Cumbre de Unasur: Uribe salió ganando

Por Cèsar Reyna

La presencia de tropas, asesores y contratistas norteamericanos en Colombia puede entenderse de dos formas: 1) como un seguro para impedir un eventual ataque venezolano, y 2) para incursionar impunemente, en caso sea necesario, en territorios ajenos con el propósito de ejecutar operativos como el realizado en Ecuador en marzo de 2008, el cual causó la muerte de Raúl Reyes, uno de los principales cabecillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y la ruptura de relaciones entre Colombia y Ecuador.

Colombia puede sentirse más protegida ahora que ha roto el equilibrio estratégico con sus vecinos, sobre todo con Venezuela, país que ha adquirido armamento sofisticado de Rusia por 7 mil millones de dólares en los últimos tres años.

El presidente venezolano Hugo Chávez ha afirmado, antes de la Cumbre de Unasur en Bariloche, que Estados Unidos buscaría apoderarse de la Faja del Orinoco, el área más rica en petróleo del continente, cuando ocupe siete bases colombianas. Sin embargo, la superpotencia no tendría la intención de convertir a Venezuela en otro Iraq. Imaginar una invasión, para empezar, es contraria a la diplomacia establecida por Obama que no busca la confrontación o el aislamiento perpetuo de sus rivales, sino el diálogo para aliviar tensiones geopolíticas.

Sería un despropósito capturar los yacimientos venezolanos pues ocasionaría la subida inmediata del petróleo a niveles inusitados en el corto plazo. Una guerra a estas alturas no sólo deterioraría la imagen internacional de Estados Unidos, sino que profundizaría la recesión de la que trata de salir.

Ahora bien, los más perjudicados con la decisión colombiana de permitir el ingreso de soldados norteamericanos son sin duda Ecuador y Venezuela. Estos dos países resultan afectados porque comparten frontera con Colombia y temen, con justa razón, el incremento del espionaje estadounidense en la región.

El tercer país afectado es Brasil. El gigante sudamericano ve con mucha preocupación que fuerzas norteamericanas tomen posiciones en el Amazonas, la mayor reserva natural del mundo. Brasil, a la vez que trata de preservar el área amazónica, desea mantenerla libre de potencias extranjeras.

La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), ideada por Lula da Silva para forjar una comunidad al margen de la gran potencia del norte, ha podido resquebrarse durante la reunión de ayer por las insalvables diferencias de Hugo Chávez con Álvaro Uribe. Si Lula no hubiera dicho basta de manera simbólica agitando su puño es probable que las naciones que presiden hubieran roto relaciones. Eso hubiera marcado el fin para el esfuerzo integracionista sudamericano, en el que Brasil juega un rol preponderante como mediador en las disputas subcontinentales.

Brasil no ha salido reforzado de la cita de Bariloche en Argentina ya que tuvo que aceptar de manera resignada la presencia militar norteamericana; pero tampoco ha perdido mucho pues salvó a Unasur de la debacle.

Los argumentos esgrimidos por Uribe para justificar la colaboración con los estadounidenses no resultan convincentes en la medida que la guerrilla viene siendo acorralada. Los principales líderes de las FARC han muerto de causas naturales como Manuel Marulanda alias ‘Tirofijo’, o en operaciones militares como Raúl Reyes. Ahora mismo ocupan mucho menos territorios al punto que deben refugiarse en las fronteras abandonando campamentos, armas y documentación. Años atrás podía tener sustento la participación de los norteamericanos, sobre todo durante los 80, cuando los cárteles colombianos dominaban el comercio de la droga, pero no ahora que el control de las rutas hacia Estados Unidos se ha desplazado a México, donde la situación es verdaderamente insostenible.

Colombia es hoy en día un país mucho más seguro pues se promociona internacionalmente como un lugar para invertir y quedarse a vivir (recodar la publicidad: “Colombia, el riesgo es que te quiera quedar”). La violencia ha disminuido fruto de la desmovilización de guerrilleros y paramilitares y las constantes acciones contra las FARC. Por eso no se explica, desde el punto de vista de Uribe, el ingreso de soldados y especialistas de Estados Unidos para combatir a dos flagelos íntimamente vinculados como el terrorismo y el narcotráfico. México, que atraviesa una situación bastante peor -y al que un reporte norteamericano calificó de país inviable-, no ha solicitado la presencia “salvadora” de su poderoso vecino del norte.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, ese tema viene siendo utilizado desde hace tiempo por Estados Unidos para tener injerencia en la región. Si no lo ha combatido más eficazmente ni ha legalizado el consumo de drogas, es porque, muy a parte de las consideraciones morales de su sociedad, no tiene mayor interés en hacerlo por una finalidad geopolítica. El Pentágono podría argumentar que necesitan espacios en Sudamérica para vigilar vuelos sospechosos e interceptar comunicaciones de jefes guerrilleros y mafiosos, y también que necesitan reubicar a su personal y trasladar equipos tras el cierre de la base ecuatoriana de Manta en setiembre. En ese sentido también podrían argumentar que la poca colaboración que reciben de autoridades venezolanas, ecuatorianas y bolivianas dificulta la lucha antidrogas. Pero todo ello no serían más que excusas, aun cuando la producción de cocaína ha aumentado, para seguir interviniendo en su acostumbrado “patio trasero”.

Uribe es el que mejor ha capitalizado la ira de Chávez pues busca afanosamente la reelección. Enemistarse con el líder venezolano le garantiza la reforma de la Constitución de su país para postular nuevamente al cargo.

Por eso el presidente colombiano insistió en la televisación de la reunión de Bariloche para que el electorado colombiano visualice la confrontación con su homólogo venezolano, a quien acusa de amenazar a su soberanía y tener vínculos con las FARC. Uribe sin duda salió ganando de Bariloche pues no hubo condena a nivel regional (por la presencia norteamericana) y se fortalece a nivel interno ya que el peligro chavista le asegura un nuevo mandato.

El mandatario que más criticó, y con acierto, las intervenciones de Álvaro Uribe, fue Rafael Correa, pues le demostró que su Gobierno combate a las FARC, con las que Uribe pretende vincularlo, anunciando la detención de líderes de la guerrilla en territorio ecuatoriano.

En lo que respecta a nuestro presidente, éste limitó a criticar las adquisiciones militares en el subcontinente, en clara alusión a Chile, país que viene reequipándose aceleradamente. En los últimos cinco años Santiago ha incrementado su gasto en armas en 49%. Su participación más lúcida estuvo dirigida a Hugo Chávez, a quien le recordó que Estados Unidos no tenía por qué apoderarse del petróleo venezolano ya que es su principal cliente.

Perú: relaciones con Chile y Bolivia

Por César Reyna

Nuevamente el mandatario boliviano arremete contra su homólogo peruano Alan García, aunque esta vez el líder incaico le dio bastante “munición” para que “dispare” a mansalva. Evo Morales no podía contenerse ante las declaraciones de García, quien deslizó la existencia de un acuerdo marítimo bajo la mesa entre Santiago y La Paz que explicaría la actitud hostil del gobernante del Altiplano hacia nuestro país.

Morales descartó de plano la existencia de un pacto secreto con Chile para conseguir salida al mar. “No somos liberales para hacer acuerdos reservados”, respondió a García. El presidente boliviano considera que los gobernantes que aplican políticas de libre mercado son traidores a los intereses de los pueblos autóctonos.

El que García revelara un supuesto entendimiento entre chilenos y bolivianos ha puesto en jaque al régimen de La Paz ya que debe rendir explicaciones sobre los alcances del acuerdo. Aunque se niegue quedará la sospecha de que se viene tratando el asunto de la mediterraneidad boliviana de manera oculta. Esto podría debilitar a Morales, quien necesita encaminar la recuperación del litoral para vencer sin susto en las próximas elecciones (actualmente su popularidad ronda el 45%).

La salida que debe anunciar a su pueblo debe ser digna; de lo contrario sería acusado de sacrificar los intereses nacionales. La fuerte oposición que enfrenta en las provincias de Beni, Pando, Tarija y San Cruz demandará mayor transparencia ya que el tema no ha sido explicado a los bolivianos.

Es seguro que Chile no le ofrecerá una salida soberana ni le devolverá Antofagasta, arrebatada hace más de un siglo, sino un enclave portuario sin dominio del espacio aéreo ni marítimo. De los 13 puntos de la agenda chileno-boliviana sólo se ha hecho público un preacuerdo por el uso de las aguas del río Silala, por el que Chile está conforme y Bolivia todavía lo mantiene en discusión.

De existir un pacto entre ambos Estados, el tema la cesión territorial sería secundario porque lo más importante es que Chile forme una sólida alianza con Bolivia. En términos geopolíticos sería un duro revés pues nos distanciaría de un país que -en teoría- debería ser un aliado natural del Perú ya que compartimos una misma cultura, sobre todo en la zona sur. Perder a Bolivia, a pesar de mantener diferencias ideológicas, nos aislaría aún más en el contexto regional. Tal vez por esa razón el presidente García busca fortalecer el Eje Lima-Bogotá para compensar la inminente ruptura con los bolivianos.

Es casi un hecho que si Bolivia exporta y vende su gas a Chile crearían un vínculo y una dependencia muy fuerte durante los próximos 40 o 50 años. Perú saboteó esa relación durante el Gobierno del presidente Toledo ofreciendo una salida por su territorio, aunque geográfica y económicamente resultaba inviable. La unión estratégica que formarían en términos energéticos dotaría a Chile de gas y a Bolivia un mercado en crecimiento.

El canciller chileno Mariano Fernández declaró que “los que hacen pactos bajo la mesa forman parte de la cultura de otros países y no de la chilena”, en alusión al Pacto Secreto o Tratado de Alianza Defensiva de 1873 que firmaron Perú y Bolivia, y que Chile señala como detonante de la Guerra del Pacífico (1879-1884).

Evo Morales, por su parte, defendió las negociaciones de su gobierno con Chile, asegurando que son transparentes. Sin embargo, aunque su propósito no era desmentirlo, el jefe de la diplomacia chilena dijo mantenían conversaciones reservadas con Bolivia, ergo, sólo se tratan al más alto nivel y no de manera abierta como afirma Morales.

El presidente boliviano no desaprovechó la oportunidad, como sabemos, para despacharse a su antojo contra Alan García. Además de llamarlo “chabacano” por enésima vez le dijo que era “sumiso a Estados Unidos”. Poniendo en perspectiva sus declaraciones, su crítica va por el lado del rompimiento del Apra con la doctrina del antiimperialismo, ideada por Haya de la Torre, cuya fue materialización o ‘estocada mortal’ fue la subscripción de un TLC con la superpotencia. El cuestionamiento de Morales sería válido si Haya no hubiera escrito “Treinta años de aprismo”, donde el propio Haya reescribe su pensamiento y plantea que los partidos políticos deben adaptarse a las circunstancias, es decir, regirse bajo leyes darwinianas para mantener su cuota de poder y renovar su discurso. En otras palabras, pactar con cualquiera y con cualquier ideología para sobrevivir.

Generar cortocircuitos con los chilenos y los bolivianos le es de mucha utilidad a García para desviar la atención sobre la ineficiencia de su Administración en el manejo del gasto público.

Si la demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha irritado tanto a los chilenos es porque los tomó por sorpresa. La Concertación que encabeza Michelle Bachelet no esperaba que el mandatario que la invitó a presenciar el desfile patrio en 2006 iniciara una acción legal para resolver el diferendo marítimo.

Finalmente, no es cierto que Perú no haya exigido redefinir los límites marítimos, o mejor dicho, ceñirlos al Tratado de 1929 pues durante el Gobierno de Toledo Chile rechazó la posibilidad de llegar a un arreglo bilateral. Como prueba constan las notas diplomáticas intercambiadas entre los ministerios de exteriores, y la suspensión de las reuniones “dos más dos” entre las cancillerías y los ministerios de defensa de ambos países (se realizaban para aliviar tensiones, abordar asuntos de integración y transparentar el gasto militar).

Canciller chileno Fernández niega pacto bajo la mesa con Bolivia

El Jefe de la diplomacia chilena no perdió tiempo para responderle al presidente peruano por revelar un presunto acuerdo entre chilenos y bolivianos que le daría salida al mar a los segundos

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Por César Reyna

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Mariano Fernández, descartó la existencia de un acuerdo con Bolivia en alusión a las declaraciones del presidente Alan García, quien, de manera suspicaz, dejó entrever un probable entendimiento entre chilenos y bolivianos.

El mandatario peruano expresó que la hostilidad de su homólogo boliviano Evo Morales contra su país tendría origen en un “acuerdo bajo la mesa” con Chile, con el que habría negociado la cesión de territorios para que supere su mediterraneidad.

El canciller chileno reconoció que desde el 2006 “trabajan de manera reservada” con Bolivia en una agenda de trece puntos, entre los que destaca la demanda marítima boliviana, país que perdió sus costas en la Guerra del Pacifico en el siglo XIX. Además señaló que de haber alcanzado algún acuerdo lo darían a conocer.

Tanto al gobierno boliviano como al chileno les conviene mantener en secreto las negociaciones porque sus pueblos son muy nacionalistas y algunos sectores no perdonarían que sus autoridades reciban menos territorio de lo que esperaban o cedan un milímetro cuadrado de su suelo.

Chile enfrenta dos demandas a saber: una formal en la Corte Internacional de Justicia de La Haya presentada por Perú para definir su frontera marítima, y el reclamo histórico boliviano de salida al mar. Esas controversias han impulsado el millonario reequipamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, muy cuestionado por las autoridades peruanas, pero no por sus pares altiplánicas.

A pesar del desequilibrio que generan las millonarias adquisiciones militares sureñas, Bolivia no ha presentando una queja ante Chile por desatar una carrera armamentista en la región. Su silencio puede ser indicio, como supone García, de un acuerdo de cesión territorial cuyo contenido desconocemos.

Si Chile ha considerado entregar parte de su territorio es porque desea tener acceso al gas boliviano de Tarija. Como el país de la Estrella Solitaria no tiene reservas energéticas debe importar gas de Argentina, cuya producción ha venido decayendo en los últimos años. También se especuló con recibir suministro de gas de Perú, pero nuestro país no contaría con suficientes reservas y el nacionalismo peruano no lo permitiría. Además, la reciente demanda limítrofe ha enfriado las relaciones a nivel de las más altas autoridades políticas.

Bolivia necesita exportar su gas a través de gasoductos a naciones vecinas para generar divisas y mantener el proyecto revolucionario de su presidente. A cambio del gas, la principal carta negociadora de los bolivianos, demandan una salida al mar que satisfaga sus aspiraciones. Es por ese motivo que Bolivia no aceptaría un simple enclave portuario y comercial, sino un territorio mucho más amplio sobre el que pueda ejercer su soberanía.

Bolivia difunde spot para defender origen de ‘La Diablada’

El Gobierno boliviano parece llevar hasta las últimas consecuencias la supuesta apropiación de un traje típico inspirado en el baile de La Diablada.

Detrás de los esfuerzos de las autoridades altiplánicas estaría reforzar la identidad boliviana.

Resulta contradictorio que Bolivia reclame la autoría de una manifestación cultural que tiene raíces hispánicas con la que se rinde tributo a la Virgen de la Candelaria.

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Por César Reyna

`La Diablada’ no es una expresión autóctona del Altiplano (1), sino del intercambio cultural o de la globalización iniciada con el descubrimiento de América. Lo que en buena cuenta reivindica Evo Morales y su polémico ministro de Cultura, Pablo Groux, es la exclusividad de una danza, vestimenta y tradición que es fruto de la simbiosis con occidente, al que tanto detesta y condena el primero por haber sometido a los pueblos originarios de América.

También es contradictorio que el presidente boliviano manifieste que no se opone a que nuestra representante en el concurso Miss Universo 2009 use el traje de ‘La Diablada’ siempre y cuando reconozca su origen (2). Al principio, como todos recordarán, la resistencia a que Karen Schwarz utilice la vestimenta era total. El mismo Groux, quien objeta la participación de nuestra reina de belleza en el certamen, reconoció que ‘La Diablada’ es una expresión del Tahuantinsuyo, que no sólo incluía a Bolivia, sino principalmente a Perú, por ser el centro neurálgico de las culturas andinas, y también a Ecuador, Chile y Argentina. Para Groux, si la Miss Perú representaba a la región andina (con el traje de ‘La Diablada’) no habría problema, pero como lo hizo en nombre del Perú debió abstenerse de hacerlo.

En el trasfondo de la discusión con Bolivia, que planea llevar el caso ante La Corte Internacional de Justicia de La Haya “por la apropiación indebida de su patrimonio cultural”, se excluye a los criollos y mestizos peruanos, y también a los de su país, a quienes Morales ve como herederos de los colonizadores españoles. El sesgo racial se desprende de las declaraciones de las autoridades altiplánicas y de sus descabelladas acciones.

No hace mucho, durante el conflicto amazónico peruano, el mandatario boliviano apoyó la resistencia de los pueblos nativos congregados en un evento en Puno. Más que un líder nacional, Morales se considera un líder interétnico cuyo deber es iniciar la segunda independencia de los pueblos originarios. En su lógica las mayorías oprimidas de la región deben restablecer el orden anterior a la llegada de los peninsulares, es decir, apartar del poder y del control del aparato económico a los descendientes de los conquistadores. Su objetivo sería desmontar las estructuras que mantienen la desigualdad y la escasa movilidad social.

Es por eso que ataca constantemente al Perú ya que, a su juicio, se encuentra dominado por la vieja oligarquía rentista que se resiste a los cambios que vienen produciéndose en América Latina. La resistencia peruana al modelo bolivariano-chavista o ‘socialismo del siglo XXI’ es motivo de desencuentros e intercambios verbales entre nuestras autoridades y las bolivianas.

Bolivia prepara marchas y exposiciones alusivas a la reivindicación de ‘La Diablada’ y acaba de difundir un spot en cadenas internacionales como la CNN y Telesur. Nuestro vecino del sureste se declara “plurinacional”, tal como aparece en sus comunicados oficiales y logos en sus páginas web, y sin embargo no es capaz de comprender que la diversidad no un elemento privativo de los bolivianos, sino de toda América Latina.

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(1) Cecilia Bákula, directora del INC, recordó que la comparsa de Diablada más antigua en Puno es la del Barrio del Mañazo y data de 1892, y la de Bolivia es la Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro y data de 1904, ambos con más de un siglo de vida. La funcionaria declaró que el reconocimiento que ha hecho la Unesco de declarar al Carnaval de Oruro como patrimonio inmaterial de la humanidad no da exclusividad a Bolivia sobre el baile de la Diablada.

(2) Cabe recordar que la danza de la Diablada pertenece al conjunto de danzas de diablos que tienen origen en España, donde eran parte de las celebraciones de Corpus Christi. Éstas llegan al Perú -de acuerdo a los cronistas- con la conquista y, a partir del siglo XVIII, ya estaban perfectamente implantadas en distintos puntos de nuestro país.

Miss Perú y La Diablada

Por César Reyna

La queja presentada por el Ministerio de Cultura de Bolivia contra la Miss Perú, Karen Schwarz, por apropiarse de un símbolo “exclusivamente” boliviano carece de todo sentido. Tal vez a las autoridades del país altiplánico no les haya agradado que una mujer peruana de apellido alemán exhiba un traje inspirado en ‘La Diablada’, una danza tradicional que no sólo forma parte del patrimonio cultural de Bolivia, sino también del Perú y de Chile.

Quizá los funcionarios del país mediterráneo han querido ocultar con la protesta la protección que brindan a un presunto terrorista peruano vinculado al MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), y que hasta el 2007 fue asesor del presidente Evo Morales. El personaje en cuestión se llama Walter Chávez y acaba de realizar una aparición pública en una reunión donde evaluó el desempeño del Gobierno boliviano. El Perú ha pedido su extradición pero Bolivia se niega aduciendo que goza del estatus de refugiado desde la década pasada.

El Instituto Nacional de Cultura de Perú ha dejado muy claro que ‘La Diablada’ es una expresión popular constituida por diversos elementos como la música, el baile, la vestimenta y la coreografía que confluyen para rendir homenaje a la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero, patrona de la ciudad de Puno. La festividad tuvo su origen en el Virreinato del Perú a mediados del siglo XVI en Oruro, que actualmente pertenece a Bolivia (por eso los bolivianos se adjudican esa danza como suya). En Perú ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2003.

Bolivia no puede sostener que nuestra representante al certamen de Miss Universo se apropió de un elemento que no le corresponde porque en el comunicado emitido por la institución boliviana se reconoce que ‘La Diablada’ ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el 2001. Esto quiere decir que no sólo le pertenecería a Bolivia sino a todo el mundo.

La susceptibilidad boliviana sobre símbolos que son comunes con otros países revela un chovinismo exacerbado e inculto a la vez pues se desconoce que ‘La Diablada’ no pertenece a un solo país, sino a la región del Altiplano. El grado de animadversión que algunos funcionarios bolivianos manifiestan cuando hablan de sus vecinos o de otras culturas, sobre todo la occidental, es fruto de un profundo resentimiento acumulado que recién encuentra vías de escape desde el poder. Empujadas por sus dirigentes, las clases oprimidas de Bolivia han vuelto a revalorar lo suyo; pero también se ha acentuado el desprecio por lo ajeno. Este rechazo a influencias culturales externas ha hecho busquen su identidad únicamente en sus raíces y expresiones autóctonas. Apartarse de todo lo exterior es fundamental para conseguir la pureza del indio o del aymara nativo. El proceso de revalorización de lo nacional -llevado a cabo por Evo Morales- explica el despropósito cometido contra nuestra reina de belleza.

El atropello pudo evitarse si los bolivianos conocieran mejor su pasado. Si su acusación fue por desconocimiento podría remediarse expresando las disculpas del caso; pero si hubo premeditación en sus críticas contra nuestra Miss ellos son los que estarían de apropiándose de ‘La Diablada’.

El club de los presidentes autoritarios: crítica a Andrés Oppenheimer

Crítica a Andrés Oppenheimer

El galardonado periodista del Miami Herald publicó un reciente artículo sobre la democracia en América Latina. En él resumió los pasos que han seguido un puñado de mandatarios latinoamericanos para “perpetuarse en el poder”
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Por César Reyna


Andrés Oppenheimer considera que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y el defenestrado Manuel Zelaya siguen –o seguían– un guión cuyo propósito es “desmantelar” el modelo democrático.

La primera medida o “acto” que realizan antes de convertirse en jefes de Estado es presentarse como un outsider o “líder antisistémico” que ofrece cambios radicales y luchar contra la corrupción. Para ganar notoriedad suelen encabezar protestas multitudinarias, como en el caso de Evo Morales, o intentan derrocar al gobernante de turno como Hugo Chávez. Pero ésas no han sido las únicas estrategias de exposición mediática de los ‘antisistema’ pues Ollanta Humala, el candidato nacionalista peruano, se sublevó en el sur cuando era comandante del Ejército. Su desobediencia fue pacífica pues desconoció la autoridad del corrupto Alberto Fujimori marchando con un batallón de conscriptos por la serranía; para luego entregarse a la Justicia Militar sin disparar un solo tiro.

El segundo acto, según Oppenheimer, consiste en reformar la Constitución “tras ganar la elección presidencial”. Esto con el propósito de introducir “una cláusula que permita la reelección”. Oppenheimer olvida que los cambios no los hacen Chávez, Evo Morales ni Rafael Correa por su cuenta pues necesitan el consentimiento popular. En todos esos casos es el pueblo el que decide si aprueba -o no- las modificaciones constitucionales.

Si esos presidentes buscan la reelección inmediata es porque en pocos años de gobierno no podrían realizar todos los cambios que pretenden. Un período no basta para combatir la pobreza, desterrar la corrupción y reducir la desigualdad. La mayoría de mandatarios socialistas entiende que las políticas sociales necesitan continuidad para generar resultados; de lo contrario sus efectos positivos se diluyen o pierden en el tiempo. La temida perpetuación o, mejor dicho, continuidad, es sólo un aspecto del complejo proceso de transformación política que se desarrolla en varias naciones latinoamericanas. Además, esta extensión o prolongación del mandato no sería posible si la ciudadanía venezolana, boliviana y ecuatoriana no avalara la permanencia de sus respectivos gobernantes. En todo ello el pueblo juega un papel crucial pues determina la persistencia o cancelación del modelo. Ni Chávez, Morales o Correa son dictadores pues se someten regularmente al escrutinio popular, es decir, permiten elecciones libres, las que son rigurosamente supervisadas por organismos internacionales como la OEA.

En Venezuela y Ecuador, por si fuera poco, existe el referéndum revocatorio. Esta novedosa figura permite que la población pueda destituir al presidente cuando lo desee. El ejercicio de dicha potestad adelanta el calendario electoral pues el dignatario revocado ya no puede seguir en el cargo hasta culminar su período. Hugo Chávez ya pasó por ese examen cuando la oposición convocó la consulta hace un par de años, de la cual salió victorioso. En las constituciones liberales de la región, sin embargo, el referéndum no ha sido incorporado, por lo que muchos ciudadanos sudamericanos tendrían, en comparación con los venezolanos y ecuatorianos, menores facultades y derechos. En la mayoría de países la revocación sólo procede para vacar autoridades municipales y regionales, pero no al presidente de la República o congresistas. Si por la vía del sufragio popular muchos llegan al poder, sería lógico que por esa vía también puedan ser expulsados.

Ahora bien, si la reelección es mal vista en muchos países de habla hispana se debe a que gobiernos de derecha como el de Alberto Fujimori abusaron sistemáticamente del poder. Cuando éste renunció cobardemente por fax desde Malasia se prohibió la postulación del presidente en funciones. Alan García, defensor del modelo neoliberal en el Perú, también ha coqueteado con la reelección[1] cuando la economía marchaba bien y no habían disturbios sociales. Lo mismo parecer ocurrir con Álvaro Uribe en Colombia pues apunta a un tercer mandato amparado en la popularidad que le dio la liberación de Ingrid Betancourt y otros rehenes que estaban en manos de las FARC.

En el tercer acto Oppenheimer menciona que, una vez “aprobada la Constitución”, los presidentes socialistas “adelantan las elecciones” (para consolidar los cambios, suponemos). Esto, en principio, no tiene nada malo pues el nuevo orden necesita ser ratificado por el voto popular. Además adelantar la fecha de los comicios le ofrece una nueva oportunidad a la oposición para derrotar al oficialismo de turno. No vemos nada de pernicioso o malévolo en ese paso, y menos si lo autoriza la nueva Carta Magna. Oppenheimer debería recordar que el primer mandatario que plasmó lo que advierte en Chávez y compañía fue el reo Alberto Fujimori, un neoliberal. Muchos recordaran que el ex presidente peruano convocó elecciones para conformar el Congreso Constituyente después de dar un golpe atípico (cerró el Parlamento y controló el Poder Judicial el 5 de abril de 1992). Cuando Chávez rediseñó la Ley Fundamental se sometió a un proceso electoral; pero no así Fujimori, quien sólo permitió elecciones congresales un año después de gobernar de facto.

En el cuarto acto, Oppenheimer dice: “Una vez reelecto, (la consigna es) acusar a Estados Unidos, la Iglesia y la oligarquía de intentar un magnicidio, y usar ese pretexto para encarcelar a los líderes de oposición y cerrar medios de comunicación críticos, preparando el terreno para gobernar con una oposición simbólica y asumir poderes absolutos”. Esta afirmación se cae por su propio peso pues Estados Unidos tiene un amplio historial de intervenciones en la región. Basta recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973; el caso Irán-Contra en Nicaragua, donde la Administración de Ronald Reagan tuvo tratos con carteles del narcotráfico; la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, operación orquestada por la CIA; los sucesivos intentos de asesinato contra Fidel Castro, por citar algunos. En el caso venezolano, Oppenheimer olvida que la oligarquía caraqueña ejecutó un fallido golpe de Estado en 2002. La clase dominante lo planeó con ayuda de algunos jefes militares y las televisoras Globovisión y RCTV (clausurada en 2007). Si Chávez hubiera querido apresar a las cabezas golpistas no hubiera permitido que dos importantes empresarios involucrados abandonen el país. Las citadas emisoras, por su parte, estuvieron detrás del complot porque hicieron llamados (a su audiencia) a respaldar el golpe, pero Chávez no tomó represalias inmediatas contra ellas. Nada hubiera impedido que las autoridades les quitaran las licencias por atentar contra la democracia; sin embargo Chávez las mantuvo en el aire. Los medios en Venezuela no sólo son “críticos” como lo quiere hacer ver Oppenheimer pues desde sus frecuencias han promovido delitos.

En cuanto al papel simbólico de la oposición en Venezuela, por mencionar el caso más conocido, no es culpa de Chávez que no tenga más participación porque sus dirigentes eligieron no presentarse a las elecciones para la Asamblea Nacional con el fin de sabotear el proceso. Si Chávez ha incrementado su poder se debe a la irresponsabilidad de dejarlo competir solo, de ahí que haya implementado una serie de cambios que intranquiliza a sus rivales (como restarles atribuciones a los alcaldes opositores creando gobernadores por encima de ellos).

Si la derecha tradicional no ha podido imponerse hasta ahora es porque no representa una alternativa a Chávez, Morales y Correa. En el pasado tuvieron su oportunidad y gobernaron bastante mal, la mayoría de veces contra el interés general. En estos momentos está demasiado desacreditada como para aspirar seriamente al poder. Su legado de ineficiencia, desigualdad y corrupción lastra severamente sus ambiciones políticas.

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[1] Lo sugirió Mauricio Mulder, secretario general del Apra.

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Crisis política en Perú: el Gobierno y la teoría de la conspiración

Cuando un Gobierno se siente acorralado por las demandas sociales suele inventar excusas o crear falsas amenazas para ocultar su incapacidad.
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Por César Reyna

Después de que el Ejecutivo llegara a un entendimiento con los representantes de los pueblos nativos, congresistas del Partido Aprista dijeron que habría más protestas y que detrás estarían grupos radicales que buscan el derrocamiento del presidente Alan García. Los personajes que respaldan esa apócrifa versión de los hechos son Mauricio Mulder, parlamentario y secretario general del Apra, y Luis Giampietri, también congresista y vicepresidente de la república. Ellos se han encargado de difundir y dar detalles sobre la supuesta asonada golpista que se prepara en el interior del país. Mulder advirtió que algunas agrupaciones vinculadas al Partido Nacionalista se están preparando para “tomar el poder”. El objetivo sería repetir el accidentado proceso que consiguió la destitución de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia y Jamil Mahuad en Ecuador.

La posibilidad de un golpe popular de esas magnitudes no es real por diferentes factores. Uno de ellos sería, como se dijo en artículos anteriores, la peculiar composición demográfica o sociocultural del Perú. A diferencia de nuestros vecinos sudamericanos, las comunidades altoandinas y amazónicas representan un tercio de la población total. La situación es distinta en Bolivia y Ecuador pues esos grupos representan un porcentaje significativamente mayor (cerca de un 45% en Ecuador y más de 60% en Bolivia). Además hay que tener en cuentan que en esos países los indígenas se encuentran mejor organizados, lo que les permite realizar movilizaciones a nivel nacional. Esto no sucede en el Perú pues las medidas de fuerza de las comunidades se circunscriben al ámbito local o regional, y la única manera que en que pueden afectar otras partes del territorio es cuando bloquean grandes vías interprovinciales. La fuerza del movimiento andino o selvático no tiene la repercusión que se le pretende adjudicar. El que las protestas sean focalizadas nos indica que carecen de articulación suficiente para cercar las principales ciudades. Ni con el dinero del mandatario venezolano Hugo Chávez se podría construir una base social (masa violentista) de grandes proporciones porque el Perú está bastante desintegrado.

Nadie niega que eso pueda ocurrir en algún momento pero no será en un futuro inmediato. Si bien no lo podemos descartar -porque no sabemos cuáles serán las condiciones del país en los próximos años-, al menos sí podemos afirmar, dadas las actuales circunstancias sociopolíticas, que no hay fundamentos para que se produzca la ruptura del orden constitucional por esa vía.

Cuando el Gobierno dice que hay conspiraciones internacionales en marcha lo hace para ocultar las causas que desencadenaron las movilizaciones en Bagua, Andahuaylas, Sicuani o La Oroya. Todos estos problemas son atribuibles al Partido Aprista porque, o no atendió a tiempo los reclamos de las poblaciones descontentas (como en el caso de la Amazonía), o incumplió sus promesas pre y postelectorales. En la selva, por ejemplo, los nativos exigían la consulta previa cuando una norma o disposición administrativa afecte sus territorios y su modo de vida (hecho que los gobiernos de turno venían desconociendo desde 1993 cuando se ratificó el Convenio Nro. 169 de la OIT). En cuanto a los desmanes en la ciudad de Andahuaylas, paralizada desde el 11 de junio, estos se produjeron porque el presidente García había prometido asfaltar la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay (la demora en la rehabilitación se debe a que no se ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental). En Sicuani, pobladores de la provincia de Canchis (Cusco) piden la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la que tampoco se les había consultado, y la paralización de las obras de la hidroeléctrica de Salca-Pucará, un proyecto a cargo del Ejecutivo. En estos dos últimos casos las autoridades pretendieron culpar a los gobiernos regionales de la falta de diálogo y los retrasos para evitar su responsabilidad.

Lo de la fundición de La Oroya se veía venir pues el accionista mayoritario de Doe Run, el Grupo Renco, se negaba a invertir en la empresa y cumplir con el PAMA (Programa de Manejo Ambiental). En juego están más de tres mil puestos de trabajo y la economía de la sierra central que depende de la minería. Los obreros del complejo metalúrgico tomaron la Carretera Central para que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lo que demandan es una solución definitiva que asegure sus empleos y la viabilidad de la fundición. Pero la Administración de García no quiere intervenir (asumir el control), como sí lo hizo por un día en Panamericana Televisión, para no ser demanda en cortes internacionales. El bloqueo de la carretera lleva dos días y está causando el desabastecimiento en la región central.

A Mulder y Giampietri se ha unido la periodista Cecilia Valenzuela, quien forma parte del aparato de propaganda del Gobierno. Esta comunicadora tiene la misión de corroborar las denuncias de los congresistas del Apra. Para este fin ha realizado investigaciones para descubrir a los presuntos conspiradores y sus planes. Ayer se presentó en la ‘Hora N’, programa televisivo que conduce Jaime de Althaus[1], otro hombre de prensa de discutida credibilidad. Valenzuela se explayó a sus anchas para decir que había “identificado” a los promotores de la violencia que sacude a varias regiones del país. Ella acusó directamente a un movimiento llamado “MIR Venceremos”, vinculado al MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru); a Patria Roja, relacionado con el sindicato de profesores estatales; y a la facción más radical del Partido Nacionalista de Ollanta Humala, es decir, al ‘etnocacerismo’ que lideró Antauro Humala, hoy en prisión por haber capturado una comisaría en Andahuaylas. También mencionó que miembros de las FARC asesoraban a los desestabilizadores y que se éstos se proponían cercar la capital en setiembre. La Valenzuela defiende la tesis del presidente García de que los nativos fueron manipulados. Durante la entrevista confirmó que Hugo Chávez financiaba a los revoltosos y que Evo Morales les proporcionaba apoyo y refugio político.

A la Valenzuela no se le puede tomar en serio –por eso ningún medio serio difunde sus investigaciones- porque no realiza un periodismo crítico ni independiente. Su cercanía al poder la convierte en caja de resonancia de las más disparatadas teorías del Gobierno.

Las afirmaciones anteriormente reseñadas se difundieron a pocos días de la interpelación al primer ministro Yehude Simon por los lamentables sucesos en Bagua. Si algo nos ha enseñado la historia es que no hay casualidades en política, de ahí que García busque la unidad, destapando una supuesta injerencia extranjera, en momentos en que sus acciones van a ser cuestionadas en el Parlamento. Porque la censura al premier es también una censura al presidente por no saber manejar una crisis. Sus marchas y contramarchas han afectado sus índices de popularidad pues apenas un quinto de la población lo respalda, así lo revela la última encuesta de Ipssos-Apoyo.

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[1] De Althaus es un lobista encargado de promover la inversión privada y defender el modelo neoliberal, de ahí su sesgo y parcialización. Hace dos semanas, en una emisión pasada, trató de callar maleducadamente a una experta que deshizo todos los argumentos a favor de los decretos antiamazónicos.

Relaciones con Bolivia: Evo Morales enemigo del Perú

Relaciones con Bolivia: Evo Morales enemigo del Perú


Por César Reyna


El Canciller peruano José Antonio García Belaunde calificó al presidente boliviano de “enemigo” de nuestro país por declarar que el Gobierno había cometido un genocidio contra indígenas en la ciudad de Bagua. La afirmación del jefe de la diplomacia peruana merece una aclaración pues Morales no es enemigo del Perú sino de la clase política que lo dirige y de la ideología neoliberal que ésta abraza. Esta precisión es necesaria para comprender el difícil momento que atraviesan nuestras relaciones con la hermana república de Bolivia.

Al mandatario altiplánico se le acusa de promover acciones sediciosas en el territorio nacional con el fin de derrocar al Gobierno de Alan García. La interferencia de Morales se debe a que no ha renunciado a su condición de líder indígena y dirigente sindical, a pesar de que ostenta la más alta investidura de su nación. Su verborrea y locuacidad le han generado más de un entredicho con diversos dignatarios de la región. En los últimos días sus exabruptos han cobrado mayor importancia a raíz del mensaje que envió a la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, realizada en Puno a fines de mayo, días antes de que los enfrentamientos en Bagua entre nativos y policías se agudizaran. En la misiva no dejó dudas acerca de sus intenciones pues dijo que los pueblos debían pasar “de la resistencia a la rebelión y de la rebelión a la revolución[1]”. También mencionó que “es el momento de la segunda y definitiva independencia”.

El lenguaje empleado por Morales es netamente marxista porque señala etapas o estadios previos a la constitución de una nacionalidad nativa. Para Morales, la primera independencia de los pueblos originarios ocurrió hace casi 200 años cuando se derrotó al imperio colonial español, y ahora corresponde completar esa emancipación[2] relegando a los descendientes de los españoles del poder. El líder andino piensa excluir a los criollos y mestizos, herederos de los colonos, porque continuaron las políticas represivas de sus antepasados peninsulares.

En Perú le será difícil repetir el proceso[3] que lo llevo al poder porque los nativos peruanos (entre quechuas, aimaras y tribus amazónicas) representan aproximadamente un tercio de la población total. En Bolivia, en cambio, la composición poblacional es distinta pues más del 60% tiene rasgos altoandinos.

Las migraciones[4] hacia la costa, el fenómeno social más relevante del siglo XX en el país, no permitiría la realización de los propósitos de Morales pues los habitantes de la sierra despoblaron los Andes y otras regiones del Perú. Cuando los migrantes quechuahablantes se desplazaron a las ciudades costeñas -a buscar oportunidades y huir de la violencia terrorista- perdieron el vínculo con la tierra porque asimilaron otras costumbres. En la costa aprendieron el castellano, comenzaron a trabajar para terceros y utilizaron la moneda nacional en reemplazo del trueque. Los patrones de consumo cambiaron dramáticamente porque debían adaptarse a un nuevo entorno. Con el tiempo se instalaron en las periferias de los núcleos urbanos y se convirtieron en el sector informal de la economía. En esas condiciones resulta imposible vencer, ya sea por medio de la protesta generalizada en determinadas regiones o electoralmente porque el movimiento indígena no cuenta con suficiente base social. No habrá cambio radical, pero sí, con toda seguridad, una redefinición de la agenda política porque sus demandas encabezarán la lista de prioridades.

El jaque que pretendería Morales, instigado por Hugo Chávez, no podría darse por la vía de la movilización masiva. Aunque tal vez no esté buscando la captura del aparato estatal, sino más bien la escisión de algunas regiones predominantemente indígenas. La Amazonía es una de ellas así como el sur peruano donde la mayoría de habitantes son aimaras, la etnia dominante en Bolivia. El sur peruano, como se recordara, estuvo muy ligado a nuestro vecino en la colonia y también durante la primera etapa republicana en la que se destacó la Confederación Peruano-Boliviana. La injerencia de Morales, bajo esa óptica, podría apuntar a la división entre las provincias del interior y la capital. Por eso Evo Morales se presenta antes éstas como un líder legítimo (tiene el respaldo de las comunidades y campesinos de su país) y sería un aliado fundamental para que consigan su autonomía. Con su apoyo lograrían la separación si las autoridades limeñas siguen ignorando su problemática y gobiernan a favor de determinados intereses.

El actual presidente regional de Puno, cuestionado por no haber atendido la ola de frío que mató a más de 30 niños, habló de “secesión” en un mitin porque el Gobierno central se negaba a aumentarle el presupuesto. En la Amazonía también se han escuchado voces disidentes pues Alberto Pizango, dirigente de Aidesep que se asiló en Nicaragua luego de ser acusado de sedición, hizo un llamado a la “insurgencia” cuando el Ejecutivo insistió en la aplicación de normas que afectan a las comunidades nativas.

Durante los últimos días Morales habló de “genocidio” –en concreto dijo que la matanza de Bagua se debió al genocidio que impulsa el Tratado de Libre Comercio (el modelo neoliberal). Su rechazo visceral a la integración con Estados Unidos hizo que atacara constantemente al Perú por haber suscrito el acuerdo comercial con la superpotencia en 2005. La oposición del presidente boliviano nos parece un tanto hipócrita porque su país ha disfrutado los beneficios del ATPDEA, que en la práctica es un TLC pues los productos altiplánicos ingresan a territorio estadounidense sin pagar aranceles.

La reacción de la cancillería no se hizo esperar pues llamó a consulta a su embajador en La Paz después de declaraciones de Morales sobre política interna peruana en las que se refirió a los trágicos enfrentamientos en la selva como un “genocidio contra nativos”. El presidente boliviano, según las autoridades peruanas, habría incitado a la rebelión[5] de las comunidades nativas antes del desalojo de la carretera cercana a la ciudad de Bagua.

Otro hecho que desencadenó la furia del mandatario andino fue el asilo concedido a cuatro ex ministros bolivianos que pertenecieron al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada. Los ex funcionarios fueron acusados de asesinato durante las manifestaciones que organizó Morales en 2003.

El tercer desencuentro se produjo cuando el Gobierno peruano demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir sus límites marítimos. Morales considera que la demanda peruana obstaculiza su aspiración boliviana de salida al mar. Sin el consentimiento de Lima –así lo establece el Tratado de 1929-, Bolivia no podría superar el enclaustramiento geográfico[6] porque la eventual cesión de territorio (por parte de Chile) se realizaría sobre antiguos dominios peruanos. Lo que le preocupa mucho a Morales es que si Perú triunfa en La Haya recibiría un mar recortado pues los precedentes indican que la Corte[7] ha fallado a favor de la línea bisectriz cuando existen fronteras adyacentes.

Nuestros países mantienen una relación vecinal cargada de tensiones por la diferencia ideológica de ambos gobiernos. Según, el ex canciller y embajador altiplánico, Armando Loaiza, entrevistado por el diario El País, “(…) el excesivo contenido ideológico vinculado a la construcción del eje La Paz-Caracas-La Habana, (…) relegan los intereses estratégicos y de afinidad que Bolivia estuvo privilegiando con su entorno, con sus vecinos”.

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[1] La violencia en la Amazonía tensó más las relaciones entre La Paz y Lima, luego de conocerse que Morales envió una carta a un congreso indígena celebrado a finales de mayo en Puno, donde justificaba la ‘rebelión’ contra las transnacionales.

[2] El discurso de Morales es esencialmente ‘mesiánico’ pues pretende liberar a las naciones del subcontinente donde los indígenas han sido explotados. La restauración de las culturas precolombinas es su meta a largo plazo.

[3] Según el Canciller, “(Evo Morales) está tratando de que en el Perú se den las condiciones que se dieron en Bolivia y que arrastraron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, primero, y de Carlos Mesa, después”.

[4] Empezaron en la década del 40’ y continuaron hasta los 80’. Redefinieron el espacio urbano y las relaciones sociales, dando lugar a diversas manifestaciones culturales como la ‘chicha’ y la revaloración de lo andino.

[5] El primer ministro, Yehude Simon, advirtió que “dicho mensaje provoca dificultades y puede incendiar la pradera”.

[6] Bolivia sufrió la pérdida de 120.000 kilómetros de litoral en la guerra del Pacífico (1879-1884).

[7] El artículo 15 de la Convención de los Derechos del Mar, que dice que "los países con fronteras adyacentes no tienen derecho de ampliar su mar territorial más allá de la línea media". Chile, por cierto, ratificó la Convención en 1997 expresando reserva en cuanto a los límites. Pero si el Perú llevara el asunto a la Corte Internacional seguramente ganaría con algunos ajustes equitativos. El diferendo marítimo abarca un área de más de 35,000 kilómetros cuadrados.

Bolivia: interpretando a Evo Morales

Bolivia: interpretando a Evo Morales

Por César Reyna

Evo Morales, presidente boliviano, no es aliado de Chile como muchos periodistas creen. El que haya dicho que Perú perderá en la Corte Internacional de Justicia no quiere decir que esté de su lado en el diferendo marítimo que mantenemos con nuestro vecino del sur. Si opinó provocativamente fue para crear un incidente que justifique la ruptura de relaciones diplomáticas (al buscar la reacción de las autoridades peruanas). Culpar a Perú de que sus acciones legales obstaculizan las aspiraciones bolivianas de obtener salida al mar también le sirve para transmitirle a su electorado que las negociaciones con Chile se han estancado por motivos ajenos a su gestión. Ambas lecturas de la situación son válidas porque el mandatario altiplánico mencionó que su país podría romper relaciones con el nuestro a raíz de la concesión de asilo a tres ex funcionarios del Gobierno de Sánchez de Losada. Evo ha calculado cada una de sus palabras -aunque no lo parezca- ya que después de retirar a su embajador en Lima el siguiente paso sería desmembrar a la CAN (Comunidad Andina de Naciones). ¿Qué sentido tendría dicho organismo, integrado por cuatro naciones tras el retiro de Venezuela, si Perú y Bolivia no mantienen relaciones entre sí?

Venezuela se apartó en abril de 2006 cuando supo que Ollanta Humala, su candidato, no ganaría las elecciones presidenciales peruanas en segunda vuelta. La separación se produjo casi dos meses antes de los comicios porque Chávez anticipó un resultado desfavorable. Si hubiera ganado Humala ese país controlaría la CAN pues las representaciones de Perú y Bolivia se plegarían a la delegación venezolana, arrinconando a los colombianos.

La estrategia de aislar a Perú procede de Caracas antes que de Santiago pues el Gobierno peruano está apoyando decididamente a los opositores venezolanos y bolivianos. No hace mucho la Cancillería concedió asilo político a Manuel Rosales, el principal rival de Hugo Chávez, y otorgó el mismo estatus a tres ex funcionarios bolivianos acusados de violar derechos humanos durante las revueltas que convocó Morales en 2003. Desde el Perú, además, se vienen organizando foros cuyo fin es lograr la democratización venezolana, es decir, la salida de Chávez. Además dos intelectuales peruanos, Vargas Llosa padre e hijo, fueron a Caracas a participar en un evento destinado a desestabilizar al régimen chavista.

La acusación de Morales no tiene asidero en la medida que lo que Lima disputa con Santiago son antiguos mares que pertenecieron al Perú y que los sureños conquistaron tras imponerse en la Guerra del Pacífico (1879-1884). La demanda peruana ante La Haya en nada afecta el reclamo boliviano pues Chile posee de facto áreas marítimas que no le corresponden de acuerdo a la jurisprudencia internacional. Si Chile considera la petición boliviana debería consultar previamente con Perú, según el Tratado de 1929, ya que la probable salida modificaría nuestros límites. Bolivia, y no Chile, sería nuestro vecino del sur pues los segundos jamás permitirían la desarticulación o discontinuidad de su territorio. Los territorios eventualmente entregados serían los que perdimos hace 125 años (las provincias de Arica y Tarapacá, en las que hipotéticamente se formaría un corredor para satisfacer las pretensiones bolivianas).

En lo que acierta Morales es que su homologo peruano explota el conflicto limítrofe para mantener su popularidad. La rivalidad histórica con Chile es uno de los pocos elementos que une a los peruanos y García lo sabe bien, de ahí que haya presentado la demanda a la mitad de su Gobierno para minimizar el escándalo de los petroaudios y robarle titulares a la crisis económica internacional. Cuando los tiempos políticos arreciaban, García jugó la carta de la demanda marítima para hacernos olvidar los graves problemas que afronta el país. Problemas que dicho sea de paso han sido revitalizados por su gestión ya que la corrupción de un ex ministro de su primer gobierno y un ex director de la entidad que adjudica contratos petroleros lo obligó a renovar parcilamente su Gabinete ministerial. Si el mandatario peruano hubiera tenido un verdadero interés en resolver la controversia lo hubiera hecho hace 23 años cuando asumió por primera vez la presidencia.