Con 20 lucas pretenden desincentivar paro nacional
Por César Reyna
Para desalentar el paro nacional –convocado para los días 7, 8 y 9 de julio- el Gobierno ha ofrecido una asignación extraordinaria de 20 soles (unos 6 dólares) para los trabajadores estatales que acudan a su centro de labores. La medida está dirigida principalmente a los maestros y al personal de los servicios sanitarios, quienes están afiliados a las organizaciones sindicales que promueven las movilizaciones.
Además de incentivar a los servidores públicos con esa bonificación, las autoridades no sancionarán la tardanza de sus subordinados pues habrá tolerancia de dos horas durante los tres días de huelga en Lima y Callao, y de una hora en el resto del país. El decreto que autoriza ambas disposiciones faculta a los empleadores a otorgar a sus trabajadores un bono similar por concepto de transporte para compensar el gasto que haya significado el desplazamiento a sus locales. El gremio patronal, sin embargo, ha comunicado esta mañana que no desembolsará ningún monto para cubrir las peripecias en las que deban incurrir sus empleados para llegar a tiempo a su trabajo. La negativa de la Confiep debilita la estrategia del Ejecutivo pues sólo los trabajadores públicos podrán compensar los gastos que demande su movilidad.
Durante los próximos días se prevé la huelga de un importante sector de transportistas así como la toma de carreteras y numerosos desmanes en el centro de la ciudad. La movilización ha sido preparada con antelación por diversas agrupaciones de izquierda, entre las que destaca el Sutep y la CGTP. Los nombrados se agregarían frentes de defensa regionales y organizaciones campesinas. El pliego de reclamos comprende la derogatoria de varios decretos de urgencia (aprobados por el Ejecutivo en virtud de las facultades delegadas por el Congreso para facilitar la adopción del TLC con Estados Unidos), la Ley de Carrera Magisterial (que afecta al Sutep), el incremento del salario mínimo, el cambio del modelo económico, la renuncia del Gabinete presidido por Yehude Simon, etc.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y el parlamentario aprista, Luis González Posada, aseguran la injerencia de elementos extranjeros. Según los representantes del oficialismo, estarían “detrás” de las movilizaciones cuyo propósito es derrocar al régimen democrático. La prensa conservadora -que hasta cierto punto respalda las afirmaciones de los voceros del Gobierno porque lo culpan de ser ineficiente en la ejecución de obras públicas (para paliar el descontento) y no saber dialogar con las comunidades y la sociedad civil-, ha revelado un informe de inteligencia (del Ministerio del Interior) en el que se detalla la presencia de agentes desestabilizadores. El reporte policial tenía originalmente el carácter de “confidencial”, pero ha sido filtrado para que algunos medios den credibilidad a la versión gubernamental que habla de un complot internacional.
Pocos creen realmente que Hugo Chávez y su Coordinadora Continental Bolivariana estén promoviendo paralizaciones en contra del Gobierno porque la ciudadanía rechaza más a Chávez que al presidente García. Los peruanos que quieren un cambio no desean que éste venga de afuera. La mayoría de descontentos consideramos que no debemos alinearnos con movimientos del exterior para solucionar nuestros problemas. Así como rechazamos el neoliberalismo lo hacemos con cualquier influencia socialista foránea.
La premura con la que está actuando García para reducir los efectos de la huelga se debe al fracaso de la intervención policial en la Amazonía y al éxito del paro de transportes de la semana pasada (dejó a millones de limeños sin movilidad). Esta vez no subestima la protesta que se avecina a pesar de que afirmó en “A la fe de la inmensa mayoría”, artículo del primer mandatario publicado en el diario ‘Expreso’, que los radicales llegarían a la paupérrima cantidad de 50 000 (de un total de 28 millones de peruanos). Tan pocos no deben ser los ‘revoltosos’ que demandan reformas para que el Gobierno multiplique sus esfuerzos en aras de mantener la tranquilidad.
La Policía Nacional velará por el orden interno como en otras oportunidades, pero contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las que vigilarán dependencias públicas y privadas asi como la prestación de servicios esenciales. Ante la falta de transporte los ministerios contratarán unidades privadas para suplir cualquier desatención. Con la presencia de varias unidades militares en las calles se habría decretado estado de emergencia sin llegar a la suspensión de garantías constitucionales ni de derechos fundamentales.
El personal que no justifique debidamente su ausencia será multado por faltar a su centro de labores. Como la huelga ha sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo –ninguna paralización ha sido aprobada por los gobiernos de turno- los empleadores podrán descontar los días u horas dejados de laborar. De esa forma se pretende amedrentar a los que decidan manifestar su oposición a una serie normas promulgadas para implementar el TLC con Estados Unidos.
Lo que le preocupa sobremanera al régimen es que la marcha contraiga aún más la actividad económica. Desde noviembre pasado el país ha entrado en un período recesivo que las autoridades ocultan en componenda con el INEI, la oficina nacional de estadísticas. Si el paro resulta exitoso (durará 3 días), es seguro que a fin de mes tengamos cifras negativas como las registradas durante los últimos meses. El comercio será la actividad más afectada porque los locales del Centro cerrarán. Si el transporte paraliza en un 30% o 40% el efecto se sentirá con fuerza en sectores que emplean mano de obra intensiva como el de la construcción, uno de los pocos que todavía mantiene su dinamismo.
Otro factor que perturba a García es la sensación de ingobernabilidad que puede proyectar el paro si lograr tener el impulso que se le vaticina. Hasta los diarios más conservadores como Correo estiman que lo que se viene será “muy fuerte”. La imagen que esta Administración ha venido construyendo –de un país estable y “seguro” para la inversión- podría desmoronarse mañana martes si se desata el caos. Lo de Bagua ha causado un daño irreparable a pesar de que no hubo genocidio de nativos y la Defensoría del Pueblo no ha reportado desaparecidos.
Un hecho destacable es que los nativos de nuestra Amazonía no se han sumado al paro convocado por las mismas organizaciones que supuestamente los manipulaban cuando exigían la derogatoria de un paquete de decretos inconsultos y negociaciones directas con el premier. Esto se debe a que no hubo tal manipulación pues sus demandas son tan legítimas como lo fueron hace exactamente un año cuando reclamaron la anulación de un par de normas que afectaban la propiedad de sus territorios. Su abstención debería confirmar la autenticidad de su lucha después de que el presidente García intentara desacreditarla ante la sociedad.
Pd: los 20 soles que ofrece el Gobierno por única vez se reduciría a 14 después de los descuentos de ley (Impuesto a la Renta), con lo que cada trabajador estatal recibiría menos de 5 soles extras durante los 3 días programados de paro.
