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sábado, 4 de julio de 2009

Reflexiones a raíz de la liberación de Rómulo León




Reflexiones a raíz de la liberación de Rómulo León



Si el presidente venezolano Hugo Chávez quisiera ‘tumbarse’ la democracia peruana debería dedicarse a destapar casos de corrupción que involucran al Gobierno de Alan García en lugar de promover la convulsión en el interior del país
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Por César Reyna




Nada sería más efectivo para los ‘antisistema’ –para derribar el desigual sistema neoliberal- que descubrir escándalos y contubernios que amenacen la estabilidad política del segundo. Sólo una estrategia de esas características desacreditaría al modelo pues revelaría las turbias ramificaciones de un Estado al servicio de las minorías, es decir, de las clases sociales dominantes. Una vez desenmascarados, tanto políticos como empresarios, el sistema no los procesará porque son intocables (pertenecen a las altas esferas del poder y la sociedad). Ante la magnitud del descubrimiento o serie de descubrimientos, la opinión pública reclamaría un cambio radical asqueada de la inmunidad que blinda a las cúpulas.

En Perú, los partidos tradicionales y los inversionistas privados han formando una alianza similar a la que establecieron la monarquía francesa y el alto clero antes de la Revolución Francesa (1789- 1799) para obstaculizar las demandas y aspiraciones del Tercer Estado, el pueblo. Ambas juegan juntas como si la política se tratara de un partido de tenis de dobles. Siempre han andado en las buenas y en las malas, pero desde el fujimorato (1990-2000) han estrechado sus vínculos y perfeccionado sus estrategias con el fin asegurar la ‘gobernabilidad’, que no es otra cosa que la preservación del modelo.

En el pasado carecían de una ideología y un lenguaje económico comunes que articulara su discurso; pero tras el Consenso de Washington encontraron la receta ideal para preservar sus privilegios y espolvorear un poco de crecimiento sobre la población (luego lo denominaron ‘chorreo’). El neoliberalismo funcionó durante los primeros años porque atrajo capitales que generaron trabajo, nuevos productos y mejores servicios; pero las ventajas de la apertura de diluyeron porque se flexibilizó el mercado laboral y empeoraron las condiciones de trabajo. Por si fuera poco, el modelo, tal como había sido diseñado, no podía incluir a las grandes mayorías dentro de la formalidad (la economía de mercado). Los que no podían incorporarse ya sea por su deficiente formación educativa o falta de contactos –ambas barreras son culpa del Estado pues no se preocupó por la calidad de la educación ni instituyó la meritocracia-, debieron permanecer en la informalidad. A los de ‘abajo’ se les pedía que tuvieran paciencia ya que pronto llovería parejo para todos pero eso nunca sucedió. Cuando llovió, la riqueza se quedó empozada en las capas superiores a falta de canales redistribuidores. A pesar del ‘boom’ agroexportador y la elevación del precio de commodities como los minerales, las principales actividades generadoras de ingresos para el país, la desigualdad se mantuvo según un reciente estudio de la CEPAL.

El crecimiento económico sólo ha beneficiado a los que se ubican en la cima. La inversión privada, elevada por García al nivel de principio fundamental del desarrollo, no ha sido suficiente para reducir la pobreza y las brechas entre los extremos de la pirámide social. Durante algún tiempo se trató de hacernos creer que habría beneficios pero solamente fue un espejismo. Ahora que comienza un nuevo período de vacas flacas, el Gobierno asegura que mantendremos cifras positivas este año –amañadas por el INEI, desde luego- para no desmoronar los ánimos de los inversionistas y consumidores.

El modelo que nos rige está agotado aquí y en la China, aunque en la China nunca ha operado como en otras latitudes porque el Estado realiza gran parte de la actividad económica (controla puertos, refinerías de petróleo, terminales aéreos, siderúrgicas, etc.). Convendría no sólo hacerle ajustes, que nunca se han hecho porque los gobernantes de turno dirigieron la economía en piloto automático (sin hacer absolutamente nada), sino introducir reformas que cambien la matriz energética y económica para dejar de ser un país que depende exclusivamente de la venta de productos primarios. Las transformaciones, está claro, no pueden realizarlas quienes han defendido a ultranza el status quo. Los que han impedido que nada cambie son los menos idóneos para llevarlas a cabo a pesar de sus promesas de “cambio responsable”, en referencia a Alan García, quien durante la campaña de 2001 dijo que haría reformas sin subvertir el orden en contraposición a su rival nacionalista, Ollanta Humala.

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Pd: La desigualdad ante la ley, por ejemplo, ha sido recientemente evidenciada en el caso de Rómulo León Alegría porque se trata de un personaje relacionado con importantes dirigentes del partido de gobierno. Los peces gordos nunca van a la cárcel o salen rápidamente de ella. La salud de la justicia de un país se mide, en parte, cuando los ricos también van a la cárcel.



viernes, 3 de julio de 2009

El club de los presidentes autoritarios: crítica a Andrés Oppenheimer

Crítica a Andrés Oppenheimer



El galardonado periodista del Miami Herald publicó un reciente artículo sobre la democracia en América Latina. En él resumió los pasos que han seguido un puñado de mandatarios latinoamericanos para “perpetuarse en el poder”
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Por César Reyna


Andrés Oppenheimer considera que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y el defenestrado Manuel Zelaya siguen –o seguían– un guión cuyo propósito es “desmantelar” el modelo democrático.

La primera medida o “acto” que realizan antes de convertirse en jefes de Estado es presentarse como un outsider o “líder antisistémico” que ofrece cambios radicales y luchar contra la corrupción. Para ganar notoriedad suelen encabezar protestas multitudinarias, como en el caso de Evo Morales, o intentan derrocar al gobernante de turno como Hugo Chávez. Pero ésas no han sido las únicas estrategias de exposición mediática de los ‘antisistema’ pues Ollanta Humala, el candidato nacionalista peruano, se sublevó en el sur cuando era comandante del Ejército. Su desobediencia fue pacífica pues desconoció la autoridad del corrupto Alberto Fujimori marchando con un batallón de conscriptos por la serranía; para luego entregarse a la Justicia Militar sin disparar un solo tiro.

El segundo acto, según Oppenheimer, consiste en reformar la Constitución “tras ganar la elección presidencial”. Esto con el propósito de introducir “una cláusula que permita la reelección”. Oppenheimer olvida que los cambios no los hacen Chávez, Evo Morales ni Rafael Correa por su cuenta pues necesitan el consentimiento popular. En todos esos casos es el pueblo el que decide si aprueba -o no- las modificaciones constitucionales.


Si esos presidentes buscan la reelección inmediata es porque en pocos años de gobierno no podrían realizar todos los cambios que pretenden. Un período no basta para combatir la pobreza, desterrar la corrupción y reducir la desigualdad. La mayoría de mandatarios socialistas entiende que las políticas sociales necesitan continuidad para generar resultados; de lo contrario sus efectos positivos se diluyen o pierden en el tiempo. La temida perpetuación o, mejor dicho, continuidad, es sólo un aspecto del complejo proceso de transformación política que se desarrolla en varias naciones latinoamericanas. Además, esta extensión o prolongación del mandato no sería posible si la ciudadanía venezolana, boliviana y ecuatoriana no avalara la permanencia de sus respectivos gobernantes. En todo ello el pueblo juega un papel crucial pues determina la persistencia o cancelación del modelo. Ni Chávez, Morales o Correa son dictadores pues se someten regularmente al escrutinio popular, es decir, permiten elecciones libres, las que son rigurosamente supervisadas por organismos internacionales como la OEA.

En Venezuela y Ecuador, por si fuera poco, existe el referéndum revocatorio. Esta novedosa figura permite que la población pueda destituir al presidente cuando lo desee. El ejercicio de dicha potestad adelanta el calendario electoral pues el dignatario revocado ya no puede seguir en el cargo hasta culminar su período. Hugo Chávez ya pasó por ese examen cuando la oposición convocó la consulta hace un par de años, de la cual salió victorioso. En las constituciones liberales de la región, sin embargo, el referéndum no ha sido incorporado, por lo que muchos ciudadanos sudamericanos tendrían, en comparación con los venezolanos y ecuatorianos, menores facultades y derechos. En la mayoría de países la revocación sólo procede para vacar autoridades municipales y regionales, pero no al presidente de la República o congresistas. Si por la vía del sufragio popular muchos llegan al poder, sería lógico que por esa vía también puedan ser expulsados.

Ahora bien, si la reelección es mal vista en muchos países de habla hispana se debe a que gobiernos de derecha como el de Alberto Fujimori abusaron sistemáticamente del poder. Cuando éste renunció cobardemente por fax desde Malasia se prohibió la postulación del presidente en funciones. Alan García, defensor del modelo neoliberal en el Perú, también ha coqueteado con la reelección
[1] cuando la economía marchaba bien y no habían disturbios sociales. Lo mismo parecer ocurrir con Álvaro Uribe en Colombia pues apunta a un tercer mandato amparado en la popularidad que le dio la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes que estaban en manos de las FARC.

En el tercer acto Oppenheimer menciona que, una vez “aprobada la Constitución”, los presidentes socialistas “adelantan las elecciones” (para consolidar los cambios, suponemos). Esto, en principio, no tiene nada malo pues el nuevo orden necesita ser ratificado por el voto popular. Además adelantar la fecha de los comicios le ofrece una nueva oportunidad a la oposición para derrotar al oficialismo de turno. No vemos nada de pernicioso o malévolo en ese paso, y menos si lo autoriza la nueva Carta Magna. Oppenheimer debería recordar que el primer mandatario que plasmó lo que advierte en Chávez y compañía fue el reo Alberto Fujimori, un neoliberal. Muchos recordaran que el ex presidente peruano convocó elecciones para conformar el Congreso Constituyente después de dar un golpe atípico (cerró el Parlamento y controló el Poder Judicial el 5 de abril de 1992). Cuando Chávez rediseñó la Ley Fundamental se sometió a un proceso electoral; pero no así Fujimori, quien sólo permitió elecciones congresales un año después de gobernar de facto.

En el cuarto acto, Oppenheimer dice: “Una vez reelecto, (la consigna es) acusar a Estados Unidos, la Iglesia y la oligarquía de intentar un magnicidio, y usar ese pretexto para encarcelar a los líderes de oposición y cerrar medios de comunicación críticos, preparando el terreno para gobernar con una oposición simbólica y asumir poderes absolutos”. Esta afirmación se cae por su propio peso pues Estados Unidos tiene un amplio historial de intervenciones en la región. Basta recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973; el caso Irán-Contra en Nicaragua, donde la Administración de Ronald Reagan tuvo tratos con carteles del narcotráfico; la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, operación orquestada por la CIA; los sucesivos intentos de asesinato contra Fidel Castro, por citar algunos. En el caso venezolano, Oppenheimer olvida que la oligarquía caraqueña ejecutó un fallido golpe de Estado en 2002. La clase dominante lo planeó con ayuda de algunos jefes militares y las televisoras Globovisión y RCTV (clausurada en 2007). Si Chávez hubiera querido apresar a las cabezas golpistas no hubiera permitido que dos importantes empresarios involucrados abandonen el país. Las citadas emisoras, por su parte, estuvieron detrás del complot porque hicieron llamados (a su audiencia) a respaldar el golpe, pero Chávez no tomó represalias inmediatas contra ellas. Nada hubiera impedido que las autoridades les quitaran las licencias por atentar contra la democracia; sin embargo Chávez las mantuvo en el aire. Los medios en Venezuela no sólo son “críticos” como lo quiere hacer ver Oppenheimer pues desde sus frecuencias han promovido delitos.

En cuanto al papel simbólico de la oposición en Venezuela, por mencionar el caso más conocido, no es culpa de Chávez que no tenga más participación porque sus dirigentes eligieron no presentarse a las elecciones para la Asamblea Nacional con el fin de sabotear el proceso. Si Chávez ha incrementado su poder se debe a la irresponsabilidad de dejarlo competir solo, de ahí que haya implementado una serie de cambios que intranquiliza a sus rivales (como restarles atribuciones a los alcaldes opositores creando gobernadores por encima de ellos).

Si la derecha tradicional no ha podido imponerse hasta ahora es porque no representa una alternativa a Chávez, Morales y Correa. En el pasado tuvieron su oportunidad y gobernaron bastante mal, la mayoría de veces contra el interés general. En estos momentos está demasiado desacreditada como para aspirar seriamente al poder. Su legado de ineficiencia, desigualdad y corrupción lastra severamente sus ambiciones políticas.




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[1] Lo sugirió Mauricio Mulder, secretario general del Apra.


lunes, 29 de junio de 2009

Análisis del artículo de Alan García



Análisis del artículo de Alan García: A la fe de la inmensa mayoría” (primera parte)



Por César Reyna


El presidente Alan García acaba de publicar un artículo titulado “A la fe de la inmensa mayoría” para comentar la dramática situación que vive en el país. La difusión de sus apreciaciones corrió a cargo del derechista diario ‘Expreso’, que, como casi todos recordaran, fue parte del aparato de propaganda y desinformación del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). La selección de ese medio no debe pasar inadvertida ya que en octubre 2007 García recurrió al diario ‘El Comercio’, el decano de la prensa nacional, para transmitir su mensaje a favor de la inversión privada en los controvertidos artículos de ‘El síndrome del perro del hortelano’. Esta vez García no publicó en las páginas de ‘El Comercio’ porque sus editores criticaron la falta de diálogo del Ejecutivo en el manejo el conflicto de la Amazonía. Tampoco le debió caer bien que desde ese medio se pidiera la destitución del premier Yehude Simon y de la ministra del Interior, responsables de la muerte de 34 peruanos, entre policías y civiles.

Resulta contradictorio que García se dirija a la “inmensa mayoría” desde un periódico minoritario ya que sólo lo leen los sectores más conservadores de la población. Antes de escoger a ‘Expreso’ el mandatario debió tener en cuenta que no tiene gran tiraje y no cubre todo el territorio nacional. Y, por si fuera poco, carece de credibilidad para la “inmensa mayoría” por haber servido a los intereses de la autocracia fujimontesinista. La selección de ese diario no nos parece antojadiza toda vez que sus directores comulgan con el modelo neoliberal que defiende tenazmente García.

Ahora bien, dejando de lado los criterios que consideró García para publicar en ‘Expreso’, debemos concentrarnos en el análisis del último pronunciamiento del presidencial, el cual, al igual que los comunicados anteriores, no está exento de polémica.

El presidente articulista retoma en “A la fe de la inmensa mayoría” la misma retórica de los discursos anteriores. No hay autocrítica ni afán de enmienda pues durante la mayor parte se dedica a advertir una serie de peligros que penden sobre nuestra democracia. Si el presidente pretende infundir miedo puede que lo logre, pero no en la ciudadanía que desconfía de los políticos en general y lo culpa de las innecesarias muertes en la selva (según las encuestas de CPI y Apoyo); sino en los inversionistas extranjeros que pueden llegar a creer que hemos vuelto a ser tan inestables como en el primer período de García (1985-1990). Si el jefe de Estado continúa promoviendo la tesis de la amenaza golpista (chavista) es posible que muchos capitalistas reconsideren sus proyectos de inversión en el país. Culpar a agitadores internacionales de las revueltas del interior es una espada de doble filo pues si por un lado busca la unidad (de la clase política, medios de comunicación y organismos civiles) en contra el socialismo del siglo XXI; por otro puede estar deteriorando la imagen del Perú a nivel internacional.

Los complots no son bien vistos en el exterior porque incrementan el riesgo país y contraen los flujos de divisas. Si García defiende la tesis de que sólo la inversión privada puede desarrollarnos poco ayudan sus palabras para captar capitales en momentos de gran turbulencia internacional. García debería moderar sus expresiones antes de difundirlas porque lo que dice repercute -para bien o para mal- en el ánimo de la población y los agentes económicos. Un poco de mesura sería positivo en el actual contexto ya que su gestión ha sido duramente desaprobada en dos importantes sondeos de opinión (más del 80% reprueba su gestión y el 57% lo responsabiliza de las muertes en Bagua).

García comienza su artículo señalando la existencia de dos fuerzas antagónicas que pugnan por el control de la región. En el 2006, según él, estuvimos “a punto de caer bajo en el sendero equivocado que conduce a la pobreza y la crisis”, que es precisamente lo que caracteriza a su segundo Gobierno porque la desigualdad se ha incrementado notablemente asi como los conflictos sociales (muchos de ellos ligados al medio ambiente y a promesas estatales incumplidas). El presidente se considera “salvador de la patria”, al igual que los orgullosos golpistas hondureños, por haber derrotado al candidato nacionalista Ollanta Humala, a quien superó un escaso margen de 4%. Por evitar que se instituyera el modelo socialista, en el que su partido político estaba inscrito, confirma la ruptura del Apra con los movimientos de izquierda. A partir del 2006, o tal vez durante su exilo dorado en París, el presidente dejó de creer en la justicia social, el estado de bienestar y las políticas inclusivas.

García ahora ve un mundo bipolar que más que fruto de la realidad lo es de su propia imaginación. Esta visión o alucinación es compartida por el escritor Mario Vargas Llosa, quien considera que hubo intromisión extranjera en las protestas de la Amazonía. Vargas Llosa es una de las personalidades menos indicadas para opinar sobre la realidad nacional porque jamás comprendió al Perú. Es buen fabulador y un narrador nato, pero eso no alcanza ni sirve para entender los procesos sociales de un país. Si los hubiera entendido en su oportunidad quizá hubiera sido presidente del Perú y no el reo Alberto Fujimori.

El primer mandatario y el literato hispano-peruano escribieron sendos artículos este fin de semana en distintos medios (Vargas Llosa lo hizo en ‘El Comercio’). Ambos piensan de manera similar en lo que al papel de la inversión privada se refiere pues consideran que es clave para el desarrollo. El laureado novelista afirma, al igual que García en fechas anteriores, que los nativos se opusieron a decretos que “estaban bien orientados en el fondo”. Su afirmación nos hace pensar que no leyó las normas en cuestión, ya derogadas por el Congreso, porque la Defensoría del Pueblo y otras instituciones respetables se pronunciaron en contra de sus contenidos.

En cuanto a la inversión privada es preciso mencionar que ésta no genera necesariamente desarrollo porque su único propósito es maximizar las ganancias. El capital, entiéndalo bien señores García y Vargas Llosa, no es bueno per se. Y no lo es porque no persigue los mismos fines del Estado ni tiene la misión de crear mejores empleos en las naciones que lo cobijan. La mayoría empresas, a no ser que sean estatales, no coinciden con los intereses generales porque lo que persiguen es el beneficio de sus inversionistas, accionistas y directores. Si produce cierto bienestar en una comunidad es marginal pues su fin es incrementar la utilidad a repartir. Por eso las compañías reducen costos constantemente, lo que afecta a las planillas y a las organizaciones sindicales, ya que trasladan sus operaciones a regiones donde el factor trabajo es mucho más barato. Si China y otros países del Lejano Oriente se han convertido en potencias manufactureras es por la ambición de las trasnacionales de ganar más abaratando el proceso productivo. Esto ha generado desempleo a escala global, sobre todo en zonas donde se cierran plantas industriales. En las regiones donde finalmente se instalan las condiciones de trabajo no son mejores ya que pagan salarios miserables y la “regulación estatal” les permite ahorros importantes en materia ambiental, de seguridad y de salubridad.

En otra parte de su escrito, García compara al chavismo con la dominación de la corona española en América. El presidente dijo que el Perú “es un centro vital para los hechos continentales”. Es decir, es una pieza clave para decidir el destino geopolítico de Sudamérica. García recurre a esa semejanza para alertarnos del peligro extremista que nos acecha. En este caso no se refirió directamente a Venezuela y su gobernante pero no hizo falta. Pero Chávez y su país distan de ser comparados con una potencia colonial porque no usaron las armas para llegar al poder, sino canales estrictamente democráticos. Nadie puede objetar sus victorias electorales, aunque sí sus métodos y su persecución contra opositores y medios de comunicación hostiles.

En el punto II, García dijo que “el Perú ganó la batalla pero la guerra (contra el antisistema) continúa”. Esto merece una aclaración porque el denominado ‘antisistema’ aspira a transformar la sociedad de manera democrática y no me mediante un golpe de Estado como el ocurrido en Honduras. Así ganó Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, por citar tres ejemplos. La derecha, y no la izquierda, es la que apela a la ruptura constitucional cuando las cosas comienzan a tomar un rumbo ajeno a sus intereses. Si la mayoría de un país desea regirse bajo parámetros socialistas no hay por qué impedírselo porque se supone que el pueblo es soberano para elegir su destino. Lo verdaderamente antidemocrático es tratar de obstaculizar esa legítima aspiración pues se opone al sentir popular. Si gran parte de la ciudadanía considera que sus demandas pueden ser mejor atendidas y canalizadas por otros actores políticos es porque los actuales gobernantes no han cumplido su labor.