió a un proceso electoral; pero no así Fujimori, quien sólo permitió elecciones congresales un año después de gobernar de facto.

En el cuarto acto, Oppenheimer dice: “Una vez reelecto, (la consigna es) acusar a Estados Unidos, la Iglesia y la oligarquía de intentar un magnicidio, y usar ese pretexto para encarcelar a los líderes de oposición y cerrar medios de comunicación críticos, preparando el terreno para gobernar con una oposición simbólica y asumir poderes absolutos”. Esta afirmación se cae por su propio peso pues Estados Unidos tiene un amplio historial de intervenciones en la región. Basta recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973; el caso Irán-Contra en Nicaragua, donde la Administración de Ronald Reagan tuvo tratos con carteles del narcotráfico; la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, operación orquestada por la CIA; los sucesivos intentos de asesinato contra Fidel Castro, por citar algunos. En el caso venezolano, Oppenheimer olvida que la oligarquía caraqueña ejecutó un fallido golpe de Estado en 2002. La clase dominante lo planeó con ayuda de algunos jefes militares y las televisoras Globovisión y RCTV (clausurada en 2007). Si Chávez hubiera querido apresar a las cabezas golpistas no hubiera permitido que dos importantes empresarios involucrados abandonen el país. Las citadas emisoras, por su parte, estuvieron detrás del complot porque hicieron llamados (a su audiencia) a respaldar el golpe, pero Chávez no tomó represalias inmediatas contra ellas. Nada hubiera impedido que las autoridades les quitaran las licencias por atentar contra la democracia; sin embargo Chávez las mantuvo en el aire. Los medios en Venezuela no sólo son “críticos” como lo quiere hacer ver Oppenheimer pues desde sus frecuencias han promovido delitos.

En cuanto al papel simbólico de la oposición en Venezuela, por mencionar el caso más conocido, no es culpa de Chávez que no tenga más participación porque sus dirigentes eligieron no presentarse a las elecciones para la Asamblea Nacional con el fin de sabotear el proceso. Si Chávez ha incrementado su poder se debe a la irresponsabilidad de dejarlo competir solo, de ahí que haya implementado una serie de cambios que intranquiliza a sus rivales (como restarles atribuciones a los alcaldes opositores creando gobernadores por encima de ellos).

Si la derecha tradicional no ha podido imponerse hasta ahora es porque no representa una alternativa a Chávez, Morales y Correa. En el pasado tuvieron su oportunidad y gobernaron bastante mal, la mayoría de veces contra el interés general. En estos momentos está demasiado desacreditada como para aspirar seriamente al poder. Su legado de ineficiencia, desigualdad y corrupción lastra severamente sus ambiciones políticas.

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[1] Lo sugirió Mauricio Mulder, secretario general del Apra.